Como no se hacía desde 1968, cuando al frente del Poder Ejecutivo se encontraba Gustavo Díaz Ordaz, el Ejército Mexicano vuelve a ser requerido para “restablecer el orden público”, según el decreto por el que se crea el “Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo pasado.

Desmoralizado, con bajos salarios aún después del publicitado aumento a la tropa, ante quejas de trato despótico por parte de los altos mandos y bajo acusaciones de violar derechos humanos, las fuerzas armadas entregan magros resultados en sus encuentros con gatilleros de narcotraficantes, organizaciones con elementos “más motivados” que los efectivos castrenses.

“La lucha es contra organizaciones que tienen la capacidad de operar en tierra, mar y aire. Incluso, han cooptado a muchos elementos del Ejército; han penetrado todo el aparato policiaco; poseen servicios de inteligencia, y tienen a su disposición recursos económicos ilimitados”, advierte el maestro en sociología y especialista en fuerzas armadas Guillermo Garduño.

Y es que, aunque el gobierno federal machaca que se libra una “guerra” entre el Estado mexicano y el narcotráfico, sólo el Ejército parece librar las batallas. A casi siete meses de la actual administración no se ha desmembrado una sola red financiera de ninguno de los cárteles que operan en territorio mexicano. Tampoco se han develado nexos entre delincuentes y autoridades políticas de los tres niveles de gobierno.

Por definición, al crimen organizado le son inherentes los nexos con el poder político, pero ni un sólo funcionario ha pisado la cárcel. Tampoco se han descubierto quiénes son los “delincuentes de cuello blanco” que lavan el dinero del narcotráfico y que, según estimaciones de Transparencia Internacional, en México superan anualmente los 30 mil millones de dólares. El tema ni siquiera está en la agenda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para colmo, no existen campañas que prevengan el consumo y tráfico de enervantes.

“Desde diciembre pasado, el Ejército ha estado actuando solo. No veo a ni una autoridad civil actuando. Jamás he visto, escuchado o tenido información de que las autoridades aduanales estén realizando acciones determinantes para impedir el trasiego de drogas y armas. Al Ejército se le ha dejado completamente solo y con las Fuerzas Armadas no se juega”, advierte Alfonso Suárez del Real, integrante de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados y legislador por el Partido de la Revolución Democrática.

En un escenario donde las policías federales y estatales han desaparecido casi completamente, sólo el Ejército mantiene una lucha desigual en las calles y carreteras que, a decir de especialistas, está perdida, pues no se están “tocando” las estructuras político-financieras del narcotráfico.

“Sólo si se logra golpear a las finanzas del crimen organizado tendremos una reducción significativa del narcotráfico”, considera Guillermo Garduño.

La creación del Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea vendría a dar legalidad a las actividades de las fuerzas armadas en las entidades federativas, pero también buscaría retirar al grueso de la tropa del combate al narcotráfico.

El presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Jorge Justiniano González Betancourt, rechaza que exista ilegalidad en la conformación del cuerpo especial, que tendrá entre sus objetivos garantizar la seguridad pública.

El general en retiro y diputado por el Partido Acción Nacional dice que “todo es absolutamente legal, pues los cuerpos especiales están previstos en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea. Estamos enfrentando momentos que son de contingencia extraordinaria y por eso se ha destinado un cuerpo al combate al narcotráfico. Más que nada, coadyuvará con las autoridades civiles y, como todo cuerpo especial, recibirá adiestramiento y capacitación especiales”.

El legislador agrega que las fuerzas armadas no necesitarán una partida presupuestal extraordinaria para el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal.

Guillermo Garduño considera que la creación del nuevo grupo de elite “es incuestionablemente una buena intención; pero no tenemos garantía de que el Ejército acabará con el problema. Las certezas no existen y menos en esta época”.

Según Garduño, con el Cuerpo Especial, Calderón busca “ajustar el tipo de fuerza del Estado a la que va a ser combatida, pues no se trata sólo de ‘echarle el Ejército’ al narco, algo que fracasaría al intentar enfrentar una fuerza convencional con otras no convencionales”.

Sin embargo, para el antropólogo social y especialista en Seguridad Nacional Gilberto López y Rivas, la decisión de Felipe Calderón de crear un nuevo grupo especial “se da ante el fracaso del Ejército en los operativos antinarco, pues ya van muchos muertos y no se detiene el tráfico de drogas. Al contrario, los narcotraficantes hasta provocan a los militares dejando cabezas humanas cerca de los cuarteles”.

Quien fuera agente del servicio secreto de la Unión Soviética agrega que el nuevo cuerpo especial no detendrá el descrédito y la derrota del Ejército Mexicano. Para el analista, el culpable sería el presidente Felipe Calderón, pues “en aras de obtener la legitimidad que no obtuvo en las urnas” expuso irresponsablemente a las fuerzas armadas al desprestigio.

“La conformación de este cuerpo especializado va en contra de todo lo que hemos venido diciendo la mayoría de quienes nos dedicamos a hacer análisis políticos. Hemos dicho que se tiene que sacar al Ejército del combate al tráfico de drogas. Y así digan que van a usar a un cuerpo de elite o a tropa regular, finalmente es el Ejército, el cual no está preparado para las actividades que le han encomendado.”

A este respecto, el maestro en Sociología y especialista en Seguridad Nacional, José Luis Piñeyro, señala que en el decreto constitutivo del Cuerpo Especial “se está mezclando la gimnasia con la magnesia, porque se habla de combatir el crimen organizado, pero también situaciones de perturbación del orden público”.

La represión que viene

Y es que el nuevo cuerpo de elite –el cual terminará su integración el 10 de agosto y se espera que cuente con hasta 30 mil elementos– podrá intervenir no sólo en actividades contra la delincuencia organizada, sino en la ambigüedad de las “tareas de restauración del orden y seguridad pública […] o en contra de actos que atenten contra la seguridad de la nación”, según el artículo 2 del decreto.

Además, de acuerdo con el artículo 5, este cuerpo castrense “recibirá adiestramiento y capacitación especializada en el manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública, cuya finalidad será el reestablecimiento del orden público y el Estado de Derecho”.

“Esto es algo que preocupa, porque se suma a las modificaciones realizadas al Código Penal, en donde ahora, con cierta laxitud, se puede calificar de terroristas a líderes sociales o al conjunto del movimiento social”, considera José Luis Piñeyro.

Luego de haber asumido el Poder Ejecutivo bajo acusaciones de fraude electoral y epítetos de “espurio”, el gobierno de Felipe Calderón parecería estar preparándose a una serie de protestas y movimientos sociales que aparecerían en 2010.

La reforma al artículo 139 del Código Penal Federal –consumada el 26 de abril pasado y en la que se criminaliza la protesta social– y la firma de un convenio con Estados Unidos para espiar conversaciones telefónicas y por internet –dado a conocer por el diario estadunidense Los Ángeles Times– sugieren que el calderonismo toma provisiones para una eventual cadena de protestas que organizaciones como La Otra Campaña, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y el Frente Amplio de Izquierda estarían preparando.

“Por lo que se ve, se pretende que el cuerpo especial de las fuerzas armadas no sólo combatan al crimen organizado, sino que realicen actividades contraguerrilleras y, peligrosamente, se puedan usar contra movimientos sociales. Hay un riesgo de que se busque perseguir la oposición política”, advierte José Luis Piñeyro.

Sin embargo, al Ejército le ha resultado desastroso salir a las calles a “restaurar el orden público”. Tuvieron que pasar décadas para que la sociedad le retribuyera parte de la confianza perdida luego de la “masacre” del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.

Garduño señala que las “fuerzas morales” son “un factor esencial” en cualquier Ejército.

“Las policías federales y estatales perdieron desde hace tiempo esa característica y por ello ya no pueden ganarle la batalla al narcotráfico. El Ejército representa tradición y respeto; pero si pierde esto, que es su fuerza moral, estará perdido. El riesgo que corre el país es que finalmente el Ejército pierda la batalla y, entonces sí, esto se va a volver inenarrable.”

Ahora, Calderón vuelve a encomendarle a las fuerzas armadas el restablecimiento del orden público, cuando no son capaces siquiera de retener a su tropa. Los jóvenes militares no encuentran motivos para seguir en el Ejército y lo abandonan sin miramientos. De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, existen alrededor de 150 mil desertores del Ejército. En contraparte, actualmente sólo hay 130 mil efectivos. Y los propios mandos ya se muestran incómodos ante una lucha que no les corresponde y que, al parecer, están librando solos.

“En el Ejército ya empiezan a asomar inconformidades. Ellos no son felices cuando los ponen de policías. Tanto su formación como sus misiones fundamentales están orientadas a la defensa de la integridad territorial y política”, considera José Luis Piñeyro.

“La tropa sigue teniendo una escasa remuneración, también padece sobrecargas de trabajo y abusos por parte de sus superiores. Todo eso lleva a muchos a desertar. Ya tenemos una cantidad impresionante de gente que ha salido y que forma un ejército paralelo aún y cuando no esté unificado”, concluye Guillermo Garduño.

Fuente Revista Contralínea
Fecha de publicación: Junio 2a quincena de 2007

Zósimo Camacho