Las versiones libres rendidas por los paramilitares a partir del mes de diciembre del 2006, son el punto de partida en la búsqueda de la verdad procesal de conformidad con lo previsto en la Ley 975 de 2005; una verdad que a juzgar por lo que los medios de comunicación han podido informar de oídas y al testimonio de quienes han asistido a las salas paralelas previstas para las víctimas (observadores y defensores públicos, un reducido número de víctimas y algunos representantes de ONGs), se ha reducido al relato de hechos en los que se justifica los crímenes cometidos - como acciones de ajusticiamiento llevadas a cabo ante la inoperancia del Estado en ciertas zonas -, se estigmatiza a las víctimas - como auxiliadores o miembros de la guerrilla - y se descalifica a los familiares asistentes a la sala alterna como personas que buscan sacar provecho económico inventando crímenes y señalando culpables[1].

Las preguntas que se han formulado desde la sala alterna por los familiares de las víctimas han sido consideradas como inapropiadas, por contrariar lo afirmado por el paramilitar en su versión; en Barranquilla durante la segunda sesión de versión libre de “El Loro” el Fiscal de Justicia y Paz interrumpió la lectura de una pregunta que había redactado el familiar de una víctima por tratarse de hechos acaecidos en una zona en la que el paramilitar dijo no haber conocido.

El libreto de las versiones aparece como una relación de acontecimientos inconexos, en los que falla la memoria a la hora de recordar lugares, fechas y nombres, salvo en el caso de cómplices y perpetradores fallecidos[2], condenados o cuyo paradero es aún un misterio para el país. En virtud de una clara manifestación de memoria selectiva, sólo parecen dignas de ser recordadas aquellas verdades que no admiten posibilidad de negación, por constar en expedientes judiciales o por haber sido ya objeto de sentencia condenatoria.

El saldo de estas versiones, transmitidas parcialmente a las víctimas, comunidades y a la sociedad colombiana en general, por los medios de comunicación es el protagonismo de los victimarios cuyo vestuario y actitud se ha magnificado como si se tratara de héroes cuyas hazañas parecieran dignas de ser escuchadas y difundidas.

Además de estas observaciones preeliminares, el inicio de los procesos adelantados en aplicación de la Ley 975 de 2005 continúa revelando las siguientes dificultades:

El derecho a la verdad se ve afectado al no establecerse una investigación de fondo respecto de los delitos cometidos y al no preverse ningún mecanismo para garantizar el esclarecimiento de hechos de violencia masiva, limitando la verdad a la investigación de casos particulares.

La versión libre, posibilita al desmovilizado el acceso a la pena alternativa sin presentar un relato completo de los hechos; sobre este punto han sido ilustrativas las versiones libres de los paramilitares en el marco del proceso establecido por la Ley 975 del 2005, las cuales han sido reiterativas en los siguientes puntos: confesión de hechos ya conocidos e incluso algunos respecto de los cuáles ya existía sentencia condenatoria; reconocimiento de un mínimo número de víctimas y señalamiento de las víctimas no incluídas en el relato de los victimarios como personas que buscan sacar provecho económico de las eventuales indemnizaciones; vinculación - en los hechos objeto de la versión libre- de jefes paramilitares o miembros de la fuerza pública condenados, muertos o cuyo paradero se desconoce.

La publicidad de las audiencias, se redujo a la transmisión simultánea de las mismas en salas alternas a las que sólo han podido acudir un reducido número de víctimas, familiares de víctimas, abogados y representantes de algunas ONGs. Las peticiones presentadas a la Fiscalía para la transmisión pública de estas audiencias desde finales del 2006, atendiendo al principio constitucional de publicidad y al derecho de las víctimas y la sociedad a conocer la verdad, han sido aceptadas en el marco del pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la participación de las víctimas en el proceso; actualmente la Comisión Nacional de televisión estudia los aspectos logísticos y técnicos y la Fiscalía adelanta la reglamentación de las mismas.

En cuanto al derecho a la reparación, en el curso de los procesos adelantados desde finales del 2006 se ha verificado la mínima o nula entrega de bienes producto de la actividad ilegal, pasando por alto uno de los requisitos de elegibilidad establecidos en la Ley 975 de 2005, para ser beneficiarios de la misma, aunado a este punto los recursos del fondo de reparaciones son inciertos y precarios. Además en el decreto 3391 de 2006 se establece que las víctimas podrán denunciar los bienes que no hayan sido entregados ni enlistados con destino a la reparación o cuando existiendo prueba del despojo no se produzca la entrega del bien, radicando la carga probatoria en la víctima y la dificultad de llevar a cabo esta tarea tratándose de bienes que han sido objeto de testaferrato – delito frente al cuál procede el principio de oportunidad, respecto al tercero a cuyo nombre se encuentra el bien - o que han sido amparados bajo la apariencia de legalidad ante las autoridades e instituciones locales.

Se reconoce como medida de reparación colectiva la autoreparación (decreto 3391 de 2006), mediante la entrega, por parte de los desmovilizados, de bienes destinados al desarrollo de proyectos productivos en zonas afectadas por la violencia, que beneficien -en un prematuro y forzado ejercicio de convivencia, dando por sentada la reconciliación - a desplazados, campesinos y reinsertados que carezcan de medios económicos para su subsistencia, otorgándoles participación en la propiedad y medios de producción de los mismos.

Respecto a las garantías de no repetición y la vulneración de este derecho, es importante señalar la continuidad en el registro de las violaciones a los derechos humanos; a la persistencia de las manifestaciones de la presencia de este actor armado se sumó la evidencia del mantenimiento de las estructuras paramilitares en la zona a través del dominio del poder local y de los recursos provenientes del narcotráfico y de la apropiación ilegal de tierras.

Otra de las manifestaciones de la continuación del conflicto armado y de la crisis humanitaria en la región es el rearme y la conformación de nuevos grupos que integran el nuevo mapa de lo que se ha denominado “expresiones delincuenciales postdesmovilización”[3], representadazas en reductos de bloques desmovilizados, panfletos firmados por el Frente Social por la Paz, y en la presencia de Núcleos Desmovilizados rearmados en diferentes zonas del país.

Las denuncias frente a la vulneración a los derechos de las víctimas a los que se ha hecho referencia y las exigencias de verdad, justicia y reparación, por parte del Movimiento Nacional de Víctimas han tenido como respuesta una serie de amenazas, atentados[4] y anuncios de asesinatos en un listado que referencia 26 personas, de las cuáles 9 ya han sido víctimas.

El 26 de Noviembre del 2006 se pusieron de presente estos hechos en el desarrollo de una audiencia ciudadana con sede en San Onofre, a solicitud del Movimiento Nacional de Víctimas; en esta ocasión se solicitó a los miembros del Congreso adoptar como propia la exigencia a las autoridades ejecutivas nacionales y locales de proteger la vida y seguridad de los habitantes de San Onofre, sumándose esta petición a la solicitud que hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno nacional de tomar medidas cautelares urgentes para la protección de 17 miembros del Movimiento de Víctimas de Sucre, quienes pese a las intimidaciones, amenazas y atentados contra su vida reivindican el derecho que tienen ellos mismos, sus familiares, las comunidades de las cuáles forman parte, y la sociedad colombiana en general, de conocer la verdad sobre la acción y los vínculos del paramilitarismo en el país, una verdad que revele la historia de las atrocidades, de los crímenes masivos, del desplazamiento y del despojo, que difícilmente será relatada en las versiones libres de quienes negociaron la aplicación de una generosa justicia a cambio de la mínima verdad y de una precaria e ilusoria expectativa de reparación integral para las víctimas.

[1] Esta afirmación tuvo lugar al finalizar la segunda sesión de la versión libre rendida por el Loro el día 14 de diciembre del 2006 en la ciudad de Barranquilla [2] En la versión libre rendida por Mancuso ante el Fiscal de Justicia y Paz, se refirió al mayor Walter Fratini, oficial del Batallón Junín fallecido en 1993 quien brindó apoyo logístico e información al grupo paramilitar que operaba en la zona. Durante la desmovilización de Ramón Isaza, el 7 de febrero del 2006, el jefe paramilitar aseguró que su grupo –Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio- coordinaba operaciones con el General Alfonso Manosalva, ex comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, y con el mayor David Hernández, posteriormente conocido como el jefe paramilitar 39. [3] http://www.indepaz.org.co/xsys3/ind..., 19 de noviembre de 2006. [4] El 23 de noviembre de 2006, Juvenal Escudero, dueño de la finca “la 70” la cual fue apropiada de manera ilegal por el paramilitar Rodrigo Antonio Mercado Pelufo, conocido como “CADENA”, sufrió un atentado se presentó en el casco urbano de San Onofre, en el sitio conocido como “La Llanera”. En: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Boletín De Ver, 319.