Hace ya más de diez años Boaventura de Sousa Santos señalaba las crisis y desafíos que debía enfrentar la universidad pública a finales del siglo XX: primera, la pérdida de hegemonía de la universidad frente a otras agencias de conocimiento científico más “competentes” al servicio de intereses privados, que pretenden llenar el vacío de cobertura tanto en la enseñanza técnica como en la formación de investigadores de punta; segunda, la pérdida de legitimidad frente a la sociedad como portadora de soluciones a los problemas sociales y como lugar de equidad frente a la demanda de educación superior; y, finalmente, la pérdida de institucionalidad al tener que enfrentar la contradicción de luchar por su autonomía como centro de saber frente a las imposiciones internacionales y gubernamentales que pretenden someterla a intereses no académicos.

Según lo anterior, la universidad pública parece no ser necesaria porque no es la única productora de ciencia y tecnología y porque la avalancha de universidades privadas puede suplir la demanda de educación superior que se ajusta mejor a las exigencias del mercado globalizado. Su existencia misma se ve cuestionada también frente a las políticas internacionales que le están presionando cambios estructurales incapaces de cumplir ante la crisis financiera en la que la tienen sumida los gobiernos de turno, que están focalizando sus esfuerzos en el aseguramiento de la educación básica.

Diez años después, según el mismo Boaventura de Sousa, estos retos se agudizaron debido a la descapitalización de la universidad pública, a la transnacionalización del “mercado universitario” y al avance inusitado de otras formas de conocimiento pragmático y técnico aparentemente más útil y eficaz en situaciones de crisis presupuestal. Lo realmente grave es que presenciamos cómo actualmente se empieza a diluir el significado y sentido de lo público, en la medida en que se empieza a desconocer la naturaleza y misión de la universidad pública y se le equipara a la universidad privada, cuya lógica y cuya finalidad están más de acuerdo con los enfoques empresariales contemporáneos.

Con este telón de fondo, y retomando de nuevo a de Sousa Santos, es posible resumir las tareas que la universidad pública tiene que cumplir para enfrentar con inteligencia y dignidad los retos que le plantean el actual contexto enmarcado en el proceso social de la globalización, la sociedad del conocimiento y el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información:

1) A la globalización neoliberal anteponerle una globalización alternativa contra hegemónica. Esto quiere decir que podemos aprovechar la globalización y la sociedad del conocimiento de otra manera, construyendo redes de intercambio de información, proyectos conjuntos y organización, con quienes comparten, en todo el mundo pero en especial en Latinoamérica, una visión crítica y democrática de la universidad pública.

2) Fomentar la participación de las fuerzas sociales progresistas de todos los países y de las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones estudiantiles y profesorales para la construcción de un proyecto no hegemónico, cultural, científico y político alrededor de la universidad como bien social de carácter público, lo cual implica establecer una nueva relación con la sociedad en un doble sentido: la sociedad reconoce y defiende la universidad pública pues sin ella no habrá educación superior para sus hijos y la universidad pone lo mejor de sus conocimientos al servicio de las necesidades sociales. La crisis de legitimidad tiene que ver con estos olvidos mutuos.

3) Recuperar la metodología de la investigación, acción orientada a la transformación de la realidad social estudiada y no solamente a escribir libros e informes que después duermen el sueño de los justos en los anaqueles de las universidades. Se trata de un nuevo gesto en la organización de las políticas de investigación y de la formación de los investigadores, que coloca a los centros de investigación de las universidades públicas al servicio de las necesidades del país, de los departamentos y de los municipios.

4) Recuperar la autonomía y la democracia al interior de la universidad pública, construyendo por consenso y participación de toda la comunidad los planes de desarrollo y las formas de regulación que permitan el ejercicio de una ética civil centrada en el reconocimiento del carácter público de la universidad, en el señalamiento de la responsabilidad del Estado para financiarla y que propicien el debate argumentado, participativo y plural cuando se trata de tomar decisiones que afecten a los estamentos.

5) Fijar una posición crítica frente a las amenazas que se ciernen sobre la universidad pública, reconociendo la crisis, definiendo su naturaleza y enfrentado con imaginación y creatividad los retos que afectan su autonomía. Es un esfuerzo por pensar la universidad desde las disciplinas que en ella circulan y aprovechando el pensamiento de profesores y estudiantes, administrativos y trabajadores para recuperar su hegemonía en el orden del conocimiento y así aportar soluciones inteligentes, interdisciplinarias y rigurosas que consoliden su identidad y generen sentido de pertenencia.

6) Construir una nueva forma de evaluar la universidad, ya no por el cumplimiento de metas y objetivos fijados desde fuera de ella por intereses ajenos a ella, sino por su impacto en la generación de profesionales con una visión clara de su papel en la construcción de calidad de vida a través de la dimensión pragmática del conocimiento, por la formación en valores democráticos y por el ejercicio de su responsabilidad social.

7) Exigirle al Estado el fomento de la universidad pública como bien social y como derecho ciudadano y pedirle también que regule con criterios más estrictos el crecimiento desmesurado de la universidad privada.

8) Articular la universidad pública a un proyecto nacional para la construcción de una sociedad más justa, democrática y equitativa que devuelva a la universidad el papel que le corresponde como epicentro de la ciencia y la cultura al servicio de la sociedad.

9) Superar la visión conservadora y defensora del statu quo que ha mantenido en los últimos años y dotarla de una visión de largo la plazo, renovada y progresista que promueva alternativas de investigación, formación y extensión más allá de la crítica y la denuncia.

10) Recuperar, en suma, la legitimidad, la hegemonía y la institucionalidad de la universidad pública mediante una reforma estructural que no atente contra su naturaleza y misión, sino que la fundamente como centro superior del saber, como el mayor patrimonio cultural de la nación y como parte esencial de un proyecto de país que se construye con la participación de todos.

Si tenemos estos diez aspectos presentes, es posible que la universidad pública vuelva a recuperar su papel fundamental en la construcción de un proyecto de nación y como espacio privilegiado para el ejercicio de una ética civil que recupere lo público como espacio de responsabilidad colectiva, única vía para la resolución de los conflictos que hoy nos afectan como país. Y, como bien público de carácter social, compete a todos los ciudadanos, pero en especial a la comunidad universitaria, velar por su legitimidad y progreso.

Referencias:

– Boaventura de Sousa Santos. DE LA MANO DE ALICIA. Siglo del Hombre Editores. Bogotá. 1998.-pág 225.

– Boaventura de Sousa Santos. A UNIVERSIDADE NO SECULO XXI. Cortes Editora-SP-Brasil- 2005-Pág. 12.