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Una fuente de alto nivel de la Presidencia de la República, quien solicita omitir su nombre, confirma que en la residencia oficial de Los Pinos se han instalado 100 cámaras de video ocultas e igual número de potentes micrófonos para espiar todo lo que ahí se diga y se haga.

El informante reconoce que aunque la instalación de las cámaras fue ordenado por el propio presidente Felipe Calderón, éste y su familia también son víctimas del espionaje, pues 30 cámaras habrían sido colocadas en áreas privadas de la residencia.

Sin embargo, la oficina del presidente de la República elude otorgar la información solicitada a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pues, argumenta, es “inexistente”.

Contralínea requirió el 9 de febrero de 2007 “…copia del contrato o los contratos celebrados entre la Presidencia de la República y la empresa Security Network Systems, S.A., de diciembre de 2006 a la fecha”. También solicitó la documentación que ampara los contratos entre la empresa y la administración federal anterior. Las solicitudes fueron foliadas con los números 0210000031507 y 0210000031407, respectivamente.

Un mes después, la unidad de enlace de la oficina presidencial contestó que “la información solicitada es inexistente en los archivos de Presidencia de la República”.

“Todo es cierto; sí se firmaron los contratos y se instalaron las cámaras y micrófonos”, dice uno de los funcionarios del círculo más cercano a Felipe Calderón Hinojosa, quien agrega que hay preocupación por saber si se espía “hasta en el baño”.

La empresa Security Network Systems fue beneficiada por la Presidencia de la República con un contrato de adjudicación directa para instalar 100 cámaras de video y micrófonos de origen koreano en Los Pinos.

La prestación del servicio, que debió de haberse abierto a concurso mercantil, se adjudicó directamente a la empresa regiomontana, cuyo director general es el ingeniero Jesús Martín Garza Elizondo. Se estima que el costo del contrato asciende a 25 millones de dólares.

Luego de que los órganos de seguridad nacional alertaran a Calderón de que algunas cámaras habían sido colocadas en áreas privadas, el jefe de la oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño, ordenó que se retiraran de inmediato.

El incidente provocó la remoción de quien fuera director general de Tecnologías de la Información, adscrito a la Coordinación General de Administración de la Presidencia de la República, Alejandro Cota Alcázar, quien sostiene que nada tiene que ver con ese caso y que su salida se debió a “motivos personales”.

Cota Alcázar trabajó hasta hace algunos meses en la empresa privada Cosmocolor, propiedad de Jorge Kahwagi, con quien mantiene estrechos vínculos y quien también es amigo personal de la maestra Elba Esther Gordillo, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

En dos cartas Alejandro Cota rechaza que haya sido cesado y sostiene que su salida de la Presidencia de la República no tiene relación alguna con la instalación de cámaras y micrófonos ocultos en la residencia oficial de Los Pinos.

Ambas cartas fueron publicadas íntegramente en la columna Oficio de papel de los días 5 y 12 de marzo de 2007. En la última, Cota señala que “laborar en la Presidencia es un ejercicio más que respetable, del cual me encuentro totalmente orgulloso. Pero esto tenía consecuencias familiares considerables que, al cabo de las acciones que implicaba, consideré que era mejor retirarme y continuar mi camino con buenas amistades y sembrando nuevas oportunidades futuras”.

Las investigaciones continúan para determinar si se trata de una conspiración en contra de Felipe Calderón y quiénes serían los responsables. Una de las líneas de investigación apunta a miembros del Estado Mayor Presidencial (EMP), pues este órgano de seguridad de las Fuerzas Armadas tiene la obligación de supervisar todos los contratos que se asignan en materia de vigilancia en Los Pinos.

Según fuentes de la Presidencia, fue el EMP el responsable de la contratación directa de la empresa privada, bajo el argumento de que es un asunto de seguridad nacional, cuando en realidad se trata de una cuestión administrativa en donde todo el equipo debió someterse a una licitación pública internacional y no por adjudicación directa como se hizo, pues el EMP tiene la capacidad para instalar las cámaras y micrófonos en la casa presidencial.

En su página electrónica, la empresa Security Network Systems ofrece servicios de instalación y soporte técnico de sistemas de seguridad, escoltas, auditoría y consultoría. También ofrece cámaras de visualización en total oscuridad y otros aparatos de seguridad

En su presentación electrónica, la empresa dice que “inicia actividades al observar el día a día las deficiencias en seguridad, trazándonos el compromiso de analizar y dar respuestas a los distintos escenarios que se presentan con nuestros clientes, y así ofrecer soluciones reales a estos acontecimientos”.

La dirección general de Security Networks Systems ha rechazado la solicitud de entrevista para explicar cuáles fueron las condiciones en las que firmó el contrato con la Presidencia de la República, pero no rechazó la celebración del mismo.

Publicado: Abril 2a quincena de 2007