Todo lo que se dijo en ese debate (realizado el martes 17 de abril en el Congreso de la República) ya lo conocía el presidente Álvaro Uribe Vélez, en su condición de gobernador de Antioquia entre 1995-1997, según lo dijeron los ministros del interior y del transporte. Ellos recordaron que durante esta administración, todos lo días se realizaba una junta de inteligencia en la que se discutían los graves problemas de orden público que reveló Petro.

Se sabía incluso que el helicóptero oficial de la gobernación estuvo presente en El Aro cuando los paramilitares cometían una de las peores masacres. También tenía el entonces gobernador Uribe información privilegiada en el momento de autorizar las Convivir en Antioquia, los lugares en las que podían desarrollar su labor y las personas que podían integrar estas cooperativas de seguridad. Información que le permitía saber de los riegos que se generaban al armar civiles para enfrentar a la guerrilla en un departamento en el que, por supuesto, existían grupos paramilitares y de narcotraficantes cuyas haciendas requerían de mucha seguridad. Tampoco eran desconocidas para el gobernador Uribe las denuncias por la relación entre paramilitares y Fuerza Pública en el departamento de Antioquia durante su administración. Queda la sensación de que muchas de las atrocidades que ocurrieron en esa época se hubieran podido evitar si la decisión política no hubiese sido dejar pasar y dejar hacer, transitando en un peligroso filo de la navaja entre la legalidad que se reclama para armar civiles y la ilegalidad que se consumó con el fortalecimiento de los grupos paramilitares. Ahora bien, si este modelo de las CONVIVIR es el que inspiró a Uribe como Presidente de la República para convocar a más de tres millones de personas a integrar la Red de Cooperantes, entonces es urgente revisar esta estrategia para evitar (más vale tarde que nunca) que la “seguridad democrática” haga metástasis en una “seguridad mafiosa”.

También sabía de todas estas acusaciones reveladas en el debate el Fiscal General de la Nación Luis Camilo Osorio, quien dispersó, archivó y precluyó estas denuncias en desarrollo de un ejercicio que el senador Petro calificó de “arquitectura de la impunidad”, procedimiento que dejo el congresista al descubierto en el debate, divulgando informes de inteligencia, denuncias penales y testimonios que bajo la gravedad de juramento, obran en los procesos judiciales.

El mismo H.S. Petro reveló que denunció al Fiscal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que se investigue su conducta frente a estos hechos. El gobierno y la Fiscalía tienen la responsabilidad de responder por este manto de impunidad. Si esto no es posible, si no opera una justicia independiente y objetiva que dictamine si lo que se reveló en el debate político es cierto o no, entonces habrá que acudir a la justicia internacional. Sobre todo, porque hay acusaciones serias sobre crímenes de lesa humanidad que jamás prescriben.

Tampoco eran ajenos a toda esta información los organismos de inteligencia de la Fuerza Pública, en especial el Ejército, la Policía y el DAS, algunos de cuyos funcionarios entregaron informes de manera oportuna o rindieron testimonio aún a costa de sus vidas, su libertad o su derecho a vivir en Colombia.

Otra fuente bien informada de lo que ocurrió en esa época en Colombia y que divulgó Petro en su debate, era el gobierno de los Estados Unidos. La embajada de ese país en Bogotá advirtió en su momento sobre los excesos de las Convivir y su relación con el paramilitarismo, según documentos oficiales recientemente desclasificados en Washington y que, según el embajador Myles Frechette fueron desatendidas por el entonces presidente Samper, el gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez y los altos mandos militares de la época.

Entonces los temores y preocupaciones que suscitó el debate del senador Petro no eran por lo que se iba a revelar sino por las responsabilidades que se desprenden de estos hechos, ya que habrían sido permitidos por una autoridad política, ocultados por una autoridad judicial y propiciados por una autoridad militar.

Esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y juzgar a los culpables, es el mejor homenaje a Antioquia y a sus víctimas, a la justicia y a la verdad. A ello podría contribuir la propuesta del senador Petro para un Acuerdo Nacional por la Verdad. La propuesta busca deslegitimar y desmantelar el paramilitarismo, desmontar el régimen clientelista de la política colombiana, garantizar elecciones libres, democratizar la tenencia de la tierra y ofrecer “beneficios jurídicos a cambio de verdad plena”. La inmediata aceptación de la senadora Gina Parody y la rápida respuesta de los jefes paramilitares recluidos en la cárcel de Itagui, contrastan con el silencio del gobierno. Sin embargo, a la propuesta le hace falta un componente claro de reparación de las víctimas y un consenso para recuperar el camino de la solución política del conflicto armado interno, de tal manera que el acuerdo sea el preámbulo de la construcción de un país democrático, incluyente, equitativo y en paz.

El debate fue un ejercicio legítimo de democracia y pluralismo, más allá de los insultos y las descalificaciones. Durante el debate pasó inadvertida una frase tenaz y contundente del senador Juan Manuel Galán del Partido Liberal: “Luis Carlos Galán advirtió lo que iba a ocurrir y el senador Petro está diciendo lo que ocurrió, ojala Petro no corra la misma suerte de mi padre”.

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