La doble moral en la argumentación

Uno de los argumentos que ha esgrimido el Gobernador en la defensa del propósito de vender la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), es el que señala que el Estado no debe promover el consumo de licor, pues de esta forma estaría incurriendo en una acción contraria a su misión de preservar la salud pública.

En el editorial del sábado 30 de septiembre del 2006, el periódico El Mundo, del que es propietario y director el padre del Gobernador, recogió el argumento de esta manera: “ese (producir y vender de licores) ha sido un estigma con el que han tenido que lidiar todas las administraciones, porque resulta contradictorio que al tiempo que se hacen esfuerzos para desestimular el consumo y se adelantan campañas contra el alcoholismo como un grave problema de salud pública, desde las licoreras oficiales se promueva su consumo mediante costosas campañas publicitarias, cosa que por lo demás tienen que hacer si quieren ser competitivas”.

De forma paradójica, en el estudio que ha servido como sustento teórico de la propuesta de venta, elaborado merced a un contrato seriamente cuestionado con el señor LuisFernando Córdoba Vélez, y conocido como el de las arenas estratégicas para la FLA, se concluye que la perspectiva del mercado de licores en Colombia va a sufrir fuertes transformaciones por el avance de la globalización.

Señala que para sobrevivir en ese nuevo escenario, la Fábrica tendría que realizar ingentes inversiones en mercadeo, circunstancia que trata de presentar como virtualmente imposible con la siguiente pregunta que cito textualmente: “Podrá dedicar la Fábrica las utilidades de los próximos 5 años a invertirlas en el mercado (sic) – como lo ha hecho Bavaria los últimos 5, incluso a costa de reportar pérdidas millonarias – en la búsqueda del crecimiento del consumo per cápita del Aguardiente Antioqueño...”

La “arena estratégica” de mantener la FLA como un ente público, la descalifican por que carece de recursos para hacer masivas campañas que incentiven el consumo de licor, lo que dejan ver como una acción indispensable, necesaria y deseable.

La cosa se vuelve más contradictoria cuando se trata de analizar una posible alianza estratégica. Siguiendo con el ejercicio de descarte de probabilidades planteado por el estudio, conseguir un socio estratégico privado con suficiente palanca financiera y “know how”, tampoco sería posible, según el autor del texto mencionado.

Después de enumerar los 14 mayores jugadores globales en el mercado de los licores, afirma a manera de advertencia: “Cuáles de estos posibles socios internacionales quisiera tener como socio a una dependencia del Gobierno local, donde sus estrategias de mercadeo se debieran discutir en un escenario político, donde el interés principal no sería la participación en el mercado y el crecimiento del consumo, sino el bienestar social y la atención de salud de los gobernados?

Y por esta vía se llega a la conclusión final: hay que vender la FLA, pues hay una profunda diferencia entre el enfoque de el Estado y el de nuestros competidores globales, lo que ilustran con esta muy diciente pregunta: “¿En Bavaria las discusiones se centran en el aumento del consumo y en el crecimiento de la participación, o en la salud y la inversión en los Hospitales del Departamento de Antioquia”.

Vendamos la Fábrica de Licores de Antioquia, porque es reprochable incentivar el consumo de licores desde el Estado, afirman el Gobernador y su señor padre. Pero eso sí, vendámosla a quienes van a destinar inmensas sumas de dinero en el “aumento del consumo y en el crecimiento de la participación en el mercado”, concluye el estudio que contrató el “puritano” mandatario.

Es verdad sabida, que otra de las finalidades de grabar el consumo de licores, además de generar rentas para el Estado, es reducir su consumo, debido a que éste produce más costos que beneficios a la economía y la salud. Y las sociedades que son permisivas con el consumo de alcohol, en aras de respetar la autonomía de las personas, lo hacen así porque contabilizando los aspectos negativos, expresados en accidentalidad, violencia, maltrato, accidentes, descomposición familiar, enfermedades y empobrecimiento, tienen que concluir que dar rienda suelta al consumo de licor, no es conveniente.

Por esta razón, sería coherente mantener una política al respecto que, permitiendo el consumo de bebidas alcohólicas, les fije altos impuestos que lo restrinjan, al tiempo transfiera rentas al Estado para adelantar campañas de prevención, y de atención a las funestas consecuencias de los excesos. En conclusión, altos impuestos y restricciones a la publicidad. Si se llega a vender la FLA, la tendencia sería exactamente la contraria.

¿Qué garantía puede brindar el Gobernador y su equipo sobre los rendimientos de la inversión de los dineros resultantes de la venta?

Alega la Administración Departamental que vender la FLA no afectaría para nada el monopolio rentístico, pues este reside en los impuestos al consumo, en el IVA cedido por la nación y en el impuesto a las ventas, y no en las utilidades de la fábrica, pues los recursos obtenidos en la negociación, se invertirán en otros negocios que mantenga la rentabilidad de ese patrimonio.

Lo curioso es que hasta ahora no le han podido presentar una propuesta concreta a la Asamblea Departamental, ni a los habitantes de Antioquia, al respecto. Los secretarios del despacho que han intervenido en los debates adelantados en la duma, o que han hecho declaraciones a medios de comunicación, se han limitado a enumerar una serie de posibles destinos para la inversión de los recursos, sin un fundamento serio de rentabilidad futura.

Este es un tema capital, pues las utilidades de la FLA se han convertido en una fuente vital de ingresos para el Departamento. Representan el 40% de los ingresos corrientes de libre destinación, lo que además de ser un porcentaje inmenso, sirve de base para definir su capacidad de endeudamiento y sus posibilidades de inversión.

Estamos hablando de liquidar una inversión que es y ha sido sumamente rentable y productiva, pero que además es pieza vital para las finanzas del Departamento, para colocar esos recursos en actividades que podrían producir unas tasas de retorno totalmente inciertas.

Las primera propuesta relativamente concreta ha sido la de invertir esos recursos en Empresas Públicas de Medellín, lo que está claro que solo es posible cambiando la naturaleza del ente autónomo, lo que está fuera del alcance de la Administración Departamental, y que goza de un amplio rechazo en la ciudadanía de la bella villa, que sabe muy bien que esa transformación de Empresa Industrial y Comercial del Estado, 100% de propiedad del Municipio de Medellín, en sociedad por acciones sería un inmenso boquete por el que posteriormente se posibilitaría la privatización del principal bien público de la ciudad.

Pero, qué pasaría si los buenos oficios del Presidente de la República, para posibilitar el negocio con EPM fructificaran, y se hiciera realidad su intención, expresada en la siguiente frase: “Me han dicho –anota el doctor Uribe– que será muy difícil que el Consejo de Medellín lo apruebe. Hombre, es un negocio entre hermanos, ¿acaso es para privatizarla? Es para que esté bien guardada allí la platica del departamento. Yo creo que esa es una solidaridad que no cuesta, mínima”. (Editorial del periódico “El Mundo”, septiembre 30 de 2006)

Esta no es una pregunta de menor cuantía, porque muy a contrapelo de lo que afirma el Presidente, no se trata de “esté bien guardada allí la platica del departamento”, el dinero guardado, a lo sumo rinde el equivale a la tasa de captación del sistema financiero y aquí de lo que se trata es de saber si renta lo mismo o más de lo que lo hace en la FLA. Y esto no se puede responder simplemente mostrando las cuantiosas utilidades de las Empresas Públicas de Medellín, sino comparando de manera cualitativa las utilidades con el valor patrimonial del bien.

Vale la pena que analicemos un poco las cifras, pues mientras EPM arroja unas utilidades netas cercanas a los ochocientos mil millones de pesos anuales, en verdad enormes, pero comparadas con un patrimonio de quince billones de pesos, nos arroja una relación entre utilidad neta y patrimonio del 5%. Por su parte la FLA se acerca a unas utilidades netas de ciento cincuenta mil millones de pesos, no tan cuantiosas como las de EPM, pero el detalle es que las obtiene con un patrimonio cercano apenas a los doscientos mil millones de pesos, es decir, una relación que nos ubica en un 75%.

Este es el punto en el que el señor Gobernador y su equipo asesor le tiene que contar muy bien a los antioqueños: ¿Qué negocio, diferente al narcotráfico, que desde luego es impensable, es mejor que la FLA? -incluso en un escenario de dificultades ofrecidas por la competencia global-.

Las otras propuestas, gaseosas, orientadas más a envolatar a la galería que a estructurar un verdadero plan de inversiones, son más posibles legalmente, pero mucho más deleznables desde el punto de vista de la rentabilidad. Qué tal la propuesta de invertir los recursos en una fiducia de los linces del capital financiero, para hacer parte de la financiación de una obra que evoca más el “Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra”, que las posibilidades reales para su ejecución. Hablo de la supuesta doble calzada a Urabá, tan irreal, etérea y remota como el puerto de esa región.

En esto los antioqueños nos tenemos que poner serios, y exigirle seriedad a la administración departamental, no sea que terminemos con el pecado y sin el género, entregando tan importante y rentable patrimonio a los juegos, especulaciones y malabares de un puñado de “yuppies”, a los que curiosamente siempre les va bien con los recursos de sus jefes del sector privado, y pésimamente mal cuando de administrar recursos públicos se trata.

El impuesto al consumo de licores está gravemente amenazado y la venta de la licorera contribuye a su extinción

Recomienda un conocido adagio árabe que “cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo”. Y hoy, como nunca en la historia, hay señales que por más que se quieran ocultar o minimizar, están amenazando los impuestos al consumo de licores, que según dicen el Gobernador y sus muchachos, es la piedra segura sobre la que se fundamenta el monopolio rentístico de los licores para los entes territoriales.

De un lado, la supuesta “negociación” del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, dejó en claro el interés del gobierno de esa nación por eliminarlos. Lo solicitaron repetidamente en la mesa de negociaciones, alegando que viola los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio.

Según declaraciones del entonces Ministro de Comercio Exterior, Jorge Humberto Botero, al diario económico Portafolio, y a su enviada especial durante la última semana de negociaciones en Washington en febrero del año pasado, el tema quedó definido en un “acuerdo de paz” con E.U, consistente en definir un período durante el cual los países dejarán el tema quieto, pero con la posibilidad abierta de que si Estados Unidos lo considera, pueda llevar el tema a un panel de solución de controversias en la OMC.

Otra señal inequívoca de hacia donde se mueve el país en materia de impuestos al consumo de licores, ha sido la sistemática reducción de estos para productos como la cerveza, o el tabaco, comparable este último con el del licor por su similitud en el daño a la salud pública.

La amnesia colectiva que nos imponen los medios masivos de comunicación, más adictos a la pauta publicitaria de licoreras, cerveceras y tabacaleras que al licor, la cerveza y el tabaco, no nos puede permitir que olvidemos que en la reforma tributaria de 1995, plasmada en la Ley 223 de ese año, los lobbystas al servicio de Don Julio Mario Santodomingo, lograron introducir en la misma un descomunal orangután, en el Artículo 189, PAR. 1º, que textualmente decía así: “No formará parte de la base gravable el valor de los empaques y envases, sean retornables o no retornables.”

Ese “paragrafito”, como diría don Fabio Echeverri, le permitió a Bavaria reducir en cerca de un 10% el pago de impuestos que debía entregar a los departamentos, y valorizar mucho más su empresa para luego venderla, muy bien vendida y sin pagar impuestos, a la multinacional SABMiller, subsidiaria de Altria, léase Philip Morris.

Algo más escandaloso sucedió en la última reforma tributaria, la que supuestamente es una reforma “integral”, sacada avante en el Congreso por el recién ido Ministro Carrasquilla. En esta se aumentó el IVA a múltiples mercaderías, excepto a la cerveza. Pero como el monopolio de cerveza en Colombia ya es de una multinacional, de manera obsequiosa le eliminaron el impuesto del 7% a las remesas que despachan a su casa matriz.

Con el tabaco fue peor. Un cambio en la fórmula de liquidación del impuesto del cigarrillo que antes era del 65%, por un gravamen de $400 pesos para las cajetillas de 20 unidades que valgan menos de $2.000 pesos y de $800 pesos para aquellas que superen este monto, significó una rebaja estimada del impuesto del 15%, y de ñapa, les regalaron también el 7% del impuesto de remesas, habida cuenta que dos multinacionales, Philiph Morris y BAT, copan el 85% del mercado nacional de cigarrillos.

Esos son los hechos. Esa es la tendencia. Vale la pena en este momento hacer la siguiente reflexión. Si el señor Gobernador y sus funcionarios alegan que una de las razones por las que hay que vender la Fábrica de Licores de Antioquia es por la aterradora y apocalíptica competencia que se nos viene encima por la eventual entrada en vigencia del TLC con los Estados Unidos, lo que la colocaría en grave riesgo de desvalorización y pérdida de capacidad para generar utilidades, ¿que los lleva a presumir, que esa misma amenaza no se cierne sobre el inversionista privado que adquiera nuestra Fábrica de Licores de Antioquia?.

Hay que descartar de plano que la falta de recursos para apalancar y modernizar la operación de la FLA es un obstáculo, porque si algo es abundante y barato hoy, es el capital. “La plata está muy barata” como dicen los viejos. Que no nos salgan con que la FLA, convertida en Empresa Industrial y Comercial del Estado, de propiedad 100% del Departamento de Antioquia, no puede acometer un agresivo plan de inversiones, de comercialización, de incursión en productos novedosos etc. A otro perro con ese hueso!

Lo que si hay que auscultar, es por qué, en un ambiente tan “riesgoso”, hay inversionistas, grandes jugadores en el mercado, interesados en comprar una empresa a la que desde ya se le está expidiendo el certificado de defunción. No podemos descartar la tesis, apoyada en abundantes indicios o fundamentos, que el bajón de la rentabilidad que implicaría un escenario de alta competencia global, será compensado con una drástica reducción de los impuestos al consumo de licores, pues como lo muestran las experiencias recientes, que se puede, se puede.

Si dejamos, lo que se viene es más desnacionalización

Lo cierto es que el negocio mundial de los licores está bastante movido, y las absorciones y fusiones, se han convertido en el “trago nuestro de cada día”. Pernaud Ricard adquirió a Domeq Allied, y va tras V&S, propietaria de Absolut; Diageo compró Smirnoff.

Es sabido que estos procesos de concentración y monopolio, van acompañados de una burbuja especulativa, en la que sumar activos, deja de ser una operación aritmética, para volverse geométrica, y hasta pequeños mercados como el nuestro juegan en esa perversa dinámica, que termina con la desnacionalización de nuestro aparato productivo.

A pasos agigantados se profundiza la tendencia, de forma tal que ya compramos las arepas del desayuno en el ÉXITO a los franceses de Casino, las cervecitas y el Pielroja a Philip Morris, y si lo permitimos los antioqueños, terminaremos brindando con un aguardiente antioqueño, al que podremos denominar, igual que la canción, como “trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno”, destilado, envasado y comercializado por Pernaut Ricard, empresa cuyo nombre no sabe pronunciar la inmensa mayoría de nuestros aguardienteros.

Correo de Contacto: [email protected]