El cónsul de Bolivia en Chile, Roberto Finot, acaba de sostener que el único punto posible de salida “natural” y “enclave con soberanía” para su país, es Arica. Sin ningún título histórico o de otra índole, se trata de contrabandear la especie que eso es así. ¡De ninguna manera! Entre Perú y Chile hay un Tratado, el del 3 de junio de 1929 y su inseparable Protocolo Complementario y esta relación bilateral es de indesdeñable presencia en resguardo de la dignidad del Perú que se vio arrastrado a una guerra en 1879 por causa ajena.

El maestro Alfonso Benavides Correa, anticipó con enorme solidez, las veleidades en que ha incurrido con gran frivolidad pusilánime nuestra diplomacia y gobiernos diversos. Leamos con prudencia y combatividad de peruanos que honran a sus mártires y a quienes NO aburre el tratamiento de los temas limítrofes, asunto que sí daña la tranquilidad de quienes no tienen raíces nacionales ni el más mínimo apego a este país milenario. Peruanoides infiltrados en el gabinete de ministros, en la prensa, en las fuerzas armadas, en los partidos políticos, en las múltiples ONGs ávidas de destruir cualquier señal de defensa del país, no son quienes para dar ningún ejemplo de peruanidad.

Hay que apoyar a Bolivia para su salida al mar y que lo haga por los territorios que fueran suyos, Tocopilla, Cobija, Mejillones y Antofagasta, hasta 1879, en que les fueron arrebatados por Chile, país con el que tendrán que arreglar esta situación lamentable. En Arica el Perú tiene derechos y soberanía restringida. (Herbert Mujica Rojas).


Ofrecimiento irresponsable ¿Un corredor por Arica para Bolivia?* por Alfonso Benavides Correa

¿Conoce usted los acuerdos altiplánicos derivados del llamado plan de acción del Lago Titicaca diseñado por los presidentes del Perú y Bolivia Alan García Pérez y Jaime Paz Zamora?

Conozco los términos del plan de acción que, suscrito por ambos presidentes el 18 de octubre último, dio a conocer dos días después la Cancillería del Perú.

¿Algún punto preocupante entre los diecinueve de dicho plan?

Varios. En vía de ejemplo cabe citar el punto 4 en que -sin saber cómo podría compatibilizarse con las disposiciones del Capítulo VI del Título IV de la Constitución Política del Perú que se refiere al Consejo de Ministros en la Estructura del Estado- los presidentes manifiestan su decisión de promover en el futuro la creación de un ministerio binacional para el manejo y desarrollo integral del altiplano común que tenga a su cargo todos los aspectos que se vinculen a la problemática del área.

¿Y el punto 8 en que se expresa que, en atención a la común historia del Perú y Bolivia, el presidente del Perú decidió que, a partir de la fecha, el vapor "Ollanta" tomara el nombre de "Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz"?

Aunque aparentemente intrascendente la decisión no sólo recuerda la rivalidad entre Gamarra y Santa Cruz que, como eje visible de la política en el Perú y Bolivia, significó que, entre 1828 y 1841, ambos países viviéramos temiendo, en atroz dilema, la subyugación de Bolivia por el Perú o la intervención en el Perú de Bolivia.

El que el destino no fallara dentro de ese dilema -puesto que fracasaron tanto la intervención santacrucina en el Perú cuanto la penetración gamarrista en Bolivia— no constituye razón para replantearlo reponiendo en Bolivia una supuesta pan-peruanidad y en el Perú los temores de un siempre latente separatismo en el sur.

Me vienen a la memoria la carta de Santa Cruz -"el cóndor indio" como lo bautizó en 1966 Alfonso Crespo- a su lugarteniente Calvo en la que, desde el Cusco, según el texto publicado en 1945 en la Revista Peruana de Cultura Historia, el 26 de septiembre de 1838 le hizo llegar este revelador mensaje: "La independencia del Sur (del Perú) a la cual estoy dirigiendo todas mis medidas creando intereses propios es, en verdad, lo que más conviene a la seguridad de Bolivia...".

No son pocos quienes hoy saben que la existencia del Estado Sur-Peruano (la "República Sur-Peruana" como dijeron las monedas emitidas entonces) fue un peligro para la unidad nacional. Al tratar la mortalidad de la idea confederal el gran maestro Jorge Basadre afirmó que, con algunos años más de vida, se habría afianzado. En el caso de un colapso de la Confederación por muerte o derrocamiento de Santa Cruz en fecha posterior a 1839, habrían habido intereses creados resueltos a mantener esa entidad política y hasta a anexarla a Bolivia. Ese fue el punto de vista de Juan Gualberto Valdivia en el periódico El Yanacocha. No quedó solitario. Santa Cruz -agrega Basadre- se inclinó a dicha fórmula cuando encontró dificultades en el norte.

¿Qué habría ocurrido de haberse producido la consolidación del Estado sur-peruano?

Basadre no vaciló en afirmar que dicha factible posibilidad "hubiera, a la larga, llevado al Perú a un proceso de desintegración similar al de América Central después de su breve experiencia unionista".

En 1828 -cuando lo llamaron a la presidencia de Bolivia y cuando desde 1829 su antiguo amigo, aliado o cómplice, Gamarra, persiguió a sus partidarios, y vinieron las amenazas de guerra en 1831 y 1833 -Santa Cruz se convirtió en boliviano: "En esa época -dice Basadre-llegó a acariciar la idea de segregar el sur del Perú o por lo menos de incorporar Arica y Tarapacá a Bolivia".

En la misma idea estuvo más adelante: "Cuando comprobó en 1838 la defección del Estado norperuano bajo el mando de Orbegoso y Nieto -concluye Basadre— volvió a pensar en la segregación del Sur, idea que expuso a O’Higgins en una carta que Vicuña Mackenna publicó más tarde" al igual que el mismo Basadre en La iniciación de la República.

¿Se ha enterado también del cable no desmentido de la agencia Efe, proveniente de La Paz y fechado el 19 de octubre, según el cual el gobierno de Bolivia destacó ese día no solamente el apoyo que el presidente peruano, Alan García, le brindó a una posible negociación para solucionar la falta de una salida al mar para Bolivia "aun a costa de territorios que antes de 1879 pertenecieron al Perú" sino al ofrecimiento de que, en caso de producirse un acuerdo bilateral entre Chile y Bolivia, y consultarse al Perú sobre él, "deberemos expresar nuestro beneplácito y aceptación porque esté en una necesidad latinoamericana"?

Leí el cable, con estupor, en varios diarios de Lima. Ni en sus extremadas utopías Haya de la Torre se atrevió a tanto pues, aunque con comentarios irreflexivos, se inclinó ante el Tratado entre el Perú y Chile del 3 de junio de 1929 y su inseparable Protocolo Complementario de la misma fecha.

En la entrevista que le concedió a la revista venezolana Resumen, entrevista que en su versión original reprodujo en Lima, en diciembre de 1977, la revista aprista ABC, Haya respondió así a la pregunta "¿Cómo enfoca usted el problema de la mediterraneidad de Bolivia y de la posibilidad de darle a Bolivia una salida al mar?", que le formuló el periodista Jorge Olavarría: "Nosotros somos francamente favorables a darle a Bolivia una salida al mar". Ante la nueva pregunta de Olavarría "¿Usted no cree que puede pasar un poco con esto lo que el general Torrijos dijo con respecto a Panamá, es decir, que a los bolivianos se les acabe la paciencia y a los peruanos y a los chilenos se les acaben las excusas?" Haya expresó: "Podría ser, pues el problema ha sido usado como pretexto de un posible conflicto y nosotros esperamos que se encuentre la solución entre Chile, Perú y Bolivia para ir a un arreglo. Nosotros creemos que lo que Chile ha propuesto es el mejor camino, pero ha sido controvertido. Los peruanos creen que el corredor propuesto establece ya una separación absoluta entre Perú y Chile al norte de Arica y hay un remoto anhelo patriótico de recuperar Arica".

Al terciar en la entrevista Antonio Aparicio preguntando si "El gobierno peruano, mejor dicho, el Estado peruano, ¿mantiene la reivindicación, la recaptura o la reintegración del territorio nacional de Arica?", Haya de la Torre respondió: "Eso, de acuerdo con el Tratado entre el Perú y Chile del año 29, es asunto absolutamente terminado, pero un sentimiento nacional, alentado por el velasquismo, pretendió ofrecernos ese prospecto, que es muy poco halagador para la paz de América porque eso significa una disputa y una disputa mala. Sobre este particular, nosotros somos pacifistas e integracionistas".

¿El general Velasco, a quien usted conoció muy de cerca, desconoció alguna vez la posición de nuestro país de absoluto respeto a los tratados celebrados por la república y fiel cumplimiento de sus obligaciones internacionales?

Jamás. Muy por el contrario, cuando en marzo de 1974 circularon rumores sobre un deterioro de las relaciones peruano-chilenas, el general Velasco fue rotundo al declarar en una concurrida rueda de prensa: "Chile no podrá ofrecer a Bolivia una salida al mar sin nuestro consentimiento por territorios que fueron del Perú. Pienso, además, que no hay peruano o peruana que opine en favor de dar a Bolivia una salida por Arica".

¿Y, por tanto, para mantenerla enclaustrada?

No, de ninguna manera. Reiterando lo que en julio de 1973 conversó con el presidente Hugo Bánzer cuando vino a Lima, y quedó escrito en la Declaración Conjunta que ambos gobernantes emitieron en dicha ocasión, el general Velasco Alvarado -después de señalar que el supuesto eje Brasil-Chile-Bolivia, que podría tomar una actitud negativa contra el Perú, era una simple e interesada especulación periodística y que el Perú, leal a su política pacífica, rechazaba toda posibilidad de enfrentamiento con el pueblo de Chile -sintetizó así su irreprochable pensamiento, que años después, en 1976, fue ratificado por todas las Regiones Militares del Perú: "El pueblo peruano vería con satisfacción que Bolivia tenga una salida al mar por los territorios que fueron de Bolivia" (Tocopilla, Cobija, Mejillones y Antofagasta).

No olvidó el siempre alerta general Velasco el Pacto General de Amistad y de No Agresión celebrado en Lima entre el Perú y Bolivia el 14 de septiembre de 1936, Pacto en cuya cláusula primera "Bolivia declara que no tiene ningún problema político ni territorial pendiente con el Perú".

¿Qué razones cabe oponer a un corredor boliviano al norte de Arica, junto a la línea de la Concordia?

Muchísimas. Se ha reputado formulación políticamente equilibrada y jurídicamente respetuosa la resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) reunida en La Paz que, al contemplar el "Acceso de Bolivia al Océano Pacífico", en octubre de 1979, declaró el interés hemisférico permanente en la solución de la mediterraneidad de Bolivia a fin de consolidar una paz estable que estimule el progreso económico y social del área afectada y recomendó a los Estados a los que este problema concierne "más inmediatamente" que iniciaran negociaciones encaminadas a dar a Bolivia "una conexión libre y soberana con el Océano Pacífico".

De dicha resolución, sin embargo, no se puede inferir en modo alguno que consagre una incitación a desconocer y contravenir tratados internacionales.

Oportuno me parece recordar que el canciller Carlos García Bedoya, que presidió la delegación del Perú a la Asamblea, no se limitó a expresar el apoyo de nuestro país a tal resolución, habida cuenta de que el Perú dio siempre muestras concretas de su voluntad política de contribuir a una solución definitiva de la mediterraneidad boliviana que sea garantía de paz, integración y desarrollo entre nuestras naciones.

Nuestro inolvidable canciller subrayó igualmente con acierto que el apoyo peruano a la búsqueda de una solución obedecía al "ineludible acatamiento, llegado el caso, a claras disposiciones de un tratado internacional". "Por ello -añadió nuestro canciller antes de la votación de la resolución- pensamos que la recomendación que pudiera hacer este organismo para la búsqueda de soluciones por los Estados concernidos, sólo puede entenderse dentro del respeto a los tratados, a los derechos y a los intereses de las partes involucradas".

¿Este apoyo fraterno, enmarcado en el respeto a los tratados vigentes y atento a los derechos e intereses nacionales, significa, en el caso del Perú, sumisión estricta al tratado Rada Gamio-Figueroa Larraín del 3 de junio de 1929?

Naturalmente. Sujeción estricta al Tratado y a su inseparable Protocolo Complementario de la misma fecha.

¿Qué derechos e intereses del Perú cabe destacar en el tratado y en el protocolo mencionados?

Las servidumbres perpetuas y el derecho de veto del Perú en Arica que restringen la soberanía de Chile y que contemplo en el Capítulo V de mi libro Una Difícil Vecindad: los irrenunciables derechos del Perú en Arica y los recusables acuerdos peruano-chilenos de 1985 que publicó el año pasado la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con un brillante y valeroso prefacio de su rector el doctor Jorge Campos Rey de Castro.

Un derecho recíproco de veto por parte del Perú y Chile en virtud del cual, sin previo acuerdo entre sí, ninguno de los dos países puede ceder a un tercero la totalidad o parte de los territorios que quedaron bajo sus respectivas soberanías (artículo 1° del Protocolo); y, restringiendo aún más las soberanías no absolutas del Perú y Chile limitadas por el derecho de veto recíproco, un régimen de servidumbres a perpetuidad tanto para el tránsito del ferrocarril de Tacna a Arica cuanto para el uso en la bahía de Arica del malecón de atraque para vapores de calado, del edificio para la agencia aduanera peruana y de la estación terminal para el ferrocarril a Tacna, zonas en las que el Perú, al igual que en los establecimientos que para el servicio del Perú el gobierno de Chile debe construir, gozará de la independencia propia del más amplio puerto libre (artículo 5° del Tratado, AUN PENDIENTE DE CUMPLIMIENTO) así como, en el ferrocarril de Tacna a Arica, gozará del más absoluto libre tránsito de personas, mercaderías y armamentos (artículo 2° del Protocolo).

En cuanto a las "servidumbres" es sabido que constituye hoy doctrina incontrovertible que ellas son restricciones al dominio territorial, voluntariamente aceptadas por un Estado mediante acuerdo internacional, en favor de otro u otros Estados, y que las "servidumbres" importan esencialmente una restricción de la capacidad de acción ya que el Estado que las soporta sufre la limitación de su derecho de independencia atendiendo a que la independencia supone la omnipotencia estatal en el orden interno que comprende las facultades de constitución, legislación y jurisdicción (soberanía); y, en el externo, el ejercicio de derechos restringidos por las correspondientes obligaciones (independencia).

En la idea de que la independencia de los Estados es una de las piedras miliares del Derecho Internacional por lo que, en tanto que el ejercicio de la soberanía no esté limitado por tratados internacionales, no puede ser interferida en ninguna cuestión que sea de la exclusiva jurisdicción interna de los Estados; es uniforme la doctrina, dentro del planteo de un análisis integral del problema de la soberanía territorial, que considera que las "servidumbres" establecidas a favor del Estado dominante, y que por ende afectan al Estado sirviente, implican para éste un recorte o limitación a su derecho de soberanía en el Derecho Internacional Público moderno.

No es ahora del caso enumerar todo lo que significa que el Perú goce conforme al Tratado de 1929 de servidumbres tan amplias en Arica. Sea suficiente anotar al paso con el eminente internacionalista Alberto Ulloa, que así lo sostiene magistralmente en Posición Internacional del Perú, que el libre tránsito de fuerzas militares y armamentos, a que el artículo 2° del Protocolo del Tratado se refiere, comporta, en conformidad con las reglas habituales del Derecho Internacional, "la exención de la jurisdicción local" pues "las fuerzas armadas, representación típica de la soberanía del Estado a que pertenecen, sólo pueden estar sometidas a las leyes de éste".

En Una Difícil Vecindad usted anota que en la sesión secreta del Congreso de Chile en que el 25 de junio de 1929 se contempló la aprobación del Tratado y su Protocolo Complementario hubo oposición de un representante: ¿en qué se sustentó la impugnación de los acuerdos?

Es cierto. En Chile y Perú: Los Pactos de 1929 revela Conrado Ríos Gallardo que el senador José Maza impugnó los acuerdos, en vibrante discurso, porque "las servidumbres que se concedían al Perú comprometían la soberanía".

¿Fue el único ataque al Tratado y a su Protocolo?

No. En Chile, después que fue derribado el gobierno del presidente Ibáñez del Campo y antes que se intentara sustraer a Chile de las obligaciones que contrajo en 1929 con el repudiado proyecto Polo-Rivas Vicuña de 1934, Ernesto Barros Jarpa, canciller de la República durante la gestión presidencial de su antecesor Arturo Alessandri, vio en el Tratado del año 29 y su Protocolo Complementario el peligro de que el despojo de Arica no fuera incondicional y perpetuo: en El Diario Ilustrado de Santiago el 19 de agosto de 1931 vituperó Barros Jarpa los Pactos de 1929, y dentro de éstos expresamente el artículo 1° del Protocolo Complementario, calificándolos de "DESASTRE" para Chile porque primero, "en el artículo 1° del Protocolo Complementario se entregó al criterio del Perú una posible solución de nuestras diferencias con Bolivia al suscribir el compromiso, según el cual, sin un acuerdo previo con el Gobierno de Lima, Chile no podrá entrar en arreglos territoriales con la República del Altiplano"; segundo, "porque reconoció al Perú el derecho de tener un puerto peruano construido a costa de Chile dentro de la bahía de Arica (Art. 5° del Tratado) quitando a dicho puerto chileno su valor comercial y su valor estratégico"; tercero, "porque ese puerto peruano en Arica está especialmente autorizado para internar armas y municiones y para ser una estación naval (Art. 2° del Protocolo Complementario), estipulación ésta que adquiere más fuerza en presencia de la obligación impuesta a Chile de desartillar el Morro de Arica (Art. 3° del Protocolo Complementario) por lo cual en el orden político el Tratado debe resumirse así: cesión de Tacna al Perú e inutilización de Arica para Chile".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, por su parte, también arremetió, por Circular fechada en La Paz el 1 de agosto de 1929 e intitulada insólitamente "La reivindicación marítima de Bolivia: reservas de su Cancillería al tratado chileno-peruano sobre la soberanía de Tacna y Arica", contra la cláusula primera del inseparable Protocolo Complementario del Tratado de Paz y Amistad celebrado el 3 de junio de dicho año.

En su libro Una Difícil Vecindad usted ha citado al historiador chileno Gonzalo Bulnes para quien el artículo 1° del Protocolo nació como "la válvula de seguridad de la paz con el Perú": ¿por qué, entonces, el desacuerdo con dicha cláusula fundamental no solo en Bolivia y Chile sino en algún sector de la diplomacia peruana?

En cuanto al punto de vista de Bulnes no sé, con certidumbre de saber, si el artículo 1° del Protocolo nació como "la válvula de seguridad de la paz": no lo sé porque, aunque referida a otra cosa, a la "eternidad" del hombre, recuerdo que Ortega y Gasset escribió alguna vez no sólo que ser eterno no es perdurar, no es haber estado en el pretérito, estar en el presente o seguir estando en el futuro sino que, en cuanto a ella, el hombre tiene siempre que decirse a sí mismo lo que aquél caballero borgoñón del siglo XV eligió como divisa: Rien ne m’est sur que la chose incertaine: sólo me es segura la inseguridad.

Lo que sí es evidente es que el desacuerdo a que se refiere su pregunta se manifiesta, con mayor o menor intensidad, tanto en Chile y Bolivia cuanto, aunque en expresión minúscula, en nuestro país.

En Chile porque, según palabras de Barros Jarpa, el Tratado de Lima y su Protocolo Complementario "es el primer caso en la historia del mundo en que un país entrega con mansedumbre, con humillación y sin razón ni provecho alguno al vencido el fruto de su victoria" y "porque subordinó la política internacional de Chile en el futuro al comprometerse a no pactar con Bolivia sin el visto bueno de aquél país".

En Bolivia porque, sobre la base del contradictorio aserto de que, como consecuencia de la guerra, los territorios de Tacna y Arica quedaron en posesión de Chile sin soberanía definida; y que, como resultado de los Pactos de 1929, el Perú y Chile limitaron recíprocamente sus soberanías, pactaron un condominio imperfecto en dichos territorios e hicieron desaparecer el obstáculo de la indivisión y de la falta de la indicada soberanía indefinida; debe admitirse como natural la ilógica y aberrante consecuencia que Bolivia readquirió la calidad de parte principal en la liquidación de la contienda y la capacidad de hacer valer argumentos (?) "para resolver su soberanía marítima por Arica".

En el Perú porque, al parecer, lamentablemente, no somos muchos los que tenemos muy presente la patriótica advertencia de Alberto Ulloa cuando examinó la idea que surgió en Bolivia de impulsar una tercería que le asignara una nueva zona litoral que la repusiera a su condición de país ribereño del océano y sirviera a su vez de separación geográfica entre el Perú y Chile.

Estas fueron las palabras de Ulloa: "Resuelta la cuestión de Tacna y Arica sin la participación de Bolivia, el interés y el juego de Chile son y tienen que ser claros en el sentido de orientar hacia el Perú la aspiración portuaria boliviana. Satisfacerla a costa nuestra significaría vencer y debilitar nuevamente al Perú, émulo permanente de Chile en el Sur del Pacífico; crear una separación abismal entre el Perú y Bolivia por un tiempo cuya extensión estaría en razón directa de tan monstruosa injusticia; crearle al Perú un nuevo competidor político y económico, en mejores condiciones geográficas y necesariamente subordinado o sometido a Chile, ya que no podría ser amigo del Perú y ya que necesitaría apoyar en una amistad con aquél la garantía de continuidad en una posesión írrita de la que el Perú haría todos los esfuerzos posibles por expulsarla".

¿Alguna vez ostentó Bolivia soberanía marítima por Arica?

Nunca. Los únicos puertos que Bolivia tuvo en el Pacífico fueron, en virtud del Decreto de Bolívar del 28 de diciembre de 1825, Tocopilla, Cobija, Mejillones y Antofagasta.

Conviene recordar que, infructuosamente, Sucre le pidió a Bolívar, por cartas que le envió el 27 de enero y el 28 de febrero de 1826 desde Chuquisaca, que intercediera ante el Congreso del Perú para que le cediera Arica a Bolivia a pesar de que, en muy clara exposición de su política frente a las provincias altoperuanas, Bolívar le había expresado por carta del 2 de febrero del año anterior: "Ni usted, ni yo, ni el Congreso mismo del Perú, ni de Colombia, podemos romper y violar la base del derecho público que tenemos reconocido en América". Por ello -porque, según palabras de Bolívar, "los gobiernos republicanos se fundan entre los límites de los antiguos virreinatos, capitanías generales, o presidencias como las de Chile"- los pactos de Federación y Límites que firmó el plenipotenciario colombiano Ignacio Ortiz de Zevallos en Chuquisaca el 15 de noviembre de 1826 con el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia Facundo Infante y el vocal de la Corte Suprema de Justicia Manuel María Urcullu, cediéndole a Bolivia "el puerto de Arica, y los demás comprendidos desde el grado 18 hasta el 21 y todo el territorio perteneciente a la provincia de Tacna y demás pueblos situados al Sur de esta línea, fueron rechazados por el Consejo de Gobierno y por el Congreso del Perú que, por haberse extralimitado Ortiz de Zevallos en el ejercicio de las atribuciones que se le confirieron, no admitió "la desmembración de una parte preciosa del Perú".

No es posible olvidar ni la nota de 18 de diciembre de 1826 suscrita por José María Pando manifestándole al citado ministro plenipotenciario del Perú en Bolivia "que no puede ocultarse que las estipulaciones del tratado de límites son exclusivamente ventajosas para Bolivia" y que "el gobierno no puede retrogradar en esta materia sin faltar esencialmente a sus deberes y cargarse con una responsabilidad muy grave". En su prólogo a La Misión Ortiz de Zevallos en Bolivia recuerda Carlos Ortiz de Zevallos la carta que Santa Cruz, presidente del Consejo de Gobierno, le escribió al general La Fuente, prefecto de Arequipa, en la que en uno de los párrafos más saltantes le dice: "...los bolivianos quieren Arica, y yo no quiero ratificar los Tratados por no faltar al juramento que he hecho de sostener a todo trance la integridad de la República... Yo no quiero persuadirme que ningún Poder Ejecutivo puede desmembrar el territorio cuya integridad he jurado sostener... Lo que digo a usted sobre los Tratados es reservado; no quiero que el pobre Zevallos, que ha obrado con celo y buena fe, sienta en público las tachas de sus inadvertencias. Los chuquisaqueños le han engañado". En dicho prólogo recuerda asimismo el recopilador que el 11 de agosto el canciller Francisco Javier Mariátegui acusó a Ortiz de Zevallos de no haber recibido autorización de "ceder" Arica a Bolivia y lo conminó a que presentara los documentos que jamás lo autorizaron.

Tampoco es posible olvidar ni que la negativa peruana a cederle Arica a Bolivia no fue vencida ni en los días de la Confederación ni cuando, como anota Mario Barros en su Historia Diplomática de Chile, el general José Ballivián, en 1847, después que el 31 de enero de 1842 Chile declaró de propiedad del Estado todas las covaderas que quedaban al sur del paralelo 23, dijo que "creía que el guano era transitorio y que la verdadera política de su patria era lograr, por medios pacíficos o violentos, la posesión de la provincia peruana de Moquegua cuyo puerto principal -Arica- estimaba como naturalmente boliviano".

Todo lo precedente aparece muy claro no sólo en Guano, Salitre y Sangre de Roberto Querejazu Calvo sino, igualmente, en el Bosquejo de la Historia de Bolivia y Chile y Bolivia definen sus fronteras: 1 842-1904 . En el Bosquejo de la Historia de Bolivia sus autores Manuel Ordóñez López y Luis Crespo, miembros de la Sociedad Geográfica de La Paz, precisan los límites de la República cuando fue inconsultamente segregado el Alto Perú y hacen notar que "las gestiones que hizo el Libertador para obtener del Perú la cesión de los territorios de la costa del Pacífico escollaron ante la oposición del general Andrés Santa Cruz, que entonces desempeñaba la Presidencia del Consejo de Ministros, encargado del Poder Ejecutivo de aquella República".

De Chile y Bolivia definen sus fronteras, publicada en Santiago en 1963 por quien como ministro de Relaciones Exteriores de Chile gestó el Pacto Rada y Gamio-Figueroa Larraín de 1929, cabe recordar que en su introducción, el autor, el siempre honorable y transparente estadista chileno Conrado Ríos Gallardo, advierte que su propósito es probar como Bolivia "habiendo nacido, como tantas otras naciones sin el atributo del mar a sus pies, ambicionó salir al océano desconocido para ella y en esta pugna hubo de chocar con sus limítrofes del Pacífico" y que "una nación separada del mar por más de ciento setenta leguas, recogida desde su origen detrás de las montañas, cuya vida se había desarrollado en la alta meseta, con habitantes que desconocían la existencia del océano, inició una disputa falaz". Esto es evidente lucidez histórica y nada más.

Si el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre el Perú y Chile el 3 de junio de 1929 y su Protocolo Complementario de la misma fecha deben ser mantenidos y vigorizados para la defensa del territorio nacional y la afirmación de la soberanía en todas las fronteras, ¿cómo se explica el que algunos hagan causa común con los bolivianos que, para levantar lo que llaman "el encierro boliviano", desafían la intangibilidad de dicho Tratado y de tal Protocolo?

Tal vez por compartir inmeditadamente la amañada y amarga argumentación de algunos bolivianos que, sobre el falso aserto de que Arica no fue siempre del Perú y perteneció en el pasado a Bolivia, sostienen maliciosamente que el artículo 1° del Protocolo fue un "acuerdo secreto entre ambos países que significó la exclusión expresa de Bolivia y el pacto más sibilino que pudo haberse concertado para poner un fuerte cerrojo al enclaustramiento boliviano".

Sólo repulsa puede merecer el que se diga, como en manifiesta contradicción con los hechos macizos que él mismo reconoce en el capítulo "El Perú y la reintegración marítima de Bolivia" dice Jorge Escobari Cusicanqui en su Historia Diplomática de Bolivia, que la especie de "veto" que al amparo del artículo 1° del Protocolo pudiera surgir de parte del Perú contra las posibilidades que en el futuro pudiesen presentarse para dar salida a Bolivia a través del norte chileno "alivia a los dos Estados del cargo de conciencia de haber convenido entre ellos la asfixia de Bolivia" con el falso justificativo de que "quien se opone es el otro...".

Este absurdo punto de vista, sostenido igualmente por Escobari Cusicanqui en 1979 en El Derecho al Mar, movió al diplomático chileno Osear Pinochet de la Barra a escribir en su libro ¿Puerto para Bolivia: Centenaria negociación? que "el Protocolo Complementario de 1929 significó para Chile una voluntaria limitación de su soberanía territorial en Arica en favor del Perú" y que era un hecho que la proposición del corredor boliviano en las negociaciones Bánzer-Pinochet de 1975-1978 "rompía la continuidad territorial entre Tacna y Arica y podría afectar las servidumbres reconocidas al Perú del ’más absoluto libre tránsito por territorio chileno’, o del ’derecho más amplio de servidumbre’ en relación al ferrocarril Arica-Tacna, o del ’más amplio derecho de servidumbre a perpetuidad’ en lo relativo a los canales que van hacia Tacna, como lo dicen el Tratado y el Protocolo de 1929. Es cierto -agrega el antiguo funcionario del Ministerio de RR.EE. de Chile- que estas servidumbres podían quedar convenientemente aseguradas pero, interponer una cuña boliviana entre Chile y Perú, conservando, al mismo tiempo, la ’continuidad territorial’ entre esos países, era algo así como la cuadratura del círculo...".

Otra explicación del hecho a que se refiere la pregunta tal vez se encuentre en el no percatarse de que, como lo ha demostrado Paulo Schilling en su libro El expansionismo brasileño, que se sustenta en Proyección continental del Brasil del entonces capitán Mario Travassos y en la Geopolítica del Brasil del general Golbery do Couto e Silva, Bolivia constituye la solución más fácil para la marcha al Pacífico asegurando la presencia brasileña en Arica. Esto explica igualmente el que Bolivia no haya logrado la apertura del puerto de Santos a sus importaciones y exportaciones sin ningún costo financiero para el Brasil. La causa de la negativa brasileña en ese caso parece ser eminentemente política. La concesión de una salida boliviana al Atlántico podría disminuir la presión de Bolivia sobre Arica.

Al respecto me viene a la memoria la notable colaboración a la revista Marka en la que en enero de 1978 Pablo Macera planteó algunas hipótesis sobre las relaciones del Perú con Chile, Bolivia y Brasil.

Si de Chile dijo que su ingreso al continente por la vía Altiplano-Amazonía lo aproxima a Bolivia y lo distancia del Perú; de Bolivia sostuvo que no es el "aliado natural del Perú" sino que por el contrario, para llegar al Pacífico y controlar al Titicaca, puede preferir el eje Brasil-Chile; y, en cuanto al gigante de la Hoya Amazónica y de la Cuenca del Plata, se apoyó en las conversaciones Geisel-Morales Bermúdez (precursoras de las conversaciones Sarney-García), para expresar con fundada intencionalidad política que Torre Tagle nos vendió la triste idea que nuestro "aliado natural" es el Brasil.

¿Ha leído el 29 de octubre último en un diario local el editorial "¿La derecha tiene otra salida: un pedazo de mar para Bolivia?"

Sí, desde todo punto de vista, deplorable. Reposa en el sofisma de considerar que, siendo el gran escudo chileno para protegerse de las legítimas aspiraciones bolivianas de una salida al mar sostener la existencia de un "candado peruano", las declaraciones del presidente Alan García, anunciando su disposición de que el Perú deje de ser el escollo para la entrega a Bolivia de una salida al mar por Arica, "estaría por privar a Chile de su recurso retórico". Considero ofensivo y necio el calificar de "descaminados golpes de pecho patrioteros entre la derecha de Lima" las legítimas expresiones de protesta ante el pronunciamiento del presidente García en cuanto al retorno de Bolivia al mar por territorios que son o que fueron peruanos. Las reacciones peruanas adversas a esta infeliz declaración no pueden ser calificadas ni de destempladas ni de sorprendentes.

Ultraja el sentimiento nacional, en efecto, que el palaciego escribidor de la torpe nota editorial impuesta al aludido diario afirme atrevida y provocadoramente que "al pedir una salida al mar por Arica, Bolivia expresa una aspiración y no está negando validez a ningún tratado"; que "a diferencia de Bolivia, Ecuador sí niega la validez de un tratado, está reclamando territorios que nunca ocupó y mantiene una exigencia que no puede ser considerada, como la mediterraneidad, un límite al desarrollo"; que "no se entiende bien, entonces, por dónde la derecha encuentra identidad entre los dos asuntos"; y, finalmente, que disentir con la pretensión boliviana -que acaba de ser replanteada en la OEA- es terminar "haciendo coro con la protesta de un gobierno chileno que se ha quedado sin juego".

¿Qué objeciones le haría usted al editorial "un pedazo de mar para Bolivia"?

Varias. Al propiciar sibilinamente la revisión del Tratado del 3 de junio de 1929 y su Protocolo Complementario entre el Perú y Chile no sólo secunda sin tapujos la ofensiva del Ecuador contra el Protocolo de Paz, Amistad y Límites suscrito en Río de Janeiro el 29 de enero de 1942, ofensiva sustentada al pretendido amparo de la fraguada copia simple y sin firma del llamado "Protocolo Pedemonte-Mosquera" del 11 de agosto de 1830 que, en la vieja y honda disputa con nuestro vecino del norte, ha quedado fehacientemente demostrado que no existió jamás desde que, con argumentación demoledora, hizo pedazos en 1907 el eminente jurista español Vicente Santamaría de Paredes en su obra Estudio de la cuestión de límites entre las Repúblicas del Perú y Ecuador. No existe ninguna diferencia sustancial entre el Ecuador pretendiendo la margen izquierda del Marañón y ser ribereño del Amazonas y Bolivia pretendiendo el norte de Arica.

Un corredor boliviano por Arica modificaría necesariamente las estipulaciones del Tratado entre el Perú y Chile del 3 de junio de 1929 y, sobre esta base, desconocería su carácter definitivo y, al revisarlo, faltaría al respeto de los pactos que, como indica Alberto Wagner de Reyna en su Historia Diplomática del Perú, es uno de los principios básicos del Derecho Internacional y un precepto obligatorio de la legislación internacional recogido en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de los Estados Americanos.

Le hace el juego a Chile, con el pretexto de dejarlo fuera de él, ocultando que son numerosos los precedentes que registran proyectados acuerdos entre Bolivia y Chile en contra del Perú. Si Jorge Basadre, el insigne historiador, señaló que hasta en seis oportunidades Chile le ofreció su apoyo a Bolivia para apoderarse de Tacna y Arica a cambio de determinadas concesiones; si el ministro Santa María le escribió a Sotomayor que "cediendo a Bolivia Moquegua y Tacna... habría un muro que nos defendería del Perú y nos dejaría tranquilos en Tarapacá"; si el presidente Pinto le expresó a Altamirano el 24 de julio de 1880 no solamente que "la posesión de Tarapacá sería más segura para nosotros si ponemos a Bolivia entre el Perú y Chile" sino, anticipatoriamente, que "al hacernos dueños del litoral boliviano será preciso dar a Bolivia una salida al Pacífico"; Aniceto Arce, por su parte, le pidió a Bolivia convertirse en la vanguardia de Chile para garantizarle sus conquistas territoriales. Pasa por alto, olvidadizo, el lacerante reto de El Mercurio de Santiago que el 8 de junio de 1926, con grandes caracteres, acuñó las siguientes frases: "Sólo los hijos de los héroes son dignos de guardar los sepulcros de los mártires. Esta es la voz de los chilenos que con su sangre conquistaron Tacna y Arica".

Con el artificio malicioso de privar a Chile de su recurso retórico no repara el advenedizo editorialista -émulo del ex canciller Allan Wagner que suscribió con el ex ministro de Relaciones Exteriores de Chile Jaime del Valle la vergonzosa Acta del 29 de noviembre de 1985 que en reproducción facsimilar aparece entre los anexos documentales de mi libro Una Difícil Vecindad editado en 1988 por la Universidad de San Marcos- en que permitir la cesión a Bolivia de un corredor por Arica no sólo significa el triunfo de la decisión del gobierno de Chile de no permitir ninguna cesión que pueda quebrar su continuidad territorial y liberar a Chile del quemante problema del enclaustramiento de Bolivia que ni directa ni indirectamente le es imputable al Perú sino frustrar, o cuando menos enervar seriamente, tanto el cumplimiento por Chile de las inejecutadas obligaciones que contrajo a favor del Perú en el Tratado del año 29, como la de construirle un malecón de atraque para naves de alto bordo, cuanto el ejercicio por el Perú, en forma cabal, de sus derechos de servidumbre a perpetuidad establecidos sobre Arica en el mismo Tratado que, en lo fundamental, sucumbiría como consecuencia de tan infamante claudicación.

Si, aparte de las servidumbres establecidas a perpetuidad en el Tratado, la estipulación irrevocable del artículo 1° de su Protocolo Complementario estuvo encaminada a impedir que la aspiración boliviana se dirigiese contra el Perú y a darle a nuestro país un verdadero poder decisorio sobre Arica, ¿habría que revisar el Tratado del año 29 entre el Perú y Chile para que la aspiración portuaria boliviana fuera resuelta por el Perú a pesar de no existir para ello ninguna razón histórica, moral ni jurídica?

Así es. En un enjundioso estudio que en 1976 hizo sobre el proyecto de dividir el territorio de Arica entre el Perú y Bolivia, como forma de terminar con la interdicción marítima de ésta, Manuel García Calderón, vocal jubilado de la Corte Suprema de Justicia y ex catedrático de la Universidad de San Marcos, acertó al señalar, con erudita precisión, que la cesión a Bolivia de un corredor en Arica entrañaría una "novación" sui géneris del Tratado de 1929 y de su Protocolo Complementario por cuanto supondría modificar el régimen especial de Arica establecido en forma definitiva por dicho instrumento internacional. Como es sabido, explicaba el destacado jurista, para que la novación surta sus efectos se requiere el consentimiento de las partes como expresión de su voluntad de modificar la obligación contraída, vale decir, el recíproco animus novandi.

Algo más dijo con razón el doctor García Calderón. La novación produce un cambio en los elementos esenciales de la obligación preexistente, aun cuando ese cambio no suponga la sustitución total de dicha obligación. En el asunto del que se trata existiría novación puesto que el cambio que se operase con la cesión de un corredor a Bolivia no sólo alteraría sustancialmente la relación contractual vigente entre Chile y el Perú sino que crearía un nuevo vínculo generador de obligaciones entre Bolivia y el Perú extinguiendo, en parte, las que ahora corresponden a Chile.

¿Qué otros efectos tendría la cesión?

La ruptura de la continuidad territorial entre Tacna y Arica y, en palabras de Basadre, de la vecindad de las antiguas provincias hermanas e históricamente inseparables en el espíritu. En El corredor boliviano por Arica Basadre vio algo más. Después de denunciar con patriótica valentía la "tendencia hacia las concesiones, que no ha sido aislada en nuestra vida diplomática", hizo ver que con un corredor remacharíamos la mediterraneidad de Tacna; que en "tierra, mar y cielo surgirían frecuentes roces internacionales" y que resultará inexacto que la fórmula colocará una cuña o barrera entre los dos grandes adversarios de 1879, quedará cortado el armamentismo y vendrá la paz.

Son para meditar profundamente las palabras que agrega a continuación Basadre: "Leamos el libro de Pinochet, pesemos bien la tesis de Ritter, que serán mencionados enseguida y llegaremos a la conclusión de que el corredor no es garantía de paz permanente, digan lo que digan tratados cuya celosa observancia en el transcurso de los años futuros nada puede garantizar".

¿Se refirió el maestro Basadre al argumento Pinochet sobre la fácil movilidad de los corredores marítimos estrechos y al argumento Ritter sobre la necesidad de los litorales amplios?

Exactamente. Destaca Basadre lo que, en función del porvenir, significa la tesis sostenida por el general Augusto Pinochet, en su libro Geopolítica, en relación con los países que obtienen una muy angosta faja de litoral entre otros dos Estados e, inevitablemente, tratan de ampliarla. Menciona luego Basadre la invencible tendencia que surgirá entre los bolivianos para ensanchar su salida al mar no hacia el sur, donde tropezarían con el casco de la ciudad de Arica, sino hacia el norte, al citar como prueba de tal tendencia lo expresado en Lima por Federico Nielsen Reyes, autor de Volveremos a la vecindad del mundo que hace algunos años propugnaba la salida al mar de su país por Pisagua.

Articula finalmente Basadre -en su magistral documento sobre "El corredor boliviano por Arica"- la propuesta del general Pinochet a la doctrina del profesor de Geografía de la Universidad de Berlín Karl Ritter (1779-1849) a quien Valerie Fifer, profesora de la misma especialidad en la Universidad de Londres, cita en su libro Bolivia: Lana, Location and Policies since 1825 editado en 1972 por Cambridge University Press. Según Ritter, tan sólo un litoral extenso, es decir proporcionalmente vasto en relación con las áreas del interior, puede tener una efectiva significación en el desarrollo de un Estado víctima del atraso. La accesibilidad marítima, siempre y cuando sea considerable, dará los requisitos necesarios para el verdadero florecimiento del comercio, la inmigración y otros avances. Sin saberlo, prosigue Basadre en advertencia que debe calarse en toda su inmensa gravedad, recogió el pensamiento de Ritter la misión chilena de Emilio Bello Codesido que, en el Acta protocolizada del 10 de enero de 1920, dejó establecido que su país estaba dispuesto a procurar un corredor para Bolivia al norte de Arica y del ferrocarril a La Paz, pero con una amplitud que llegaba hasta el río Sama, al norte de Tacna.

Si cualquiera de estos días se actualizara el corredor Paz Zamora-Pinochet con la aquiescencia de García Pérez como hace muy pocos años estuvo a punto de convertirse en una realidad el angosto corredor Bánzer-Pinochet no obstante que un cable de la agencia Associated Press fechado en La Paz dio cuenta de un documento presentado el 23 de diciembre de 1975 al presidente de Bolivia por una comisión militar que consideró que "el corredor no significa ninguna clase de pulmón para este país mediterráneo" y que de aceptar la propuesta chilena la seguridad nacional se enfrentaría "a su más grave peligro", cabría repetir con Basadre que "el riesgo infinito en la propuesta de la misión Bello Codesido aparecerá inexorablemente en el porvenir como un tentador fantasma".

¿Esta argumentación puede ser calificada de "derechista" habida cuenta de que a la "izquierda" se le acusa de estar incapacitada para diseñar una política exterior nacionalista que incluya la cuestión palpitante de las fronteras?

Constituiría un profundo error. En América Latina el nacionalismo, el antimperialismo y el socialismo no son incompatibles sino convergentes, como lo remarcó José Carlos Mariátegui en su réplica a Luis Alberto Sánchez el 11 de marzo de 1929 en Mundial. El nacionalismo de las naciones europeas -donde nacionalismo y conservatismo se identifican y consustancian- se propone fines imperialistas. Es reaccionario y antisocialista. Pero el nacionalismo de los pueblos coloniales -coloniales económicamente, aunque se vanaglorien de su autonomía política— tiene un origen y un impulso totalmente diversos. En estos pueblos, proclamó el Amauta, el nacionalismo es revolucionario, y por ende, concluye en el socialismo. En estos pueblos la idea de la nación no ha cumplido aún su trayectoria ni ha agotado su misión histórica.

Como lo he señalado en "La cuestión de Tacna y Arica y la ficción que los obreros no tienen patria", en que me ocupé de la forma en que la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana que se realizó en Buenos Aires en junio de 1929 contempló el asunto de las cautivas provincias peruanas al debatir sobre la lucha antiimperialista y los problemas de táctica de los partidos comunistas; la patria no es sólo la finca heredada de nuestros abuelos que debe ser defendida a la hora de la invasión extranjera.

La patria no es el suelo que se pisa sino el suelo que se labra; que se hace constantemente y se conserva tan solo por el trabajo y el amor; que reposa en la convicción que la más alta manifestación de la dignidad de un pueblo está en su espíritu nacionalista, que es la condensación de su amor patrio.

Repetidamente he sostenido que el nacionalismo no es una cuestión vinculada en la práctica con el partidarismo o con los intereses sociales o económicos porque la patria es una unidad total, una síntesis trascendente, un todo indivisible, al servicio de una unidad irrevocable, con fines propios que cumplir por encima de las razas, de las clases y de los partidos; la tumba de los padres de todos; que el pueblo que descuida o abandona a su patria, aunque sepa morir, la pierde; que la patria espera mejoramiento de cualquiera siempre que, en verdad, se abrace a ella como a una cruz de ensueño y de martirio; que el patriotismo es un deber, el deber de hacer humanidad, como enseñó Ramón Pérez de Ayala, a través de la patria.

¿Qué debe ser cada peruano para cumplir el imperativo deber de honrar al Perú y de resguardar y proteger los intereses nacionales?

Un centinela que, infatigable, nunca se releva.

¿Entienden así a la Patria quienes olvidan que, entre los deberes primordiales del Estado, se encuentran por igual los de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y defender la soberanía nacional?

Lamentablemente, no. Este entender así la patria no lo comparten quienes, con su hacer o su decir, dan aliento a las grandes defecciones.

Si elogio merece el hombre que, en el arte de elegir la mejor conducta, ni hace ni dice cualquier cosa sino que hace lo que hay que hacer y dice lo que hay que decir, porque el decir es una especie del hacer; censura sin atenuantes merece quien, no sabiendo actuar con coraje en defensa del derecho nacional y capitulando en la custodia del legado que nos dejaron los muertos por el Perú, parece querer que, a los retrocesos y sinsabores crecientes de los últimos años, se sumara una bancarrota de esperanzas y un abatimiento de los ardorosos focos de peruanidad como si la patria no fuera sino un nombre vacío o debiera quedar convertida en un altar abandonado.

Toda la razón asistió a Cicerón cuando, en el proceso a que lo sometió el Senado, el gran tribuno de Roma no se limitó a negarle derechos para reprocharle nada -porque no hizo más que cumplir con su deber y denunciar la traición y a los traidores al Estado- sino hizo esta histórica advertencia que recoge Taylor Cadwell en su libro La columna de hierro: "Una nación puede sobrevivir a sus locos y hasta a sus ambiciosos; pero no puede sobrevivir a la traición desde dentro".

*Por la patria libre, la justicia social y la paz, Alfonso Benavides Correa, 1993, pp. 159-177.