Entre agosto y octubre de 2003, un grupo de auditores del Órgano Interno de Control (OIC) en Pemex Petroquímica (PP) descubrió un presunto caso de prevaricato en el pago de 241 millones de pesos al ayuntamiento de Coatzacoalcos por concepto de impuestos en el traslado de dominio de las filiales Cosoleacaque y Pajaritos.

Los 12 funcionarios de la Unidad de Auditoría Interna de la SFP en PP que reportaron el prevaricato (cuando un abogado incurre en la simulación de una controversia para engañar a la autoridad y manipula la actuación de las dos partes en conflicto) fueron acosados por funcionarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para archivar el expediente y, como se negaron, el titular del OIC en PP, Felipe Barragán Alvidrez, les pidió la renuncia con el argumento de que “no cubrían” el perfil de la institución.

Los ex auditores aseguran que por orden de Rosendo Villareal Dávila, el director de Investigaciones de la SFP, Orlando García Viesca, boletinó a quienes participaron en la fiscalización del proceso que comprobó el prevaricato en el millonario pago.

En entrevista, los auditores revelan que la fiscalización a este caso se derivó de la notificación de un empleado de la oficina del abogado genral de Pemex, quien solicitó que revisaran el proceso jurídico.

En agosto de 2003, los auditores al mando de Marco Antonio Díaz, titular de la Unidad de Auditoria, notificaron los resultados de sus investigaciones al secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, al subsecretario Rosendo Villareal y a Felipe Barragán.

En el oficio NI-017/03 dirigido a Barragán Alvidrez, los auditores estiman daño patrimonial del convenio celebrado por personal de la oficina del abogado general de Pemex. Destaca también que se violó la Constitución y la Ley General de Bienes Nacionales derivado de los argumentos que utilizó el abogado César Nava al negociar el pago.

Los ex auditores aseguran que antes de que remitieran sus conclusiones sobre el caso, la SFP les ordenó “archivar” el asunto. Así, dicen, fue la SFP la que “enturbió” el caso en lugar de requerir las aclaraciones necesarias o aplicar medidas correctivas.

“Desde el contralor Felipe Barragán, hasta la subsecretaria de Auditoria, María Guadalupe Chequer, y el mismo secretario de la Función Pública, convirtieron el asunto en un proceso potencialmente conflictivo. Había mecanismos legales para desahogar el caso de manera transparente, sin las responsabilidades y el sesgo que le dieron”, señala uno de los auditores.

Al continuar con la indagatoria, Felipe Barragán junto con otro funcionario del OIC, de nombre Juan Carlos Ramos Garibay -quien además estaba sujeto a un proceso de investigación por la misma Unidad de Auditoria-, contrataron a las pasantes de derecho e informática Ariadna Islas Sarabia y María Isabel Ek Hernández para que fabricaran denuncias contra el auditor responsable de la fiscalización, Marco Antonio Díaz, acusándolo de “acoso sexual”. Con este argumento, Barragán lo despidió.

Ante el ministerio público ambas mujeres reconocieron posteriormente que Ramos Garibay las instó a presentar la denuncia. Finalmente la autoridad determinó falsedad de declaraciones de éstas y exoneró a Marco Antonio Díaz, pero Felipe Barragán ya había logrado sacarlo de la Contraloría y Romero Ramos cerró y clasificó como “confidencial” el expediente.

Documentos en poder de Contralínea confirman que Díaz denunció dichas irregularidades así como la remoción indebida del personal ante Romero Ramos en diversas ocasiones, y pese a que Romero se comprometió a “investigar personalmente el caso”, omitió la indagatoria.

Los ex auditores acusan a los ex secretarios Francisco Barrio Terrazas y Eduardo Romero Ramos de su corresponsabilidad al cerrar la auditoría y clasificarla como “confidencial”, en lugar de instruir al área de Responsabilidades a que abriera las investigaciones correspondientes.

El mismo funcionario que despidió a los auditores, Felipe Barragán Alvidrez, exoneró a los abogados tras determinar que “no había elementos” para fincar responsabilidades.

Al paso de los años, los principales protagonistas del supuesto fraude ascendieron como funcionarios públicos: César Nava Vásquez como secretario privado del presidente Felipe Calderón; el titular de la Unidad Jurídica de PP, Juan Agustín López Huesca, como gerente general de Franquicias de Pemex Refinación, y Rafael Beverido Lomelín, quien avaló el pago, fue ratificado en la Dirección de PPQ.

El expediente

Como publicó Contralínea en junio de 2005, el prevaricato se originó nueve años después del fracasado intento salinista de privatizar a PP. Los abogados de Pemex supieron que podían hacer un jugoso negocio basado en una simple simulación legal, y en el que intentaban sacar de Pemex más de 900 millones de pesos, pero que, finalmente, consiguieron sólo 241 millones.

En agosto de 1997, a petición del corporativo, la Secretaría de Finanzas del gobierno de Veracruz elaboró un informe sobre la situación de la paraestatal en el estado para que fiscal y administrativamente se pudiera dividir y transformar cada filial en sociedad anónima de capital variable.

El informe concluyó que aún como SA, las filiales continuaban siendo empresas del dominio privado de la federación, porque todas las acciones las tenía Pemex en sus distintas figuras jurídicas, por lo que el gobierno de Veracruz eximió a PP de todo impuesto derivado del traslado de dominio.

La exención fue notificada por el director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, Miguel Álvarez de Asco, en el oficio No. DGI/DATEF/SU8/000066/97, del 14 de agosto de 1997, dirigido al subdirector de Administración y Finanzas de PP, Mario González Petrikowsky.

Sin embargo, en abril de 2002, el entonces alcalde de Coatzacoalcos, Marcelo Montiel Montiel, presentó una denuncia contra Pemex para reclamar los impuestos acumulados desde 1997 que, según sus cálculos, ascendían a 713 millones de pesos (Contralínea 39).

El plan para demandar a Pemex nació en la propia área jurídica de Pemex Petroquímica, dirigida entonces por Juan Agustín López Huesca, quien supuestamente preparó el prevaricato en complicidad con los apoderados legales de las filiales de PP.

El prevaricato

En abril de 2002, sin licitación pública, Marcelo Montiel contrató los servicios del bufete Asociados y Abogados Internacionales, S.C. (constituido apenas dos meses antes de que se le asignara el contrato), propiedad de Jesús Antonio Macías Yazegey, amigo del gobernador Fidel Herrera Beltrán, y quien se desempeñó como tesorero de su campaña y suegro de Javier Duarte, actual subsecretario de Finanzas.

El contrato de servicios para la demanda contra Pemex, cuyo proceso consistió en la presentación de dos notificaciones, un embargo y el posterior cobro, fue pagado, también a cuenta de Pemex, en 44 millones 268 mil 958 pesos. La querella la llevó personalmente Antonio Macías.

En Pemex, López Huesca asignó la defensa a Ernesto Ordaz Moreno, abogado adscrito a la Unidad Jurídica de Petroquímica Cosoleacaque, quien al mismo tiempo laboraba en el bufete Orbes, Servicios Legales Internacionales.

Ordaz Moreno ingresó a Pemex por recomendación de Rogelio Martínez Hernández, jefe de la Unidad Jurídica de Petroquímica Cosoleacaque de PP. Su oficina privada estaba en el mismo inmueble donde despachaba Antonio Macías, el demandante de Pemex. Las dos firmas de abogados compartían la misma papelería y teléfonos.

La defensa de Pemex por parte de Juan Agustín López Huesca, Rogelio Martínez y Ernesto Ordaz se limitó a promover el recurso de revocación que de forma premeditada presentó sin firma, por lo que fue rechazado y luego presentado fuera de tiempo, lo que lo invalidó.

Cuando Ernesto Ordaz dejó que Pemex perdiera la posibilidad de responder a la demanda, Antonio Macías solicitó el embargo a Petroquímica para que le pagara más de 900 millones de pesos por concepto de impuestos de los últimos siete años más intereses generados.

Con la notificación de embargo, a los abogados de Pemex se les solicitó designar bienes susceptibles de embargo, pero extrañamente omitieron la solicitud, no designaron los bienes y el día del embargo, el 20 de abril de 2002, se les declaró “en rebeldía”.

Con el argumento de la omisión de los abogados de Pemex, Antonio Macías reclamó que se embargaran las cuentas bancarias, y los bienes de las petroquímicas Morelos y Pajaritos, así como se interviniera la caja.

Rogelio Martínez, ex subordinado de Juan Agustín López Huesca y uno de sus hombres de confianza en el área jurídica, asegura que fue éste quien “facilitó la información para que el ayuntamiento encuadrara jurídicamente el requerimiento a Pemex”. La razón: López Huesca es compadre de Marcelo Montiel, el entonces alcalde de Coatzacoalcos.

Martínez Hernández es pieza clave en este caso de corrupción, pues además de haber participado directamente en la planeación del fraude junto con López Huesca, se apoyó en las relaciones de su familia en el Poder Judicial de Veracruz para simular la defensa de Pemex.

López Huesca ordenó a Ernesto Ordaz tramitar un amparo contra los embargos en el Juzgado Noveno del Estado de Veracruz, a cargo del juez Vicente Mariche Garza, mismo que le fue negado.

El juez es cuñado de Rogelio Martínez Hernández, cuya esposa, Lilia Mariche Garza, trabaja en el mismo juzgado como secretaria. Con la negativa del amparo, los abogados de Pemex justificaron que se recurrió a todo recurso legal para evitar el embargo.

Los embargos paralizaron por varias semanas las filiales Morelos y Pajaritos, las más rentables de la petroquímica mexicana. El gobierno municipal intervino la caja y los ingresos; y los clientes de Pemex dejaron de pagar porque no tenían la certeza de hasta cuándo seguirían embargados los complejos.

La mano de Nava

En opinión de los auditores el asunto fue generado por los abogados de Pemex en Veracruz y pronto entraron al negocio funcionarios de mayor nivel.

Durante el periodo en que las filiales de PP estuvieron embargadas, Marcelo Montiel hizo declaraciones públicas de que el dinero que Pemex pagaría lo destinaría a la construcción del túnel subterráneo, obra que promovía Emilio Baños Urquijo, director de la Asociación Mexicana de Infraestructura Concesionada, A.C., suegro de César Nava y esposo de la entonces senadora del PAN, Cecilia Romero, actual comisionada del Instituto Nacional de Migración.

El 18 de junio de 2002 César Nava dio por perdido el caso antes de proseguir con el juicio, y notificó a los abogados a su cargo “negociar el adeudo”.

En un documento enviado al área Jurídica de PP, César Nava informaba a sus subordinados:

“Se concluye que es conveniente negociar el pago de impuesto de translación de dominio determinado por el ayuntamiento de Coatzacoalcos a Petroquímica Cangrejera”.

Nava argumentaba que las filiales de PP son empresas de participación estatal mayoritaria que forman parte de la Administración Pública Federal, pero no de la industria petrolera, que las empresas filiales no forman parte de la federación al gozar de una naturaleza jurídica distinta, y que “los bienes de las empresas filiales no son propiedad de la federación”, pese al decreto emitido por el gobierno de Veracruz.

El análisis de los auditores indica que los argumentos de dicho convenio no se apegaron a la Constitución ni a la Ley General de Bienes Nacionales, que en su artículo primero indica que el patrimonio nacional se compone tanto de bienes de dominio público de la federación como de bienes de dominio privado.

Ni el entonces director general de Pemex, Raúl Muños Leos, ni el de Petroquímica, Rafael Beverido, impugnaron entonces la decisión de César Nava, a pesar de que conocían la exención de impuestos del gobierno de Veracruz y de que los órganos internos de control ya sabían de las irregularidades, principalmente de la relación entre el representante de Pemex en el litigio y su contraparte.

Pemex realizó dos pagos, uno por 239 millones 757 mil 046 pesos en efectivo y otro por 2 millones de pesos a Enrique Fuentes Constantino, depositario interventor de los bienes embargados a Petroquímica Morelos, empleado también de Asociados y Abogados Internacionales. Los pagos se hicieron mediante depósitos en la sucursal de Bital en Coatzacoalcos, a nombre de Asociados y Abogados Internacionales S.C.

La contratación discrecional de este despacho por Marcelo Montiel fue impugnada en su momento por los regidores de oposición, quienes le reclamaban que el ayuntamiento contaba con sus propios abogados y que a pesar de ello hubiera pagado a la firma 44 millones de pesos. Sobre el destino de estos recursos, durante los siguientes meses en que continuó como alcalde Montiel, nunca informó en qué se invirtieron. Luego se convirtió en diputado local por el PRI.

Las traiciones

Pieza clave de este fraude fue el entonces apoderado legal de Petroquímica Cosoleacaque, Rogelio Martínez Hernández. En el periodo en que los complejos petroquímicos estaban embargados, previo a autorizar el pago, Nava lo despidió junto con Ernesto Ordaz, por lo que quedaron fuera del negocio. En venganza, Martínez Hernández denunció el caso en sendos expedientes enviados a Vicente Fox, a la Presidencia y a Francisco Barrio, titular de la entonces Secodam.

El 2 de mayo de 2002, Martínez presentó una denuncia ante el OIC en Cosoleacaque, que habla de un “posible daño patrimonial contra Pemex por indebido cobro de impuestos”.

Según Martínez, el 9 de mayo de 2002 los abogados de la OAG, Eloy Patiño y Nunnki Aguilar, le informaron de su despido por instrucciones de Alberto David López, asesor de César Nava “por haberme quejado ante el Órgano Interno de Control de violaciones a la normatividad en que incurrieron Juan Agustín López Huesca y Rafael Beverido Lomelín”.

En su denuncia enviada a la Presidencia de la República y la Secodam, Rogelio Martínez cita las irregularidades de Nava al ordenar a sus subordinados “negociar” el pago de impuestos, sin llegar al litigio.

Según Rogelio Martínez, una vez que denunció ante el OIC las irregularidades -en las que él mismo participó-, “fui objeto de amenazas y represalias por mis superiores, al grado de que en forma indebida y en franca violación a mis derechos laborales se me rescindido el contrato laboral con Petroquímica Cosoleacaque, sin valorar las pruebas documentales ofrecidas en la investigación para mi defensa, ya que sólo se me dijo que había línea para perjudicarme por haber denunciado ante la Secodam”.

En reuniones posteriores a la publicación en Contralínea (junio de 2005) del caso de prevaricato de los abogados de la OAG, dos abogados del área jurídica de Pemex en el Distrito Federal, ex colaboradores de César Nava y luego de Néstor García Reza, confirmaron a la reportera que en la oficina del abogado general se elaboró el “machote” mediante el que Pemex pagó 241 millones de pesos al ayuntamiento de Coatzacoalcos, y que allí mismo Nava giró la orden de que el asunto no se peleara más en tribunales.

En una carta enviada a Contralínea, César Nava confirmó que la decisión de pagar fue porque “las instalaciones de Petroquímica estaban embargadas”, y que la negociación, incluso, le “ahorró” a Pemex más de 700 millones de pesos de los 900 que demandaba el ayuntamiento de Coatzacoalcos.

El que se hubieran embargado las cuentas de PPQ, contaron los ex colaboradores de Nava a la reportera, “daba a César Nava mayor poder de operación, al justificar que el pronto pago, sin llegar al juicio, era para que las cuentas de Petroquímica fueran liberadas”.

Sobre la construcción del túnel de Coatzacoalcos, la empresa Grupo Básico Mexicano, de la que Emilio Baños Urquijo es socio mayoritario, diseñó el proyecto, las bases de concurso y asesoró en el desarrollo de la adjudicación, misma que se entregó a la empresa Túnel de Coatzacoalcos, S.A.

Para construir el proyecto, en 2003 se constituyó un fideicomiso con recursos aportados por el gobierno de Veracruz, la iniciativa privada y Banobras, dirigido en ese tiempo por Felipe Calderón.

Publicado: Abril 1a quincena de 2007 | Año 5 | No. 76->http://www.contralinea.com.mx/archi...]