Sólo los medios alternativos no empresariales o de organizaciones hermanas difunden estas noticias con intención solidaria, con el objetivo militante de ayudarnos a romper ese “cerco informativo” del que solemos ser los principales excluidos.

Segunda obviedad: este cerco suele tornarse más inexpugnable cuando los trabajadores se proponen disputar la renta de las empresas, aunque sea bajo la forma del reclamo de recomposición salarial. Entonces, la solidaridad cunde en la corporación empresarial periodística -cada vez más mono u oligopolizada- y el conflicto es absolutamente excluido de su cobertura. No merece letra, ni sonido, ni imagen. Es el inexorable hiato de ese engendro naturalizado, pero tan artificial como arbitrario: la agenda noticiosa.

En la madrugada del viernes 28 de junio, en el contexto de la paritaria salarial de prensa, el Cispren protagonizó una contundente protesta frente a la planta de La Voz del Interior, en la que participaron medio centenar de trabajadores de prensa de distintos medios de Córdoba.

La elección del destinatario se fundamenta en el liderazgo que ejerce en el arco empresarial, que a sus instancias se ha mostrado sistemáticamente insensible al reclamo de los trabajadores para percibir salarios justos, mientras se enriquecen en forma desproporcionada con una pauta publicitaria engordada por la campaña electoral. Es también La Voz el medio que más persigue la actividad sindical mientras flexibiliza a su personal.

Estos abusos eran denunciados en un volante que se distribuía a los automovilistas que transitaban por esa avenida que insólitamente lleva el nombre de La Voz del Interior, toda una elocuente demostración simbólica de su poder económico y político.

Al día siguiente, los diarios La Voz del Interior y Día a Día -medios que además de pertenecer al Grupo Clarín comparten su planta impresora y su sistema de distribución- publicaron por primera vez una nota que hacía referencia al conflicto de los trabajadores de prensa, titulada “Preocupan a Adepa hechos de violencia”.

El comunicado de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas sostenía que con quemas de cubiertas y bombas de estruendo “se pretendió impedir la normal distribución de los diarios La Voz del Interior y Día a Día, configurando semejante actitud una grosera agresión a la libertad de prensa” y “una flagrante violación al artículo 161 del Código Penal, que establece que sufrirá prisión de uno a seis meses el que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro o periódico”.

Finalmente, la entidad empresaria instaba “a la sensatez de los dirigentes gremiales para que no perturben el normal funcionamiento de un medio de prensa en el marco de sus legítimos reclamos salariales” y advertía que “corresponde que las autoridades del área policial y judicial investiguen los hechos denunciados a fin de deslindar las responsabilidades jurídicas correspondientes”.

En primer lugar, cabe preguntarse: si los reclamos salariales son "legítimos", ¿por qué no formularon una propuesta seria para evitar que el conflicto llegue a este grado de "insensatez"?

Por otra parte, la alusión a la “violencia” no resiste el menor análisis, puesto que hasta excede la evaluación que la Policía debe haber hecho de una manifestación que custodió celosamente durante las aproximadamente tres horas que duró, sin que se produjera un solo roce ni un intento de detener a nadie por violar la ley.

A propósito, también la Guardia de Infantería fue convocada por esta empresa para “custodiar” la planta mientras se desarrolló la anterior medida de fuerza de tres horas por turno, a pesar de que en esa ocasión no estuvo acompañada por ninguna manifestación.

Quizás Adepa desconozca este tipo de gestos de una violencia por lo menos psicológica contra los trabajadores para disuadirlos de ejercer su legítimo derecho a huelga. Así, se cree con la potestad de invocar el Código Penal para criminalizar la protesta, mientras escamotea la violación de su asociado a los derechos a condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada de trabajo, igual remuneración por igual tarea y retribuciones justas, consagrados en el artículo 14 Bis de la Constitución Nacional.

Pero también desconoce La Voz del Interior las normas internacionales, nacionales y provinciales relativas al ejercicio de la tarea de inspección del trabajo por parte del Estado y las entidades sindicales, al impedir sistemáticamente el ingreso a la planta a funcionarios de la Secretaría de Trabajo de la Provincia y representantes del Cispren. Igual que Estados Unidos en su cuestionada prisión de Guantánamo, intenta implantar un “limbo legal” que escapa a las leyes que regulan el trabajo.

Por todo esto, resulta irrisorio que Adepa invoque la supuestamente vulnerada “libertad de prensa” de estos medios de comunicación. Hoy como durante la dictadura ante la que esta entidad guardó un respetuoso silencio, son los trabajadores y no los patrones los que hacen los diarios y ejercen la libertad de expresión, muchas veces a pesar de las presiones de sus propios empleadores.

Pero incluso si Adepa se sincerara de una vez y hablara de “libertad de empresa”, también incurriría en una falacia, puesto que aquélla supone un mercado donde exista la competencia empresarial, lo que en un campo comunicacional profundamente concentrado es poco menos que un lejano recuerdo. En realidad, lo que la institución patronal reivindica es la “libertad” de sus asociados a percibir ganancias sin límites mientras pagan salarios de hambre.

Que los centinelas del monopolio informativo, la rentabilidad extrordinaria y el discurso único se llenen la boca hablando de libertad, es la peor ofensa a nuestra “hermana más hermosa”.

# Nota publicada en PrensaRed (Argentina) (*) Periodista. Secretario de Prensa del CISPREN.