Las diferencias parecen simples pero son de fondo: Acuerdo Base vrs Agenda Común. El gobierno exige una declaración de cese al fuego y de hostilidades para sentarse a una negociación formal: “Aquí tiene que haber una decisión tajante para que el ELN deje de secuestrar y para que ELN de un paso hacia delante y para que el ELN definitivamente de un paso hacia delante para abandonar las armas” (Restrepo en la W). Y el ELN dice que el cese al fuego debe pactarse ligado a una lista de temas a considerar como agenda de posibles acuerdos. “Esa agenda previa, dice García, tiene que delimitar los campos de acuerdo, qué temas con los cuales vamos a construir acuerdos. El Alto Comisionado quiere saltarse esa fase”.

Detrás de ese forcejeo hay muchas diferencias.El gobierno repite su fórmula dentro de un modelo de negociación que enuncio desde el 2002 y que se ha aplicado a los paramilitares del Acuerdo de Ralito. Lo que sigue al cese de hostilidades, en la ruta critica del Restrepo, es concentración, desmovilización, dejación de armas, aplicación de la Ley de Justicia y Paz I o II, reintegración y reconciliación. Entre una y otra estación se pueden ubicar foros, convenciones y condiciones de acción política inmediata de los desmovilizados que califiquen para amnistía o indulto mientras los jefes pagan 8 años con Mancuso y Macaco.

La flexibilidad del gobierno le ha dado para aceptar conversaciones exploratorias en el exterior y en la Casa de Paz, reconociendo vocerías y acogiendo facilitadores externos. Pero en la estrategia de desmovilización de los irregulares y el contenido de las posibles negociaciones no ha presentado variación alguna. El ELN por su parte ha avanzado en estos dos años en definiciones internas a favor de la solución negociada, incluso con un gobierno calificado como autoritario y derechista, pero mantiene un modelo de negociación en el cual coloca como asunto central el logro de transformaciones que, si bien no son la materialización de su programa revolucionario, signifiquen conquistas populares en democracia, participación y condiciones sociales. La agenda de desmovilización y el desarme son ubicadas por ellos al final y no al principio de las conversaciones.

Todo parece indicar que si no cambian el libreto, los diálogos de pascua en Cuba van a terminar en otro lánguido comunicado o en un silencio fúnebre. El gobierno tendría que reconocer que a diferencia de las AUC y los narcoparas que se proclamaban defensores del Estado, del gobierno y de negocios, el ELN es una guerrilla insurgente antiestado. Esa característica lleva, si se quiere un pacto de paz y no un sometimiento a la ley, a la necesidad de considerar una agenda sustantiva y no solo un proceso de DDR, desmovilización, desarme y reintegración. Y por el lado del ELN, si quieren avanzar tendrán que aceptar que la negociación se hace en los marcos de la Constitución vigente, susceptible de reformar, pero difícilmente derogable y, por otro lado que sería vano pretender cambiar en la mesa los pilares del modelo económico neoconservador que defiende a muerte el Uribismo.

Aún con todas esas restricciones queda margen de negociación si se le da importancia a la reforma política y a reformas sociales y planes regionales de desarrollo social, en diálogos que involucren desde los primeros pasos al Congreso, a los gobiernos locales y a la sociedad civil organizada. Con ese horizonte, los acuerdos humanitarios y de cese al fuego podrían ser parte de la primera estación en la vía difícil hacia un pacto de paz antes del 2010.

Más información

Descargue aquí el compendio de documentos del proceso entre el ELN y el Gobierno (29/03/2007)

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