De izquierda a derecha: René Gómez Manzano, Maria Beatriz Roque, Felix Bonne et Michael Parmly.
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La oposición cubana disfruta de un estatuto particular. Primero, la prensa occidental la aprecia sumamente. En efecto, ningún grupo de opositores en América Latina, salvo tal vez la oposición venezolana, se beneficia se semejante privilegio. Luego, recibe financiaciones colosales de Estados Unidos, de las cuales los medios de información no dicen ni una palabra, y goza de una libertad de acción que escandalizaría a los fiscales del mundo entero.

El 21 de junio de 2007, la Cámara de Representantes estadounidense decidió votar favorablemente el presupuesto de 45,7 millones de dólares para el período 2007-2008 que presentó el presidente Bush con destino a los disidentes cubanos. Así, 254 congresistas, entre ellos 66 demócratas, aprobaron la estrategia de la Casa Blanca destinada a derrocar al gobierno cubano. El legislador de Florida, Lincoln Díaz-Barlart, descendiente directo del antiguo dictador Fulgencio Batista, se alegró de la ayuda. “Esta victoria constituye un apoyo para la oposición política interna” cubana, subrayó. “La ayuda a los opositores no es simbólica sino concreta”, agregó. También publicó una carta de algunos eminentes disidentes cubanos que afirman que la ayuda estadounidense “es un elemento vital para la supervivencia de los militantes” (1).

Para el período 2007-2008, la Cámara también dedicó una suma de 33,5 millones de dólares (6 millones más que en 2006) para Radio y TV Martí. Estos dos medios estadounidenses difunden ilegalmente programas subversivos hacia Cuba con el objetivo de incitar a la población a alterar el orden establecido (2).

Ese mismo día, el 21 de junio de 2007, el jefe de la diplomacia estadounidense en La Habana, Michael Parmly, recibió con gran pompa a los famosísimos disidentes René Gómez Manzano, Félix Bonne, Marta Beatriz Roque y Valdimiro Roca en su suntuosa residencia personal, que fueron a darle las gracias al brillante mecenas por su generosidad (3).
Los medios occidentales, normalmente tan prolijos con respecto a Cuba, han permanecido extrañamente silenciosos sobre esos dos eventos. Las razones son relativamente sencillas.

Los personajes que se esfuerzan por presentar desde años como valerosos militantes de los derechos humanos no son en realidad más que vulgares mercenarios que se venden al mejor postor. La palabra mercenario no es un término fuera de lugar o exagerada. Según el Petit Larousse, se trata de toda persona “que sólo trabaja por un salario, que únicamente le mueve la ganancia” (4). Manzano, Bonne, Roque y Roca se ajustan perfectamente a esta definición.

No obstante, no hay nada nuevo. Desde hace decenios Estados Unidos intenta por todos los medios posibles fabricar y dirigir una oposición interna en Cuba con el fin de poner término al proceso revolucionario cubano. Los archivos estadounidenses son reveladores a este respecto. Por otra parte, numerosos documentos estadounidenses, oficiales y públicos, atestiguan esta realidad que ningún periodista o analista político digno de su nombre puede ignorar.

La ley Torricelli de 1992, y más particularmente la sección 1705, estipula que “Estados Unidos proporcionará una asistencia, a organizaciones no gubernamentales adecuadas, para apoyar a individuos y organizaciones que promueven un cambio democrático no violento en Cuba” (5). La ley Helms-Burton de 1996 prevé, en la sección 109, que “El presidente [de Estados Unidos] está autorizado para proporcionar una asistencia y ofrecer todo tipo de apoyo a individuos y organizaciones no gubernamentales independientes para apoyar esfuerzos con vistas a construir una democracia en Cuba”. Ningún país del mundo acepta este tipo de injerencia (6).

El primer informe de la Comisión de Asistencia para una Cuba libre, adoptado el 6 de mayo de 2004, considera la elaboración de un “sólido programa de apoyo que favorezca la sociedad civil cubana”. Entre las medidas preconizadas, una financiación de 36 millones de dólares se destina al “apoyo de la oposición democrática y al fortalecimiento de la sociedad civil emergente” (7).

El segundo informe de la misma Comisión, publicado el 10 de julio de 2006, prevé también un presupuesto de 31 millones de dólares para financia todavía más a la oposición interna (8).

En 2003, el gobierno de La Habana condenó a 75 personas financiadas por Estados Unidos, suscitando una reprobación mediática internacional. En cualquier otro país del mundo individuos como Manzano, Bonne o Roque se encontrarían actualmente entre rejas y no saboreando golosinas en casa del diplomático estadounidense esperando la llegada de los millones (9).

Si Irán o China financiaran a los opositores en Estados Unidos, Reino Unido o Francia, la prensa los calificaría, inmediatamente y con razón, de traidores a su patria. Si los medios occidentales fueran intelectualmente libres, no usaría sino un único término para referirse a los que se presentan como opositores al gobierno cubano: mercenarios.

Notas

(1) Wilfredo Cancio Isla, “La Cámara da sólido apoyo a la democracia en Cuba”, El Nuevo Herald, 22 de junio de 2007.

(2) Ibid.

(3) Andrea Rodríguez, “Disidentes cubanos usan casa de diplomático de EEUU”, The Associated Press, 21 de junio de 2007.

(4) Le Petit Larousse illustré, 1999.

(5) Cuban Democracy Act, Titre XVII, Section 1705, 1992.

(6) Helms-Burton Act, Titre I, Section 109, 1996.

(7) Colin L. Powell, Commission for Assistance to a Free Cuba, (Washington: United States Department of State, mai 2004). www.state.gov/documents/organization/32334.pdf (sitio consultado el 7 de mayo de 2004), pp. 16, 22.

(8) Condolezza Rice & Carlos Gutierrez, Commission for Assistance to a Free Cuba, (Washington: United States Department of State, juillet 2006). www.cafc.gov/documents/organization/68166.pdf (sitio consultado el 12 julio de 2006), p. 20.

(9) Salim Lamrani, Fidel Castro, Cuba et les Etats-Unis (Pantin: Le Temps des Cerises, 2006).

Texto revisado por Caty R. (Rebelión).