El escándalo alrededor de la muerte de varios niños por desnutrición en el Chocó, nos obliga a replantearnos el lugar que ocupa este departamento en la nación.

Recuento del escándalo

Hace poco más de un mes, el país se estremeció ante la muerte de 17 niños por desnutrición en el Chocó. La tragedia prendió las alarmas y volcó la atención nacional sobre ese departamento por un par de semanas: los medios hicieron amplios cubrimientos y debates; el Gobierno nacional decidió intervenir la secretaría de salud del departamento; la Procuraduría y la Fiscalía reabrieron procesos contra mandatarios y políticos locales; y el Presidente se desplazó a la región, hizo consejos comunales y nombró a Juan Guillermo Ángel como gerente presidencial para el departamento.

Tal y como sucedió el mes pasado, de tanto en tanto recibimos de Chocó noticias sobre las precarias condiciones de vida de sus habitantes. Y digo “recibir noticias” porque en el imaginario de muchos colombianos, Chocó existe como un lugar distante y separado, de donde de vez en cuando nos llegan noticias, pero que verdaderamente no hace parte constitutiva del conjunto nacional.

Así, en septiembre de 2006, el país supo que la gobernación cerró las oficinas por la crítica situación financiera del departamento[1]. En octubre, un informe de la Defensoría del Pueblo llamó la atención sobre la vulneración de derechos humanos por la siembra de palma en territorios colectivos[2]. En febrero, la sequía dejó sin agua a todo el departamento y puso al desnudo la inexistencia de un sistema de acueductos[3]. Sin embargo, a diferencia de estos anteriores pequeños escándalos, fue en esta oportunidad, por cuenta de la dramática muerte de un grupo de niños por inanición, que el problema del aislamiento, el marginamiento y la pobreza de Chocó se hizo visible con crudeza. Ante esta tragedia, fue imposible mantener la actitud, desdeñosa pero complaciente, que generalmente se tiene ante la realidad chocoana.

A medida que transcurrió el tiempo, el país se hizo una única pregunta: ¿Qué pasa con el dinero que el gobierno destina para la salud y los servicios públicos? Todo el mundo quedó sorprendido cuando el ministro de la Protección Social y los funcionarios de Planeación Nacional dijeron que Chocó es el departamento que más recursos recibe para salud y saneamiento básico. Dijeron que cada chocoano recibe el doble de dinero por transferencias y presupuesto nacional que cada bogotano. Y entonces, ¿qué pasó con esa plata? ¿Por qué en Chocó no hay acueductos, ni alcantarillado, ni hospitales, ni caminos? Los días pasaron y los dedos acusadores encontraron a un solo culpable: la corrupta clase política del Chocó. El escándalo de la bienestarina[4], que no alimenta niños sino que alimenta cerdos, fue la gota que rebosó la copa. La nación colombiana se retorció de indignación.

En medio de toda la discusión que se generó al respecto, la opinión pública concluyó que el problema del subdesarrollo del Chocó se debe al robo descarnado de los recursos públicos. La clase política chocoana ha dilapidado tanto dinero y se ha apropiado de tantos recursos que ha impedido el desarrollo de la región. En el desarrollo del debate el Estado central se lavó las manos diciendo que había cumplido con girar los recursos de las transferencias, porque en Colombia, los servicios públicos, la salud y la educación son competencia de las entidades descentralizadas. Éstas, en manos de los corruptos políticos chocoanos, no han hecho la otra mitad de la tarea. Y por eso, en medio de todo, los ciudadanos chocoanos también son culpables de su atraso, porque han reconfirmado, elección tras elección, la permanencia de la clase política corrupta al poder. En definitiva, el escándalo encontró un gran culpable: los políticos; un gran cómplice: los ciudadanos chocoanos; y un gran absuelto: el estado central y el gobierno nacional.

¿Diagnóstico simplista?

Sin embargo, esta conclusión que dejó al país tranquilo es simplista y engañosa. Si bien es claro que el despilfarro de los dineros públicos es condenable e indeseable, achacar toda la responsabilidad a los malos hábitos de unas personas no deja ver el trasfondo del problema. En Chocó no llevan un año robándose la plata, ni un mes muriéndose los niños. Más bien, la conclusión que debió haber dejado el debate del mes pasado es que de Chocó no sabemos nada. Y lo grave es que este desconocimiento revela la permanente comodidad y complacencia de la Nación ante el marginamiento de esa región. Si verdaderamente la precariedad chocoana fuese una preocupación nacional, existirían al menos vías que la comunicaran con otras regiones, y opciones económicas que sí fueran una alternativa para la población local.

Por esto el diagnóstico que señala la corrupción como el culpable es tramposo. En vez de eso, lo que la marcada corrupción sí revela, es la existencia de muy pocos canales de ascenso socioeconómico, de prestigio y de movilidad social en el Chocó. El acceso al Estado es casi la única fuente de riqueza y prestigio, y la apropiación privada de dineros públicos, es, por supuesto, una característica casi generalizada de las sociedades en las que no existen dichos canales. Muestra de ello es que en Quibdo sólo existe un barrio estrato seis, y le dicen el barrio público: todos los que allí viven trabajan o han trabajado para el Estado.

Esta reflexión no exculpa a los políticos locales, pero sí permite entender mejor el problema. Pues en Chocó, las actividades económicas, comerciales e industriales son casi inexistentes, e incluso las formas que ha tomado el desarrollo económico en ese departamento se han aprovechado de su marginalidad. El mejor ejemplo de lo anterior lo dan los cultivos de palma que allí se han establecido: de las 106,000 hectáreas destinadas para los cultivos, se detectó que 25,000 fueron obtenidas por títulos ilegítimos[5]. Con esta información hagamos un ejercicio: ¿Podríamos imaginar que en el corazón de Tolima se puede desplazar a cientos y expropiar a miles de su tierra para establecer unos cultivos de arroz?, ¿o de café en el corazón de Caldas? ¿Podríamos imaginar que hoy en día esto puede suceder en esos departamentos? La respuesta sería un no. ¿Entonces por qué sí ocurre en Chocó? Los títulos colectivos de esas tierras la hacen parecer una tierra de nadie, y no parece tan grave marginar un poco más a una población que ya está bien fuera del margen. Entonces, las alternativas de desarrollo económico que surjan gracias a dichas irregularidades no son beneficiosas para la población. ¿Y qué se ha hecho al respecto?

La cenicienta del país

En el año 2003, el Departamento de Planeación Nacional hizo algunas mediciones sobre el Índice de Condiciones de Vida, el cual mide los niveles de educación y de infraestructura y las características de las viviendas. Según esta medición, desde 1997 el país creció 3 puntos. Pero al mirar el desagregado nacional, la región pacífica no había avanzado a la par de la nación y ni siquiera se había mantenido en los mismos niveles. En ese periodo de tiempo, la región pacífica retrocedió 14 puntos, siendo la “perdedora neta” de la evolución nacional[6].

El Chocó, que pertenece a esa región, no se siente interpelado con los éxitos económicos y de calidad de vida de los que el país se enorgullece tanto. Claramente, cuando se dice que Colombia crece y mejora, se hace referencia a un país en el que Chocó no encaja, desentona. Y mientras los chocoanos dicen estar cansados de ser tratados como “ciudadanos de tercera categoría”[7] y de que su departamento sea pensado como “la cenicienta del país”, a la nación le basta con señalar con dedos acusadores a una minúscula clase política que es corrupta. El gran ausente del debate del mes pasado fue el replanteamiento de esas condiciones estructurales que perpetúan la marginalidad de la región. Y en tanto eso no ocurra, la pobreza, precariedad y corrupción chocoanas persistirán, y la gente se seguirá muriendo de enfermedades que en casi todo el mundo ya han sido erradicadas. A todos nos corresponde empezar a imaginarnos un Chocó distinto; uno de donde nos llegue más que tristes noticias.

Una mirada al problema.

El escándalo que supuestamente denunció el Presidente Alvaro Uribe relacionado con la grave crisis de desnutrición que afrontan las comunidades indígenas y afros desterradas de sus territorios culturales, que ha venido provocando la muerte de muchos niños desde hace varios años, no es otra cosa que una movida publicitaria de los genios del Gobierno Nacional para distraer la atención del país frente al verdadero escándalo de la parapolítica, y para enviar un mensaje al país y a los congresistas del Black Cacus de los EEUU, haciendo creer que los únicos responsables de la pobreza, la marginalización y la exclusión racial que se vive en el Chocó son los propios políticos chocoanos.

La estrategia publicitaria es perversa y nos muestra al Presidente Uribe como el Robin Hood contra la corrupción de sus políticos en el Chocó. Quisiéramos haber escuchado hablar al Gobierno de un Plan Especial de Desarrollo y Acción contra la pobreza para el Chocó, con proyectos y presupuestos concretos. Las toneladas de arroz y bienestarina y el avión-hospital solo son distractores frente a la situación histórica de abandono e irresponsabilidad con que todos los gobiernos han tratado al pueblo chocoano. CIMARRON considera un acto racista el show montado por el Gobierno utilizando la pobreza histórica del pueblo chocoano, acrecentada por la violencia y los destierros permanentes.

- Juan de Dios Mosquera, Movimiento Nacional por los Derechos Humanos de las Comunidades Afrocolombianas, Cimarrón.

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Correo de Contacto: [email protected]

[1] El Nuevo Siglo. 12-09-06, pp. 9

[2] El Espectador, 09-10-06, pp. 5A

[3] El Colombiano, 15-02-07, pp. 8A

[4] El 4 de abril fueron incautados 255 kilos de bienestarina en una finca de Quibdó, lista para alimentar a los cerdos del lugar.

http://www.caracol.com.co/noticias/...

[5] Esto confirmado por el Ministerio de Agricultura. El Espectador, 09-10-06, pp.5A

[6] “Los municipios colombianos hacia los objetivos del milenio”. www.dnp.gov.co

[7] El Colombiano 15-02-07, pp. 8A