En abril de este año, en la Consulta Popular, más del 82% de los ecuatorianos se pronunció a favor de la realización de una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes, que transforme la instucionalidad de las instituciones del Estado y redacte una nueva Constitución, en aras de cambiar radicalmente las condiciones de injusticia y explotación en que viven los pueblos del Ecuador.

Son precisamente ellos, los pueblos del Ecuador, representados en sus organizaciones sociales y populares, quienes demandan de los asambleístas que se cumpla con la voluntad de la inmensa mayoría de ecuatorianos: crear los pilares de una sociedad que privilegie al ser humano y la satisfacción de sus inmediatas necesidades (salud, educación, trabajo, vivienda, servicios básicos….) en desmedro de los intereses del capital y sus acérrimos defensores.

A continuación les presentamos las principales propuestas de algunas de las más representativas organizaciones populares del Ecuador:


Contra la tercerización laboral

Para los trabajadores organizados en la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), la Asamblea Nacional Constituyente es el escenario donde se confrontan los intereses de los empresarios y los de la clase obrera; de los explotados y explotadores; de los pueblos del Ecuador y el imperialismo.

Toda conquista lograda hasta ahora, ha sido fruto de la lucha y la unidad de la clase obrera.
Por esta razón, los trabajadores exigimos a la Asamblea Nacional Constituyente que cumpla las siguientes propuestas:


En Derechos laborales:

– Eliminación de la tercerización e intermediación laboral; el trabajo por horas, y toda forma de trabajo precario, garantizando la estabilidad en los puestos de trabajo.
– Derecho a la sindicalización obligatoria para todos los trabajadores, cualquiera sea la modalidad de contratación.
– Garantizar el empleo con estabilidad laboral, libre contratación colectiva, y salarios dignos.
– Que el Código del Trabajo sea elevado a categoría de Ley Orgánica.


En Seguridad Social:

– Seguridad Social para todos los trabajadores con relación de dependencia o por cuenta propia.
– Jubilación a los 30 años de servicio en el caso de los hombres y 25 en el caso de las mujeres, sin límite de edad.
– Integración del Consejo Directivo del IESS, por una mayoría de afiliados y jubilados.
– Creación del Banco del Afiliado.

Por una auténtica Reforma Agraria

En el mes de agosto, el Seguro Social Campesino (SSC) cumplió 39 años al servicio de los pobladores rurales del país; en la actualidad, esta organización da cobertura a más de 120 mil familias.

La Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino (Feunassc), aglutina a la inmensa mayoría de campesinos.

La Federación y sus afiliados exigen a la Asamblea Nacional Constituyente que se consideren las siguientes propuestas:
– Promulgación de una Reforma Agraria que dé paso a la entrega gratuita de la tierra, para fomentar la producción agraria.
– Implementación de cooperativas mixtas de producción entre el Estado y el campesinado para abaratar los costos de insumos, fertilizantes y maquinaria agrícola; para dotar de capacitación y asistencia técnica a todos los campesinos; para acceder a créditos de bajo interés y sin trabas; para comercializar directamente al consumidor y se paguen precios justos al productor.
– Creación del Seguro Agropecuario para proteger y garantizar la agricultura, la ganadería, la artesanía y la pesca.
– Preservación, protección y defensa de los recursos naturales, de aguas de riego, de consumo humano; protección de los recursos hídricos, de las fuentes de agua dulce.
– Defensa, ampliación y fortalecimiento del Seguro Social Campesino.
– Oposición a la privatización de la Seguridad Social.
– Jubilación digna para los campesinos.

La salud: un derecho humano fundamental

Para el Frente Nacional por la Salud de los Pueblos del Ecuador (FNSP), la salud es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el Estado y la sociedad como parte del derecho a la vida. La salud es un proceso que incluye tanto las dimensiones biológicas y psicológicas, como las dimensiones económicas, políticas, culturales y ambientales, las cuales son producidas por los determinantes sociales, que se expresan en la calidad de vida de una colectividad y la de sus miembros y, por tanto, en su estado de salud.

Bajo estas perspectivas, la nueva Constitución debe garantizar la vigencia de los anteriores principios mediante la instauración de un modelo económico, de un modelo de Estado y de democracia, y de un modelo de relación con la naturaleza, que constituyan soportes de una sociedad saludable.


Condiciones de un sistema económico saludable:

– Un modelo económico que priorice la satisfacción de necesidades por sobre el lucro privado; que impida la concentración de la riqueza y los monopolios económicos, la apropiación ilícita del trabajo, la utilización de tecnologías y procesos perjudiciales para la salud y el ambiente; y, que promueva y proteja las pequeñas economías.
– Un sistema que favorezca la propiedad colectiva y las formas de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro, la comercialización y el consumo saludable.


El modelo de Estado y democracia saludables se garantizan con:

– El reconocimiento de la diversidad, la multiculturalidad y plurinacionalidad en la convivencia social y en la gestión pública.
– Un sistema de protección y seguridad social, integral, solidario y universal en todas sus dimensiones; incluyente y no discriminatorio, que garantice la elevación permanente de la calidad en la atención; bajo gestión administrativa y financiera conducida por los derechohabientes.

El modelo sustentable y armónico de relación con la naturaleza se garantiza con:

– La implemetación de un modelo de sociedad que otorgue primacía a la protección de la vida, por sobre el interés económico.
– La protección soberana de la biodiversidad como fuente de salud y de vida.
– El respeto a las concepciones y prácticas en salud que ligan al ser humano con la naturaleza.

Esta es la voz de los estudiantes secundarios

La juventud secundaria del país propone verdaderos cambios para el sector educativo y exige que se dicten políticas incluyentes para opinar, junto a las autoridades, sobre las decisiones del sector.

Junto a estos anhelos de transformación, los secundarios continúan su lucha porque los intereses de privatización (o municipalización) de la educación fiscal se cumplan: educación laica, gratuita y de calidad es objetivo de la juventud ecuatoriana.

En este contexto, la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, FESE, en su Décimo Tercer Congreso Nacional, realizado en junio en la ciudad de Quito, realizó las siguientes propuestas para la Asamblea Nacional Constituyente.


En Educación:

– Es necesaria una Reforma Educativa radical, que cambie los parámetros con los cuales funciona el sistema educativo, en función de mejorar la calidad de la educación.
– Aprobar una nueva Ley de Educación, que contemple la participación activa de estudiantes y padres de familia.
– Atender la educación en todos sus niveles y secciones, sin descuidar la educación nocturna, que actualmente enfrenta graves dificultades; dotarle de presupuesto, adoptar una política de seguridad en beneficio de los estudiantes nocturnos, que incluya un sistema de transportación desde los establecimientos educativos hasta los barrios populares.
– Democratización de la educación: representación de los estudiantes en todos los organismos del sistema educativo; para ello se plantea el cogobierno estudiantil secundario.
– Que el Estado asigne el 6% del PIB para la educación ecuatoriana fiscal.


Participación social:

– La aplicación de la Ley de la Juventud, la cual permitirá que los jóvenes participen ampliamente en la vida política y social de nuestro país.
– Respeto a la libre expresión y movilización.
– Respeto al Código de la Niñez y la Adolescencia (las Oficinas Municipales de la Juventud tiene que hacerse realidad; la Ley establece que los municipios deben destinar un 10% para la creación de los Concejos Municipales de la Juventud).
– Creación de la Casa Nacional del Estudiante.


En salud:

– Que exista y se aplique una verdadera salud preventiva, y se dote de los servicios médicos completos a los colegios (servicios que actualmente son inexistentes o se encuentran en pésimas condiciones).
– Que el Estado garantice la salud de la juventud en general.

Una Escuela para la Emancipación

En abril de este año se realizó el II Congreso Nacional de Educación Pública “Educar para la Libertad, educar para la Patria Nueva”. Este importante evento, al que asistieron más de tres mil delegados de todo el país, fue organizado por la Unión Nacional de Educadores (UNE) y contó con el auspicio del Ministerio de Educación.

En el Congreso se aprobó el “Mandato por la Defensa y la Transformación de la Educación Pública”, que tiene 29 demandas de los actores del proceso educativo; estas demandas deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional Constituyente, pues es decisión popular.

Las demandas se basan en la aplicación de un Proyecto Educativo para la Emancipación, forjado en el debate, en el análisis crítico y autocrítico de la educación actual; en el papel de los maestros(as) y en la recuperación de su espíritu emprendedor e innovador. Se sustenta en nuestra realidad histórica y cultural.

El Proyecto Educativo Emancipador debe educar para el desarrollo pleno del ser humano, en y para el trabajo como obra social humana y de plena satisfacción espiritual; enseñar para el bienestar colectivo; considerar a la ciencia como un bien social; al arte y la cultura física como elementos para fomentar la solidaridad; defender la soberanía, la libertad, la igualdad de oportunidades, de trabajo y salud para todos y todas.
Otras demandas del Mandato por la Defensa y la Transformación de la Educación Pública son las siguientes:

– La educación pública como un derecho de todos los hombres y mujeres de los pueblos del Ecuador.

– El cumplimiento obligatorio del Estado para la organización y el financiamiento de la educación como sistema único.

– La inversión de por lo menos el 6% del PIB por parte del Estado para la Educación, a fin de garantizar la gratuidad de la enseñanza, el ingreso y la permanencia de la niñez y la juventud en la educación.

– El fortalecimiento de los principios de laicismo, gratuidad y calidad en todos los niveles.
– La obligatoriedad de la enseñaza pública desde la educación inicial hasta el bachillerato.