Aunque el triunfo de la tendencia democrática, patriótica y de izquierda fue contundente, las fuerzas del cambio tendrán dos bloques de oposición en la Asamblea Constituyente: el uno es el que logren estructurar los partidos y movimientos políticos de derecha que perdieron las elecciones: Sociedad Patriótica, PRIAN, PSC, UNO, RED e ID, que según parece no llegarán a 40 votos; y el otro es el que actúa desde antes del 30 de septiembre: Teleamazonas, Ecuavisa, TC Televisión, Gamavisión, Canal 1, y Telesistema; periódicos como El Comercio, El Universo, diario Hoy, La Hora, entre otros; así como varias revistas de análisis político y económico de clara tendencia derechista, llámense Vanguardia, Gestión, Ekos, financiadas por poderosos grupos económicos; además de algunas cadenas de radios propiedad de estos mismos conglomerados mediáticos.

Se trata de dos bloques políticos que actuarán concertadamente en una estrategia de deslegitimación y boicot de la Asamblea. Así está planteado el escenario, por ello no cabe creerse el tono conciliador que ahora muestran los derrotados. Ellos siempre serán un peligro latente.

Las primeras declaraciones en torno a los resultados preliminares del proceso electoral nos muestran un discurso trémulo y de repliegue de algunos vectores de opinión de la derecha, como Jorge Ortiz y Carlos Vera, que, con su ego herido, buscan imponer el viejo cuento de los consensos, del diálogo que los ganadores supuestamente deben sostener con quienes ahora son minoría, porque las minorías -ahora sí- deben ser respetadas y tomadas en cuenta en las decisiones que tome la Constituyente, porque “eso es la democracia”. Ortiz ha buscado de los funcionarios gubernamentales y de los futuros asambleístas del gobierno el compromiso de que se baje el tono de la confrontación, que se trate de llegar a acuerdos con sectores como los banqueros y las cámaras de la producción. Para él esa será la demostración de que los resultados no significan la tan temida concentración de poderes por parte del Presidente de la República, ni la instauración de la “dictadura” de la que tanto han advertido a los ecuatorianos.

Lo que estos conductores de la opinión quieren es darle tiempo a la oligarquía para armarse de nuevos argumentos y estrategias para la conspiración. A la hora del balance electoral dirán que el sistema de elección fue muy complicado para la mayoría de la gente, que el gobierno hizo una campaña oficial contra la que no se podía competir, que el problema estuvo en que se promovió el voto en plancha y no el personalizado, etc.

Lo que debe quedar claro es que vivimos en un escenario de confrontación, lo cual es bueno y necesario, porque así se construye el cambio entre lo viejo y lo nuevo.

Enfrentar a la oligarquía tiene que ver no solo con afectar sus intereses en los planos económico y político desde la Asamblea y desde el Gobierno, sino también con mermar su poder de generación simbólica, su poder confusionista y alienador, tiene que ver con crear resistencias en el plano de las significaciones. Y, por supuesto, también con recuperar los espacios públicos que ellos han monopolizado en cuanto a frecuencias de radio y televisión. Como lo ha dicho Alberto Acosta en su primera comparecencia pública, como virtual presidente de la Asamblea: “no es posible que banqueros sigan siendo dueños de medios de comunicación”.

Si la Constituyente está pensada como un instrumento importante en el proceso de construcción de una Patria Nueva, debe enfrentar a la estructura mediática, o superestructura (desde el plano ideológico), que hace parte del pasado, hace parte de la crisis de todo orden en la que ha vivido el país.

Una de las acciones que en comunicación se hace necesaria es precisamente el contacto directo y constante con el pueblo, desde la visión de que los 130 asambleístas no son una pléyade de iluminados que van a empujar los cambios, sino los mandantes de ese cambio en la Constituyente.

El alejarse de la acción de las masas populares, que en estos momentos son la única garantía de que los cambios que se propongan logren concretarse y legitimarse, es altamente peligroso si tomamos en cuenta que la derecha, las fuerzas de la oligarquía que atraviesan un momento de repliegue momentáneo, agotarán toda forma de oposición al cambio, y ello incluye la conspiración.

Se ha comenzado a escuchar la propuesta de utilizar las instalaciones de Montecristi únicamente para las reuniones de carácter especial que tenga que realizar la Asamblea, mientras que las sesiones normales tengan el carácter de itinerantes, con el propósito de que todas las provincias y regiones del país tengan la posibilidad de tener un contacto directo con los asambleístas y su labor.

La movilización popular para respaldar o exigir los cambios debe producirse en todo el país, y a los asambleístas les toca el deber moral de corresponder a ese sentimiento, de apoyarse en él.

Otra tarea que se vuelve necesaria para la Asamblea es la de establecer mecanismos de comunicación propios (uno de ellos es el canal del Estado que se dice sacará su señal al aire en el marco de la Asamblea), que pasen por darle papel protagónico, con respaldo político y material, a los medios alternativos, para que sean los canales directos de la Asamblea con los pueblos.

Y corresponde a los periodistas democráticos y progresistas, a los medios que no hacen parte de la gran estructura monopólica de la comunicación, especialmente los periódicos, radios y canales de televisión locales, construir procesos unitarios en función de plantear y exigir de los constituyentes el tratamiento de una normativa que dé garantías estatales de desarrollo a los medios alternativos, comunitarios y locales, frente a los monopolios de la comunicación, facilitándoles la importación, sin aranceles y de manera directa, de insumos para su producción, como papel, tintas y maquinaria, así como de la tecnología de punta para su mejor desenvolvimiento.

Se trata de acompañar al proceso político de transformaciones, un proceso de democratización de la comunicación, de fortalecimiento de medios que propendan al desarrollo nacional y que dejen en el pasado a las viejas prácticas de dominio ideocultural de los grandes poderes económicos del país.