Con la finalidad de proteger los intereses de los depositantes del sistema financiero ecuatoriano, el Presidente de la Republica en el mes de mayo envía a debate en el Congreso Nacional un proyecto de ley llamado “Ley de Justicia Financiera”, en el cual se plantea establecer un marco jurídico mediante el cual se pueda regular el cobro que realizan los bancos a los usuarios, mensualmente, por concepto de mantenimiento de la cuenta, uso del cajero automático, entrega del estado de cuenta (es decir todo tipo de servicios) y por concepto de tasas máximas efectivas de interés que se cobran por el otorgamiento de un crédito.

Una reforma importante, pues el sistema financiero influye en toda la economía del país, especialmente en lo que respecta al precio del crédito productivo, que se expresa en la tasa de interés. El proyecto buscaba el beneficio de todos, eliminando las distorsiones derivadas del cobro de comisiones, y regulando las remuneraciones de los servicios prestados por las entidades financieras, regulaciones que serían supervisadas por la Junta Bancaria.

Otro punto a tomarse en cuenta fue el anular los Bonos AGD en poder del Banco Central, pues éstos contribuyen a la crisis porque el Estado se hace cargo de las deudas de los bancos quebrados ante los acreedores, lo cual no le permite cumplir con el sector social, que es un sector muy vulnerable en nuestro país.

La propuesta…

Junta Bancaria como reguladora

En el proyecto original se plantea que la Junta Bancaria, como máximo organismo de gobierno, fije las tasas de interés, los valores que cobran las entidades financieras por los servicios prestados, y regule los porcentajes de Reserva de Liquidez para cada clase de obligaciones, con las que operan las Instituciones del Sistema Financiero, expidiendo resoluciones generales para poder controlar la aplicación de estas normas en el todo el sistema.

La Junta Bancaria estaría conformada por el Superintendente de Bancos y Seguros, el Superintendente de Compañías; dos vocales con sus respectivos alternos, designados para un periodo de cuatro años por el Presidente Constitucional de la República; y, un quinto vocal y su alterno, designados para un periodo de cuatro años con el voto mayoritario de los cuatro restantes, en la forma prevista en el reglamento general de esta Ley.

Creación de un Fondo de Liquidez

La Junta Bancaria, al ser el organismo máximo de control en el sector financiero, con resoluciones generales crea normas necesarias para que todas las Instituciones del Sistema Financiero constituyan un Fondo de Liquidez como un mecanismo de reserva que permita enfrentar de manera eficiente las situaciones de iliquidez en el sistema. Cada Institución tendrá que aportar de forma obligatoria a este fondo, de acuerdo a la participación que tenga en el sector financiero. Este fondo será administrado por un operador nacional o internacional de reconocida experiencia y solvencia, propuesto por el sistema financiero, y autorizado por la Junta Bancaria.

Tasas de Interés y Servicios Prestados por los Bancos

En este tema, el Presidente plantea la eliminación de las comisiones que los bancos cobran a los usuarios en las tasas de interés por el otorgamiento de un préstamo, además de los cobros realizados por mantenimiento de cuenta, transacción en el cajero automático, emisión de tarjeta electrónica, entrega del estado de cuenta; servicios que irónicamente son más altos mientras más baja es la cantidad que el usuario disponga en su cuenta.

Lo Aprobado…

Tras días de debates intensos entre los diputados, unos a favor de esta ley y otros en contra, en sesión ordinaria del 14 de junio de este año, que duró hasta las tres de la mañana, se aprobó la ley, pero con varias modificaciones a la propuesta inicial del Presidente. Una de las variaciones es la segmentación de las áreas de crédito de acuerdo al monto del préstamo concedido, con lo cual los intereses varían y no se logra una equidad entre los diversos sectores, y para rematarlo establecen un “techo” en las tasas de interés, a través de una fórmula de cáluclo compleja que en esencia significaba establecer un máximo de cobro de tasa, al cual se le suma dos desviaciones estándar, bajo el criterio de homologar paulatinamente los costos, pero en realidad lo que hacía esta disposición era igualar los montos pero hacia arriba, y no hacia abajo como era la intención inicial del Ejecutivo. También se mantuvo el cobro por servicios prestados por los bancos, aunque se establece un límite de porcentaje, según ellos para que los bancos que sobrepasan este límite bajen sus costos. En la práctica, solo eran dos casos los que sobrepasaban ese porcentaje: el LLoys Bank y el City Bank, que son bancos que se manejan con clientes de altos recursos económicos, mientras que las demás instituciones financieras, que ni siquiera llegan a este límite, tienen la potestad de alzar o no sus costos, siempre y cuando no se sobrepasen del límite establecido, lo cual resulta un engaño para los usuarios. Los banqueros se convirtieron en la principal fuerza opositora al régimen, pues financian publicidad que cuestiona las intenciones del gobierno y buscan infundir temores en la población. Al interior del Congreso Nacional movieron grandes cantidades de dinero para comprar conciencias e impedir que pase el proyecto de ley del Ejecutivo, tal como había sido concebido, con lo cual esta gran injusticia quedó en la impunidad. Ahora, la Asamblea Constituyente será el escenario en el que se retome el tema, pero esta vez con una correlación de fuerzas distinta. A ver si esta vez peden comprar conciencias y seguir en la impunidad...