La campaña electoral va poniendo temas candentes en escena. No decimos que en discusión porque la actitud de los medios, de abierto respaldo a las tesis y candidaturas de la derecha, ha impedido el debate, la contraposición de ideas y propuestas en igualdad de oportunidades a las principales corrientes ideológicas del país.

Desde que el Presidente de la República retomó su postulado inicial de disolver el Congreso en la Constituyente, el discurso político de la derecha ha ido subiendo de tono. Muestra de ello es la reciente declaración de Jaime Nebot acerca de que si la mayoría en la Asamblea es de izquierda él no respetará la Constitución que se expida, y que llamará a los ecuatorianos a oponerse a ella.

La oligarquía ha iniciado un discurso radical en torno a defender conceptos como el Estado de Derecho y su economía social de mercado, la defensa y fortalecimiento de la propiedad privada y la idea de establecer en la nueva Constitución la adopción definitiva del dólar como moneda única y oficial del Estado ecuatoriano. Lo máximo de confrontación a este discurso que se ve, lee y escucha en los medios viene de los candidatos del gobierno, que en todo este período han buscado darle forma al concepto siempre ambiguo del Socialismo del siglo XXI, para lo cual se han realizado encuentros internacionales en los que ha participado el mismo presidente Rafael Correa.

Pero el discurso del cambio profundo, radical, verdadero, el discurso de la Patria Nueva y el Socialismo, aún no está masificado suficientemente, por ello, el contacto directo con la gente y la irrupción en todo tipo de foros y espacios de debate se vuelve una necesidad para las fuerzas revolucionarias, ya que se trata del discurso más avanzado en estos momentos.

En cuanto al tema del Estado, por ejemplo, una posible definición en el articulado de la nueva Constitución sería el siguiente:

“El Ecuador es un Estado unitario, de derecho y justicia social, plurinacional, laico y solidario, soberano, independiente y democrático”.

Establecer esos principios marcaría una diferencia real con lo que dice la actual Constitución, y la consecuente institucionalidad del Estado, porque el tema de lo laico, por ejemplo, no consta en la actual carta política, fue arrancado en la Asamblea de 1998.

El Estado social de derecho -como suele llamarse- debe mantenerse, porque implica un Estado sujeto a las leyes; no hay un rey que sea dueño de las decisiones, sino que hay una legislación que es la que norma. Pero cuando se plantea que además sea de justicia, entonces se está orientando a que las leyes que deben realizarse tengan ese criterio, y eso no lo establece la actual Constitución.

Debe plantearse como un Estado solidario, porque eso marca el contenido económico en el manejo de lo público. Hablamos de una economía solidaria, donde prime el compartir y no el competir. Eso obliga a que el Estado intervenga, que tenga un norte de protección a los más débiles. Un Estado que someta a la economía y al mercado a las necesidades sociales.

Evidentemente en este punto es donde la derecha ha buscado estigmatizar al Estado “intervencionista”, como algo retrógrado y antimoderno, que atenta contra la libertad.

Pero frente a ello hay que decir que la libertad de mercado no es la libertad humana. La libertad de mercado significa que un trabajador tiene que someterse a cualquier clase de condiciones de trabajo, no es que tenga la opción de escoger a qué empleo quiere ir. La gente no va a las tercerizadoras porque quiere que le roben una parte de sus salarios, sino porque no tiene opción, y donde no hay opciones no hay libertad. El libre mercado, hecho para que el pez grande se coma al chico, no produce libertad, simplemente coloca la cancha en la que se va a competir.

La libertad humana es más bien un problema de capacidades desarrolladas de los seres humanos, y eso no surge del mercado, sino de condiciones de vida dignas, de educación, de salud, etc. El individuo es libre solo cuando las condiciones sociales en general son las adecuadas, es decir, cuando la sociedad es libre. En el actual sistema esas no son las condiciones, porque aquí el uno está forzado a ser explotador y el otro a ser explotado. El socialismo cuando se plantea la emancipación de la humanidad plantea incluso que se va a emancipar al explotador de ese papel que actualmente cumple, a través de la emancipación del trabajador, como condición previa indispensable.

Claro que actualmente el burgués no se da cuenta que necesita emanciparse, porque siente que ahora tiene todos los beneficios, pero son beneficios que ocultan una condición psíquica que no le hacen totalmente libre, porque el burgués se siente obligado a vivir bajo ciertos parámetros, bajo ciertas normas que le ponen en desventaja frente al explotado. ¿Puede un burgués sentarse a chupar una naranja con toda tranquilidad en una acera? No, porque tiene que aparentar. El trabajador sí puede hacerlo y sentirse bien haciéndolo. Por otro lado, el mercado efectivamente existe, porque hay intercambio, el problema no es negar esta realidad, sino comprender que ese intercambio tiene que darse en base a valores de uso y valores de cambio. En el Socialismo, como un proceso de transición, todavía se produce el valor de cambio, y por eso es que el principio del Socialismo es que cada quien dé a la sociedad todo lo que puede dar, y reciba según su trabajo, es decir, todavía según el trabajo, y no según la necesidad, que es el paso siguiente en el desarrollo de la sociedad: el comunismo. En el socialismo el mercado todavía opera, pero opera de una manera distinta, porque está controlado por el Estado, está planificado, es decir no está a la libre.

El libre mercado no genera libertad, sino, en los hechos, una producción anárquica. Allí donde los precios y los intereses están altos se mueven los capitales, donde pueden obtener ganancia. Y como se mueven en masa, ello provoca que esos precios caigan y tengan que irse a otro lado, y eso implica crisis.

Además, es necesario sostener aquel aspecto de que el Estado es unitario, porque se contrapone al criterio de las autonomías, que convertirían al Estado ecuatoriano en un intermedio entre el Estado unitario y el federal. El planteamiento de mantener el principio de unitario es coherente desde la perspectiva de que el territorio que hemos compartido los pueblos del Ecuador no ha marcado diferencias fuertes entre nacionalidades mayoritarias. También el Estado por supuesto debe ser plurinacional, asumiendo que eso nos va a obligar a interpretar adecuadamente cómo es que se reconocen derechos, territorialidad de los pueblos indígenas, y en qué condiciones esos pueblos tienen participación directa en los organismos del Estado.

Franjas publicitarias generan desigualdad en la promoción de candidatos

por primera vez el Estado invierte dinero en una campaña electoral a través del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Se destinaron 30 millones de dólares para las denominadas ‘franjas publicitarias’ en televisión, prensa, radio y vallas, con la finalidad de que los más de 3 000 candidatos para la Asamblea Constituyente en todo el país se promocionen en igualdad de condiciones, y no existan ‘desventajas’.

El TSE adjudicó a las empresas Qualitat el rubro de televisión por 12 millones 498.553 dólares; y para prensa escrita y vallas 4 millones 16.716,92 dólares a Publipoint C.A. A estas cantidades se les debe agregar el IVA.

Para distribuir los espacios políticos de los candidatos y la difusión de las propuestas de las listas inscritas y calificadas, el TSE realizó un previo sorteo ante un notario público de los paquetes publicitarios para cada uno de los partidos y movimientos participantes.

La campaña electoral arrancó el 13 de agosto y ya se han dado las primeras reacciones entorno a este tema. El primer gran problema es el desorden y la desigualdad en la ejecución de las franjas publicitarias, Así lo han denunciado el Movimiento Popular Democrático (MPD) y otras organizaciones sociales y movimientos que han acudido al TSE para exponer su inconformidad y pedir respeto al orden en que fueron designados los espacios.

Ciro Guzmán, director nacional del MPD, expresó su molestia en cuanto al tema, y dijo que su partido está siendo objeto de una estafa. “Se está beneficiando a ciertos partidos políticos y al propio TSE, que pauta más que nadie. Se nos adjudicó a nivel nacional el paquete número dos en prensa, el cinco en TV nacional, el siete en TV internacional y el veinte en radio y en vallas, pero no se ha cumplido a cabalidad”. Hay que tomar en cuenta que este partido inscribió listas en las 22 provincias del país y a nivel internacional, pero en un monitoreo realizado en los días 13, 14 y 15 de agosto se pudo evidenciar que se difundieron 8 727 spots en televisión, y el MPD apenas tuvo 267, la mayoría en canales locales, y gran parte de ellos fuera de los programas triple A.

El problema está, según el dirigente, en que no se han respetado los paquetes que se sortearon, generando un caos en el cual el MPD es una de las organizaciones más perjudicadas, sobre todo en prensa y radio. “Si hay una solución será de forma cuantitativa más no cualitativa, porque no es lo mismo salir en los primeros días de campaña que luego de quince días, cuando ya se encuentra saturado el ambiente de campaña”, sostiene Guzmán.

“Exigimos una explicación oficial al TSE e inclusive una copia de los contratos firmados con las empresas a las que de adjudicó las franjas publicitarias, pero no se nos ha proporcionado. En el caso de Qualitat, ni siquiera tiene una página Web. Es inexplicable que una agencia de publicidad de tal magnitud y que maneja millones de dólares no cuente con este tipo de información. Estos hechos ponen en tela de duda muchas cosas, e inclusive da pábulo a pensar sobre la existencia de algún negociado”

Las falencias del proceso electoral

• Las irregularidades se inician en el interior del TSE. Las empresas a las que se les adjudicó los contratos de las franjas publicitarias han demostrado su incapacidad y falta de solvencia para manejar la campaña, perjudicando a determinados partidos y movimientos que a la oligarquía le interesa ocultar y que no den a conocer sus propuestas. • El deslindarse de responsabilidades, como la empresa a quien se le adjudicó el monitoreo en los medios de comunicación, la compañía Data Milenium, quien afirma que no ha firmado aún el contrato con el TSE, mientras el director de la Unidad del Gasto Electoral, Fabricio Falconí, sostiene que el contrato ya le fue adjudicado y que por tanto la mencionada empresa tenía que entregar la información diaria sobre el monitoreo.

Los 45 días de campaña se van agotando y los incumplimientos y el desorden desde el TSE se hacen evidentes. No existe una estricta igualdad y equidad de condiciones en la campaña, en cuanto a espacio, horario y cobertura que se mencionan en el estatuto del reglamento de franjas publicitarias.

El cambio de paquetes solo ha beneficiado a los partidos de derecha, como el Partido Social Cristiano (PSC), Prian, Sociedad Patriótica, Izquierda Democrática, PRE, lo cual deja entrever la ‘manipulación política’ de sectores interesados en no permitir que la voz del pueblo sea representada en la Asamblea Constituyente.