Con un desprestigiado Congreso Nacional, que a lo largo de los 27 años de supuesta democracia legisló para la oligarquía ecuatoriana, Rafael Correa ganó las elecciones presidenciales. El apoyo fue evidente cuando el entonces candidato por Alianza País arremetió contra el poder legislativo y, como muestra de su antagonismo con esta función del Estado, participó en la contienda electoral sin postular a aspirantes a diputados. Entre sus primeras declaraciones indicó que “el Congreso es un instrumento de la partidocracia, un instrumento de chantaje al servicio de grupos oligárquicos. Por eso es importante la consulta popular, para instalar una Asamblea Nacional Constituyente”.

La oposición oligarca (PSP-PRIAN-PSC-UDC), que había conseguido la mayoría en el Legislativo, se atrincheró desde el inicio en sus curules para complotar contra la Consulta. Con este objetivo, los partidos de derecha pretendieron, inconstitucionalmente, sustituir al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Acosta, por haber dado paso a la consulta popular. El ‘tiro les salió por la culata’ y los 57 legisladores que firmaron esta ilegal resolución fueron destituidos del poder legislativo. La consulta popular para aprobar o no la instalación de una Asamblea que reforme la institucionalidad del Estado ecuatoriano y redacte una nueva Constitución se realizó. El 82% del pueblo ecuatoriano le dijo sí a la Asamblea, mientras que el restante 18% aún creía en la oligarquía representada en el Congreso Nacional, la misma que no se sintió derrotada y utilizó la mayor ‘artillería’ económica y política a su disposición para desprestigiar las propuestas del gobierno de cara a la Asamblea.

En medio de un rechazo general de la población -del orden del 96%- al Congreso Nacional, el presidente Rafael Correa insistía en que esta institución era “un instrumento de abuso de los derechos ciudadanos y de las instituciones democráticas, por eso la única salida es una nueva Constitución y una reforma política que acabe, de una vez por todas, con este problema sistémico”. Ahora, luego de obtener un abultado número de asambleístas (70 hasta el cierre de esta edición) y de hecho la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional Constituyente, el pueblo ecuatoriano le tomará la palabra.

El Congreso: 27 años comiendo pastel

En los 27 años de la supuesta democracia, los partidos tradicionales siempre buscaron, si no obtener la Presidencia de la República, al menos tener la mayor cantidad de diputados en el Congreso Nacional. En los últimos años, el Partido Social Cristiano (PSC), Izquierda Democrática (ID), Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y la Democracia Popular (DP) (hoy Unión Demócrata Cristiana, UDC), fueron las tiendas políticas con mayor respaldo popular. León Febres Cordero (PSC), Rodrigo Borja (ID) Abdalá Bucaram (PRE) y Jamil Mahuad (DP), aunque estos últimos fueron destituidos, consiguieron la Presidencia de la República.

Bajo un discurso demagógico y populista, estos partidos se turnaron no solo en la Presidencia de la República, sino también en las mayorías parlamentarias, con el respectivo reparto del pastel en las instituciones del Estado y los jugosos negocios que desde ellas se hacían. Mientras en el Ejecutivo reinaban las políticas neoliberales y los actos de corrupción, el Legislativo no pasaba desapercibido, se convertía en el festín en el que todos perseguían un pedazo del pastel, lógicamente, unos más que otros. Los medios de comunicación, fieles testigos de los repartos, transmitían las grandes peleas que los supuestos honorables realizaban en las sesiones del Congreso Nacional. ¡Todos contra todos! con tal de ubicarse en puestos claves de la justicia, Tribunal Electoral, Tribunal Constitucional, Procurador, Contralor, Superintendencias, alcaldías, prefecturas, entre otros. En esos momentos el “hombre del maletín”, representante de los grupos económicos y políticos que querían más pastel, rondaba los pasillos del Legislativo para ‘comprar votos’. Cenicerazos, microfonazos, cuadernazos, carpetazos, puntapiés, puñetazos; todo valía con tal de fortalecer más a su grupo de poder y a sus líderes políticos. El PSC, PRE, ID, DP, estaban ahí... comiéndose el pastel.

Actualmente, las prácticas corruptas se mantienen como la única herencia que ha dejado el poder Legislativo. Recordemos la última denuncia que realizó el Gobierno, acerca de que los diputados autodenominados “bloque de la dignidad” habrían pedido de 10 a 50 mil dólares y puestos en distintas instituciones del Estado para consignar su voto a favor de la Ley de Justicia Financiera y para destituir al superintendente de Bancos, Alfredo Vergara, pero el Gobierno no cedió al chantaje. El pueblo está cansado de esta miseria, por eso, la primera resolución será ¡La disolución del Congreso Oligarca!