Una sentencia dictada por el ministro instructor Haroldo Brito, de la Corte de Apelaciones de Santiago, condenó a 13 agentes de la dictadura militar a penas que van desde los 18 años de presidio hasta el pago de 250 millones de pesos chilenos (unos 400 mil dólares) a las viudas, padres e hijos de José Carrasco y de otros tres opositores al régimen dictatorial de entonces, todos ultimados como represalias por el atentado del 7 de septiembre de 1986 contra el dictador Augusto Pinochet Ugarte.

José Carrasco Tapia, nacido en 1943 en Santiago de Chile, era dirigente nacional del Colegio de Periodistas de Chile al momento de su asesinato, redactor de temas internacionales de la revista opositora “Análisis” y activo militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), una de las organizaciones que más lucharon contra los golpistas que asaltaron el poder en Chile el 11 de septiembre de 1973. Titulado en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, tras el golpe militar permaneció detenido y cuando fue liberado salió al exilio en Venezuela. Allá denunció los crímenes de los golpistas chilenos, promovió la solidaridad para con los luchadores en Chile y participó en reuniones y encuentros internacionales que contribuyeron a la fundación de la FELAP en 1976.

En 1984, cuando el régimen militar se vio forzado a autorizar el regreso de los exiliados, José Carrasco Tapia retornó a Chile, se incorporó a las luchas del Colegio de Periodistas y al periodismo activo. En 1985 fue elegido delegado del Consejo Regional Metropolitano del Colegio ante el Consejo Nacional de la organización.

Junto a Carrasco fueron asesinados el 8 de septiembre de 1986 los opositores Gastón Vidaurrázaga, profesor, integrante del MIR, y Felipe Rivera y Abraham Muskablitt, militantes del Partido Comunista.

La condena más alta para los asesinos recayó en Álvaro Corbalán Castillo, capitán de Ejército, jefe operativo de los servicios represivos del régimen militar, quien deberá permanecer en prisión durante 18 años, pero aún tiene pendiente otras sentencias por su implicancia y planificación de numerosos asesinatos de opositores. También han sido condenados otro oficial de Ejército, Jorge Vargas Bories, a 15 años de presidio, y once militares y policías uniformados hasta penas que llegan a los cinco años.

Dirigentes del Colegio de Periodistas de Chile manifestaron su satisfacción por la condena resuelta por los tribunales y recordaron la persistente lucha de los periodistas chilenos, con movilizaciones callejeras, pronunciamientos públicos y diversas gestiones, para que hubiese justicia y condena efectiva para loa asesinos de José Carrasco Tapia, uno de cuyos hijos, el menor de ellos, Luciano, se quitó la vida en 2003.

Nota publicada en el portal de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP)