Al amparo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), las irregularidades del Grupo Constructor Plata, beneficiado por el ex gobernador de Zacatecas, el senador Ricardo Monreal Ávila, provocaron un millonario incremento en la construcción de la carretera Zacatecas-Saltillo en el tramo Morelos-Villa de Cos, de 408 millones de pesos del presupuesto original, a 600 millones de pesos.

El proyecto carretero fue autorizado por el gobierno federal, luego de reclamos del entonces gobernador Ricardo Monreal para que la SCT lo aprobara. Los trabajos iniciaron en 2003 y beneficiaron al Grupo Constructor Plata, propiedad de Humberto Godoy y José Guadalupe Bañuelos, quienes en Zacatecas son señalados como presuntos prestanombres del exgobernador.

En 2004, la SCT hizo pública la licitación para la modernización, rehabilitación y ampliación de dos a cuatro carriles de 51 kilómetros del tramo Morelos-Villa de Cos, de la carretera Zacatecas-Saltillo.

En noviembre de ese año, el entonces delegado de la SCT, Gustavo Moriel (actualmente delegado en Michoacán), adjudicó la obra al Grupo Plata, con un monto inicial de 214 millones de pesos, a ejecutarse de diciembre de 2004 a diciembre de 2005.

El contrato inicial 4-6-CE-A-877-W-0-4 incluía trabajos de terracería, drenaje, pavimento de concreto asfáltico y señalamiento en 30 kilómetros. En la ejecución de los trabajos, el 31 de agosto de 2005, Moriel autorizó un primer incremento de 20 millones de pesos al monto original por “la ampliación de tres puentes y la construcción de un desnivel” no contemplados en el proyecto ni tampoco autorizados por la Secretaría de Hacienda.

Aunque el plazo de ejecución finalizaba el 3 de diciembre de 2005, Grupo Plata concluyó hasta el 30 de diciembre de ese año, y mediante otro convenio obtuvo un pago adicional de 517 mil pesos, por “ajuste de costos”.

El 7 de julio de 2005, la SCT adjudicó a la empresa el contrato 5-6-CE-A-568-W-0-5 para las obras en otros 14 kilómetros de la misma carretera, con un monto inicial de 113 millones de pesos y un plazo de ejecución del 15 de julio al 31 de diciembre de 2005.

El 24 de octubre, Moriel autorizó un incremento del 20 por ciento al monto original, es decir, casi 22 millones de pesos más, lo que elevó el costo a 135 millones de pesos, y por otros “ajustes de costos”, para diciembre de 2005 la SCT pagó al Grupo Plata 139 millones 325 mil pesos.

Licitación dirigida

En una auditoría realizada a estos contratos, incluidos en la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió que la millonaria adjudicación fue manipulada por el delegado de la SCT, para beneficiar al Grupo Constructor Plata.

En las especificaciones de la licitación se establecía que la empresa responsable de la obra debía aplicar a la carretera cemento asfáltico con polímero, y para respaldar su propuesta técnica debería presentar la certificación de la planta industrial para este tipo de material.

Durante el proceso de licitación, la delegación de la SCT descalificó 16 propuestas de igual número de empresas con el argumento de que no presentaron la certificación y otorgó el contrato al Grupo Plata.

Sin embargo, en la inspección los auditores del máximo órgano de fiscalización detectaron que Grupo Plata tampoco utilizó el cemento con polímero, sino cemento asfáltico normal, con la complicidad de los supervisores de la SCT y de la Unidad de Servicios Técnicos.

Se descubrió también la deficiencia en los materiales utilizados en calidad, muy por debajo de la que se cotizó en el monto del contrato, y que las obras contratadas no coincidían con las obras construidas. Por ejemplo, el proyecto de obra contemplaba cuatro puentes vehiculares y Grupo Plata sólo construyó tres, y los materiales utilizados en estos no cubrían las normas mínimas de seguridad.

La ASF encontró que la SCT hizo millonarios pagos sin que existiera acta de entrega-recepción de los trabajos, como marca la Ley de Obra Pública; que el delegado de la SCT omitió indicar a cuánto ascendió el finiquito entregado a la empresa, el importe real de los contratos y los convenios con los que se autorizó el incremento del monto inicial.

De acuerdo con la auditoría, la autorización del incremento en el monto (de 22 millones de pesos), en el convenio de octubre de 2005, se hizo de forma discrecional entre el delegado de la SCT y Grupo Plata, puesto que no existió un dictamen “con razones fundadas y explícitas que dieron origen a las adecuaciones al proyecto”.

En el peritaje, los auditores encontraron que Grupo Plata hizo trabajos fuera de las fechas establecidas, y que los ajustes no procedían porque había un decremento entre la obra realizada y la obra pagada.

Por ejemplo, en el finiquito del contrato 5-6-CE-A-568-W-0-5, del 25 de enero de 2006, la ASF detectó un pago irregular por 150 mil pesos a favor de la SCT, que Grupo Plata no devolvió.

Respecto a los materiales utilizados, se detectaron costos inflados, por ejemplo, en la aplicación de concreto hidráulico, la SCT pagó 900 mil pesos en demasía, porque la constructora cobró por “concreto hecho en obra”, cuando en realidad aplicó premezclado, cuyo precio es mucho menor; o respecto a la instalación de vigas de acero en la que se cobraron 650 mil pesos de más.

Impacto millonario

El manejo discrecional de los contratos que la delegación de la SCT hizo al Grupo Plata provocaron un impacto a largo plazo al erario público, pues aunado a las deficiencias en los trabajos de la empresa, la SCT alteró el proyecto original muy por encima de los recursos que autorizó la SCHP para esta carretera.

Originalmente, la SCT había reportado que los trabajos en el tramo Morelos-Villa de Cos, consistirían en la ampliación de siete a 21 metros con cuatro carriles de circulación en una longitud de 51 kilómetros y la construcción de un camino de 12 metros de ancho con dos carriles de circulación en una longitud de once kilómetros, con un costo de 408 millones de pesos.

Ya en la ejecución de los trabajos, en abril de 2005, se alteró el proyecto y se recortó la construcción del camino e incrementó el precio de la obra a 600 millones de pesos, en violación a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La nueva proyección se hizo sin considerar el análisis de factibilidad técnica, económica, ecológica y social de la carretera, como marca la Ley de Obra Pública. Tampoco se hizo proyecto ejecutivo, lo que fue utilizado por el delegado de la SCT para autorizar los incrementos en los montos originales con el supuesto de “obras adicionales”.

Al respecto, la ASF señala: “en virtud de que los estudios previos requeridos para la construcción del tramo fueron insuficientes y de que la cuantificación de volúmenes de obra del proyecto no correspondieron con los alcances establecidos en el catálogo de concurso, el monto original se incrementó 41 millones de pesos”.

Por su parte, mediante el oficio CSCT-6-31-304-095/06, el titular de la SCT justificó ante la ASF que la obra que no estaba contemplada en el proyecto original de la carretera “fueron resultado de solicitudes adicionales de los usuarios”. Sin embargo, estos trabajos nunca fueron sometidos a la aprobación de la Dirección General de Carreteras de la SCT.

El argumento de Gustavo Moriel fue invalidado por la ASF al evaluar que la SCT debió considerar la realización de estudios de impacto y requerimientos de la población estatal, para que esos elementos se consideraran en el proyecto original, y que las erogaciones de los trabajos fueran transparentes; por lo que, de acuerdo con la ASF, se incurrió en violaciones a la ley.

Lo más grave, estima la ASF, es que al incrementarse el costo de este tramo carretero en más de 200 millones de pesos, los trabajos podrían quedar empantanados, toda vez que, hasta la fecha, la delegación de la SCT no ha logrado que la Dirección General de Carreteras autorice el dictamen mediante el cual justifica el incremento de 408 a 600 millones de pesos.

A unos meses de concluir la administración de Pedro Cerisola en la SCT, el delegado Gustavo Moriel, responsable de las irregularidades, solicitó su cambio a Michoacán, donde se desempeña actualmente. Se solicitó una entrevista con este funcionario, lo mismo que con Humberto Godoy, director y administrador del Grupo constructor Plata, pero no hubo respuesta.

Historia negra de Grupo Plata

Fundada en 1993 como una pequeña empresa, el Grupo Constructor Plata llegó a la cúspide de su desarrollo gracias a los beneficios que Humberto Godoy recibió de su amigo de infancia y compadre Ricardo Monreal Ávila, quien durante su gobierno dispuso entregarle casi toda la obra pública que se hizo en Zacatecas, lo que derivó en quejas y denuncias de otras constructoras.

Los contratos que Monreal otorgó a Grupo Plata a través de la Junta Estatal de Caminos durante su administración, ascendieron a 3 mil 700 millones de pesos adjudicados en su mayoría vía directa.

A la par de acaparar la obra pública el gobierno estatal, a finales de 2003 el Grupo Constructor Plata entró como contratista de la SCT, y monopolizó los contratos para la construcción de la carretera Zacatecas-San Luis Potosí –en sus distintas etapas-, en la que la SCT no le rescindió ninguno de los contratos pese a los deficientes trabajos e irregularidades.

En enero de 2004, Grupo Plata adquirió un predio de 30 hectáreas en la comunidad La Tesorera, municipio de Pánfilo Natera, donde, a menos de 300 metros de distancia de las viviendas, instaló una planta constructora de concreto asfáltico, sin autorizaciones de la Semarnat, Profepa y Sedena para sacar la piedra de los cerros mediante dinamita. La intención era hacerse de los contratos de obra en la carretera Zacatecas-San Luis Potosí.

Aunque la falta de asfalto era ilegal, el 14 de marzo de 2004 la SCT le adjudicó un contrato por 43.9 millones de pesos para trabajos de terracería, drenaje, pavimentación, y el señalamiento horizontal y vertical del kilómetro 121 al 124, y rehabilitación del kilómetro 126 del tramo Las Arcinas.

Sin notificar a la Secretaría de la Defensa Nacional del uso de explosivos, la constructora inició las detonaciones para desgajar el cerro y convertirlo en banco de arena para los trabajos contemplados en el contrato, lo que provocó el agrietamiento de las viviendas y el derrumbe de techos y paredes, así como problemas de salud de los lugareños, por emanaciones de gases tóxicos.

Para los lugareños inició el peregrinar en dependencias estatales y federales para solicitar la clausura de la planta, que nunca se llevó a cabo, aun cuando en diversos estudios realizados por especialistas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) se confirmó que los daños a la salud de la comunidad eran provocados por la planta de asfalto.

En este contrato la empresa acumuló un largo atraso que ameritaba la rescisión, pero el delegado de la SCT encubrió las irregularidades.

El entonces delegado de la Profepa, Gilberto Zapata Frayre, confirmó que el caso era una ilegalidad de la constructora y “una omisión de la SCT”. El funcionario comentó en entrevista que las denuncias contra la empresa eran frecuentes, y que la Profepa había abierto un proceso en los trabajos en la construcción de la carretera Jerez-Zacatecas, de un contrato otorgado por la Junta Estatal de Caminos de Zacatecas.

De 2003 a la fecha, la delegación de la SCT en Zacatecas ha otorgado al Grupo Plata medio centenar de contratos por un monto de mil 47 millones de pesos para trabajos en las carreteras Zacatecas-San Luis Potosí, Zacatecas-Saltillo, Zacatecas-Aguascalientes, Monte de los García-Parral de las Huertas, entre otras. El contrato más reciente, por 54 millones de pesos, lo adjudicó en San Luis Potosí para la carretera que comunicará a ambas entidades.

Fecha de publicación: Julio 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 83