Acosado por la negativa de congresistas demócratas norteamericanos a firmar el TLC con Colombia, ya aprobado en las instancias ejecutivas de los dos países, el gobierno colombiano se ha visto precisado a responder por algo que obstinadamente ha eludido ante los trabajadores colombianos y las ONG a lo largo de los últimos veinte años: qué hay de las investigaciones judiciales sobre los crímenes cometidos contra el sindicalismo. Las centrales obreras CUT y CTC, con la cooperación de la AFL-CIO norteamericana, dieron a conocer recientemente un estudio de acuerdo con el cual entre el 1º de enero de 1991 y el 31 de diciembre de 2006 se registraron en Colombia 8.105 casos de violaciones de la integridad física y la libertad personal de trabajadores afiliados a sindicatos colombianos. La lista establece 2.245 homicidios, 140 por año en promedio. Es un número estremecedor, que otorga a Colombia la corona mundial del crimen contra los trabajadores.

La Fiscalía tiene en sus manos 1.097 expedientes abiertos desde 1994, relacionados con el asesinato de unas dos mil personas y que, uno tras otro, jueces, fiscales y procuradores se encargaron de ocultar para impedir su curso normal. Solo unas decenas de ellos han sido removidas de los anaqueles y arrojado condenas de algunos responsables, todas ellas sin mayor importancia procesal y que dejan indemnes a los responsables intelectuales.

Pero es posible que las cosas hayan empezado a cambiar. En junio de 2006, un acuerdo tripartito firmado en Ginebra ante la OIT por las centrales obreras, los gremios del capital y el Gobierno estableció el compromiso de trabajar por la vigencia plena en Colombia de los derechos humanos, la libertad sindical y la negociación colectiva, a tiempo que la OIT aceptó, ¡por fin!, instalar una representación permanente en Bogotá, forzada por las graves denuncias sindicales y de organismos de derechos humanos internacionales en torno a la penosa situación del sindicalismo colombiano. A partir de entonces las viejas denuncias y demandas judiciales han comenzado a ser de dominio público y ya hay nombres de altos ejecutivos estampados en los procesos. Los folios judiciales establecen una afirmación de los sindicatos que nadie ha podido desvirtuar: la ejecución de los crímenes por parte de grupos armados ilegales (paramilitares y guerrillas, principalmente) y cuerpos de seguridad del Estado, y la ligazón persistente entre autoridades estatales, empresas privadas y grupos paramilitares.

La segunda novedad está relacionada con el cambio de guardia ocurrido en E. U. a raíz del último triunfo electoral del Partido Demócrata, porque ahora sindicatos, empresarios y congresistas de ese partido —que cuenta con importante cuota política en los dos campos gremiales— exigen igualdad de ventajas comerciales entre los dos socios del negocio llamado TLC, y eso no es posible mientras en Colombia el gobierno y los empresarios sigan matando sindicalistas, violando los convenios internacionales sobre libertad de asociación y huelga, privilegiando el empleo temporal y precario para abaratar costos. No es expresión de fe democrática de los norteamericanos: es simple exigencia de iguales condiciones comerciales entre los dos países. “Queremos ver resultados concretos que evidencien que las cosas han empezado a cambiar en Colombia”, advierten los descontentos. “Yo envié una carta a su Gobierno hace un año para que me respondieran algunas inquietudes, y (la respuesta) me la entregaron la semana pasada”, dijo en estos días a un reportero colombiano el presidente del poderoso Subcomité de Comercio de la Cámara de Representantes, Sander Levin. No hay que creer, sin embargo, que la inflexible determinación del gobierno Uribe de echarles tierra a los procesos criminales vaya a cambiar radicalmente. Todo el agite del Presidente en suelo extranjero es solo para capotear la tempestad y aguantar mientras ella pasa. En enero del presente año la Fiscalía General creó a las carreras un grupo investigador de los crímenes, pero de entrada advirtió que no había suficiente presupuesto para garantizar su labor.

De todas maneras, llama la atención el grado de involucramiento que las empresas norteamericanas han tenido en la violencia antisindical colombiana. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (Sinaltrainal) se ha destacado por la persistencia de su empeño encaminado a que se diga la verdad y se castigue a los responsables de los delitos, y como resultado de esa labor la empresa Coca Cola enfrenta cuatro juicios criminales en E. U., acusada de utilizar a paramilitares para asesinar a nueve sindicalistas en hechos que tuvieron lugar entre 1992 y 2002. La carbonera Drummond y la bananera Chiquita Brands (sucesora de la United Fruit Co., que masacró una histórica concentración obrera realizada en 1928) también están “empapeladas”. En 2004 la segunda reconoció que desde 1997 y durante diez años entregó dinero a organizaciones paras y les proveyó transporte en sus barcos para introducir uno de los mayores arsenales de armas que hayan recibido hasta ahora los paras de Urabá, y que sirvió para matar dirigentes y activistas sindicales del banano y exterminar a los miembros de la Unión Patriótica en esa región del país. Pese a la gravedad de semejante aserto, la Fiscalía se abstuvo de investigar los hechos, sencillamente porque las autoridades militares y de justicia eran cómplices de esos crímenes, si no sus directos mentores.

El Capítulo Colombia del Tribunal Permanente de los Pueblos, un cuerpo investigador y denunciador de los crímenes contra los trabajadores, ha realizado ya tres audiencias en suelo colombiano. La primera (abril, 2006) juzgó la conducta de empresas agroalimentarias, como Nestlé, Coca Cola y Chiquita Brands; la segunda (noviembre, 2006) centró la atención en empresas mineras del tipo de Drummond, Cemex, Ladrillera Santafé, Glencore-Xtrata, Anglo American y BHP Billinton, y la tercera (febrero, 2007) puso el acento en las multinacionales ligadas a la explotación de los recursos naturales (Urapalma, Palmas del Atrato, Monsanto, Multifruits, Monsanto y Dyncorp). Según crónica de Gloria Elena Rey, los participantes en el encuentro habrían recorrido “los lugares en que se encuentran los rastros de la operación Génesis, que hasta la fecha ha dejado más de cuatro mil afrodescendientes desplazados y aproximadamente 85 víctimas de asesinatos, desapariciones y torturas”.

Pero los místeres no actuaban solos. La participación de las autoridades en los crímenes contra los trabajadores organizados no parece quedar en duda cuando se conoce el informe que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dio a conocer en marzo de 2007 sobre la situación observada hasta fines del año anterior. Según el documento, los sectores sociales más afectados por la violencia son “comunidades indígenas y negras, líderes sociales, defensores de derechos humanos, campesinos, mujeres, niños, sindicalistas, periodistas y población desplazada”. La fuerza pública aparece como responsable de “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y señalamientos”, y “los homicidios con carácter de ejecución extrajudicial no parecen constituir hechos aislados sino conductas que tienden a generalizarse” en los cuerpos armados oficiales. ¿Qué más esperan para comenzar a aceptar la verdad, por lo menos?

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