Desde el año 2003 presenciamos una intensa discusión en Colombia sobre los métodos y las cifras para determinar quiénes son pobres y quiénes son indigentes en el país. Las cifras se han convertido en la herramienta política más contundente con la que el Gobierno ha legitimado la política de Seguridad Democrática, exponiendo que con la reducción de homicidios, secuestros, tomas a pueblos, etc., se ha alcanzado en el país un clima de seguridad y tranquilidad interna que repercute en un crecimiento de la economía y en la llegada al país de nuevos flujos de inversión que, a su vez, generan productividad y reducción de la pobreza.

La disputa de las cifras: vieja, nueva y novísima pobrezaLa preocupación del presidenteÁlvaro Uribe por conducir el triunfalismo estadístico al tema social y demostrar reducciones significativas en los datos de pobreza fue volviéndose más notoria en la medida en que se aproximaba 2005. En ese año, Estados debía hacer el primer reporte quinquenal sobre el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En especial, lo referente al primer objetivo, que indica que se debe reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día y reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre. Ante las evidencias de los informes conocidos en 2004, en los que se mostró un aumento considerable de la pobreza y la indigencia en Colombia y que probaron de paso la ausencia de políticas sociales, el presidente Uribe y sus funcionarios se han dedicado a diversas tareas:

a) Desaprobar los informes sobre índices de pobreza elaborados por el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia y la Contraloría General de la República (CGR), aduciendo errores en la aplicación de los métodos utilizados para la medición de la pobreza.

b)’Depurar’ las metodologías y las bases de datos, para bajar las cifras de pobreza e indigencia. Para ello se utilizan categorías –o artilugios— como la de “los desanimados” (personas que se cansaron de buscar trabajo y ya no entran en las estadísticas del desempleo), los “desvinculados” (personas que no tienen acceso alguno al régimen de salud y por lo mismo no existen para las estadísticas), o los niños, niñas o jóvenes en “extra-edad” (que no reciben subsidio para educarse pues superan el rango legal de edad establecido para cada ciclo escolar). Con las nuevas metodologías, la población afrocolombiana se redujo de 10,5 millones de personas (censo de 1993) a 4 millones 261 mil 996 (censo de 2005). Con todos estos ajustes estadísticos, el gobierno logró bajar los índices de pobreza del 66,3% al 49,2% [1]

c) Introducir ajustes metodológicos en el cálculo sobre la pobreza, de suerte que lleven a la estadística, de manera inmediata, a situarse por debajo del 50%. Así, se cumple el primer Objetivo del Milenio y a largo plazo, según el plan estratégico Colombia Visión 2019, se espera “reducir el índice de pobreza medida con subsidios hasta llegar al 15% (hoy en 45,1%) y el de indigencia a 6% (hoy 17%)” (Presidencia-DNP 2005: 46).

d) Focalizar la política social, a través de programas de entrega de subsidios, en las personas declaradas pobres por el Estado, por ejemplo, en el SISBÉN, Familias en acción, Familias guardabosques, subsidios de alimentos para los mayores adultos, etc.

Para el DANE y el CID-UN la pobreza se sitúa en el 66.3% de la población, para la CGR es de 64.3% y para el DNP es el 53.2%. ¿A qué se deben estas diferencias? Según los expertos, tal incompatibilidad está referida a los métodos que utilizan las diferentes instituciones para realizar sus mediciones.

- El DNP realiza sus análisis a partir del indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que se determina por variables estructurales como la vivienda, la educación, el acueducto y el alcantarillado; para determinar el porcentaje de población con NBI se acude a la información proporcionada por el Índice de Calidad de Vida que según la Encuesta de Calidad de Vida de 2003 mostró las mejoras obtenidas tanto en las condiciones de acceso a la educación como a los servicios públicos. Por ejemplo, la educación mejoró en un 39.4% y la infraestructura de las viviendas en un 27.4%.

- El CID y el DANE, por su parte, usan para sus cálculos el indicador de Línea de Pobreza, que mide la pobreza por ingresos. Según el Informe “Bienestar: Macroeconomía y Pobreza” (CID: 2004), el deterioro de los ingresos se refleja en la forma como los hogares ajustan el gasto. En 2003, el 60.3% de los hogares colombianos destinó el gasto en bienes básicos como la alimentación, la vivienda y la ropa; el 13.9% a la salud, educación y recreación y el 25.8% restante fue utilizado en comunicaciones y servicios financieros. Al examinar la población con menos ingresos, la mayor parte del gasto (74%) fue destinado a la compra de bienes básicos. A partir de esto, se estableció con base en el método medición de la pobreza por nivel de ingresos, que el promedio de ingreso mensual entre los pobres fue de $115.770.

El informe concluyó que la pobreza de los últimos años en Colombia se puede caracterizar como “pobreza reciente”, un alto porcentaje de la población (20.6 millones de personas) está bajo la línea de pobreza por ingresos y no tienen NBI. Lo anterior refleja el deterioro de los ingresos y la pérdida de poder adquisitivo de los hogares colombianos, al sumar a las personas pobres por ingresos la cifra de colombianos/as que tienen NBI -pobres en el país- llega a 28.985.672.

- La CGR efectuó sus cálculos utilizando el indicador de la línea de pobreza e indigencia, junto con la información proveniente de la Encuesta de Calidad de Vida 2003. La estimación realizada tuvo en cuenta el ingreso laboral en especie y el ingreso monetario sin incluir el ingreso laboral de los menores de 12 años; el ingreso de capital, el ingreso de autoconsumo sin incluir los ingresos obtenidos por regalos y finalmente el ingreso por transferencias. Se calcularon, de esta forma, los valores para la línea de pobreza por persona en las cabeceras municipales, establecidos en 190.325 pesos mensuales y los demás, en 160.077 pesos; la línea de indigencia, en 79.661 pesos para cabeceras y para el resto, en 67.080 pesos.

Para la determinación de la línea de pobreza y de la línea de indigencia se requiere investigar el valor de la llamada canasta normativa de alimentos, que sirve para fijar el IPC y señalar las metas de inflación. Sin embargo, ésta ha cambiado de criterios en los últimos años, lo que trajo como consecuencia la variación, en cifras, de la pobreza, según señalan los economistas.

Por otro lado, la información respecto a dicha canasta normativa de alimentos ha variado. La “vieja” canasta familiar, que contenía información de 21 años atrás, se reemplazó por la “nueva” canasta con 11 años de registros, y ésta a su vez, por recomendaciones de la llamada “Misión Pobreza” [2] (establecida por el gobierno Uribe), fue reemplazada en el año 2005 por la “novísima” canasta familiar que para ese año se fijó en $225.000 pesos mensuales por persona urbana [3] (unos 94 dólares), teniendo como consecuencia inmediata la reducción de la pobreza a 49.2% de los habitantes colombianos.

La línea de indigencia urbana se fijó en $90.710 (unos 43 dólares mensuales, es decir, 1.3 dólares diarios) [4] Si para el año 2005 se hubieran seguido aplicando los criterios de la “nueva” canasta, su valor habría sido de 121 dólares (o sea 27 dólares más de la canasta decretada por la Misión Pobreza) y la proporción de la pobreza nacional se hubiese aproximado al 60% de la población. El reto de construir nuevos sistemas estadísticosA partir de la revisión de las estadísticas queda rondando una gran preocupación y es cómo rebatir las estadísticas oficiales que ocultan la verdad sobre la pobreza. A diferencia de los derechos civiles y políticos, en los que el movimiento de derechos humanos en Colombia ha acumulado una experiencia importante en el manejo de bases de datos, que ha permitido criticar con autoridad las estadísticas del gobierno sobre violaciones a estos derechos, en el campo de los DESC, las organizaciones y las redes tenemos el reto político y técnico de construir sistemas estadísticos que permitan develar las falacias oficiales sobre la pobreza. La pobreza es la más dramática violación de los derechos humanos integrales de las personas. Sin niveles decentes de vida, difícilmente las personas pueden ejercer sus libertades. Por esta razón, es necesario consolidar y unificar las estadísticas sobre los DESC para poder juzgar los avances y retrocesos de las políticas públicas sociales en Colombia. En esta coyuntura, el debate está puesto sobre la base de evidencias técnicas acerca de la pobreza y los DESC, que permitan demostrar que las propuestas de política social imperantes se enmarcan en criterios de focalización y asistencialismo, que son contrarias al respeto y al cumplimiento que imponen los estándares de los derechos humanos. ¿Cómo se construye la canasta? Para ubicar la composición de la canasta y reflejar los cambios en los hábitos de consumo ocurridos en la última década, El DANE realizó entre 1994 una Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos a cerca de 28.000 hogares distribuidos en 23 capitales de departamento del país. En la encuesta se indagó sobre los gastos diarios de cada miembro del hogar y sobre los gastos semanales, mensuales semestrales, anules del hogar. A partir de esto se concluyó el patrón de consumo general para los hogares, permitiendo seleccionar la canasta básica como su peso promedio en el gasto del hogar. La “canasta familiar” a su vez sirve para calcular el Índice de Precios al Consumidor, indicador que se utiliza para representar la variación de los precios de los bienes y servicios, la evolución de la inflación y situación general de la economía.

La canasta familiar entonces, representa el conjunto de bienes y servicios que son adquiridos de forma habitual, para su sostenimiento, por una familia “típica” en lo referente a su composición y con unas condiciones económicas medias. Este conjunto se compone de artículos y servicios relacionados con alimentación, salud, educación, vestuario, transporte, esparcimiento y otros. Los datos de precios de la canasta familiar los recolecta el DANE aproximadamente en veinte mil establecimientos que incluyen viviendas y sitios de comercio minoristas. A partir de la encuesta de ingresos del 94, en 1998 el DANE fijó la canasta familiar vigente para la cual se seleccionaron 405 artículos. La cobertura geográfica quedó constituida por las 13 ciudades principales del país. Se concluyó que la constitución de los grupos de gastos y el número de artículos fue: alimentos 136 gastos; vivienda 65 gastos; vestuario 44 gastos; salud 29 gastos; educación 31 gastos; diversión, cultura y esparcimiento 28 gastos; transporte y comunicaciones 34 gastos; otros 38 gastos.

[1] [1]Un análisis crítico de estas manipulaciones a las estadísticas lo presenta el economista Libardo Sarmiento Anzola en: http://www.desdeabajo.info/mostrar_...

[2] [2]Misión para el Diseño de una Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad (MERPD).

[3] [3Esta línea de pobreza de $225.000 para 2005, que representa el 60% de un salario mínimo mensual, indica que la persona que no consiga tal ingreso para cubrir su consumo básico y necesidades fundamentales se considera pobre. Se debe tener en cuenta que la tasa de desempleo para este año osciló entre 10 y 12% de la población económicamente activa, lo que quiere decir, según el DANE, que cerca de 2.200.000 no contaban con empleo. El subempleo se situó en el 32.7%. (DANE Documentos técnicos sobre mercado laboral. 2005). El subempleo se situó en el 32.7.

[4] [4 Este monto de 1.3 dólares diarios como límite de la línea de indigencia es congruente con la línea de ingresos promovida por el Banco Mundial de un dólar diario. Según esto se considera como extremadamente pobres a todas aquellas personas que en el mundo disponen diariamente de menos de un dólar paridad de poder adquisitivo. Esto quiere decir que el valor del dólar no corresponde con el del mercado cambiario. Este parámetro del banco Mundial se ha cuestionado entre otras por no basarse en ninguna medida de consumo mínimo reconocible. El propio Banco Mundial ha dicho que debe tenerse cautela al hacer comparaciones internacionales con este indicador. Así, la línea de pobreza de US $1 es normalmente usada en África y el Sudeste Asiático, una línea de US $2 diarios por persona es usada en América Latina, una cercana a US $4 se aplica en Europa del Este y Asia Central y una de US $0.60 se emplea para el caso de China (World Bank, 1996).