El Concejo de Bogotá será, en las próximas semanas, el escenario en el que tendrá lugar un debate muy importante sobre los derechos y deberes de los menores de edad, pues se definirá si los niños y adolescentes pueden participar en marchas y en protestas públicas en la capital.

La propuesta que busca prohibir que los menores participen en manifestaciones que no son organizadas por ellos es liderada porla bancada Peñalosista “Por la Bogotá que queremos”, de la cual hacen parte los concejales Gilma Jiménez Gómez, Jairo Rodríguez Valderrama y Lariza Pizano Rojas.

Los tres políticos deberán rebatir los argumentos de quienes rechazan radicalmente la propuesta, contenida en el documento llamado “Proyecto de Acuerdo número 304 de 2007”. Entre ellos, el más vehemente opositor es Aurelio Suárez Montoya, candidato al Concejo de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo.

La propuesta

El propósito del Proyecto de Acuerdo que lidera Gilma Jiménez Gómez, vocera y encargada de los temas sociales en la bancada Peñalosista, es prohibir que padres de familia y organizaciones “obliguen, induzcan o permitan que las niñas, niños y adolescentes participen en marchas y en tomas de infraestructuras en la ciudad de Bogotá convocadas por adultos [1]

Las razones principales que aducen los concejales en el documento es que las manifestaciones públicas ponen en riesgo la integridad física de los menores y, además, “irrespetan su integridad intelectual al hacerlos participar en materias que no entienden y que no son propias de su edad”.

Así mismo, argumentan que es “indignante y preocupante” ver cómo los adultos y las organizaciones que convocan a las protestas “utilizan cada día más y de manera irresponsable a niñas, niños y adolescentes para nutrir sus movilizaciones, para cargar sus pancartas, para tomarse la infraestructura educativa e interrumpir la movilidad”.

Así lo ratificó Gilma Jiménez a Actualidad Colombiana, al afirmar que “lo más importante es que están poniendo en riesgo la vida de los niños. Yo, por cuenta de la democracia, de la libre protesta y de la libre movilización no quiero ver el cadáver de un niño [2]

“Yo entiendo la protesta social –continuó Jiménez— y me parece absolutamente legítima, me parece parte de la democracia y de la civilización que la gente salga y proteste. Y los menores pueden protestar, pero en sus temas, con su lógica y con su lenguaje, en lo que les preocupa en el día a día, pero hay asuntos que son responsabilidad del adulto que no tienen por qué ser de los niños”.

La concejal se refiere a que el Proyecto de Acuerdo busca prohibir la participación de los menores en marchas, pero exclusivamente en aquellas que sean lideradas y organizadas por adultos. En el caso de los asuntos que preocupan a los menores (tres ejemplos que entregó Jiménez son la violencia, la infraestructura escolar y la salud sexual y reproductiva), ellos estarán en todo su derecho de protestar pacíficamente y en su lenguaje.

Por lo anterior, también criticó la participación de los menores en las recientes marchas, como las de la despenalización del aborto, la visita del presidente George W. Bush o el debate sobre los derechos de las comunidades LGBT. “No me parece correcto –argumentó- que un niño esté pensando sobre el tema del aborto o que tenga expresiones homofóbicas sin que sepa qué es un homosexual [3]

Eso no es de los niños. Esos son unos adultos que le delegan la responsabilidad de la protesta a los niños”.

"Lo más importante –ratificó la concejal a modo de conclusión- es mandar mensajes de sociedad, entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Esta sociedad debe empezar a entender que los derechos de los niños son sagrados y a respetarlos, y hay que empezar por lo cotidiano”.

Lea el documento completo del Proyecto de Acuerdo 304
Escuche las declaraciones de Gilma Jiménez
Las críticas

Poco después de que se diera a conocer el Proyecto de Acuerdo 304, Aurelio Suárez Montoya, candidato al Concejo de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo (PDA), envió una carta abierta en la que revela una serie de críticas al proyecto en cuestión.

En su documento, Suárez Montoya argumenta que se trata “de un absurdo de esencia autoritaria y evidentemente violatorio del ordenamiento jurídico colombiano y, en particular de los derechos cívicos de quienes ustedes de manera indistinta, como en una especie de "bombardeo" al bulto, llaman niños y niñas, adolescentes, menores de edad y hasta con el código, inexistente en el idioma español, Niñ@s. [4]

En específico, lo que quiere resaltar el Candidato es que la propuesta que busca prohibir que los menores participen en marchas es antidemocrática, porque en lo que se debe hacer énfasis es en educar a los menores de edad para que aprendan a reconocer y a hacer respetar sus derechos, como lo es el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

Así lo reconoció en entrevista con Actualidad Colombiana: “Acá lo importante no es saber cuál es la posición de los niños frente a cada tema. Lo importante es que los jóvenes, entendidos como los entiende el derecho internacional, es decir los menores de edad, aprendan a ejercer sus plenos derechos ciudadanos y civiles. Eso es una garantía para la democracia”.

Suárez Montoya también mostró su inconformismo con la posición de los proponentes, según la cual hay temas específicos para los menores y asuntos de interés exclusivo para los adultos. Argumentó en su crítica que si bien existen distintas etapas de construcción del pensamiento, es una idea primitiva indicar que hay temas para "edades particulares”.

Y recuerda en su carta abierta que, aunque los menores de edad no tengan el suficiente conocimiento sobre algunos temas de los que hoy se encargan principalmente los adultos, son asuntos que de todos modos los afectan.

“Vale notar que a los proponentes les parece de la más estricta especialidad para los adultos el Tratado de Libre Comercio, que regirá de manera indefinida el futuro de los millones de niños de hoy; la reforma constitucional al régimen de transferencias, que afecta en especial a la educación básica y a la salud públicas; y el aborto, que atañe a temas sobre los que deben formarse los menores de edad, como el del derecho de la mujer sobre su cuerpo”.

Por todo lo anterior, el candidato por el PDA insistió en su argumento principal: “El aspecto principal es éste, que quiero resaltar: de lo que se trata es de discutir qué es lo más importante para nuestros niños. Lo importante es educarlos ahora de jóvenes a que se puedan expresar. La discusión es si los jóvenes, cuando quieren expresarse, aprenden a ser ciudadanos. Lo que piensen sobre los distintos temas es un asunto que se da poco a poco”.

Pronunciamiento de la Veeduría Distrital sobre el Proyecto de Acuerdo

La Veeduría Distrital, en un pronunciamiento dirigido al Concejal Bruno Díaz Obregón (quien será ponente en el debate), resaltó que “mediante un Acuerdo Distrital resulta improcedente limitar el ejercicio de un derecho fundamental, toda vez que ello resultaría contrario a la Constitución, los tratados internacionales y haría nugatorio una de las manifestaciones eminentes de la libertad general de actuar, esencial en una democracia participativa”.

Específicamente, la Veeduría se refirió a la Convención Internacional de los Derechos de las Niñas y los Niños para justificar que los menores son “sujetos de derechos”, lo que implica “un salto cualitativo a favor de los infantes y los adolescentes como hacedores de su propia vida”. Lo complementó con otros tratados internacionales y leyes [5], entre los cuales se encuentra la Ley 375 de 1997. Ésta sirvió a la Veeduría para argumentar que “la participación se convierte en una condición esencial para que los jóvenes sean actores de su proceso de desarrollo”.

En el pronunciamiento se concluye que “no cabría dentro de las atribuciones del Concejo de Bogotá, y no podría ser de otra manera, limitar el libre ejercicio que tiene todo ciudadano de participar políticamente, ni mucho menos limitar el ejercicio de otros derechos consagrados por la Constitución como fundamentales”.

Independientemente de la aprobación del Proyecto de Acuerdo, lo cierto es que el debate promete referirse a temas que afectan directamente a los menores y a sus derechos y deberes como ciudadanos, con el único fin de cuidar, como lo señala el artículo 44 de la Constitución Política, que los derechos de los niños prevalezcan sobre los derechos de los demás. No en vano, es la única meta en que coinciden tanto Gilma Jiménez y su bancada, como el candidato Aurelio Suárez.

Otras voces sobre el Proyecto de Acuerdo 304 de 2007

Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de la fundación de padres de familia Red PaPaz:

“Específicamente este tema no se ha debatido en Red PaPaz, pero considero importante que se den estos debates que pretenden proteger a los menores de 18 años. Sin embargo, en términos generales, aplaudimos las acciones de la ciudadanía en que se participa pacífica y organizadamente.”

“Evidentemente hay marchas enriquecedoras de las que ningún ciudadano debería marginarse, incluidos los menores de 18 años, como la marcha condenando el secuestro. No olvidemos que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y uno de ellos es el derecho a la participación.”

Martha Cecilia García, investigadora en temas de movimientos sociales del Centro de Investigación y educación Popular, Cinep .

“Al entender a los niños y adolescentes como incapaces de ser autónomos me surgen unas preguntas: Hay un énfasis en todo el sistema educativo básico en la formación de ciudadanos responsables. ¿Qué más asunto público que el futuro de la educación, la salud y el saneamiento básico con la limitación de las transferencias? ¿Acaso la educación no es asunto que le preocupe a los niños y adolescentes? Entiendo perfectamente que a medida que vayan creciendo su comprensión se irá ampliando, pero yo no le puedo negar a un muchacho que pregunte cuál va a ser su futuro como educando, como universitario y como trabajador”.

“Otro punto que me llama la atención de la exposición de motivos tiene que ver con la afirmación de que la participación de menores en las manifestaciones ‘irrespeta su integridad intelectual’. A mí me parece que el proyecto irrespeta la capacidad intelectual de los muchachos de ponerse a tono con las cuestiones que hacen parte de lo público en un momento en el cual le ponemos mucho énfasis a una educación de ciudadanos”.

[1] [1Tomado del Proyecto de Acuerdo número 304 de 2007 “Por el cual se modifica y adiciona el acuerdo 79 de 2003, Código de Policía de Bogotá”.

[2] [2Sobre este asunto, una de las normas que, en opinión de los concejales, sustenta el proyecto es el artículo 32 del Código de Infancia y Adolescencia, que indica que los niños tienen derecho de reunión y asociación “sin más limitación que la que imponen la ley, las buenas costumbres, la salubridad física o mental y el bienestar del menor”.

[3] [3La concejal se refiere al debate sobre la igualdad de derechos para la comunidad LGBT, en la que ella reconoció que unas “organizaciones de carácter religioso sacaron a otros niños a gritar ‘sí a la familia, homosexuales no”. (Escuchar audio)

[4] [4Carta Abierta de Aurelio Suárez a los concejales de “Por la Bogotá que queremos”. Sobre este asunto, Gilma Jiménez reconoció que en el debate va a tratar de limitar el Proyecto a los menores escolarizados.

[5] [5La Veeduría también citó la Ley 1098 de 2006, la Opinión Consultiva No. Oc-17/2002 del 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Expediente de Tutela Número 1778 de 1992.