En las últimas semanas los colombianos han podido observar con asombro cómo, durante las recientes versiones libres, además de las víctimas y las asociaciones de víctimas que las representan, se han venido presentando grupos de apoyo a favor de los jefes paramilitares desmovilizados. La presencia de estos grupos de apoyo ha sido criticada por algunos no solamente por constituir una falta de respeto hacia las víctimas –debido, ante todo, a los grupos musicales que los acompañan en un clima carnavalesco indebido-, sino al clima de intimidación que generan.

Concuerdo totalmente con la primera crítica. No es posible aceptar que un hecho tan doloroso como son las revelaciones contenidas en las versiones libres se acompañen de comparsas bailables. En cuanto hace a lo segundo, sin duda, quienes respaldan a los jefes paramilitares desmovilizados tienen derecho, como cualquier colombiano, a manifestarse públicamente. Sin embargo, si estas manifestaciones tienen como objetivo la intimidación y amenaza a las víctimas, debe ser rechazado sin titubeos.

Las diligencias de versiones libres se iniciaron en diciembre de 2006. Desde entonces, los colombianos han podido ver a centenares de personas asistir a las versiones libres que se realizan en las salas alternas de los juzgados de Bogotá, Barranquilla y Medellín, con el objeto de escuchar los testimonios y confesiones de los paramilitares desmovilizados que se han acogido a la Ley de Justicia y Paz. En un clima de persistencia del conflicto armado y con la emergencia de los denominados “grupos criminales emergentes”, se pensaba que la presencia de las víctimas iba a ser muy reducida. Sin embargo y para sorpresa del país, más de 45.000 víctimas se han presentado ante las autoridades para denunciar los atropellos. Por ejemplo, para las versiones libres de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, y de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, se han registrado ante la Fiscalía General de la Nación alrededor de 25 mil víctimas, de las cuales asistieron varios centenares a las salas de justicia y paz.

En desarrollo de las versiones libres, las víctimas tienen la oportunidad de pedir información sobre el paradero de sus familiares desaparecidos, explicaciones sobre los motivos que conllevaron al asesinato de parientes y amigos, y de exigir que les devuelvan las propiedades que les fueron arrebatadas en desarrollo de las operaciones violentas de las autodefensas. Es, en esencia, el inicio del proceso de búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas.

Sin embargo, debido a la gran concurrencia de personas, muchas de las víctimas no han logrado acceder a las salas, a causa de su limitada capacidad espacial y, en otros casos, porque las personas no llevan consigo la documentación que los acredita como víctimas del versionado, requisito establecido por la ley 975 de 2005. Por eso, a las afueras de los despachos judiciales se ha vuelto muy común que un considerable número de víctimas se congregue y exija legítimamente justicia, haciendo uso de pancartas, fotografías y banderas. En algunas ocasiones ha habido agresiones de los desmovilizados y simpatizantes de los versionados contra sectores de víctimas que asisten, perturbando el necesario clima de sosiego, respeto y mesura exigido para la realización de este tipo de actividades.

Durante el proceso, dos situaciones específicas han captado la atención y causado controversia en la opinión pública, e indignación en las víctimas. La primera fue la ocurrida durante las versiones libres de Fredy Rendón, alias “El Alemán”, en Medellín, y la de Hernán Giraldo Serna, alias “El Patrón”, en Barranquilla. En esas versiones, los simpatizantes de los jefes paramilitares llevaron claveles rojos y blancos, grupos vallenatos, megáfonos, pancartas con frases de apoyo y de jolgorio, pues consideran “aceptables” las dinámicas militares que los ex comandantes de las autodefensas promovieron en las regiones donde hicieron presencia. Situación deplorable desde todo punto de vista.

Frente a este hecho, la Sede Regional Antioquia de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR, manifestó que “el procedimiento judicial, al cual están sometidos los presuntos agresores en cualquiera de las circunstancias ordinarias o excepcionales de la ley, debe ser respetado por todas las partes involucradas de tal manera que los operadores judiciales, como la Fiscalía, así como las víctimas, sus apoderados y demás participantes, puedan gozar de un clima de tranquilidad y mesura. Las actividades agitacionales no contribuyen al sosiego que deben tener los jueces y las víctimas para que tengan el acceso debido a las versiones libres. La CNRR considera que los espectáculos y las deliberaciones agresivas externas a los sitios donde se desarrollan los procedimientos judiciales no contribuyen a las expectativas de reparación y reconciliación que la Comisión propugna y la Nación necesita."

De la misma manera, la CNRR y los demás operadores de justicia establecieron que las personas desmovilizadas que asistan a las versiones libres deberán permanecer a una distancia prudente del lugar en el que se encuentren las víctimas, sus apoderados y las organizaciones de derechos humanos. Su permanencia deberá ser respetuosa de las víctimas y su situación, y no se permitirán actos de desorden o apologéticos a los deplorables hechos de violencia cometidos por los bloques y frentes de las AUC. En este contexto, las autoridades de policía tienen autorización expresa para actuar en situaciones de agitación o agresión promovidas por desmovilizados. Las autoridades competentes evitarán la realización de acciones de intimidación por parte de desmovilizados o personas simpatizantes de los versionados, como grabaciones, fotografías y todas aquellas que signifiquen o produzcan inseguridad para las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y los periodistas asistentes.

La segunda situación controvertida fue la ocurrida en el marco de la versión libre de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna” o “Adolfo Paz”, en la que presuntamente desmovilizados o simpatizantes del ex comandante habrían presionado e intimidado a las directivas de dos establecimientos educativos de la ciudad de Medellín para que permitieran que algunos de los estudiantes participaran en actos de apoyo durante el desarrollo de la versión libre.

Es necesario rechazar con vehemencia las manifestaciones promovidas por desmovilizados, incluso por los mismos versionados, haciendo uso de presión o intimidación contra personas y sectores sociales. Ante estos hechos, es urgente que los organismos de seguridad del Estado y los organismos de control adopten medidas concretas de protección de los establecimientos escolares y de las víctimas.

Es comprensible en una situación de persistencia del conflicto, sin querer justificar de ninguna manera estos eventos, la existencia de manifestaciones de apoyo de los desmovilizados u otros sectores a los ex comandantes. Estas manifestaciones, especialmente aquellas que comprometen actos de presión o intimidación contra las víctimas, se enmarcan en un contexto de polarización social y política que no contribuye al proceso de construcción de un clima de reconciliación necesario para interrumpir la violencia. Es necesario superar la polarización y avanzar en la construcción de un ambiente de respeto y garantías para las víctimas, de tal manera que sea viable la realización de sus derechos.

Igualmente, es vital para el proceso de reconciliación erradicar cualquier forma de justificación de la violencia, y en particular, de las acciones de intimidación o agresión contra las víctimas. La verdadera reconciliación se construye sobre las bases de la genuina No repetición de hechos de violencia y del arrepentimiento honesto de los desmovilizados. La Ley de Justicia y Paz requiere de un ambiente de respeto para las víctimas, es un escenario de justicia y no de jolgorio apologético a la violencia.

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