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Durante todos estos largos años los cubanos pueden testificarlo con creces. Se les ha negado por el imperio la compra de alimentos, insumos industriales, medios de transporte, tecnología para la salud, y medicamentos esenciales.

Al mismo tiempo, han enfrentado acciones terroristas, ataques armadas, sabotajes e incluso la introducción deliberada de epidemias con daños a la ganadería y la agricultura y provocado la muerte de numerosos de ciudadanos, esencialmente niños.

Más de tres mil cubanos han perdido la vida en los últimos decenios a cuenta de esta guerra imperial de mil cabezas.

Mientras, según cálculos conservadores, las pérdidas materiales de Cuba a cuenta del bloqueo ascienden ya a 89 mil millones de dólares, y siguen acumulándose.

Las legislaciones internacionales son bien claras con respecto a estos daños. La Convención de Ginebra para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada en ONU en 1948, establece como un crimen de lesa humanidad imponer el hambre y las enfermedades a una población determinada para lograr fines de dominación.

Y vale entonces la pregunta: ¿Qué es lo que ha intentado Washington en todos estos años de agresión, sino precisamente vencer mediante las más duras penurias la resistencia de los cubanos?

Por su parte, la Conferencia Naval de Londres, en 1909, definió como un acto de guerra económica la pretensión de evitar mediante la fuerza y las presiones de todo tipo, que a un país accedan insumos indispensables para sus pobladores.

En consecuencia, la Casa Blanca lleva 47 años haciendo caso omiso de principios legales establecidos, incluso desde inicios de la centuria pasada, lo cual indica que, en busca de materializar sus intereses, no existen límites institucionales, ni mucho menos éticos.

Agencia Cubana de Noticias