El pasado 6 de marzo las revistas Semana y Cambio, el periódicoEl Tiempo y la Corporación Nuevo Arco Iris, convocaron a reconocidos investigadores, parlamentarios y analistas a un foro alrededor de la pregunta Cómo superar la parapolítica. A continuación presentamos la ponencia de Elizabeth Ungar, directora del proyecto Congreso Visible de la Universidad de los Andes, en el marco de este evento.


Una vez más, como consecuencia del llamado escándalo de la “parapolítica”, el Congreso de la República está en la mira del país. Y nuevamente se comienzan a escuchar voces con propuestas supuestamente salvadoras: la revocatoria o la disminución del tamaño Congreso, el anticipo de elecciones, e incluso, el tránsito hacia un régimen parlamentario, son algunas de ellas. Con el fin de no desgastar al país en debates interminables que, más que aportar soluciones reales, pueden servir de sofismas de distracción, es importante llamar la atención sobre los alcances y las limitaciones de estas propuestas.

Así como en las condiciones actuales la revocatoria del Congreso no garantiza de ninguna manera que un nuevo parlamento va a ser mejor que el que hay ahora, un Congreso más pequeño tampoco es garantía de ello; además, se puede ver afectada la adecuada representación política y se puede volver aún más controlable y manipulable por otros poderes –legítimos o no-, minando su necesaria independencia y fortaleza.

La infiltración y eventual captura del Estado por parte del poder paramilitar no se limitan al Congreso de la República. Si bien éste es un importante eslabón de la cadena, tanto los poderes regionales como locales, como las otras Ramas del Poder Público, no han sido ajenos a este fenómeno. Para citar un sólo ejemplo, no resulta fácil ni lógico suponer que las presiones de las autodefensas se limitaron a las elecciones parlamentarias de 2002 y que de una manera u otra no trascendieron a los comicios presidenciales de ese año y especialmente a los regionales de 2003. Sin embargo, centrar las culpas en el Congreso, no solamente resulta popular, sino que en ocasiones constituye una efectiva cortina de humo para ocultar otros problemas de fondo.

Nadie pone en duda la necesidad de reformar el Congreso de la República, sobre todo en virtud de los efectos que tienen fenómenos como la llamada parapolítica sobre la legitimidad de las decisiones que en él se toman. Para esto es necesario pensar en medidas tendientes a mejorar su capacidad de representación política, regional y social; a cumplir más eficaz y eficientemente sus funciones legislativas, electoral, constituyente, de control político y de fiscalización; y sobre todo, a blindarlo contra la corrupción y la incidencia indebida de actores armados y de sectores ilegales, pero también de las presiones e influencia de sectores privados e incluso de otros agentes del Estado.

Tanto la Reforma Política de 2003, como la Ley de Bancadas, dieron pasos importantes para lograr algunos de estos propósitos mediante la generación de mecanismos para institucionalizar, modernizar y democratizar a los partidos políticos. No obstante, estas reformas son y serán insuficientes si no van acompañadas de:

* Instrumentos que blinden efectivamente a los partidos políticos y al sistema electoral, y por esta vía al Congreso, pero también a los municipios y a los departamentos de esa intromisión de actores armados o al margen de la ley, e impedir la captura del Estado por esos sectores.

* Medidas que establezcan controles eficaces a la financiación de las campañas y de los partidos políticos y a la filtración de dineros del narcotráfico e impongan drásticas sanciones para quienes violen estas disposiciones, llegando incluso a la pérdida de las curules.

* Reformas en el reglamento del Congreso acordes a la Ley de Bancadas; de la adecuación del obsoleto código electoral a las nuevas realidades políticas y normativas del país.

* Disposiciones que responsabilicen a los partidos políticos de las actuaciones ilegales de sus candidatos y de quienes son elegidos en su nombre y con su aval.

* Medidas que garanticen una verdadera rendición de cuentas así como sistemas de información públicos y permanentes sobre la gestión de los elegidos, entre otros.

Permítanme detenerme brevemente en este último aspecto, porque seguramente algunos se preguntarán qué tiene que ver esto con la parapolítica. Muchos de los hechos que se han develado en los últimos meses sobre las relaciones entre paramilitares y algunos congresistas, que están saliendo a la luz pública gracias a las oportunas investigaciones de la Corte Suprema de Justicia, a los trabajos de indiscutible valor y calidad académicos de colegas como Claudia López, León Valencia y Rodrigo Losada, que hoy nos acompañan en esta mesa, y a las denuncias de los medios de comunicación, se refieren a la manera como estos congresistas llegaron al Congreso de la República.

Pero poco se ha hablado sobre la manera como estos actores, una vez elegidos, han actuado en el Congreso y cómo sus intereses se han visto reflejados en sus actuaciones, en los proyectos que han aprobado y en los que con su concurso se han archivado y en sus intervenciones en los debates de control político. Es decir, aunque ya el país está comenzando a conocer cómo y quienes llegaron al Congreso de la República con el apoyo del paramilitarsmo y de su cómplice, el narcotráfico, falta comenzar a investigar en profundidad sobre la manera como su proyecto político fue tomando forma y se fue consolidando. Y esto, eventualmente, podría llevarnos a cuestionar la legitimidad de algunos proyectos de ley e incluso de reformas constitucionales que se aprobaron con el decisivo apoyo de estos congresistas.

La mayoría de los ciudadanos no tiene la posibilidad de conocer lo que sucede en el Congreso de la República y no puede hacerle seguimiento a las actuaciones de sus miembros. Pero incluso, aquellas disposiciones establecidas para hacer más transparentes y visibles las actividades de los congresistas, son ineficientes e ineficaces. Por ejemplo, todos ustedes saben que según el artículo 286 de la Ley 5 -o Reglamento del Congreso- “Todo Congresista, cuando exista interés directo en la decisión, porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a sus socios de derecho o de hecho -subrayo esto último-, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas".

Aparte de los muy discutidos y discutibles impedimentos que se conocieron durante los debates del proyecto de reelección inmediata del Presidente de la República ¿cuántas declaraciones de impedimento que se hayan producido en los últimos cuatro o cinco años conocen ustedes? Me atrevería a decir que, sumados, entre los aquí presentes, no son más de una docena. Se me dirá que esta información es pública, por cuanto el Secretario General de cada una de las Cámaras debe hacer público el registro y publicarlo en la Gaceta del Congreso. Pero ¿Conocen ustedes el formato de estas declaraciones? Muchas de ellas son manuscritas, y totalmente ilegibles, amén de que se requiere de poderosas lupas para poderlas siquiera leer.

Otro ejemplo tiene que ver con el registro y seguimiento de las votaciones y de los debates de los proyectos o de las mociones de censura. Nuevamente, a menos de que los medios publiquen esta información, aunque aparece en las Gacetas del Congreso, los ciudadanos no tienen la posibilidad real de conocer cómo han votado las personas que eligieron y qué posiciones han asumido frente a los temas de su interés. Nuevamente en este caso cabe preguntarse: Si se comprueba que un grupo de congresistas fue elegido gracias al apoyo y al aval de los paramilitares ¿pueden considerarse legítimas las decisiones que tomaron en el ejercicio de sus funciones?

Si realmente queremos conocer los alcances de la incidencia paramilitar en el Congreso de la República, es necesario comenzar a tomar medidas para garantizar que la información sobre éste y sobre las actuaciones de los partidos políticos y los congresistas sea, no sólo pública, sino accesible a todos los ciudadanos. Este esfuerzo no puede limitarse al ámbito académico. El Congreso mismo debe crear los mecanismos y las condiciones para que esto realmente se de y no se quede en una mera formalidad. A quien más le conviene que sus actos sean públicos y transparentes es al propio Congreso y al Gobierno.

Hoy estamos ante unos hechos que tienen implicaciones que pocos hubieran podido imaginar. “Lo que el país está comenzando a conocer son unas alianzas que buscaban consolidar un proyecto político de largo plazo por medio de la captura del Estado y la penetración de los cimientos mismos del régimen democrático: desde el Congreso, hasta la Rama Judicial; desde gobernaciones, alcaldías, concejos municipales y asambleas departamentales, hasta instancias del poder electoral; desde organismos dependientes del Ejecutivo, hasta las fuerzas armadas; desde la empresas prestadoras de servicios de salud, hasta el sector educativo y la construcción de grandes obras de infraestructura. En fin, en todos los niveles del Estado el paramilitarismo ha hecho presencia, hasta llegar a controlar sectores neurálgicos de la vida social, política y económica del país” (Ungar, 2007).

Por todo esto, aunque fundamental, no basta con saber cómo llegaron estas personas a ocupar los cargos que hoy conocemos. Es necesario saber cómo actuaron y qué intereses hay detrás de sus decisiones.

Otras posturas expresadas en el foro

La H. Senadora Gina Parody habló del efecto de los vínculos entre ilegalidad y política para la democracia colombiana.

[[Descargue el resumen de la ponencia]->http://www.actualidadcolombiana.org...]

La H. Senadora Marta Lucía Ramírez propuso un acuerdo entre los partidos de cara a las elecciones de octubre para que haya una veeduría multipartidista en todo el país.

[[Descargue el comunidado de prensa]->http://www.actualidadcolombiana.org...] * La reproducción de estos contenidos fue posible gracias a la colaboración de la Revista Semana.