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El fracaso ambiental

Lejos de velar por la protección ambiental y el desarrollo sustentable, las acciones de la Semarnat, la CNA y la Profepa para prevenir y controlar los efectos de la contaminación son deficientes, pues la degradación se acumula y se vuelve irreversible.

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Ni la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ni la Comisión Nacional del Agua (CNA) y tampoco la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cumplieron el Programa Estratégico para Contribuir a Detener y Revertir la Contaminación de los Sistemas que Sostienen la Vida (aire, agua y suelos).

“Las acciones realizadas por estas dependencias fueron insuficientes para prevenir y controlar la contaminación y restaurar el medio ambiente”, concluye la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión a la Cuenta Pública 2005.

El órgano fiscalizador subraya que la falta de acciones se refleja en el costo de contaminación ambiental: “El Producto Interno Neto Ecológico (PINE) –que se estima del costo de la contaminación y del agotamiento de los recursos naturales provocado por las actividades económicas– ascendió a 6 billones 929 mil 430 millones de pesos y representó el 81 por ciento del PIB”.

La entidad afirma que el costo del deterioro ecológico alcanzó los 762 mil 230 millones de pesos y representó el 9 por ciento del PIB. Mientras que el presupuesto ejercido por el programa fue de apenas el 8 por ciento del costo por degradación. Además, de los 5 mil 649 millones de pesos “no fue posible determinar los recursos destinados a cada componente (aire, agua y suelo)”.

“Con Vicente Fox no hubo ni intención ni voluntad para entrarle de fondo al tema. Nunca se entendió que el desarrollo sustentable se puede alcanzar sin afectar el crecimiento económico y la protección ambiental. La contaminación rebasó a las instituciones y la Semarnat está reprobada para efectos de 2005”, considera Gustavo Adolfo Alanís Ortega, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

El diputado Benjamín Hernández Silva, secretario de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales, sentencia: “los resultados son totalmente negativos, no se hizo nada por detener los efectos de la contaminación”.

Degradación sin control

Las acciones de la Semarnat para detener el deterioro ambiental fueron deficientes. El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 señalaba que “el ozono y las partículas menores a 10 micras son causantes de muerte prematura y de innumerables admisiones hospitalarias, pérdidas de días laborales y ausencias escolares”.

Sin embargo, de las 54 sustancias contaminantes de la atmósfera reportadas a la Semarnat, sólo seis tienen norma oficial mexicana, mientras que las otras 48 no son monitoreadas por la dependencia. Y es que “la Secretaría no creó una norma que determinara las sustancias sujetas a reporte en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes y no incluyó 179 sustancias potencialmente dañinas a la salud humana, por lo que incumplió con los compromisos internacionales contraídos en la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte”.

Paralelamente, el Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire (Sinaica) no se logró consolidar, toda vez que en la zona metropolitana del valle de México, Guadalajara, Monterrey, el valle de Toluca, Ciudad Juárez, Puebla y Tijuana –entidades que reportaron la mayor concentración de gases de efecto invernadero y partículas suspendidas–, sólo ocho de las 52 redes de monitoreo informaron sobre sus niveles de contaminación.

Aunque se registraron 300 equipos de monitoreo en 27 entidades, 81 estuvieron fuera de operación, “en los 11 estados restantes hay 2 mil 110 empresas que se consideran de riesgo ambiental”.

En tanto, de las 52 ciudades que instalaron red de monitoreo, sólo cinco contaron con Programas de Calidad del Aire (Proaires), estrategia de la que participa la Semarnat. “Se hicieron gestiones realizadas en las ciudades de Tula- Tepeji, Toluca, Morelos y Monterrey, sin que se hubiera concretado su elaboración y aplicación”, aclara la ASF.

En el tema de los residuos peligrosos, la Semarnat registró 141 autorizaciones emitidas para su manejo, es decir, 11 por ciento menos que las otorgadas el año anterior. El órgano fiscalizador expone que “la Semarnat no dispuso para el ejercicio fiscal 2005 de información sobre la cantidad y disposición de residuos peligrosos, a fin de evaluar el impacto de sus acciones en el control de la contaminación de suelos”.

Aunado a ello, de 45 sitios contaminados por residuos peligrosos se realizó la remediación en cinco de ellos. Tampoco se elaboraron estudios o análisis respecto al manejo de residuos sólidos en 2005, aun cuando los propios asesores del secretario de Medio Ambiente admitieron en respuesta a la ASF que “en la situación actual es necesario llevar a cabo nuevos y mejores estudios que permitan dimensionar el problema”.

Asimismo, “la entidad fiscalizada no especificó metas para el corto y mediano plazo, relacionadas con la instalación de centros de recolección y reciclaje, así como la construcción de rellenos sanitarios”.

A pesar de apoyar la construcción de siete centros de recolección y reciclaje (cinco quedaron como proyecto y dos fueron instalados) y de tres rellenos a través del Programa Cruzada Nacional para un México Limpio, “no programó las acciones previstas ni presupuestó recursos para su ejecución”.

Respecto a la Cruzada Nacional para un México Limpio, incluso cuando incrementó sus resultados, la ASF revela que dicha estrategia careció de la aprobación del ex mandatario Vicente Fox y no fue presentada a la Secretaría de Hacienda para ser dictaminada: “La operación del programa inició en 2001, sin que en ese año y hasta el cierre de 2005 se establecieran estrategias, prioridades, tiempos de ejecución, participantes y responsabilidades asignadas y coordinadas”

El presidente del Cemda opina que aun cuando fue una buena idea, “la Cruzada Nacional nació mal porque nunca se contó con la gente, el equipo, la tecnología para incluir a los estados y a los municipios. Creo que habría que hacer políticas públicas apegadas a la realidad y acompañadas de una mejor planeación porque si no en la práctica no sucede nada”.

CNA incumple

La Comisión Nacional del Agua monitoreó el 42 por ciento de las 307 cuencas y el 17 por ciento de las 667 principales subcuencas del país. Para controlar la contaminación, dispuso de 0.5 estaciones por cada cuerpo de agua. La CNA argumentó que no reconoce el total de 308 cuencas registradas por el INEGI, sino sólo lo publicado en el Diario Oficial de la Federación al 18 de mayo 1998, donde se menciona la existencia de 79 cuencas hidrológicas.

Aunque la Ley de Aguas Nacionales señala que la conservación y restauración del vital líquido es asunto de seguridad nacional, “de las 354 estaciones de monitoreo, sólo 28 midieron la calidad del agua con base en los parámetros señalados en la norma y en el 50 por ciento de éstas, se ubicó como fuertemente contaminada”, puntualiza la ASF.

El máximo órgano fiscalizador también revela que en el periodo 2003-2005, la CNA recolectó el 79 por ciento del agua residual generada en el país, “por lo que la capacidad del sistema de alcantarillado resultó insuficiente y el 21 por ciento se descargó a los cuerpos de agua”.

Por otro lado, el 73 por ciento de la descarga residual generada se vierte a las cuencas y subcuencas sin previo tratamiento. De las mil 666 plantas municipales de tratamiento, 233 estaban fuera de operación y de las mil 900 plantas industriales, 85 estaban fuera de servicio.

La ASF advierte que “de continuar la tendencia de crecimiento observada entre 2003 y 2005, del 11 por ciento en plantas municipales y 8 por ciento en industriales, la CNA tendría un déficit en 2010 de 651 y 15 mil 278, respectivamente”.

La CNA tampoco cumplió con la elaboración de estudios para clasificar los cuerpos de agua, pues “solamente registró 22 análisis, de los que se concluyeron ocho, lo que significó 7.1 por ciento de las 308 cuencas”. La Auditoría estima que de seguir así, la CNA dispondrá del total de los estudios en el 2045.

La propia Comisión admite que “la falta de estos estudios motiva que la contaminación ambiental no sólo prevalezca, sino que se acentúe, los costos se incrementen y los problemas se vuelvan irreversibles”.

Exigua procuración ambiental

En 2005, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente inspeccionó 71 por ciento de las 6 mil 254 empresas que se consideraron de riesgo. Por lo que “los actos de inspección resultaron limitados para contribuir a lograr el objetivo del programa”. La ASF constató que la Profepa verificó mil 705 empresas, 29 por ciento menos que en 2004.

El organismo estableció como objetivo un nivel de cumplimiento de la legislación ambiental del 65 por ciento de las visitas realizadas. “Se concluyó que de las visitas realizadas, únicamente en el 26 por ciento se cumplió con la legislación ambiental”, declara la ASF.

Durante 2005, la Profepa dictó casi 10 mil medidas orientadas a prevenir la contaminación. El cumplimiento de las resoluciones dictadas fue en decremento a partir de 2003, al pasar de 2 mil 135 a 849, mientras que las medidas pendientes en relación con el total fueron en aumento y representaron el 91 por ciento del total en 2005.

Aunado a ello se realizaron 4 mil medidas propuestas para controlar la contaminación por la actividad de las industrias verificadas y el 80 por ciento estaba pendiente de atenderse.

“Las acciones de vigilancia realizadas por la Profepa, a través de sus visitas de inspección, fueron insuficientes para cumplir con el Reglamento Interior de la Semarnat, así como con el Programa de Procuración de Justicia Ambiental 2001-2006”, observa la Auditoría.

El otorgamiento de certificados de cumplimiento ambiental a empresas y servicios municipales se logró en un 70 por ciento por debajo de lo programado y, en cobertura, la procuraduría certificó al 12 por ciento de las 4 mil 625 empresas incorporadas al Programa Nacional de Auditoría Ambiental y al 0.9 por ciento de los municipios adheridos.

Con el fin de constatar el nivel de obediencia de la legislación ambiental en el aprovechamiento de los recursos forestales, la Profepa realizó 7 mil 700 visitas y en el 34 por ciento se cumplió con las leyes ambientales, “porcentaje que resultó inferior en 16 puntos al previsto”. Además, la Profepa no contó con información respecto de la superficie forestal inspeccionada.

“La Profepa no está velando por los derechos ambientales de las personas. Por eso habrá que preguntarse si estas instituciones deben desaparecer o proponer la creación de la figura de un ombudsman y de una comisión de derechos ambientales, instrumentar tribunales especiales y fortalecer a las fiscalías”, sugiere Alanis Ortega.

A decir de Hernández Silva, “no hay una ley estricta que castigue a quien incumpla con las leyes ambientales y cada quien hace lo que quiere, cuando el tema del medio ambiente debe ser prioritario porque nos estamos acabando al país”.

Programa sin Coordinación

La Auditoría constató que la CNA no fue informada de su participación en el Programa para Contribuir a Detener y Revertir la Contaminación. Según la ASF, el órgano descentralizado negó haber intervenido. “La Semarnat careció de evidencia documental de haber hecho partícipe a la CNA de la planeación, programación y evaluación de las acciones y metas del programa”, señala el ente fiscalizador.

Al igual que los órganos del sector, las dependencias de la administración pública federal se comprometieron a realizar acciones específicas para alcanzar el desarrollo sustentable. En 2003, la Semarnat suscribió con la Secretaría de Marina (Semar) un convenio de colaboración para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, que al cierre de 2005 no había presentado avances. Además la CNA, supuesto participante del acuerdo, desconoció la existencia de la avenencia.

En 2005 tampoco se celebraron convenios con las entidades para aplicar el Programa de Auditoría Ambiental Voluntaria: “La Profepa enfocó esfuerzos y recursos en la inspección y la vigilancia y no recibió solicitudes de los gobiernos estatales y municipales para generar los programas de inspección”, se describe en la fiscalización.

Pese a que la Semarnat anota que las unidades administrativas y los órganos desconcentrados de la dependencia actuarán de manera coordinada y se proporcionarán a la brevedad posible los informes, datos o cooperación técnica: la Secretaría careció del padrón de las empresas obligadas a presentar las Cédulas de Operación Anual y Licencia Ambiental Única, documento en manos de la Profepa.

Al respecto, Alanis Ortega enfatiza que hace falta una coordinación interinstitucional: “Las distintas entidades se sienten independientes y nadie le rinde cuenta a nadie, cada uno se siente independiente y finalmente la gestión ambiental se nos va de la mano”.

El abogado y defensor ambientalista agrega que la falta de cohesión en las instituciones y en las leyes impide se avance en el tema ambiental: “Cada seis años se inventa un nuevo hilo negro y cambian las acciones, los programas, las prioridades, el marco jurídico ambiental y ya no hay idea de hacia dónde ir”.

Por otro lado, el presidente del Cemda observa que el reto principal es hacer aplicar las leyes: “Hay que hacer efectivo el derecho a un medio ambiente sano. No faltan leyes o reglamentos, las que existen hay que perfeccionarlas e instrumentar esquemas de prevención. De lo contrario, México se va a convertir en un paraíso para los industriales y para quien desee pasar por encima de las leyes ambientales”.

“Por ello –afirma Hernández Silva– nuestra propuesta es que el medio ambiente sea prioritario. Si en la Cámara de Diputados autorizamos 29 mil millones de pesos, vamos a vigilar que se aplique a ese rubro y vamos a pedir la comparecencia del secretario de Medio Ambiente, porque además hay un descontrol al interior de la Semarnat y se les debe exigir que apliquen los recursos en lo más urgente”.

Fuente: Revista Contralínea Fecha de publicación: Junio 1a quincena de 2007

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