La conducción de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) hizo pública su solidaridad con el CISPREN y recordó que actualmente en el país existen “miles de trabajadores y dirigentes a quienes distintas patronales le han iniciado acciones judiciales por defender los intereses de los trabajadores”.

A instancias de una denuncia de La Voz del Interior -empresa que integra la nómina de medios del Grupo Clarín-, el fiscal Javier Pradaude imputó a Guido Dreizik (secretario General), Víctor Beccaría (secretario Gremial), Walter Moyano (delegado gremial en La Voz) y Daniel Klocker (editor de la agencia de noticias del Cispren) por presunta violación del artículo 194 del Código Penal, que establece que será reprimido con prisión de tres meses a dos años quien “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

“Invocar semejante figura para calificar una manifestación de protesta gremial que transcurrió sin que se registraran incidentes y celosamente custodiada por la Policía, es un burdo intento de judicializar el reclamo sindical, que convierte en letra muerta la pretendida ‘paz social’ que invocan las empresas y la autoridad laboral, afirmó el CISPREN.

“Más todavía tratándose de una firma como La Voz del Interior, que sistemáticamente viola la ley laboral al precarizar a su personal y hasta se da el lujo de impedir el ingreso a su planta a los inspectores de la Secretaría de Trabajo de la Provincia”, agregó.

El comunicado de la organización de los periodistas cordobeses recordó que “esta denuncia había sido anunciada por la patronal Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) -históricamente caracterizada por su sordera cuando de libertades ligadas a los derechos de los pueblos se trata y muy afecta a poner el grito en el cielo cuando los intereses monetarios de sus cómplices se ven afectados-, en un comunicado donde calificaba a la protesta de los trabajadores de prensa como ‘hechos de violencia’ y ‘una grosera agresión a la libertad de prensa’”.

“Quizás Adepa no pueda aceptar que a la verdadera libertad de prensa la ejercen los trabajadores, pero también desconoce la existencia de otras libertades y garantías, como el derecho a sindicalizarse o el derecho a huelga, consagrados en el artículo 14 Bis de la Constitución Nacional, norma que parece no regir en el ‘limbo legal’ de que disfruta La Voz del Interior”.

Así, se pretende atar de manos a los trabajadores de prensa y comunicación, obligados a acatar la conciliación obligatoria y perseguidos judicialmente por reclamar sueldos dignos.

Ante este embate de autoritarismo patronal, el CISPREN ratificó su compromiso de “continuar la lucha por nuestra justa reivindicación salarial”.