Investigaciones y documentos oficiales acreditan que de 1965 a 1985, militares, jefes policiacos, agentes de diversas corporaciones y autoridades locales y federales violaron los derechos humanos de cientos de personas detenidas ilegalmente.

Pese a las evidencias, el gobierno federal no tiene interés en resolver esta cicatriz social, coinciden Martha y Alicia de los Ríos Merino, del Comité de Madres de desaparecidos políticos de Chihuahua; Blanca Hernández, de la Fundación Diego Lucero; Graciela Mijares, de la Unidad Obrera y Socialista; Antonio Hernández Fernández, exmilitante del Partido de los Pobres, y Julio Mata y Tita Radilla, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Políticos en México (Afadem).

Los familiares de los detenidos-desaparecidos de las décadas de 1970 y 1980 señalan que de los 532 casos turnados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) en enero de 2002, sólo seis han sido consignados.

Se trata de los expedientes que acreditan la desaparición forzada de Jesús Piedra Ibarra, en Nuevo León; Ignacio Arturo Salas Obregón, en Aguascalientes; Jacobo Nájera Hernández, en Guerrero; José Barrón Caldera, en Sinaloa; Bernardo Reyes Félix, en Guerrero, e Ignacio Olivares Torres, en Jalisco.

No obstante, dicen, sólo se aclaró el paradero de tres desaparecidos: del hijo de Lucio Antonio Gallangos Vargas (vivo), de Alejandro Arroyo Cabañas y de Carlos Francisco Castañeda de la Fuente. Mientras que de las 11 órdenes de aprehensión giradas en contra de los implicados, sólo fueron ejecutadas dos. Los exagentes Miguel Nazar Haro, Wilfrido Castro Contreras y Juventino Romero Cisneros fueron detenidos por unos meses.

“A pesar de que ahora contamos con leyes más estrictas, éstas se aplican desigualmente. Los cuerpos represivos y las elites de las décadas de 1970 y 1980 siguen recibiendo un trato diferenciado en los ministerios públicos y juzgados y eso les permite gozar de impunidad. Tal es el caso de Luis Echeverría Álvarez, quien fue eximido del delito de genocidio”, asegura Julio Mata.

Pruebas documentales

Documentos oficiales de la extinta Dirección Federal de Seguridad –archivados en la Procuraduría General de la República, la CNDH y el Archivo General de la Nación (AGN)– comprueban la ilegalidad de los cateos y las detenciones realizadas por las autoridades, durante casi 20 años, en la República mexicana.

Constancias, testimonios y fichas sinalépticas describen que, en innumerables ocasiones, agentes policiacos allanaron y registraron domicilios de particulares. Las autoridades buscaban capturarlos por su actividad política, considerada subversiva.

A raíz del cierre de la Femospp, ocurrido el pasado 15 de abril, queda un registro de 566 expedientes de desapariciones forzosas, 800 casos denunciados y listas donde se consignan los más de 3 mil 200 muertos en diversos casos de genocidio, como la masacre del 2 de octubre de 1968, los hechos del 10 de junio de 1971 y la represión en el estado de Guerrero.

Graciela Mijares –esposa de Ignacio Salas Obregón, líder e ideólogo de la extinta Liga Comunista 23 de Septiembre, desaparecido en abril de 1974– considera que México carece de leyes acordes con las convenciones internacionales. Indica que las autoridades judiciales aún no admiten que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad y que esto impide juzgar a los responsables.

Para Alicia de los Ríos, hija de la guerrillera homónima desaparecida en 1978, la CNDH no ha rendido cuentas sobre el trabajo de las desapariciones forzadas. Acusa que esa institución “es cómplice y forma parte del esquema de impunidad”.

De los Ríos asegura que la Femospp tuvo los elementos suficientes para incriminar a Miguel Nazar Haro en la detención, tortura y desaparición de Jesús Piedra Ibarra, de Arturo Salas Obregón y de su madre.

“Nazar Haro, Javier García Paniagua y Luis de la Barreda Moreno, exdirectores de la Dirección Federal de Seguridad, intervinieron directa o indirectamente en cientos de desapariciones”, insiste la abogada.

Obstáculo institucional

José Luis Moreno Borbolla y Alberto López Limón, exintegrantes de la Comisión Histórica de la Femospp, explican que en la desaparición forzada los autores procuran no dejar evidencia de su actuar, en especial de las privaciones y detenciones ilegales. No obstante, en 275 casos se demostró esta práctica.

“El trabajo del exfiscal Ignacio Carrillo Prieto fue pobre. Él realizó una continua obstrucción a los esfuerzos de familiares y amigos por conocer la verdad de los hechos”, afirman.

Los exfuncionarios reconocen que la fiscalía violó el artículo 5 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual indica que el ocultamiento de los cuerpos, la obstaculización de las diligencias de exhumación y la negativa de proporcionar información constituyen un trato cruel, inhumano y degradante.

Las víctimas tienen el derecho a solicitar a las autoridades gubernamentales que investiguen la violación de derechos fundamentales, para el establecimiento de la verdad histórica y de la verdad jurídica, que permita identificar a los responsables.

Denuncian que, en 2002, la Femospp obtuvo un presupuesto superior a 32 millones de pesos, duplicado en 2003. Para 2004, la Femospp llegó a manejar un presupuesto de 100 millones de pesos, sin considerar los recursos destinados a gastos de investigación en materia de seguridad nacional. No obstante, sus resultados fueron nulos.

La organización internacional Human Rights Watch señaló que el trabajo de la Femospp fue decepcionante: cientos de crímenes de lesa humanidad cometidos durante esa época quedaron impunes.

Gallegos Nájera, exmilitante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, destaca que los 25 miembros de la Asociación Nacional de Luchadores Sociales –que tiene presencia en Guerrero, Michoacán, Jalisco, Morelos, Estado de México y Distrito Federal– están trabajando en la integración de varias demandas penales contra el exfiscal Ignacio Carrillo Prieto, que serán turnadas en septiembre próximo.

Desaparición forzada, política de gobierno

Para las organizaciones de derechos humanos y organismos de familiares de desaparecidos políticos en México, la práctica de la detención y desaparición forzada se inició en 1965. Al igual que en otros países latinoamericanos, se trató de una política de Estado donde el ejército, cuerpos policiacos e instituciones tenían el objetivo de eliminar a la oposición, en especial a las organizaciones político-militares de izquierda.

La Liga Comunista 23 de Septiembre, el Movimiento de Acción Revolucionaria, el Partido de los Pobres, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, el Frente Estudiantil Revolucionario, el Frente Urbano Zapatista, Comandos Armados del Pueblo, Vanguardia Armada del Pueblo, Fuerzas de Liberación Nacional y las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, son algunas de las agrupaciones extintas durante la guerra sucia.

Los trabajos elaborados por la Femospp concluyen que existían elementos para fincar responsabilidad por privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, genocidio, homicidio, ejecuciones extrajudiciales y autoría intelectual de delitos de lesa humanidad a Luis Echeverría Álvarez, Hermenegildo Cuenca Díaz, Pedro Ojeda Paullada, Rubén Figueroa Figueroa, Luis de la Barreda Moreno, Mario Moya Palencia, Fernando Gutiérrez Barrios y Francisco Quirós Hermosillo.

Los familiares de desaparecidos acusan como responsables a Jesús Reyes Heroles –quien fuera secretario de Gobernación de 1976 a 1979–, Enrique Olivares Santana, Javier García Paniagua, Miguel Nazar Haro, el general Miguel Ángel Godínez, Mario Arturo Acosta Chaparro, Esteban Guzmán Salgado, Isidro Galeana, Sergio Bustos, Miguel Galindo Camacho, Filiberto de la Garza, Raúl Mendiolea Cerecero, Wilfredo Castro Contreras y Alejandro Straffon Arteaga.

Diversos informes de derechos humanos señalan que la mayor persecución contra la disidencia política y contra los grupos denominados guerrilleros sucedió durante la administración federal de José López Portillo y Pacheco (1976-1982). El número de desaparecidos políticos en dicha administración ascendió a 277.

Los gobiernos estatales y federales implicados en la guerra sucia han sido denunciados ante PGR, Secretaría de Gobernación, Amnistía Internacional, Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Comisión Nacional de Derechos Humanos y Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias con sede en Ginebra, Suiza.

La lucha por la presentación de los desaparecidos ha sido permanente. Huelgas de hambre, plantones, marchas, entrevistas directas con funcionarios del gobierno federal, han sido algunas de las estrategias empleadas desde la administración de Luis Echeverría Álvarez, dicen Julio Mata y Tita Radilla.

Revista Contralínea Fecha de publicación: Agosto 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 85