Entre el 8 y el 10 de febrero pasado los habitantes deLa Jagua de Ibirico (departamento del Cesar) hicieron paro cívico para protestar contra las empresas multinacionales del carbón Drummond y Glencore por la contaminación ambiental que provocan, la falta de oferta de puestos de trabajo a los locales y el mal estado en que tienen las carreteras que utilizan. Los pobladores bloquearon los accesos a las minas, inhabilitaron las vías con troncos y piedras y abrieron trincheras. Cuando la policía intervino para desalojarlos estallaron los disturbios y los agredidos quemaron la inspección de policía, dos vehículos patrulleros y dos motos, y al final se contaron un muerto y medio centenar de heridos entre población y policías. El 11 de febrero el presidente Uribe apareció en el escenario y negoció el levantamiento de la protesta bajo el compromiso de no aplicar sanciones, excepto para el caso del muerto. Hubo un acuerdo con la comunidad en el cual el Gobierno nacional asume la solución del problema ambiental, el despliegue de un plan de mejoramiento de la vivienda y la terminación del acueducto y la red de alcantarillado de la localidad.

La protesta acompañó a una dura negociación de un pliego de peticiones elevado por el sindicato del carbón, que culminó con resonante éxito de los trabajadores, en una zona que es dominio del paramilitarismo. El avance obrero impulsó la protesta del conjunto de la población, largamente represada por las circunstancias políticas locales, y puso en las primeras páginas de los periódicos al poblado de La Jagua. El enviado especial de El Tiempo denunció que la Drummond da empleo directo a 4.300 personas e indirecto a 14.200, y de ellos solo el 8% es cubierto por gente de la región, casi toda utilizada en labores de limpieza y recolección de carbón. El vicepresidente Santos, que acompañó a su jefe, aprovechó la ocasión para denunciar que la Jagua era “el municipio más corrupto del país (...) aunque el pueblo recibió unos cien mil millones de pesos por regalías desde 1997 hasta 2003, aún no ha resuelto ninguna de sus necesidades básicas, ni acueducto ni alcantarillado. El 80% de la gente tiene agua pero no es potable”. De las cuatro últimas administraciones locales, solo la de Luis Antonio Hernández no aparece sancionada por malos manejos y Hernández, según el periódico, “tuvo que salir de la zona por amenazas de muerte”. Los demás alcaldes han sido condenados por la Justicia o están prófugos a la espera de juicios. “El dinero que comenzó a circular —afirmó el diario— atrajo a corruptos, guerrilla y paramilitares, y con ellos llegaron amenazas, atentados, extorsiones, secuestros y desplazamientos (...) Muchos candidatos (a alcaldías) fueron asesinados o amenazados y desterrados”. Esa es hoy La Jagua.

En comunicado del 12 de febrero la CUT señaló que las abundantes reservas de carbón ponen a Colombia como el primer productor latinoamericano y el cuarto exportador mundial, situación que sería un privilegio de no ser por la política antinacional de los gobiernos y por la irracional explotación del recurso que hacen Drummond, Glencore, Billinton y Angloamerican, que con la complicidad de los tres últimos gobiernos colombianos se adueñaron del carbón de La Guajira y el Cesar. En 2006 estas empresas exportaron 57 millones de toneladas, por un valor de más de 3.000 millones de dólares, de los cuales el país recibe unas descompensadas regalías de 10% y 15%, según el contrato.

La agresión de las carboneras sobre la población y el entorno ambiental estuvo en el centro tanto del conflicto laboral como del paro cívico. Bajo presión del sindicato, el Polo Democrático Alternativo, los estudiantes, la Iglesia y otras organizaciones sociales, el Gobierno había accedido a convocar a principios de febrero una audiencia pública en el municipio de El Paso, para tratar de la licencia ambiental de la nueva explotación carbonífera que proyecta realizar en ese departamento la Drummond, sobre una extensión de 43.000 hectáreas. El senador y vocero del PDA, Jorge Enrique Robledo, señaló al respecto que esa multinacional es responsable de buena parte de las agresiones que sufre el ámbito natural de la zona y que afectan la salud de sus habitantes. Reclamó que la audiencia no hubiese sido debidamente dada a la publicidad y que hubiese sido negada la participación de ciudadanos que intentaron participar en ella y encontraron cerradas las inscripciones.

En carta abierta dirigida al ministro de Ambiente, el presidente local de la CUT , Robinson Olivares, dijo que “La explotación carbonífera actual ha ocasionado una alto grado de deterioro ambiental y no se insinúa la menor acción de rehabilitación que permita el uso futuro de los terrenos intervenidos, a pesar de que es obligación de las empresas garantizar la restauración o la sustitución morfológica y ambiental del suelo. Los diversos estudios realizados —agregó— muestran un considerable aumento de enfermedades relacionadas con la presencia de agentes contaminantes generados por la explotación y transporte del carbón. El nuevo proyecto afectaría en materia grave el sistema hidrológico, en donde se destacan dos subcuencas que hacen parte de la vertiente izquierda del río Cesar, conformadas por los ríos Fernambuco, Sicarare, Calenturitas, Maraca y Tucuy, los caños San Antonio, Platanal, Pérez y Guasimal y los arroyos Las Ánimas, Jobo, El Zorro, Mocho, Tamasucal, al igual que la Ciénaga de Matepalma, entre otros, determinantes todos del ecosistema y de la vida económica de los poblados aledaños. Son inminentes los efectos ambientales que se producirán por las alteraciones ocasionadas sobre las aguas subterráneas que alimentan el complejo cenagoso. Las poblaciones de La Aurora, La Estación, Aguas Frías, Ojo de Agua, Cerrajones, Platanal, Mechoacan, Plan Bonito y Potrerillo se verían desplazadas ineludiblemente”. Robledo afirma que “estos problemas se padecen desde hace veintiún años, fecha en que se inició la explotación de carbón en el municipio, del cual se extrajeron más de 8 millones de toneladas en el 2006, que sumados a los de la zona dan más de 29 millones, el 50% de las exportaciones de carbón del país (....) Hay que oír —añade— a quienes van a ser afectados por el arrancamiento de toda la tierra en 43.000 hectáreas y por el transporte de millones de toneladas de carbón”.

Aurelio Suárez Montoya, del periódico La Tarde, de Pereira, denunció por su parte que “Treinta millones de toneladas de carbón se producen al año en la Jagua y se exportan a más de 60 dólares, y pese a ello allí no hay agua potable, las vías están en pésimo estado por el paso de los camiones de alto volumen cargados con el mineral y el polvo del carbón cada día causa más enfermos con patologías respiratorias; además el municipio quedó sin energía eléctrica desde hace más de una semana y, entre tanto, la mina sí goza de toda la que requiere. La Drummond está demandada en la Corte Penal de Alabama por el apoyo a grupos armados, a los que se responsabiliza de la muerte de tres afiliados al sindicato, y por amenazas, prácticas antisindicales y hostilidad a líderes obreros, en particular en la huelga de mediados de 2006”.

Estos movimientos y sus voceros están hablando, como dice Suárez Montoya, de “una república donde se secan las fuentes de energía y de materias primas, con plenas garantías para los inversionistas foráneos, empezando por la mano de obra barata, y donde el intercambio comercial con los bienes manufacturados es inicuo; es la “mining republic”, para donde vamos a marchas forzadas”.

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