El debate en curso sobre las posibilidades, el sentido, el alcance y la pertinencia de avanzar en la verdad con respecto a lo que como nación hemos vivido en este ya largo proceso de confrontación violenta, no puede ser asumido sin el rigor y la sensatez que un asunto de extrema delicadeza amerita.

Verdad y más verdad es lo que aspiramos y requerimos si pretendemos cerrar esta página de atropellos y sufrimientos en la que seguimos. El conflicto sigue vivo y coleando y cada día deja ver sus secuelas de dolor y sangre. No hay día en que la realidad no nos muestre que es dura y tozuda y que nuestra situación de violencia no es cosa del pasado, muy por el contrario, sigue demostrándonos que es “un monstruo grande y pisa fuerte”, como la canción que entonamos desde hace más de veinticinco años -cuando manifestamos nuestro anhelo y repudio a tan dura situación-.

Construir verdad recuperando lo vivido, siendo capaces como sociedad de abocarnos a una dura expedición por los pasos de una barbarie, de un uso sistemático y prolongado de la violencia como mecanismo para defender un orden social, económico y político o para retarlo y tratar de suplantarlo, es un reto nada pequeño. Estamos hablando de medio siglo del transcurrir dela nación Colombiana.

Esta fue una preocupación recurrente en los últimos dieciocho meses, cuando se instaló la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y se habló de la construcción de un informe de memoria histórica – en buena hora encomendada esta tarea a Gonzalo Sánchez-. Se hablaba de la importancia de definir desde qué momento se debía abocar esta tarea: desde la implantación del frente nacional en 1957, del surgimiento de las organizaciones guerrilleras en 1964, desde la aparición de los grupos de autodefensa en 1977, desde el surgimiento del MAS en 1982, el holocausto del Palacio de Justicia en 1985 o la promulgación de la Constitución Nacional de 1991. ¿Cual era el punto de partida para la elaboración de este informe sobre el conflicto armado? ¿El muy simbólico 9 de abril de 1948, con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y el inicio de “la violencia”? Por supuesto que este es un gran debate y nos muestra las hondas implicaciones del tema, de tener conocimiento y comprensión de lo que hemos vivido como sociedad en este torbellino de violencias aún sin concluir.

Como el conflicto armado continúa y su superación no se ve a la vuelta de la esquina, nos corresponde asumir esta tarea de verdad en medio del conflicto y pensar en los procesos de negociación política que vendrán. Conocer lo vivido, sus responsables y motivaciones, no puede ser de otra forma, lo debe ser con los paramilitares de las AUC, lo será con el ELN e igualmente con las FARC y por supuesto las responsabilidades de la Fuerza publica Colombiana y de los partidos políticos, de los gremios y organizaciones sociales y de muchos estamentos de estado y sociedad. No puede ser de otra forma, por que esta violencia ha comprometido a múltiples actores y sectores de estado y sociedad.

El senador Gustavo Petro, presento una propuesta hace pocas semanas en el curso de un debate en el Congreso de la Republica. En resumen, se plantea la importancia de sacar la violencia de la política; confrontar la corrupción y los mecanismos no democráticos de ejercicio de la política como la coerción o la distorsión de la voluntad mayoritaria; asumir que la participación ciudadana se puede torcer por compra, sobornos, transacciones no legítimas, en fin, ese ancho mundo del clientelismo político; resolver el tema de la equidad en el campo, exigir que se cuente toda la verdad de la responsabilidad ante los procesos de violencia; buscar el desarrollo productivo de las regiones con mayores procesos de violencia y una participación constituyente, que haga visible y decisiva la acción ciudadana en pos de una agenda de integración y desarrollo regional.

El debate esta abierto y es deseable que se profundice en los próximos meses y años, que se sepa todo o lo más que se pueda, que cada actor concurra con sus explicaciones. Que entre toda la sociedad colombiana podamos tener un “relato” lo más consensuado posible de lo que hemos vivido, pero que esto no sea tarea de un dos por tres. Esto nos llevará una buena cantidad de energías, de tiempo y de duras confrontaciones, las cuales deben ser civilistas, sin amenazas ni coerciones y que concurran la mayor cantidad de lecturas y argumentaciones, para que podamos ir construyendo consensos cada vez más amplios.

La verdad no es una, son muchas verdades. Pero podemos y debemos ir ordenándolas, jerarquizándolas y asumiendo cómo se van encadenando, acercándose o diferenciándose; asumiendo cada uno sus responsabilidades y tratando de argumentar sus razones y motivaciones, escuchando las de los otros y quizás, poco a poco construyendo los puentes de confianza para que la verdad se amplíe.

Pero no habrá verdad, sin el necesario proceso de justicia y reparaciones. Las victimas deben reclamar sus derechos y éstos no pueden ser conculcados. Muy por el contrario, hay obligaciones del estado para atender y satisfacer sus exigencias, solo así podrá sanar la sociedad. Es un proceso que integra a las victimas y que igualmente es responsabilidad del conjunto de la sociedad, complejo entramado de responsabilidades y actuaciones, con lógicas y agendas compartidas y diferenciadas a la vez.

Colombia ha asumido que la verdad es un imperativo, lograrla será tarea de largo aliento, ya hemos recorrido un camino al proponernos no dejar en el olvido y la impunidad tanta barbarie. Será un camino largo pero debemos transitarlo.

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