La empresa –propiedad del mexicano Ángel González y el argentino Daniel Hadad, entre otros- fue obligada, a través de una resolución ministerial, a retomar las negociaciones en el ámbito del Ministerio de Trabajo.

El acuerdo no se concretó porque la empresa modificó aspectos esenciales de la propuesta, que ya tenía la aprobación de la asamblea de los trabajadores.