La Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó que el ex titular del Seguro Popular, Juan Antonio Fernández Ortiz, incurrió en diversas irregularidades en el proceso de credencialización de este sistema de salud, que costó al erario público más de 368 millones de pesos.

Ante tales anomalías, la dependencia que encabeza Germán Martínez Cázares resolvió, el 31 de mayo de 2006, que Fernández Ortiz quedaba inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos, al encontrarse responsable de “abuso de autoridad”, según el expediente 15/2007-BIS.

El negociador de la compra de 3.7 millones de tarjetas inteligentes a la empresa Image Technology, por la cual se inició una investigación en su contra, también fue sancionado a pagar 454 mil 528 pesos, según muestran datos oficiales.

Sin embargo, la operación que otorgó el contrato millonario a Image Technology no fue el único convenio que hizo Juan Antonio Fernández para la elaboración de tarjetas, que ahora son inservibles y que tuvieron un cargo a las finanzas públicas.

Previa convocatoria a la licitación pública 12161001–004–05, el ex coordinador de campaña de los “Amigos de Fox”, convino la entrega de 161 mil 281 tarjetas electrónicas con altos directivos de Grupo Inbursa, con un cargo superior a los 14 millones de pesos, según consta en la auditoría 15/06 que se anexa en el expediente del ahora ex funcionario público.

En el documento “Resumen de reuniones de trabajo que tuvieron las empresas que licitaron el servicio de credencialización”, se consigna el informe de actividades del 16 al 23 de diciembre de 2004 en el que se evidencia que la base de datos de los afiliados al Seguro Popular fue entregada a Inbursa –filial financiera del Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim–, “quienes ya están informados para proceder a la elaboración de las credenciales”.

Según muestra la auditoría 15/06, el 4 de marzo de 2005, el coordinador general de Procesos de Credencialización, Manuel Martínez Olguín, gira el oficio CGPC/046/2005 al subdirector técnico operativo de Tarjeta Inteligente Banco Inbursa, Armando Magaña Aguado, para realizar la “preimpresión” de tarjeta inteligente, y así “alcanzar las metas del programa de credencialización del Seguro Popular”.

Un mes más tarde (20 de abril del 2005) Martínez Olguín envía al mismo directivo de Inbursa 17 discos compactos con los registros de los afiliados al sistema en Chihuahua, para realizar la impresión de las credenciales correspondientes.

Luego, el 7 de Julio de 2005, a cinco meses de haberse hecho público el concurso de credencialización, el titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Juan Antonio Fernández Ortiz, solicita al subdirector Técnico Operativo de Inbursa la instrumentación de un plan de enrolamiento para generar 15 mil credenciales que serían distribuidas entre los afiliados al Seguro Popular en las delegaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa, en el Distrito Federal, según consta en el oficio CNPSS/233/2005.

Ese mismo día, Fernández Ortiz envía el oficio CNPSS/234/2005 a Magaña Aguado para la elaboración de otras 150 mil credenciales, de personas enroladas en Aguascalientes, Colima y Chihuahua.

Toda esta operación significó para el erario público la erogación de 14 millones 313 mil 334 pesos, con un costo unitario por tarjeta de más de 86 pesos, mismas que en diciembre de 2005 se pretendieron sustituir con un nuevo sistema de credencialización que echaría a andar Image Tecnology.

Auditoría integral

Maricela Contreras, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, señala que el Seguro Popular ha sido la “caja chica” del gobierno foxista, en el que los funcionarios se sintieron como “nuevos ricos, llegaron al poder y buscaron hacer toda clase de negocios.

“En el caso del Seguro Popular se armó una infraestructura impresionante con personal en exceso, costos de operación enormes y la inversión que estamos viendo es exorbitante. Manejaron los recursos de manera arbitraria”, dice la legisladora perredista.

Gustavo Leal Fernández, investigador de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, coincide con la legisladora y agrega que el presidente Felipe Calderón debería ordenar al secretario de la Función Pública realizar una “auditoría integral” a todo el proyecto.

“Las sanciones en contra del Juan Antonio Fernández no son suficientes y esto podría significar sólo la punta del iceberg, porque seguramente el fraude tiene que ver con miles de millones de pesos”, advierte el académico de la UAM.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, Ector Ramírez Barba, niega que puedan existir más casos como éste en el manejo de recursos del Seguro Popular, pues hasta ahora los informes presentados ante ese órgano colegiado del Congreso no han dado más visos de irregularidades.

El legislador panista duda que las anomalías detectadas por la SFP opaquen el programa estrella del foxismo en materia de salud, pues “la protección social en México es un proyecto más importante que el que algún funcionario pueda desviarse de sus funciones”.

Además, el diputado guanajuatense añade que el trabajo de la SFP es una muestra de la nitidez con la que actúa el gobierno de Felipe Calderón. “Veo con gusto que los procesos de transparencia en nuestro país son cada vez son más claros, para dar a conocer las investigaciones que se siguen”.

Historia de un fraude

Desde febrero de 2006 se dio a conocer una serie de investigaciones que evidenciaban el manejo irregular de los recursos públicos en la producción de la tarjeta inteligente “Tu Salud” (Contralínea 50).

Mediante convocatoria abierta, el 10 de noviembre de 2005 la CNPSS que encabezaba Juan Antonio Fernández Ortiz otorgó en un amañado proceso, un contrato de 324 millones de pesos a Image Technology para la elaboración de 3.7 millones de tarjetas inteligentes.

Una vez concluido el concurso, las quejas no se hicieron esperar y el fallo de la licitación a favor de Image Technology fue impugnado por otro de los concursantes. Las denuncias presentadas ante la Dirección General de Inconformidades de la SFP señalaban que se habían dado todas las ventajas a la empresa ganadora para dejar fuera a los demás interesados, por lo que se abrió el expediente 779/2005.

Sin embargo, esa investigación no prosperó pues el encargado provisional de la Dirección General de Inconformidades, Mario Alberto Massé Alemán, y la directora de Inconformidades, Martha Cristina Herrera Terrazas, resolvieron que la empresa quejosa carecía de “interés jurídico” y concluyeron que la inconformidad era “infundada” en diciembre de 2005.

No obstante, las investigaciones de Contralínea demuestran que dos meses antes de que se abriera el concurso para realizar la credencial inteligente Tu Salud, funcionarios del Seguro Popular se reunieron con los representantes de la empresa que resultó ganadora el 1 de diciembre de 2005.

El 13 de Octubre de 2004, Manuel Martínez Olguín, coordinador general del Seguro Popular; Pedro Espinoza Ramos, director área y Rosendo Páramo Ramos, subdirector de área, recibieron en las oficinas de la CNPSS a Víctor Hugo Calleja, gerente de Desarrollo de la empresa Interlogic que representaba a Image Technology; Gabriel Pérez, director Comercial; Marcelo Damián, director de Operaciones de Inbursa; José Samuel Leyva Pérez, líder del proyecto; Juan Meza Iturbide, director y Arturo Castillo, gerente, para coordinar el plan piloto del Seguro Popular que se echó a andar en Colima, lo que demuestra las ventajas que había previas a la convocatoria.

Fuentes del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Salud confirman que la licitación sólo fue abierta para “formalizar” las negociaciones que se habían dado con antelación y que se había hecho una emisión previa de tarjetas, sin licitación con el grupo financiero Inbursa.

Luego de dar carpetazo a una primera investigación, seis funcionarios de la SFP reabren los expedientes del Seguro Popular para investigar a Juan Antonio Fernández Ortiz y a sus colaboradores más cercanos por supuestos actos de corrupción, prácticas de nepotismo, captación de votos y lavado de dinero, entre otras irregularidades.

A través del acuerdo 12/1.0.3.2.1 del OIC de la Secretaría Salud que los funcionarios inician la auditoría 15/06 CNPSS, al amparo de la orden 12/10321/051/06 emitida el 18 de abril de 2006.

El documento, fechado el 27 de junio de 2006, señala que fueron solicitados todos los registros, informes, facturas, libros principales y auxiliares, reportes, documentos y correspondencia que se estimen necesarios, a todas las empresas que han otorgado servicios al Seguro Popular y a las que concursaron en la licitación.

Según la convocatoria 12161001-004-05 Image Technology presentó un costo unitario de 86.59 pesos por tarjeta, lo que derivó en un importe total sin IVA de 320 millones 399 mil 650 pesos, aunque versiones de algunos participantes aseguran que su costo real asciende apenas a los 20 pesos.

Pese a las claras especificaciones de la licitación, el contrato firmado por Juan Antonio Fernández Ortiz, titular del Seguro Popular; Manuel Martínez Olguín, asesor de procesos de credencialización, y Gilberto Pérez Ramírez, representante legal de Image Technology, de diciembre de 2005 a diciembre de 2006, detalla que se erogaron 368 mil 460 millones de pesos y no los 320 millones que se tenían presupuestados.

Otro de los funcionarios que eran investigados por la SFP, entonces encabezada por Eduardo Romero Ramos, es el director general de Gestión de Servicios, Ángel Giovanni de Luna Loyola –colaborador y amigo de Fernández Ortiz, desde que ambos laboraron en Secretaría de Agricultura– por supuesto lavado de dinero.

Funcionarios de la Función Pública encontraron en el Registro Público de la Propiedad que De Luna Noyola es, además de funcionario de gobierno, rector y representante legal del Organismo Mundial de Investigación, Sociedad Civil, así como tesorero de la asociación civil Somos Amigos de México, organización que impulsó hace seis años la candidatura de Vicente Fox.

Programa electorero

Además de las diversas irregularidades detectadas en el manejo de los recursos de la credencialización del Seguro Popular, hay evidencias de que el gobierno de Vicente Fox utilizó el programa en plena campaña electoral para allegar de votos a su partido.

El 21 de mayo, Asa Cristina Laurell, secretaria de Salud del "gobierno legítimo" de Andrés Manuel López Obrador, presentó una denuncia formal ante la Función Pública en contra de la CNPSS, “por probable daño patrimonial a la hacienda pública estimado en más de 368 millones de pesos”.

Señaló que hay muestras del uso electoral que se le dio al programa, como la entrega a los beneficiarios de las credenciales, junto con una carta firmada por Vicente Fox, en la que invita a los afiliados a seguir trabajando juntos.

Con el sello de la Presidencia de la República, la misiva (en poder de Contralínea) fechada en marzo de 2006, felicita a los beneficiarios de este programa por contar con la tarjeta Tu Salud.

“Sé que para ti y tu familia es importante tener atención médica oportuna. Por eso, diseñamos el Seguro Popular, que les brinda servicios de salud de calidad y protege el patrimonio familiar (…) Trabajando juntos y, con responsabilidad, continuaremos construyendo un México más fuerte y con más oportunidades para todos”, reza la propaganda.

Maricela Contreras, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, expresa que esta es una evidencia más de que Vicente Fox utilizó este programa como un mecanismo de coerción para el proceso electoral.

“Este es un elemento más para mostrar a la ciudadanía la acción concertada del gobierno con el fin de apoyar, fuera de los marcos legales, a Calderón para que llegara a la presidencia de la República. Indudablemente esa carta es un elemento importante de denuncia”, dice la legisladora perredista.

Gustavo Leal Fernández, académico de la UAM, coincide con la diputada y cuestiona: “¿Qué pasó entonces con la calidad de lo que decidió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando dijo que Fox había puesto en riesgo la elección pero no lo sancionó? Ahí hay una evidencia más de la campaña que hizo Fox. Esto revela que el tribunal no fue capaz de anular una elección que a todas luces fue anómala”, asevera.

El gestor

En abril de 2006 Contralínea entrevistó al entonces encargado del Seguro Popular, Juan Antonio Fernández Ortiz, quien negó que hubiera incurrido en el manejo irregular de los recursos y en un amañado proceso de credencialización.

El ex coordinador de campaña de los “Amigos de Fox” rechazó las acusaciones que se habían hecho en su contra y dijo que las quejas presentadas ante Función Pública por la empresa concursante Técnica Comercial Vilsa habían sido por dolo.

“El que declaró esto lo hizo con dolo, es un proveedor que ya había ganado hace cuatro años, con Inbursa y Protón, el contrato para hacer la tarjeta del diesel agropecuario que manejé cuando estaba en la Secretaría de Agricultura. Ahora, de los 12 que compraron las bases se inscribieron ocho, y a él o a su grupo no les resultó favorable.

“Probablemente no le dio tiempo, se quedó medio atrasado, le ganó la incompetencia. Al final de cuentas yo no soy la autoridad, yo se la mando a Función Pública, ella califica y nosotros salimos en ese sentido”, se defiende Fernández Ortiz.

El ex titular de la CNPSS también objetó que los costos de producción de la tarjeta inteligente hayan rebasado el promedio del mercado y dijo que los inconformes habían hecho mal las cuentas. “No hay ninguna irregularidad en el manejo de los recursos. Todo está en internet”.

Seguro de su trabajo, Fernández Ortiz añadía: “Yo me siento con los diputados de la Comisión de Salud cada tres meses para elaborar informes de cuántas familias van y dónde se gasta el dinero. A mí nadie me ha dicho nada. De lo que más se quejan es de los anuncios del presidente Fox en la tele, pero ahí yo no puedo hacer nada.

“Está novela está buenísima, cosa que no puede ser posible. Con ella los auditores tienen una buena chamba: todo esto es falso, pero si hay algo que castigar, si hay funcionarios que cometieron errores, pues sobre ellos. Aquí hay una denuncia formal ante Función Pública, que sean ellos quienes investiguen”, concluyó.

Fuente: Revista Contralínea
Fecha de publicación: Junio 2a quincena de 2007

Érika Ramírez