¿Certificados o descertificados?

Dos semanas duraron las buenas noticias para el gobierno de Álvaro Uribe en materia de Derechos Humanos. La certificación por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, el 4 de abril de 2007, abrió las puertas para que se liberaran 55.2 millones de dólares a las Fuerzas Armadas y ratificó que tanto el gobierno como los militares “cumplen los requisitos legales relacionados con los derechos humanos y la ruptura de vínculos con grupos paramilitares”.

El 18 de abril, sin embargo, todo cambió. El senador demócrata de Vermont Patrick Leahy, presidente del Subcomité de Adjudicaciones sobre Operaciones Extranjeras del Senado, que se encarga de autorizar los recursos para Colombia, suspendió la entrega de los fondos. Sus razones se basaron en la necesidad de discutir más a fondo con el Departamento de Estado la situación de los Derechos Humanos en Colombia, especialmente debido a la preocupación sobre un reporte de la CIA en el que se menciona una posible relación del General Mario Montoya, comandante del Ejército Nacional, con grupos paramilitares en Medellín.

La suspensión –o “hold”- se conoció, además, en medio de un debate intenso en el Congreso dela República. El senador Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo, acusó al Presidente Álvaro Uribe de autorizar, durante su periodo como Gobernador de Antioquia, dos Cooperativas Convivir a personas que luego se convirtieron en jefes paramilitares; aseguró que en la finca “Las Guacharacas”, de propiedad de la familia del Presidente, los paramilitares mataron a campesinos, y mostró una foto de 1985 de Santiago Uribe Vélez (hermano del mandatario) con el ex miembro del Cartel de Medellín Fabio Ochoa Vásquez, hoy preso en Estados Unidos. El Gobierno desestimó las versiones y el Consejero Presidencial José Obdulio Gaviria calificó posteriormente la alocución de Petro como “llena de falsedades”[1].

La relación de los tres sucesos –la certificación, su posterior suspensión y el debate sobre el paramilitarismo- revela aspectos importantes sobre las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, sobre los derechos humanos en el país y sobre la situación de la “parapolítica”, que por primera vez afectó directamente al Presidente Uribe y a su familia, tanto en el país como en el extranjero.

¿Qué significa la Certificación del Departamento de Estado de EEUU a Colombia?

Cuando el 10 de abril de 2007, el portavoz del Departamento de Estado Sean McCormack dio a conocer la noticia de la certificación a Colombia, dos aspectos positivos para el país salieron a relucir.

Por un lado, constituye una manifestación explícita del Gobierno de Estados Unidos sobre su evaluación del cumplimiento colombiano en materia de defensa de Derechos Humanos. Por otra parte –y tal vez esto es aún más relevante- permite la liberación de un porcentaje de hasta 12,5% de los fondos totales del año fiscal 2006 destinados a las Fuerzas Armadas de Colombia, que equivalen a 55.2 millones de dólares[2].

A pesar de las noticias favorables para el Gobierno y para las Fuerzas Armadas, la certificación genera cada año críticas de ONGs de Derechos Humanos. Human Rights Watch (HRW), por ejemplo, resaltó en un comunicado del 18 de abril, posterior a la suspensión, que “la certificación de la Secretaria de Estado [Condoleezza] Rice en este momento muestra que Estados Unidos no está preparado para ratificar la ley como debe ser. Esto envía un mensaje peligroso de que Estados Unidos desea ‘hacerse el de la vista gorda’ en relación con la actividad paramilitar y abusos de Derechos Humanos en Colombia[3]”.

La crítica de las organizaciones no gubernamentales se centra en que, si bien la certificación reconoce que Colombia y sus Fuerzas Armadas “cumplen los requisitos legales” sobre derechos humanos y la disolución de los vínculos paramilitares, en la práctica se dan a conocer frecuentemente violaciones de las Fuerzas Armadas e incluso se ha registrado el surgimiento de nuevos grupos paramilitares en las zonas dejadas por quienes ya están desmovilizados.

Por ello, varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, se mostraron a favor de mantener la suspensión de la certificación, hasta que no se resuelva el supuesto nexo entre el comandante Mario Montoya y paramilitares en Antioquia, en 2002.

La certificación y su suspensión: decisiones eminentemente políticas

La preocupación de las organizaciones defensoras de derechos humanos puede deberse, así mismo, a que a la certificación le ha faltado rigurosidad para definir los casos de violación de derechos humanos y para traducir los esfuerzos diplomáticos de ambos países en una política que permita, en la práctica, ayudar a Colombia a prevenir nuevas violaciones. Esa situación ha quedado clara en los últimos años e incluso en una de las certificaciones, la del 7 de julio de 2003, el Departamento de Estado reconoció que “el proceso que condujo a la decisión no tuvo el propósito de ser un examen completo de la situación de los derechos humanos en Colombia, sino que se concentró estrictamente en los criterios legales[4]”.

Por lo anterior, la certificación es mucho más que el reconocimiento explícito del gobierno estadounidense sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. “Por supuesto, es una decisión política y simbólicamente es muy importante”, reconoció a Actualidad Colombiana la doctora en relaciones internacionales Arlene Tickner.

La relevancia simbólica se debe a que, actualmente, el aliado más fuerte de Estados Unidos en Sudamérica es Colombia. Ha entregado, desde 2000, alrededor de 4.000 millones de dólares al país sudamericano en asistencia militar y entrenamiento para combatir el narcotráfico. La relación cercana entre las dos naciones se ha hecho más evidente desde que varios países de la región –por ejemplo Venezuela, Ecuador y Bolivia- priorizaron sus políticas de izquierda y se opusieron a la intervención norteamericana. No en vano, la misma semana en que se dio a conocer la certificación a Colombia, el Departamento de Estado condenó las violaciones de Derechos Humanos en Cuba y en Venezuela[5].

La suspensión de los fondos de ayuda a Colombia, la primera que se hace bajo un Congreso de mayoría demócrata, naturalmente tiene un interés político. Éste se basa en la oposición al gobierno de George W.Bush y, por tanto, a muchas de las decisiones que el Presidente toma en el campo internacional, como la guerra en Irak y su apoyo a Colombia. Por ello, la presión del partido Demócrata, que desde enero de este año controla tanto la Cámara de Representantes como el Senado, podría afectar seriamente las relaciones bilaterales entre EEUU y Colombia.

El debate del paramilitarismo afecta internacionalmente a Colombia

Durante una rueda de prensa televisada, el jueves 19 de abril, el Presidente reconoció que las acusaciones sobre paramilitarismo están afectando las relaciones internacionales del país, especialmente con Estados Unidos.

“Qué preocupante es esta decisión hoy del Vicepresidente [Al] Gore de no asistir a ese foro para no estar con el Presidente de Colombia por estas acusaciones, en la víspera de aprobarse en los Estados Unidos la extensión del Plan Colombia y el TLC. Esos son los temas que me preocupan”, manifestó el mandatario colombiano.

A lo que se refiere Uribe con su comentario sobre Gore, uno de los políticos más importantes de la bancada demócrata, ex Vicepresidente de EEUU y popular defensor del medio ambiente, es a la negativa del norteamericano de asistir, en compañía del mandatario colombiano, a un evento en Miami llamado “Green Forum” pocos días después del intenso debate en el Congreso de Colombia.

Álvaro Uribe no sólo tuvo que hablar en público el jueves, en la televisión colombiana. Además tuvo que defenderse al día siguiente en Miami, lo que indica que el problema de la parapolítica y especialmente los vínculos que les atribuyen a él y a su familia con integrantes del grupo subversivo ya han trascendido las fronteras colombianas. Además, también demostró que la comunidad internacional está cada vez más atenta a la situación interna de Colombia y que el país es cada vez más dependiente de la coyuntura política norteamericana.

Por el momento, a Uribe le toca confiar en que esa serie de inconvenientes no perjudique definitivamente el Plan Colombia ni el TLC, pues son los proyectos bilaterales más importantes con Estados Unidos y también aspectos centrales de su Presidencia.

Además, necesita que se desbloquee pronto la certificación de Derechos Humanos. Porque si la mayoría demócrata en el Congreso le sigue poniendo trabas, y si las acusaciones de la oposición a Álvaro Uribe calan aún más hondo internacionalmente y ponen a temblar los proyectos conjuntos, se podría abrir una caja de Pandora que le daría un golpe mortal al proyecto político del Presidente y que perjudicaría gravemente el interés nacional.

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