Red Voltaire

Daño a Sepomex por 12 mdp

El incumplimiento de proveedores del Servicio Postal Mexicano, entre los que destaca Hildebrando, ocasionó en la Cuenta Pública 2005 un presunto daño al erario por más de 12 millones de pesos. (Ericka Ramírez)

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirma que la empresa Hildebrandro, propiedad de Diego Hildebrando Zavala del Campo, hermano de Margarita Zavala, esposa del presidente de la República, incumplió las negociaciones que había hecho con el Servicio Postal Mexicano (Sepomex) en 2001.

Y es que de acuerdo con el Informe de la fiscalización de la Cuenta Pública 2005, la ASF revisó el expediente de Hildebrando, S.A. de C.V para constatar los “beneficios” obtenidos en 2005 con la puesta en marcha del Sistema de Información de Direcciones Postales (SIDIP), que instaló la compañía del cuñado de Calderón.

Sin embargo, el máximo órgano de fiscalización advierte que pese a que la empresa se comprometió a entregar el SIDIP el 31 de marzo de 2002, como lo señala el contrato 01-GC-J9E-SG-SI-42-0-01, convenido el 22 de octubre de 2001, éste no fue concluido según lo acordado.

La negociación que costó al erario público 639 mil 800 pesos fue aprobada mediante licitación pública nacional y fue terminada hasta el 14 de agosto de 2003, es decir, un año y cinco meses después. No obstante, no hubo sanción alguna para el proveedor.

Durante el tiempo que Hildebrando tardó en entregar el sistema de cómputo, la ASF documenta que se llevaron a cabo tres prórrogas autorizadas por el director de Información y Tecnología, el subdirector de Desarrollo y el encargado de la Gerencia de Base de Datos de Sepomex.

La Auditoría documenta que los adendums fueron otorgados por diversas razones, dos de ellas debido a que se encontraron inconsistencias en el sistema. El 11 de septiembre de 2002 se hace una primera prórroga “por causas no imputables al proveedor”; el 1 de diciembre de 2002, por “inconsistencias de orden técnico en el sistema”, y el 16 de junio de 2003, “por no entregarse los trabajos a satisfacción de Sepomex, dicho sistema presentaba diversas fallas técnicas”.

Respecto de los resultados por la aplicación del SIDIP, mediante el oficio sin número del 31 de agosto de 2006, la Dirección de Administración y Finanzas informó que “a la fecha no se cuenta con resultados, ya que este sistema se encuentra hospedado en el servidor del organismo bajo la custodia de la Dirección de Información y Tecnología”.

La ASF, que preside Arturo González de Aragón, analizó las cláusulas del tratado, en el que se observó que no se incluyeron “las relacionadas con las penas convencionales a cargo del proveedor, por atraso en la entrega de los bienes o servicios por causas imputables a éste, o atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o la prestación del servicio, ni tampoco sobre la forma ni los términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato”.

Por este hecho, la ASF solicita a la Secretaría de la Función Pública, a través de la observación A05-0-27100-02-619-08-002, “resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que, durante su gestión, no incluyeron en el contrato 01-GC-J9E-SG-SI-42-0-01 las penas convencionales a cargo del proveedor, por atraso en la entrega de los bienes o servicios por causas imputables a éste, o atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o la prestación del servicio, ni tampoco sobre la forma ni los términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato”.

La falta de penalizaciones por parte de los servidores de Sepomex y el atraso con el que la empresa Hildebrando instaló el SIDIP pudieron ocasionar un daño al erario por 55 mil 632 pesos.

La ASF explica que se presume un daño patrimonial “por los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión omitieron promover acciones para cobrar la fianza 000FS987851, expedida por Fianzas Monterrey, a favor de Sepomex por incumplimiento en la entrega del SIDIP en funcionamiento al ciento por ciento por parte de Hildebrando, S .A. de C. V.”.

El lado oscuro de Hildebrabdo

El año pasado, en plena campaña electoral para la Presidencia de la República (6 de junio de 2006), el ex candidato Andrés Manuel López Obrador hizo pública la entrega de un expediente de contratos millonarios del cuñado del ahora presidente Felipe Calderón con el gobierno federal, que incluía el sector energético.

En esa ocasión, López Obrador mencionó que las empresas de “Hildebrando Zavala habían tenido ingresos en el sexenio por 2 mil 475 millones de pesos, en tanto que reportan en su mayoría pérdidas fiscales y, con ajustes contables, llegan a pagar mínimos impuestos.

“La empresa Hildebrando comenzó como una empresa familiar modesta y coincidiendo con el ascenso político de Felipe Calderón, y particularmente con su participación en el gabinete, acumuló crecientes ventas mediante contratos con el sector público. Muchas de las ventas a entidades del sector energético se basaron en asignaciones directas por contratos de informática, muchos de los cuales han sido considerados innecesarios por los mismos funcionarios de las entidades involucradas”, dijo el ex candidato a la Presidencia.

Días más tarde, el 11 de junio del año pasado, la reportera Claudia Salazar del periódico Reforma publicó que el ex gerente de Base de Datos de Sepomex, Raúl Gutiérrez y Montero, acusó a Hildebrando de no cumplir con los compromisos adquiridos con el Servicio Postal. El ex funcionario denunció que “desde 2003 la empresa informática debió estar en la ‘lista negra’ de los proveedores del gobierno del presidente Fox”, dice la nota.

Incumplimiento de proveedores

La ASF también documenta la pérdida de 3 millones 100 mil pesos que no fueron cobrados de la fianza 230350790001000036, expedida por la Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., a favor de Sepomex, “por incumplimiento en la entrega de un sistema para el suministro de licencias y prestación de servicios para la implantación, puesta en marcha y producción de una solución de planeación de recursos gubernamentales en idioma español”.

El Informe de la fiscalización de la Cuenta Pública 2005, señala que el 1 de junio de 2006 el subdirector de Recursos Materiales solicitó al director de Asuntos Jurídicos y Seguridad Postal la rescisión del contrato SPM-DAF-SRM-S-135-05, debido a que el proveedor incurrió en incumplimientos.

"Enorey Internacional, S.A. de C.V. no ofrece ni garantiza que la migración al servidor de Sepomex ocurra antes del 1 de diciembre de 2009 y que con ello se cumpla con el requerimiento”, señala el oficio DIT/03335/0074/2006 intercambiado entre los funcionarios de la dependencia.

“Lo anterior conlleva al riesgo de que, al final del proyecto, el organismo se quede con una versión de la aplicación que no esté instalada en el servidor de Servicio Postal Mexicano, lo cual incumpliría el contrato. Este incumplimiento desmiente el ofrecimiento de Enorey Internacional, S.A. de C.V. para este requerimiento en su oferta técnica durante el proceso licitatorio”, señala el informe de la ASF.

El máximo órgano de fiscalización también documentó un daño a la Hacienda Pública por 8 millones 893 mil 884 pesos, luego de que los funcionarios de la dependencia no hicieran el cobro de la fianza 1014-00055-0 de Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., del 18 de octubre de 2005, expedida a favor de Sepomex.

La cobranza debió efectuarse luego de que el proveedor, Procesamiento Interactivo, S.A. de C.V., no cumpliera con la entrega de licencias de software denominadas de “Punto de Venta” y de “Nuevos desarrollos”.

El informe dice que “se constató que la empresa Procesamiento Interactivo, S.A. de C.V., con quien se firmó el contrato SPM-DAF-SRM-B-212-05 el 17 de octubre de 2005, no cumplió con la entrega de las licencias del software denominadas licencias de ‘Punto de Venta’ y de ‘Nuevos Desarrollos’, en las fechas programadas.

“En el expediente del proveedor no se encontró evidencia documental de que fuese penalizado por los atrasos. Cabe señalar que no se cuenta con elementos suficientes en el contrato o sus anexos para la determinación del monto de la sanción prevista en la cláusula décima primera del contrato”, afirma el máximo órgano de fiscalización.

Mientras, el tiempo para solventar las observaciones planteadas en el Informe de la fiscalización de la Cuenta Pública 2005 se acaba, la titular de Sepomex, Purificación Carpinteiro, no respondió a la solicitud de entrevista hecha por Contralínea durante más de un mes.

El director de información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, José González, dijo que el daño no había sido durante la gestión de Carpinteiro y que la funcionaria se encontraba haciendo nuevos proyectos para el organismo, por lo que habría que esperar hasta que se desocupara su agenda.

Fuente: Revista Contralínea Fecha de publicación: Junio 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 81

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