Antes de asumir la presidencia, en enero pasado, Correa distaba de tener una buena relación con los medios de comunicación. Pero desde su llegada al poder lanzó una disputa abierta contra los monopolios de la comunicación, principalmente la TV, a los que acusa de ser estructuras concentradas dependientes de grupos financieros que intentan desestabilizar su gestión.

La oposición política y empresaria rechaza los cargos y contraataca con el argumento de que el presidente es un autoritario antidemocrático, movido por el único interés de suprimir la libre expresión para imponer una dictadura.

En Ecuador sucede como en gran parte de América del Sur, donde en los últimos años surgieron gobiernos desde socialdemócratas hasta revolucionarios que tienen en común la búsqueda de cuotas de autonomía respecto de Washington. Allí, el poder erige a los medios de comunicación como el campo de batalla donde confronta con los regímenes populares, y a los que acusa en diferente grado desde autoritarios o hegemónicos, hasta directamente tiránicos y terroristas.

En Ecuador ese conflicto está lanzado como un tren a gran velocidad y su primer batalla tiene fecha fija, el 31 de octubre, cuando se instale la Asamblea Constituyente con la que Correa y su alianza de gobierno intentan arrasar con los vestigios legales que permitieron el imperio de dos décadas de neoliberalismo.

Los convencionales del oficialismo, por ejemplo, tienen ya mandato para desmontar la arquitectura legal que permite el maridaje entre el sistema financiero y los medios de comunicación.

“Una de la reformas que deberá hacer la Constituyente es prohibir la relación incestuosa entre grupos financieros y medios de comunicación”, reclamó públicamente Correa el 11 de junio pasado.

Su ex ministro de Economía, Ricardo Patiño, advirtió el mismo día que “no será permitido que el dueño de un banco, el dueño de un monopolio económico, sea a la vez propietario de un canal de televisión”.

Ambos lo adelantaron luego de que la cadena Teleamazonas pusiera al aire videos clandestinos con reuniones del ministro Patiño con legisladores opositores y acreedores financieros del Estado, y que los presentaba como actos de corrupción del funcionario. Ello sucedió mientras el Parlamento debatía una nueva Ley de Bancos, impulsada por Patiño y duramente resistida por los banqueros porque les reducía las comisiones, cambiaba los organismos de control y los obligaba a declarar todas sus operaciones.

La oposición política y empresarial presenta en sus medios a Correa como un dictador, al que hermana con los presidentes de Venezuela y Bolivia, Hugo Chávez y Evo Morales, respectivamente.

“El ataque de Correa a los medios de comunicación obedece a su línea autoritaria, que quiere deslegitimar a la prensa como transmisora de la verdad a los ciudadanos”, señaló a Acción el diputado opositor Diego Ordóñez, de la Unión Demócrata Cristiana (UDC). Ordóñez arguye que Correa “busca que el único que concentre credibilidad sea el gobierno, y que la verdad sea solo la del presidente”.

Pocas manos

Ecuador sufre una alta concentración mediática, y los grupos propietarios de la TV son controlados por apenas un puñado de holdings financieros, industriales y agroexportadores. Ese panorama fue divulgado por una investigación del ex decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, Marco Villarruel, quien reveló que 4 de las 6 grandes cadenas nacionales (Gamavisión, Telecentro, Teleamazonas y Telerama) están en manos de grupos financieros.

Esos grupos, además, son socios de empresas periodísticas en las dos operadoras de TV por cable (Univisa y TV Cable, y sus contenidos de información y entretenimiento), mientras que en otro conglomerado financiero es controlante monopólico de la satelital DirecTV.

Eso ocurre mientras el Estado carece de frecuencias para operar radios y TV, las que fueron privatizadas en la década pasada.

El gobierno de Rafael Correa parece decidido a enfrentar a ese poder concentrado porque considera que hace imposible desarrollar una política de cambio bajo las reglas de juego que los mismos medios controlan, y de la que son a la vez los únicos beneficiarios y portavoces.

El fundamento teórico y político de la posición oficial para desmontar la arquitectura que les da sustento, fue explicado a Acción por el politólogo Pabel Muñoz, un intelectual orgánico del oficialismo a quien el presidente encargó formular la propuesta oficial para la Asamblea Constituyente.

“Por las transformaciones culturales en la era de la información, el escenario de lo público, siempre situado en la arena política, en las calles, se trasladó a los medios y los transformó en espacios para ejercer la política, y en canales de representación de una sociedad que en ocasiones se siente más representada por los medios que por sus autoridades elegidas democráticamente”, explicó Muñoz en diálogo telefónico desde Quito.

En ese contexto, dice, “es necesario discutir qué tan democráticos y públicos son los medios, además de la forma en que la concentración de su propiedad en determinados grupos de poder económico afecta a la diversidad de la información”.

Todo indica que la Constituyente será uno de los tantos campos de batalla de esta guerra. Por lo pronto, Correa busca quebrar monopolios pero no solo por el flanco de los medios. Hace ya un mes ordenó la conformación de una “Comisión Investigadora de los Delitos Financieros” cometidos en 1999 durante la crisis económica y posterior dolarización con incautación de los depósitos.

También prometió otra para investigar si hubo actos ilegales en la concesión de frecuencias de radio y TV, que en la mayoría de los casos quedaron en manos de los mismos banqueros investigados en la otra comisión.

“La meta es sencilla, y es que los ciudadanos sepan quiénes están detrás de los llamados dueños de la opinión pública, de los canales de TV. Hay que transparentar las cosas”, reclamó Correa, con lo que le puso precio a su cabeza.

# Nota publicada en la revista Acción número 987