El gobierno burla la ley en La Parota

Acapulco, Guerrero. Debajo de una modesta palapa que se levanta al borde de la carretera rumbo al pueblo de Dos Arroyos, una treintena de campesinos, hombres y mujeres, “custodian” la entrada a las comunidades pertenecientes a este municipio.

La luz de la luna a ratos es disipada por esporádicas cúmulus que presurosas atraviesan una bóveda pletórica de estrellas. De las sombras emergen silenciosas parejas de ancianos o jóvenes solitarios que llegan para relevar hasta por siete días a sus parientes, vecinos o amigos. Un ritual que se cumple puntualmente semana a semana desde hace casi cuatro años, cuando el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP) decidió instalar retenes para evitar el ingreso de maquinaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Hombres –de huaraches, sombrero costeño, machete y manos gruesas y callosas– y mujeres –de cabeza cubierta por rebozo, que bordan ropas y manteles– indistintamente platican de sus faenas cotidianas en la milpa o el monte, el Plan Puebla Panamá, “espantos a los que ni los perros les ladran”, el Fondo Monetario Internacional, mujeres monstruosas que se aparecen en los caminos, y la presa que los gobiernos federal y estatal pretenden construir en sus tierras.

Han reforzado los campamentos luego de que, con la argucia de trazar carreteras para el beneficio de las comunidades, la CFE y el gobierno estatal, encabezado por Zeferino Torreblanca, continúan la construcción de la presa.

El último intento fue una convocatoria irregular a una asamblea de los bienes comunales de Cacahuatepec para el pasado 6 de mayo, donde se “aprobaría” la venta de las tierras de la comunidad.

Cuando era candidato a gobernador, el perredista les había prometido a los campesinos que, de ganar, la presa no se construiría. “De qué se preocupan; mejor échenme la mano; si yo llego a triunfar, La Parota no va”, les habría dicho Torreblanca, según Venus Hernández, de la comunidad de Agua Caliente, perteneciente a los bienes municipales de Cacahuatepec.

“Hasta votamos por él y lo impulsamos para que ganara. Y sí estamos muy enojados con él porque nos traicionó.”

Desacato de autoridades

El gobernador no sólo ha encabezado marchas para demandar la realización de la presa, sino que ahora impulsa la construcción de carreteras “en beneficio de las comunidades” que, curiosamente, son las mismas que la CFE intentó construir antes de que sus trabajos fueran suspendidos por los campesinos.

Se trata de los caminos que van de Tunzingo a San Isidro Gallinero y de Dos Arroyos a Altos del Camarón. Aunque las obras son realizadas por el gobierno estatal, ambas carreteras son fundamentales en el “Proyecto Hidroeléctrico La Parota”, documento de 16 hojas elaborado por la Dirección de Proyectos de Inversión y la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos de la CFE.

Con las obras, en las que estaría participando de manera encubierta la propia Comisión Federal, se violan las medidas cautelares emitidas por el Tribunal Unitario Agrario 41 y la orden emitida por un juez federal, las cuales impiden a la CFE hacer cualquier trabajo relacionado con la construcción de la hidroeléctrica en los núcleos agrarios de Cacahuatepec, Dos Arroyos, La Palma y Los Huajes.

Para construir la carretera de Dos Arroyos, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero (Copladeg) autorizó un presupuesto de 6 millones de pesos, según un oficio que la propia dependencia dirigió a la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria.

Y es que luego de que los ejidatarios y comuneros acreditaran que las asambleas donde supuestamente habían aceptado la expropiación de sus tierras habían sido fraudulentas, el Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Acapulco resolvió el 12 de septiembre de 2006 los expedientes de amparo 637/2006, 638/2006 y 821/2006 a favor de los campesinos.

Así, ordenó al Tribunal Unitario Agrario 41 que emitiera las medidas de protección necesarias que resguardaran las tierras de Dos Arroyos, Los Huajes y La Palma para que se evitara “la ejecución de obras y acciones relacionadas con el proyecto hidroeléctrico La Parota”. El Tribunal, mediante los acuerdos 72/2006, 73/2006 y 74/2006, el 10 de octubre de ese año notificó legalmente a la CFE la imposibilidad de ingresar a los territorios de las comunidades mencionadas.

Una semana después el Tribunal también resolvió que la Comisión no podía llevar a cabo obra alguna en núcleo comunal de Cacahuatepec.

Para el coordinador de defensa integral del Centro de derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Mario Patrón, es claro que los gobiernos de Felipe Calderón y de Zeferino Torreblanca han iniciado “una estrategia de imposición” del proyecto.

“Hemos podido constatar que las autoridades, tanto estatales como federales, no están actuando conforme a Derecho. Han sido ellos quienes han violentado la ley. Y eso para los campesinos ha sido un mensaje claro: que acudan a las instancias que acudan, los gobiernos van a seguir con la estrategia de imposición del proyecto.”

Y es que el centro de derechos humanos apoya sus denuncias con fotografías en las que se observan transitar camiones de “transporte de personal” de la CFE por territorios en los que el Tribunal les prohibió el ingreso.

“La tierra no se vende”

Desde una meseta del Cerro de los Mayos, donde la CFE había iniciado las excavaciones para construir la cortina de la presa, se observa, cual serpiente esmeralda, el río Papagayo. Las apacibles aguas se abren paso entre montes de amate, brasil, ciruelo y cuachalalate. Las parotas crecen, generosas, con las raíces sobre la tierra y las amplias copas dispuestas cuales manos de dedos extendidos.

Juan García, de la comunidad Garrapatas, Fidel García, de Arroyo Verde, y Florentino Santos, de Salsipuedes, hablan a la entrada del túnel que la Comisión abrió con base en explosiones de dinamita. Intercalan sus disertaciones con pedradas al interior de la cueva que hacen salir atropelladamente decenas de murciélagos.

“La tierra no tiene precio. Aunque nos dijeran que nos van a pagar con el mejor dinero del mundo, nosotros no la vamos a vender. Nunca hemos molestado a nadie, sólo somos campesinos y queremos seguir siendo campesinos. Yo no me hallo en las ciudades y no sé ni de qué podría trabajar allá”, dice Florentino, de 65 años.

“Y nuestros abuelos, ¿a poco van a andar flotando en el agua? Ni crean que lo vamos a permitir”, dice Fidel, de 55 años, en alusión a que dentro de las 17 mil hectáreas que se pretenden inundar junto con 36 comunidades y 16 núcleos agrarios, se incluyen los panteones.

“Sí es por nuestros hijos por lo que luchamos, pero también por nuestros abuelos. Ellos derramaron sangre para que tuviéramos las tierras y no vamos a dejar que nos las quiten”, sentencia Juan. El campesino vuelve la mirada lentamente hacia los montes selváticos y agrega: “Yo nunca voy a ver una presa aquí. O porque nunca la van a hacer o porque me mataron para hacerla”.

Aunque la mayoría de los pueblos se mantienen firmes en el rechazo a la expropiación de las tierras, la CFE y el gobierno del estado lograron articular un movimiento antagónico al CECOP. En Dos Arroyos, como en otras comunidades, prácticamente opositores y promotores de la presa se dividen por mitad.

La estructura del pueblo se ha resquebrajado y por momentos parece que los vecinos, que no apean el machete, están a punto de enfrentarse. Unos son tachados de “vendidos” y otros de “revoltosos”. No compran en las mismas tiendas y tortillerías, ya tampoco comparten las fiestas patronales, pues cada grupo realiza la suya.

“A las bodas, velorios o bautizos sólo vamos si son de gente que está con el CECOP. Ellos tampoco vienen si son eventos nuestros”, dice Julián Blanco.

El comisario municipal, Gildardo Gallegos, a quien el CECOP califica de “líder de los vendidos” en Dos Arroyos, rechaza que promueva la construcción de la presa y la venta de las tierras. Dice que no puede pronunciarse a favor o en contra del proyecto hasta que la CFE y el gobierno del estado le informen cuánto pretenden pagar por metro cuadrado.

“Es una mentira que yo esté a favor de la presa. De entrada, te puedo decir que no me gusta esa idea; pero vamos a ver cuánto ofrecen y en qué consiste el proyecto. Si no nos conviene, vamos a decir que no. Y si sí nos conviene, no veo por qué sea malo que vendamos”, dice.

Reconoce que ha recibido 3 mil pesos de parte de la CFE para “proyectos productivos” y otros “apoyos”. En su domicilio guarda el equipo utilizado en las clases de peluquería que la Comisión impulsa en el pueblo para “capacitar” a los lugareños en caso de que tengan que dejar sus tierras.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, considera que “en el fondo lo que se quiere es producir energía; pero ésta no es para el servicio de los campesinos ni de los acapulqueños ni guerrerenses. Sabemos que éste es un negocio de empresas trasnacionales. Lo que se quiere es atraer inversión extranjera”.

El antropólogo agrega que se violan los derechos humanos de los campesinos al no informarles los planes que se tienen para sus tierras y al intentar desplazarlos sin su consentimiento.

“En este sistema, los pueblos siempre son los damnificados. En la Montaña, la gente emigra: es desplazada por la miseria, por la falta de inversión. Y aquí, en La Parota, son desplazados porque hay inversión. O sea que, de todos modos, las comunidades campesinas sufren despojo.”

Obras que quedarán inundadas

San José es uno de los pueblos que, de acuerdo con el mapa del proyecto oficial de la presa elaborado por la CFE, quedaría completamente inundado. La paupérrima comunidad es una de las “ganadas” por la Comisión Federal al CECOP.

Las calles fueron revestidas con cemento y junto a las casas de adobe ya se erigen paredes de tabique. Se introdujo por primera vez la luz eléctrica, el drenaje y el agua potable. Además, se construyó una cancha de baloncesto y se remozó la iglesia. Todo lo pagó la CFE y así se destaca en anuncios espectaculares colocados en las laderas que rodean a esta comunidad de la Costa Chica.

“Pues nosotros sí aceptamos todo lo que nos da la Comisión aunque nos digan vendidos”, dice Ernestina Acevedo, habitante de la comunidad.

¿Les informó la Comisión que, de realizarse la presa, tendrán que abandonar este lugar?

—Sí, pero nos dijo que nos conviene aceptar todo lo que se nos dé, porque así nos tendrán que reubicar en un lugar que cuente con todos estos servicios.

¿Les pidieron algo a cambio?

—No… Bueno, nomás que vayamos a todas las juntas que ellos nos digan y que no apoyemos al CECOP.

Quienes han aceptado dinero de la CFE se muestran apenados y dicen: “aunque nos opongamos nos van a quitar; mejor que nos den algo”.

Por su parte, el CECOP se ha adherido a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y es integrante de la Otra Campaña.

Sobre la promesa de apoyo que arrancaron al subcomandante Marcos, en caso de una intervención del Ejército, don Florentino dice: “Pues sí, fueron buenos ánimos los que nos vino a dar el EZLN; pero de por sí nosotros le vamos a entrar a los trancazos si se encapricha el gobierno a hacer la presa. Ya estamos decididos y, aunque los zapatistas no nos apoyaran, nosotros nos vamos a morir peleando”.

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Publicado: Mayo 2a quincena de 2007