El pasado 12 de abril se presentó el Informe dela Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia. Se invitó a la Corporación Sisma Mujer y a la Red de Mujeres Afro para comentar acerca del documento.

En primer lugar debe resaltarse la pertinencia de los análisis y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la luz de las modificaciones en el contexto que hoy vivimos las mujeres en el país. Presentamos a continuación por esto, una propuesta de estrategia de seguimiento que asegure su cumplimiento por parte del Estado colombiano, en ejercicio de la debida diligencia para la prevención, investigación, sanción y reparación a las violaciones a los derechos humanos de las mujeres víctimas del conflicto armado.

Tal como fue constatado por la CIDH en su visita in loco, las mujeres en Colombia han sido víctimas de diversas modalidades de violencia por parte de paramilitares, guerrillas y ejército. Los grupos paramilitares han cometido crímenes de violencia sexual de manera sistemática en eventos individuales y en el contexto de masacres. Además de cometer este crimen como método de tortura, utilizando los cuerpos de las mujeres como botín de guerra, han agredido sexualmente a las mujeres como estrategia para sembrar el terror en las poblaciones. Sin embargo, quienes se han acogido a la ley 975, de acuerdo con los reportes de prensa y de personas que han asistido a las audiencias, han ocultado haber cometido estos delitos. Sumado a un marco legal inapropiado, resulta desalentador ver como ni las autoridades judiciales ni la sociedad colombiana en su conjunto, parecen estar preparadas para enfrentar esta verdad. Esto en perjuicio de las víctimas, quienes deben agregar a su dolor la carga del silencio y la injusticia.

El informe abordó esta problemática en los comienzos del proceso de negociación. Las advertencias de la CIDH respecto de la necesidad de que el marco jurídico del proceso prestara especial atención a las necesidades diferenciales de las mujeres de manera compatible con los principios y normas internacionales sobre los derechos de las víctimas, han sido escasamente atendidas con graves consecuencias en términos de impunidad total respecto de la violencia de género ejercida por estos grupos. En efecto, el marco jurídico excepcional creado para este proceso no previó mecanismos especiales que atendieran a las dificultades en la denuncia y los deliberados ocultamientos de estos hechos durante las versiones libres. Tampoco tomó suficientemente en consideración las particularidades probatorias de este tipo de delitos, ni la situación de vulnerabilidad de las mujeres victimas de violencia de género, especialmente sexual, al momento de los hechos y durante el proceso judicial.

El informe de la CIDH, sumado a las constataciones de la existencia de estos crímenes por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en sus informes anuales sobre Colombia; el informe de la Relatora sobre derechos de la mujer de la ONU en su visita al país; los informes de la CEDAW a nivel nacional e internacional; así como informes de Amnistía Internacional y de organizaciones de la sociedad civil colombiana -como la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado y el Observatorio de derechos humanos de las mujeres en Colombia-, presentan un panorama de completa desatención del Estado Colombiano frente a esta problemática y lo ubican en una situación de inexcusable desconocimiento de las recomendaciones emitidas.

De otro lado, resulta necesario hacer referencia a lo que podría interpretarse como un reporte positivo al cumplimiento de la recomendación relativa a la necesidad de que el Estado colombiano adoptara los pasos requeridos para completar la ratificación del Protocolo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, importante instrumento internacional de protección de los derechos de las mujeres. El 23 de enero de este año el gobierno colombiano realizó ante las Naciones Unidas el acto de depósito necesario para completar los pasos de la ratificación de este protocolo, pero los condicionamientos hechos al mismo, dan cuenta de una intencionalidad de restarle toda efectividad. En efecto, si bien el Protocolo prohíbe su ratificación con reservas, el gobierno colombiano a través de declaraciones interpretativas señaló que las medidas provisionales del instrumento excluyen aquellas que impliquen la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, “los cuales se aplicarán de acuerdo con la naturaleza progresiva de estos derechos” con la consecuencia de omitir toda responsabilidad en cuanto a la indemnización integral a las víctimas. Igualmente, el gobierno colombiano hizo uso de la facultad establecida en el artículo 10 reservándose el derecho a desconocer la competencia del Comité. De 91 países que han ratificado el Protocolo, sólo tres más han hecho uso de esta facultad (Bangladesh, Bélgica y Cuba).

Respecto de la recomendación de adoptar y reformar la legislación existente para brindar un marco apropiado de atención judicial a la problemática de las violencias contra las mujeres en el país, cursa en el Congreso de la República el proyecto de ley Por la cual se dictan normas para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres. Esta iniciativa fue presentada por las mujeres Senadoras y Representantes a la Cámara quienes contaron con la participación y asesoría de organizaciones de mujeres. El proyecto introduce importantes avances en términos de prevención, atención, sanción y reparación a mujeres víctimas de violencias y se espera que durante su trámite, pueda ser fortalecido para brindar a las mujeres un marco apropiado de defensa de su derecho a una vida libre de violencias tanto en los llamados “tiempos de paz” como en el marco del conflicto armado.

Con las salvedades mencionadas, las recomendaciones relativas a legislación, políticas públicas, instituciones y programas estatales, sobre diagnóstico y prevención, así como las relativas a servicios públicos a mujeres desplazadas conservan plena actualidad. El énfasis que hace el informe tanto en su parte analítica como en cuanto a recomendaciones en la situación de mujeres indígenas y afrocolombianas constituye un importante aporte a la visibilización de una mayor afectación del conflicto en estas poblaciones, que esperamos sea tenido en cuenta por el gobierno tanto en el diseño e implementación de sus políticas como por el Estado en su conjunto.

Con miras a aportar alternativas para un efectivo seguimiento a la implementación de las recomendaciones contenidas en el informe y tomando especialmente en cuenta la recomendación 53 referida a la necesidad de “recuperar y sistematizar decisiones de organismos regionales e internacionales orientados a proteger los derechos de las mujeres y hacer esta información accesible a funcionarios públicos a nivel nacional y local”, las organizaciones de mujeres proponemos mecanismos como el fortalecimiento de instancias de seguimiento tales como la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado o la creación de un escenario con presencia de órganos de control del Estado, así como de organizaciones de mujeres y de derechos humanos que se encuentran haciendo seguimiento permanente a recomendaciones que sobre el país han emitido entidades como la Oficina de la Alta Comisionada, la Relatora especial sobre Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas y el Comité de la CEDAW, entre otros. Contando con el acompañamiento de representantes en el país de los organismos que han hecho las recomendaciones, así como con integrantes del G-24, grupo de gobiernos de diversos países que acompañan el seguimiento a los compromisos del gobierno Londres-Cartagena en materia de cooperación internacional en el marco de las recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada, principalmente de aquellos países que han mostrado mayor interés en el seguimiento a las recomendaciones relacionadas con los derechos de las mujeres, entre ellos Suecia, España y Canadá.

La gravedad de la afectación del conflicto armado en las mujeres está suficientemente evidenciada. Las recomendaciones de la CIDH sumadas a las de los demás organismos que se han pronunciado al respecto conservan plena vigencia en tanto apuntan a resolver problemáticas estructurales de violencia y discriminación. El camino está claro, es necesaria una gran dosis de voluntad política de parte de las diversas instituciones del Estado. Las organizaciones de mujeres y las mujeres víctimas, en condición de actoras de nuestro destino, tal como lo afirma el informe, continuamos firmes en nuestra voluntad de aportar nuestras iniciativas de inclusión y democratización para el logro de una paz auténtica y sostenible en el país.

Una perspectiva de género y etnia

Maura Nasly Mosquera de Red de Mujeres Afro también comentó acerca del atículo. De su presentación se resaltan las siguientes ideas:

· El Informe de la CIDH indica que la situación de las mujeres afrocolombianas es particularmente crítica al ser victimas de múltiples formas de discriminación por causa de su raza, etnia y por el hecho de ser mujeres. Son doblemente vulnerables a ser abusadas y victimizadas por los grupos armados, en su lucha por controlar recursos y territorios.

· El impacto del desplazamiento forzado en las mujeres afrocolombianas es significativo y se manifiesta de distintas formas debido a su cosmovisión, cultura y tradiciones, identificación con su territorio y su condición de mujeres. El cambio de roles y estructura familiar que enfrentan las mujeres desplazadas es más intenso en el caso de las mujeres afrocolombianas que habitan las zonas rurales y se desplazan a zonas urbanas, por la vida en comunidad que llevan, la tradicional correlación de sus actividades con las de sus esposos o padres, y el desarraigo de este modelo social. Ellas padecen de actos de racismo, ridiculización y estigmatización por parte de las comunidades receptoras. Su pertenencia étnica, los bajos niveles de educación y la pobreza limitan su acceso adecuado al trabajo y a diferentes formas de subsistencia económica.

· Proponemos 3 estrategias para mejorar la vida de la mujer afrocolombiana inmersa en el conflicto:

Estrategia 1: Estudios Postcensales. Necesidad de exigir la desagregación de datos por género y etnia para analizar las condiciones diferenciales de vida y pedir responsabilidades a los gobiernos por las recomendaciones del Informe CIDH, que afecta a las mujeres afrocolombianas victimas del conflicto armado

Estrategia 2: Análisis del presupuesto con perspectiva de género y etnia. Es la necesidad de pedir responsabilidades a los gobiernos por las recomendaciones del Informe CIDH, que proporcione una visión clara de cómo la distribución, el uso y la generación de recursos públicos afecta a las mujeres afrocolombianas victimas del conflicto armado

Estrategia 3: Incorporación de la perspectiva de género en el enfoque diferencial étnico en la Política Pública Diferencial de Prevención, Protección y Atención del Desplazamiento Forzado y el Derecho a la Igualdad y a la No Discriminación. Consiste en avanzar hacia una compresión integral y compartida del enfoque diferencial de género y etnia que responda al conocimiento sistemático del impacto diferencial del desplazamiento.

Descargue [[aquí]->http://www.actualidadcolombiana.org...] el informe completo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en PDF.

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