¿Las expresiones masivas de apoyo a los comandantes paramilitares que rinden versión libre en Medellín por parte desmovilizados, sus familias y simpatizantes revelan un proyecto superior al que manifiestan las víctimas? ¿Lo vivido en la capital antioqueña refleja la ventaja que tiene el vencedor sobre el vencido?

Las preguntas surgen luego de los “fervientes” apoyos públicos observados en las últimas dos semanas durante las versiones libres ante la Unidad de Justicia y Paz de los comandantes paramilitares desmovilizados Fredy Rendón, alias El Alemán, jefe del bloque Élmer Cárdenas, de fuerte raigambre en el Urabá antioqueño y chocoano, y Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, quien está al frente del bloque Central Bolívar y con ascendencia en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueños, así como el Sur de Bolívar y el suroriente del país.

Las expresiones multitudinarias de los reinsertados, autorizadas por la Alcaldía de Medellín, opacan de tal manera las acciones de las familias afectadas por las incursiones de las distintas fuerzas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) quela Procuraduría General de la Nación le reclamó al Gobierno nacional las “medidas necesarias para garantizar a las víctimas de los paramilitares el pleno ejercicio de sus derechos”.

En carta dirigida al ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi, el Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, pidió al funcionario, que preside el Comité de Coordinación Interinstitucional, que "se adopten correctivos que garanticen a las víctimas ejercer sus derechos sin limitación alguna".

Para el Procurador, “la actitud festiva” de personas afectas a los jefes desmovilizados en inmediaciones del centro administrativo de La Alpujarra, “trivializa el dolor de las víctimas que han acudido a tales diligencias”.

El juego, el futuro

Pero más allá de las solicitudes del Procurador General de la Nación y de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos de Medellín y el país, lo que está en juego es la capacidad de organización y movilización del movimiento de víctimas para hacerle frente a un proyecto que los paramilitares consolidaron en sus regiones de operación a través del sometimiento militar y de la intervención social.

Vilma Liliana Franco Restrepo, investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC), advierte que la debilidad de lo que hoy se denomina movimiento de víctimas se explica por varias razones: “No hay movimiento sino una dinámica de acciones colectivas muy incipiente en torno a los derechos de verdad y reparación que enfrenta enormes dificultades para convertirse en un movimiento social. Esa dinámica incipiente de movilización carece de dirección y preparación política, lo cual es una consecuencia, y a su vez una continuidad, de la despolitización de la discusión sobre la guerra que tuvo lugar en los últimos 15 años”.

La investigadora del IPC considera, además, que el miedo difundido por la violencia paramilitar en los últimos años “ha cumplido una función importante en la disolución y prevención de lazos colectivos y ha transformado profundamente la subjetividad de los sobrevivientes. Aún prolonga el efecto del castigo y la represión, y lleva a que los sobrevivientes estén más atentos a la conservación de su vida que a la exigencia política de justicia, verdad y reparación. La guerra aún está en curso, de modo que es obvio el temor a las represalias por la movilización en torno a tales derechos”.

Fernando Quijano, director ejecutivo de Corpades (Corporación para la Paz y el Desarrollo Social), considera que el movimiento de víctimas necesita fortalecerse a partir de convocar más a las organizaciones no gubernamentales y a la sociedad, “porque es un movimiento que tiene dolor, que necesita conocer la verdad. El dolor de las víctimas es el dolor de todos los colombianos”.

En la perspectiva del fortalecimiento, Gerardo Vega, coordinador regional de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación (Cnrr), destaca el trabajo que ha hecho la dependencia a su cargo en Antioquia en cuanto a la movilización de víctimas. “En ocho meses hemos logrado 30.008 denuncias de víctimas afectadas por los paramilitares”, dice Vega y aclara que “son aspectos positivos desde el punto de vista de la gente, que está dispuesta a declarar, reclamar sus derechos e iniciar el incidente de reparación”.

“Como puede verse, empezamos bien: visibilizando a las víctimas y poniendo este problema en público, que no estaba ocho meses atrás. Creo que hemos ganado”, afirma el funcionario, pero también reconoce que este trabajo no es sólo de la Comisión. “El movimiento de víctimas y las organizaciones de derechos humanos han perdido un espacio que ya se había ganado. No se trata de aislarse ni de dejar de hacer presencia. No pueden decir ’nos arrinconaron y así nos quedamos’. Tienen que rescatar el liderazgo”.

Sin embargo, hay un círculo vicioso que destaca Pablo Angarita, director del Grupo de Investigaciones Conflicto y Territorios del Instituto de Estudios Regionales, de la Universidad de Antioquia: “Las víctimas no sienten respaldo sino de las organizaciones de la sociedad civil, cuya única arma es denunciar ante la opinión nacional e internacional, pero que no tienen el respaldo institucional porque el mismo Gobierno tiende a señalar de terroristas a quienes reclaman los derechos de las víctimas”.

Y así lo siente Fernando Quijano, de Corpades, quien acusa a la administración del alcalde Sergio Fajardo de complaciente con los reinsertados: “Es una actitud similar a la de Pilatos, se lava las manos para no enfrentar a los señores que están gobernando a Medellín, y es una forma de decir que el espacio público lo controla él frente a las víctimas, pero no lo controla frente a los que son parte de los victimarios, para que ellos sigan haciendo el trabajo de amedrantar las víctimas”.

Se imponen los vencedores

Pero, ¿qué explica el comportamiento de quienes llegan a Medellín desde diversos municipios de Antioquia y departamentos vecinos a gritar vivas, arrojar flores y papel picado a quienes aún consideran “sus patrones”?

Franco Restrepo explica que las movilizaciones de los seguidores de los comandantes paramilitares “son una evidencia del interés de esa comandancia por demostrar su legitimidad social y por seguir reclamando estatus político. Estas manifestaciones las facilitan varios factores: que algunos de estos personajes establecieron relaciones hacendatarias (verticales) donde las fidelidades se producen a partir de la asignación de beneficios tangibles, el poder económico que permite la movilización y los silencios aquiescentes de las autoridades públicas”.

También evidencian, según la investigadora, que “la violencia paramilitar tuvo el respaldo activo y pasivo de muchos sectores (económicos y políticos) de las sociedad locales, así como de la sociedad nacional. Y lo que es más grave aún: que la estructura paramilitar continúa viva, pese a la reclusión de algunos de sus jefes y de las desmovilización de una parte de sus tropas”.

Concluye que “la forma como se manifiesta es una apología a los crímenes cometidos; los saludos a los manifestantes son una muestra de que no hay arrepentimiento, y la invisibilización de las víctimas es una consecuencia de la forma cómo definieron el enemigo y de ratificar la justificación de la violencia ejercida”.

El investigador Pablo Angarita reconoce que el ambiente en el departamento y el país es más favorable hacia los victimarios que hacia el dolor de las mismas víctimas. “La movilización de sectores reinsertados responde a un diseño de estrategias jurídicas y políticas, que consiste en movilizar bases de apoyo que pueden ser de simpatías compradas. Y eso lo pueden hacer porque cuentan con un contexto que les es favorable a partir de los compromisos adquiridos con el Gobierno nacional y con sectores del sector privado que se han beneficiado de su accionar durante estos años”.

Agrega Angarita que las manifestaciones públicas observadas en Medellín, “que uno podría catalogar de cínicas indican el poderío conque se sienten, y quieren continuar con este ambiente de miedo hacia la sociedad y hacia las víctimas para seguir ganando beneficios en el orden jurídico y también beneficios en el orden económico”.

En suma, son dos proyectos que están en puja y como bien lo expresa la investigadora del IPC, “la colisión entre unos y otros, y la forma cómo se manifiestan, es una confirmación de la correlación de fuerzas en la guerra, donde se expresa la arrogancia de los vencedores y la soledad de los oprimidos”.

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