Avanza devastador proceso privatizador y social

Ajuste y alistamiento del Estado para multiplicar las ganancias del capital privado. En lo que resta de 2007, el turno de la privatización es para cinco electrificadoras de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Santander; la CHEC (Central Hidroeléctrica de Caldas); Proban (Promotora Bananera). Para 2008, se incluyen otras cinco empresas de energía, el acueducto de Bucaramanga, el 12,4 por ciento que aún se conserva del Banco Popular, las plazas de mercado y los fondos ganaderos.

También se ofertan ISA, transportadora de energía (56%), Isagen, generadora, una parte adicional al 19,2 por ciento, que se privatizó hace poco; Ecogas (Empresa Colombiana de Gas), cuyo valor se estima en $ 3,2 billones. Luego irán 15 licoreras departamentales, dejando de recibir las Gobernaciones unos 200 mil millones de pesos (a precios de 2005), cuyo 80 por ciento va para salud y educación [1]. Isagen, ISA, Corelca, Urrá, se han ratificado para su venta por el Comité del Gasto Público.

Ecopetrol. El gobierno anunció para el próximo 27 de agosto la venta del 20 por ciento de las acciones, adecuándola a la estrategia de internacionalización y asimismo a los nuevos negocios de los biocombustibles [2]. Ecopetrol ha sido por años la empresa más rentable del Estado. Su privatización responde a los compromisos asumidos con Estados Unidos en el TLC (Tratado de Libre Comercio), y también a las exigencias del FMI (Fondo Monetario Internacional), según reza en planes y políticas ya firmados.

Proceso privatizador lesivo y engañoso. El economista Eduardo Sarmiento señala: “Se entregan empresas que están rentando un 30 por ciento, a cambio de divisas que se colocan en reservas internacionales, que rinden 3 por ciento, o para pago de deuda, que cuesta 9 por ciento” [3]. Según proyecciones oficiales, para atender la demanda de energía interna (consumo productivo y residencial) y externa (de otros países) se calcula que el sector debe crecer cada año en un 5 por ciento, lo que demanda construir año tras año, desde 2011, una nueva hidroeléctrica equivalente a medio Guavio. Se requerirán 500 megavatios adicionales anuales, que deberán ser producidos a partir de agua, gas o carbón. Se calculan inversiones de 400 millones de dólares anuales desde 2008. Para garantizar este crecimiento, los dos grupos extranjeros españoles que operan en el país adelantan los estudios pertinentes (ver, Operación y proyectos).

La ejecución de los planes del sector privado están sujetos a la puesta en marcha de un mecanismo de subastas diseñado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, según el cual se asignará una remuneración a la construcción de los proyectos que garanticen energía para el futuro, según señaló Uribe, al igual que someter a reconsideración de la Comisión del Gasto Público la venta de ISA, para dedicar ese dinero a pagar la deuda externa. Pero es una farsa el rol que pueda en realidad jugar la Comisión, pues el desmantelamiento del “Estado empresario” hace parte de los organismos multilaterales. (Ver, «Del Estado empresario al Estado regulador»).

A la par que se implementa este conjunto de medidas, suben las tarifas de los servicios públicos. La razón: ahora las tarifas están amarradas a programas inscritos en el Plan Andino y Centroamericano de Interconexión Eléctrica, en que se prevé la definición de precios con base en las tarifas internacionales, en el marco del PPP (Plan Puebla Panamá) y la Iirsa (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Suramericana). Las bases y la estrategia para la privatización y el aprovechamiento del patrimonio público que ejecuta el gobierno están consignadas en el Documento 3281 del Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) de 2004 [4].

Despojo de los derechos laborales y pensionales. Fin del trabajo estable

El Presidente, al instalar el pasado 11 de julio en Bogotá el Foro de Inversionistas de la Región Andina [5], presentó un amplio balance de su gestión nacional e internacional. Balance para él positivo, pero dudoso para el país, por los inmensos costos que le implican. Es el caso de la Reforma Administrativa, en la cual el Presidente destaca las estrategias laborales inmersas en los procesos de privatización para el ahorro fiscal, reforma de 390 entidades que implicaron, como gran logro, la reducción en el 1 por ciento del PBI.

Entre los ejemplos notorios de la aplicación de esta política, resaltan Telecom, Ecopetrol y Paz de Río. Uribe, como síntesis emblemática de su estrategia, escoge a Paz de Río: “(esta empresa) era otro fiasco. Valor negativo. Se le quería trasladar al Estado colombiano la carga de los pensionados de Paz del Río. ¿Qué hicimos? ¿En qué consistió la reforma? Señores trabajadores, vamos a evolucionar del sindicalismo político, tradicional de reivindicación, a un sindicalismo de participación, de vocación gerencial. Si vamos a devolverle viabilidad a esta empresa, hay que desmontar prestaciones, cargas laborales y cargas pensionales. Y le introducimos toda transparencia al manejo: eliminación de la politiquería, nombramiento de la junta directiva en un proceso de meritocracia, de la gerencia en un proceso de meritocracia. A todo eso nos ayudó el precio internacional del hierro, del acero. Y ustedes conocen el proceso de venta de Paz del Río. Después que los trabajadores en este gobierno pasaron del 9 al 46 por ciento de copropiedad. Vendieron unas acciones, bajaron al 36, y acaban de venderle al inversionista brasileño”.

La esencia de este proceso es el despojo de las prestaciones sociales de los trabajadores, con las reformas laboral y pensional, etapas previas a la privatización que adquieren diversas denominaciones o modalidades, vía venta de acciones a particulares o/a trabajadores, Capitalización y Concesión. El primer paso en este proceso es el cambio de naturaleza jurídica de la entidad (Ecopetrol = Agencia Nacional de Hidrocarburos; Telecom = Colombia Telecomunicaciones). De acuerdo con esto, los trabajadores terminan su día laboral en una empresa (donde llevan muchos años) para encontrarse al día siguiente con otra, donde ya son ex trabajadores. El proceso se hace al amparo de la militarización de las plantas e instalaciones (Ecopetrol, Telecom, Inravisión).

Una vez impuestas estas políticas, los trabajadores pueden ser eventualmente contratistas temporales, sin prestaciones sociales y con reducción de sus remuneraciones. Esta estrategia se lleva hasta lo inconcebible con la toma abrupta de las clínicas del Seguro Social (SS), como muestra de las estrategias de privatización, violando las normas elementales del Derecho internacional humanitario (ver, La fuerza como política laboral). Ya se anunció que en sus viajes a España el Presidente negocia y pone en venta a Empresas Transnacionales (ETN) las clínicas del Seguro Social, arrogándose poderes omnímodos en el proceso privatizador.

Estas son algunas de las estrategias neoliberales asociadas con las privatizaciones conducentes a desempleo, eliminación del trabajo estable, envilecimiento de las condiciones de trabajo, y sustitución por empresas transnacionales y nacionales temporales.

Prioridades de los recursos públicos y presupuestales

En materia de recursos, el gobierno identifica como prioridades la seguridad democrática, asociada a la guerra; la defensa de los intereses estratégicos de Estados Unidos y sus ETN; los compromisos adquiridos para la ejecución de la infraestructura de la Iirsa, encubierta como agenda interna, para la cual involucra gigantescos recursos, programados parcialmente en el Plan Visión 2019. En esta perspectiva, las cifras que maneja la banca multilateral que participa en la formulación y ejecución de la Iirsa son astronómicas. Según esto, para superar el atraso vial “Colombia tendría que invertir en los próximos seis años alrededor de US$ 10 mil millones para ponerse al día en infraestructura” [6]. Esto sin incluir la faraónica obra del canal alterno al de Panamá y sus redes, en el norte del Pacífico, ahora denominado proyecto Arquímedes, cuyo costo para la primera fase se estima en 122.612 millones de dólares.

En tal perspectiva, el gobierno reestructura y reagrupa los proyectos viales. Uno de ellos es el plan decenal Vías para la Competitividad, mediante el que busca conectar las principales troncales con vías alternas secundarias. Son en total 39 proyectos para completar la red de carreteras según los estándares internacionales, pretendiendo al mismo tiempo la transversalidad para llegar a todos los territorios y hacer más viable el comercio local. Se contempla la inversión de cinco billones de pesos en la construcción de 4.500 kilómetros de nuevas vías bajo la coordinación de Invías y el modelo de las licitaciones. Este plan, con su óptica local, apunta en especial a adecuar la infraestructura para que ingresen masivamente los productos involucrados en el TLC. “La meta es alcanzar durante la primera fase, que en promedio dura cuatro años, la construcción de 1.500 kilómetros, listos para enfrentar los retos que traerá la llegada de pactos comerciales con países como Estados Unidos, Chile y Canadá” [7].

En realidad, gran parte de los recursos provenientes de las privatizaciones y del presupuesto, además de los créditos que acrecientan la deuda pública, se orientarán a financiar la política de seguridad democrática, el servicio de la deuda y la Iirsa. Al efecto, de los $ 125,71 billones del presupuesto estimado para 2008, defensa y servicio de la deuda ocupan la primera prioridad, con $ 58,4 billones, equivalentes al 46 por ciento. El servicio de la deuda será de $ 39,29 billones (31,2% del total); defensa y seguridad democrática, $ 19,19 billones (15,26% del total), con un descomunal crecimiento del 27,2 por ciento [8]. El presupuesto no incluye las ventas de Isa e Isagen, que se postergaron, ni los $ 5,8 billones que aportaran las entidades para inversión.

De igual manera, como se aprecia en el presupuesto de inversión aprobado en el Conpes para 2008, del total de 23,3 billones de pesos para inversión, los recursos para la seguridad democrática se incrementan de 1,9 a 5 billones en 2008. Según Carolina Rentería, directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), tales recursos se destinarán a la adquisición y el funcionamiento de equipos. Para infraestructura se incluyeron 3,7 billones, y para programas sociales 11 billones. De la inversión total, 17,5 billones provienen del presupuesto nacional, y el resto de recursos propios de las entidades [9]. Aunque se requiere un estudio más detallado de los recursos financieros y las prioridades, es pertinente hacer algunas reflexiones.

Lo social aparece alto en principio ($ 11 billones), pero es necesario recordar que el gobierno dice que en cuanto avancen las privatizaciones se reducirán los recursos de aportes a pensiones y prestaciones, como sucedió con Telecom. No se puede olvidar –y es un debate pendiente de trabajadores y sindicalistas– que en general aquéllos y las entidades hicieron aportes a pensiones, y sucesivos gobiernos usaron esos recursos para cubrir necesidades del gasto y déficit fiscal, además de otras inversiones o gastos, como ocurrió con la escandalosa dilapidación de recursos del Seguro Social y sus inversiones en el Banco Central Hipotecario. Por tanto, es inaceptable el concepto del gobierno en cuanto a que la carga pensional es muy gravosa, cuando el gobierno utilizó como autopréstamos cientos de millones de pesos de los trabajadores, para ahora quejarse por el supuesto significado de la carga pensional.

Del presupuesto total de inversiones, se estima que $ 5,8 billones provendrán de recursos propios de las entidades. Cuando concluya el proceso de privatizaciones o remate de las entidades y del patrimonio público y estratégico, el gobierno ya no tendrá recursos propios de las entidades para inversión. En ese mismo tiempo se agotará el impuesto al patrimonio para la seguridad democrática.

Proyectos y crisis financiera

Los planes y/o megaproyectos viales de Iirsa-Tlc, encubiertos en la agenda interna como obras de interés nacional, se debaten en crisis financiera, corrupción, politiquería, e incapacidad institucional y técnica. Sus aplazamientos y sobrecostos son el común denominador. Sobre el particular, Humberto Gómez Gallo, ex presidente del Congreso, precisó: “El Plan 2.500 es el mayor error del gobierno y da la sensación de que se robaron la plata de los contratos”. La mayor parte de los retrasos (Tolima, su departamento, está por debajo del 12 por ciento en cumplimiento) es la corrupción. El senador anunció que citará a debate al ministro del Transporte, Andrés Uriel Gallego [10]. En el plan vial de los 11 proyectos de las dobles calzadas consideradas clave para las exportaciones con el TLC, sólo se adjudicaron dos concesiones en el primer gobierno Uribe. Todos los proyectos están atrasados, se aluden problemas técnicos institucionales, no se elaboraron pliegos para las licitaciones en varias obras, y el gobierno incumple en la asignación de aportes, además de que es grande la corrupción, por lo cual el gobierno recortó 210.972 millones de pesos para 2008 [11].

En las obras adjudicadas son lamentables el incumplimiento de los contratistas, la precaria calidad de las obras, la deficiente interventoría, las licitaciones sin diseños y estudios de costos, y la adjudicación de contratos a bajos precios, que luego se incrementan bajo el amparo de variadas excusas.

Todo esto representa una involución histórica de los procesos técnico-legales construidos en el DNP, en conjunto con los entes regionales y territoriales, a través del Banco Nacional de Proyectos, como apoyo a la descentralización, en que el requisito previo para inscribir cualquier obra, incluso de tipo veredal, era tener definidos sus diseños, los respectivos estudios y la factibilidad técnica y socio-económica.

Es insólito que a pocos meses de la adjudicación de una obra monumental como la remodelación y ampliación del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, los contratistas argumenten, luego de aprobado, que es obra nueva y por tanto el contrato vale más. En estas circunstancias se visualiza, desde la perspectiva financiera, el espiral escalonado del endeudamiento externo, usando las vigencias futuras de manera indiscriminada. Se ahonda la dependencia externa, se debilita la política social y, como se ve en las principales avenidas, se incrementan la pobreza, la indigencia y el desempleo.

Resistencia social

Se sabe que en varios países de Suramérica avanzan las movilizaciones de rechazo a las agendas neoliberales en curso desde hace una, dos o tres décadas. Destacan las que han permitido el surgimiento de gobiernos progresistas, y con ellos la recuperación vía nacionalizaciones de algunas empresas. Venezuela, Ecuador, Bolivia y Uruguay descuellan en este particular. En Perú, donde el movimiento social llevaba más de 15 años en silencio, en julio pasado se rompió el temor. El pueblo colombiano padece situaciones sociales de especial gravedad, pero no se superan todavía las estrategias de control y dominación. El desempleo, el subempleo y la pobreza alcanzan niveles escandalosos. Las tarifas de servicios públicos se incrementan en forma desmesurada, al tiempo que se les niega el servicio a miles de familias.

En Bogotá, por ejemplo, según Rafael Colmenares, basado en cifras de la Contraloría, entre 1997 y 2002 las tarifas del agua se incrementaron en porcentajes inaceptables: 232 por ciento en el estrato 1, un 138 en el estrato 2, un 110 en el estrato 3, un 59 en el estrato 4, un 43 en el estrato 5, y 39 en el estrato 6. Además, en promedio anual, entre 1998 y 2005 (septiembre) se les suspendió el servicio a 236.754 personas por falta de pago. Lo que no es distinto en el resto del país: entre 1995 y 2000, hubo aumentos en términos reales entre el 38 y el 226 por ciento en las 18 principales ciudades del país [12]. Para superar esta situación, es evidente la necesidad de entrelazar las agendas sociales. Son de trascendencia los referendos en marcha (agua y transferencias), con las iniciativas indígenas por la libertad de la Madre Tierra, al unísono de la defensa de la educación pública y la exigencia de servicios públicos para todos. A la par, hay que analizar y debatir el tema del Estado; desatanizar el de lo público, al que se le da sin fundamento una inherente ineficiencia, así como poner sobre el tapete los problemas de corrupción y clientelismo. Se trata de construir, con participación de amplios sectores organizados, otro tipo de Estado, en función de los intereses y necesidades del pueblo. ¿Cuáles serían las características de ese tipo de Estado?

Por Martha Alicia Duque. Economista, abogada, Equipo Académico Indepaz.

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Operación y proyectos

Endesa, dueña de los embalses del Guavio y Betania, con una participación actual en generación del 24 por ciento, se propone hacer un incremento de 1.000 megavatios en 2015. Realiza estudios para construir la central hidroeléctrica Quimbo, en el Huila, que aportaría 400 megavatios, además de una central térmica de 400 megavatios y una unidad térmica en Termozipa.

Epsa (Unión Fenosa), en generación de energía se ocupa de pequeñas centrales que no exigen grandes embalses sino el aprovechamiento de los cauces fluviales. Desde noviembre de 2000, la Unión Fenosa es propietaria del 70 por ciento de las acciones de Electrocosta y Electrocaribe, y tiene una participación actual en generación del 8 por ciento. Recientemente se vio involucrada en denuncias sobre persecución sindical y paramilitarismo reportadas por Semana. [13]

Efectuó los estudios para construir las centrales de Amaime (19 MW) y Bugalagrande (44 MW), en el Valle, con un costo de 78 millones de dólares. Las dos empresas prevén inversiones de unos 2.000 millones de dólares. [14]

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Del Estado empresario al Estado regulador

El aspecto crucial que se reitera es el desmonte del “Estado empresario” con su cúmulo de entidades, y la instauración en lo económico-social del Estado regulador. “Como consecuencia del cambio en el modelo de Estado, adoptado a principio de la década pasada, la acción pública se ha orientado hacia la planeación, regulación y control de la provisión de bienes y servicios”.

Este es el contexto que se señala para la privatización y la vinculación privada y extranjera en la prestación de servicios y la provisión de la infraestructura, lo que se ha constituido en la más gigantesca operación de aniquilamiento, privatización y desmantelamiento del Estado de bienestar, lo cual conduce a desempleo masivo y precarización de las condiciones de trabajo.

Con las privatizaciones, se fijó como meta de recursos el 1 por ciento del PIB. En 2004 se estimó que la participación estatal en diferentes empresas superaba los 24 billones de pesos, 15 de los cuales (el 64 por ciento) estaban invertidos en el sector energético. Hoy, cerca de ocho billones de pesos (más de 4.000 millones de dólares) le ingresaron al gobierno por las acciones que tenía en 17 empresas, la mayoría del orden nacional.

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La fuerza como política laboral

“En el caso de Ibagué (Tolima), miembros de la fuerza pública sacaron en la madrugada de este sábado (28) a los trabajadores que en ese momento laboraban en la Clínica Manuel Elkin Patarroyo”. “A las 3:30 de la mañana, un piquete de agentes antimotines de la Policía asaltó la clínica y desplazó al personal a la calle. Rompieron los candados y se metieron encapuchados por urgencias, y eso generó pánico entre los pacientes y trabajadores, a quienes nunca les dijeron lo que sucedía ni dónde seguirán atendiéndolos”, denunció Libardo Andrade, presidente de Sintraiss.” [15]