En México no hay opciones para el consumidor. Los alimentos que consume, la publicidad que recibe desde los medios electrónicos y los pésimos servicios telefónicos y de televisión por cable son producidos y operados por monopolios que niegan el derecho a elegir.

Los efectos son tan graves que alteraron ya la salud de niños y adultos; así lo exhibe la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2006 y que desatiende la Procuraduría Federal del Consumidor, mientras establece alianzas con empresarios.

“Los consumidores no hemos participado en la legislación de los reglamentos y normas de elaboración y comercialización. Lo que vemos es el poder casi absoluto de las grandes empresas, como la legislación Televisa”, sostiene Alejandro Calvillo, fundador de la organización El Poder del Consumidor.

Alimentos procesados denominados “chatarra” u organismos genéticamente modificados omiten en las etiquetas su naturaleza real. Las facturas de Telmex ostentan incrementos por la malsana práctica del “redondeo” que el consumidor no acordó con el proveedor de servicio y porque al hacer una llamada por teléfono celular de un minuto y dos segundos, la empresa cobra dos minutos.

El derecho a elegir tiene numerosas restricciones en el mercado nacional. En los anaqueles de las tiendas de autoservicio hay limitada variedad en sabores y aromas para el consumidor informado y reflexivo. Las mercancías en presentaciones y tamaños más grandes y de mayor precio suplen a las de medidas menores; desaparecen los productos de origen artesanal o de empresas familiares y su sitio en el gusto del consumidor se impone por otros de origen trasnacional y cuyos ingredientes no son naturales sino adicionados.

Frente a esas vicisitudes, los consumidores mexicanos reciben un reiterado mensaje a través de la televisión privada: la promoción de esas empresas, por ser “socialmente responsables”. Una organización filantrópica privada premia a consorcios, medianas y pequeñas empresas si cumplen -no con las normas oficiales mexicanas que por ley emite la Secretaría de Comercio- sino con 120 parámetros que cada empresa aspirante responde.

Para Calvillo “México es un país cada vez con más prácticas monopólicos, no dicho desde la sociedad civil, pues así lo admitió el actual secretario de Economía”. Un ejemplo de esas prácticas son las altas tarifas de Telmex en relación con el mercado internacional o la programación de las dos únicas televisoras. Esto constituye un peligro pues el medio por el que millones de mexicanos reciben más información es la televisión, y es una situación grave pues ahí no hay opciones en materia de información para el consumidor, sentencia.

Opina que ese control de las televisoras va en perjuicio de la oferta programática para los mexicanos. “Canal 40, que aparecía como una opción, fue bloqueada por el interés de control de Canal 13, primero y después por Televisa, que se sumó contra su adquisición por General Electric, argumentando que no podía haber inversión extranjera en los medios de comunicación. Sin embargo, WRadio y Televisa Radio tienen participación de una empresa española”, explica el exvocero de Greenpeace.

Nutrición y artificios mediáticos

El artículo 6º de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que la información comercial que se dirige al consumidor debe ser “veraz y suficiente”, para que no “induzca a error” y corresponde a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), aplicar ese precepto.

Así, el derecho a la información de la sociedad se consagra en que la publicidad, etiquetado, promoción de marcas y empresas, cumpla con tal disposición. Sin embargo, los dos objetivos fundamentales de la Profeco: defensa del consumidor y difusión de información básica para que sus prácticas de consumo “tiendan a ser reflexivas”, fracasan al observar la publicidad y etiquetado de alimentos procesados.

Entretanto, la organización civil El Poder del Consumidor, centró su trabajo en analizar las prácticas monopólicas que más afectan a los mexicanos y comenzó por el rubro alimentario. Al estudiar el Informe de Salud 2000-2005 y la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2006 “nos dimos cuenta que había algo muy fuerte en los cambios de hábitos de consumo en alimentos y que eso estaba teniendo una repercusión gravísima en la salud, directamente vinculada con hábitos de consumo”, comenta Alejandro Calvillo.

Los datos de ese cotejo son preocupantes: la diabetes es ya el primer lugar en México como causa de mortalidad y crece al tres por ciento anual. El sobrepeso y obesidad en niños de 5 años entre 1999 y 2006 creció casi 40 por ciento, es decir, en sólo siete años. En mujeres de edad fértil, el promedio de cintura entre 1999 y 2006 aumentó 10 centímetros.

“Todo lo anterior, es decir lo relacionado con la diabetes -de acuerdo con la Comisión Mexicana de Macroeconomía y Salud de la Secretaría de Hacienda- hace un par de años costaba al Sector Salud cerca de tres mil millones de pesos anuales. Pero en su último informe de 2006, los costos indirectos de la diabetes son hasta 6.6 veces por encima de los costos directamente al sector salud” explica Calvillo.

“Si se estimaba en tres mil millones de pesos el costo por tratamiento de la diabetes y se multiplica ese monto por 6.6, tenemos que el costo directo e indirecto de atención a la diabetes en el país asciende a unos 20 mil millones de pesos. Además, van de la mano las enfermedades del corazón y el incremento acelerado en aparición de tumores en páncreas e hígado relacionado con la acumulación de grasas”, abunda el entrevistado.

En ese sentido, la Secretaría de Salud habla ya de un cambio epidemiológico en el cual toda su estructura tendría que ser modificada para enfrentar la nueva amenaza.

Azúcar, otro gran negocio

Frente a esos datos, los miembros de El Poder del Consumidor pusieron atención en los vínculos entre el alto consumo de azúcar o fructuosa, grasa saturada y ácidos grasos en menores, y observaron que se había disparado de manera muy fuerte. En los alimentos procesados el azúcar es un ingrediente que se vende en grandes cantidades ya sea en cereales -hasta en 30 por ciento- y el incremento del consumo de refrescos.

Cabe mencionar que 11 por ciento de las ventas mundiales de Coca Cola se dan en México, el consumo promedio per cápita anual es de 148 litros al año. En niños, el consumo de leche está siendo suplantado por refrescos y de alimentos chatarra en lugar de frutas y verduras, así lo revelan las estadísticas de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2006.

Otro resultado revelador es que la disminución de la actividad física en menores y adultos es un factor que contribuye a la obesidad, considerada una pandemia en el Sector Salud. El tiempo que los niños pasan frente a la televisión, las computadoras o los videojuegos modificaron el hábito de jugar en la calle y quemar por lo tanto esas calorías. Además, las horas frente al televisor exponen a los menores a una colosal gama de publicidad no regulada de productos “chatarra”, diseñada por los consorcios para incitar el consumismo en ellos.

Contra las campañas internacionales para evitar el control de los monopolios en la alimentación, como ocurre en California -conocida como la capital de la comida “chatarra” y que es muy fuerte- el informe de ConMéxico, la agrupación de productores de alimentos procesados, titulado “Promoción de hábitos de vida saludable”, niega los efectos nocivos de sus productos en niños, y atribuye la obesidad infantil y adulta a la falta de ejercicio así como problemas genéticos o de desnutrición en el pasado de la persona.

Paradójicamente, la agrupación ConMéxico afirma que tuvo gran participación en la elaboración en el año 2005 de la “Norma Oficial Mexicana de Servicios Básicos de salud, promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación”, publicada en enero del 2006. En contraste, los nutriólogos, antropólogos y consumidores, que deberían haber tenido más peso en la elaboración de esa norma, quedaron en segundo lugar.

La Organización Panamericana de Salud (OPS) e investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, hablan ya de “ambientes que provocan obesidad”, entre ellos, las cooperativas escolares. De acuerdo con la investigadora Margarita Safdié, la Secretaría de Educación Pública (SEP) distribuyó un listado de alimentos valorados como “adecuados” y otros “no adecuados” en las cooperativas de sus planteles.

Sin embargo, al no ser obligatorio su cumplimiento persisten los hábitos alimenticios consumistas a la sombra de la “gran corrupción en las escuelas, las cooperativas son un gran negocio y no quieren dejar de vender comida chatarra porque es a lo que se han acostumbrado”, estima el entrevistado.

Aunque algunos congresos estatales prohíben la venta de productos chatarra, no existe un mecanismo para poner en práctica esa medida. Sólo algunas comunidades zapatistas los sacaron de su territorio y otras, en Guerrero.

La propuesta de los consumidores organizados es clara: pensando en el estado como negocio -y así lo piensa un sector de la derecha-, ante el problema de salud pública que se está generando por cambios en hábitos alimenticios y lo que le cuesta, habría que enfrentar el problema y hacer una política preventiva para reducir esos impactos.

Para conocer la visión de la Profeco sobre este tema, Fortuna solicitó desde enero pasado una entrevista con el titular, pero Erick Mondragón, empleado del instituto, fue rotundo: “no te van a dar la entrevista, son lineamientos”.

Revista Fortuna Año IV No. 50 Marzo 2007

Pobres consumistas

El mayor problema de deformar los hábitos de consumo es el deterioro en la salud de los pobres. Una mujer indígena que compra una sopa de pasta precocida paga 30 gramos de harina a ocho pesos, por lo que el kilogramo de esa sustancia le cuesta varias veces su valor. Igual ocurre con el precio del kilogramo de azúcar comprado mediante refrescos, pues equivale a 80 pesos.

Así, los costos indirectos en salud para quien va a ser diabético por consumir esa dieta son muy altos para los indígenas desnutridos -para quienes ese mal era casi inexistente- por el alto consumo de carbohidratos, grasas y azúcares.

Ese es el resultado de abandonar la comida tradicional. Una explicación de que México no hubiera tenido hambrunas era por su cultura de la milpa -el maíz asociado al frijol, a la calabaza-. “La política de destrucción de la cultura del maíz por el desgobierno mexicano, con su idea de que no debe haber campesinos sino agro empresarios, y ya no se siembra maíz porque sale más barato comprarlo y ahí vemos el caso del alza en la tortilla, La seguridad alimentaria, que es parte de esa soberanía, se acaba”, concluye Alejandro Calvillo.

Guerra contra monopolios

En la teoría clásica de "Microeconomía", un consumidor posee un presupuesto que puede gastar en un amplio abanico de servicios disponibles en el mercado. Ante la inequidad de la globalización y el auge del control corporativo, para los consumidores organizados de segunda generación el frente de batalla está definido: proteger su derecho a la libertad de elección y exigir trato equitativo y digno.

Para la organización estadounidense Corp Watch, el consumismo nos ha convertido en seres menos felices que antaño, cuando no había abundancia. Ahora, las corporaciones promueven el consumo en cada rubro de la vida. El resultado es una crisis de obesidad en niños y “un consumo sideral que lanza al consumidor al endeudamiento y a la privatización de casi todos los aspectos vitales”.

Corp Watch advierte de las facetas que adopta la corrupción corporativa: fraude de contabilidad, tráfico de influencias, comercio interno e incluso el rol de los cabilderos e intercambio de favores. Sara Ruth van Gelder, autora del libro “12 cosas qué hacer sobre las Corporaciones”, coincidió con la organización examinadora de corporaciones y escribió que los excesos de los corporativos corrompen la democracia, profundizan la brecha entre ricos y pobres, degradan el ambiente y turban a las comunidades.