El Congreso de la corrupción y la traición debe ser disuelto

Edgar Isch, candidato de Pichincha a la Asamblea Constituyente por el MPD, listas 15, dirigente revolucionario, docente secundario y universitario, conferencista e investigador ambiental y educativo, ha participado en varios eventos internacionales y ha publicado numerosas obras sobre estos temas. Aborda el tema de los plenos poderes de la Asamblea y la disolución del Congreso.

El primer aspecto es considerar que al ser un poder constituyente está por encima de los poderes constituidos, es decir, que al querer dar origen a algo nuevo y pretender crear una situación distinta en el país, una institucionalidad diferente a la existente hasta ahora, es obvio que no puede regirse a las condiciones actuales sino que tiene que partir de supererarlas para poder crear esa situación nueva y eso implica lógicamente que la Constituyente tenga la capacidad a nuestro juicio, en primer lugar, de ratificar la presidencia de Rafael Correa para tener ahí el órgano ejecutivo en condiciones plenas, pero por otro lado de cerrar el Congreso de la corrupción, de la traición, que ha estado funcionando hasta hoy y que no sería sino una traba para el desarrollo de la Constituyente, puesto que no pueden existir dos órganos legislativos simultáneos en un mismo país.

La Constituyente tendrá por tanto las tareas que le dio la Consulta Popular, esto es, la tarea de hacer una nueva constitución, de renovar el Estado ecuatoriano y su institucionalidad, y a eso cabe agregar que los plenos poderes involucran también la tarea de desmontar la legislación neoliberal y trabajar al máximo posible las leyes orgánicas que deben acompañar a la nueva constitución que se salga.

Lógicamente si los sectores populares, democráticos, patrióticos tenemos la mayoría, si es que dentro de eso tenemos un fuerte bloque de asambleístas del MPD y las listas 15 como la garantía máxima de avance de ese proceso, el resultado será positivo para los pueblos y trabajadores del Ecuador.

Debería suspender inmediatamente una serie de normativas, incluso constitucionales, como aquella que permite la Constitución de la AGD y que obliga al Estado a pagar lo que deben los banqueros corruptos; asimismo eliminar las leyes trole, que son instrumentos que abren la posibilidad de privatización de los recursos naturales de manera particular. Se trata de desmontar aquellos mecanismos legales, dolosos, que comprometen al Ecuador frente a las cortes internacionales, entre éstas el CIADI, esos son solo unos ejemplos de aspectos que son urgentes, precisamente para dar vuelta la hoja de toda esa política neoliberal y empezar una política patriótica, nacionalista y un sistema legal que igualmente responda a razones de justicia y no a razones de apropiación de la riqueza en pocas manos.

Aquellos aspectos pueden ser fácilmente estructurados a través de comisiones, o una sola comisión legislativa de la Asamblea que, respondiendo a la proporcionalidad de la presencia de las distintas listas que lleguen, puedan asumir esa responsabilidad. Igual tratamiento se puede dar a lo que significa hacer la supervisión y fiscalización de las acciones del Gobierno y de los demás organismos del Estado. Hay que tomar en cuenta que la Asamblea y la nueva constitución deben establecer también las nuevas formas de nombrar a los nuevos tribunales Constitucional, Electoral, a los organismos de control como Contraloría y Procuraduría y sobre todo de reorganizar al sistema judicial, empezando con una nominación legitima de los miembros de la Corte Suprema, y eso significa que también hay que preparar las condiciones de cambio de esos organismos.

La propia discusión de una serie de aspectos de la Asamblea, puede ser trabajada mediante comisiones y posteriores sesiones plenarias que aceleren el desarrollo de la discusión, esto dependerá de cómo la Asamblea se organice a si misma, eso es otra de sus capacidades y de los plenos poderes que tiene. Esto demuestra que no es ningún problema el cerrar este Congreso corrupto, lo más democrático es respetar las decisiones de una Asamblea que tiene plenos poderes, por decisión del 80% de los votantes, y lo más democrático es entonces es que esa Asamblea pueda reemplazar a ese Congreso que no tiene ni el 3% de aceptación.

Vale la pena resaltar el hecho de que en el Congreso hay por lo menos tres diputados honestos, que pertenecen a las filas del MPD, que en conjunto han señalado que entregan sus puestos a la Asamblea y que están de acuerdo con que ese centro de mercado ideológico, político y de votos en que se ha convertido el Congreso Nacional sea cerrado hasta que la nueva Constitución establezca condiciones totalmente distintas para tener un Congreso digno que verdaderamente represente al pueblo.