Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca. Cayó la tarde y las ondas hertzianas transmitían en XHTFM 107.9 desde una pequeña estación radiofónica en la sierra de Oaxaca. Era un cubículo colmado de ideas y esfuerzo comunitario que se vio truncado cuando los comunicadores indígenas fueron desalojados violentamente de las instalaciones de la emisora por un grupo de priistas armados y con el apoyo de las autoridades estatales.

En 2003, la comunidad mazateca de este municipio decidió solicitar un título de permiso para operar una radio comunitaria cultural e indígena. Después de un infructuoso acercamiento con autoridades locales, representantes de la comunidad acudieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y, con el respaldo de la asociación civil mazateca Mie Nillu y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, lograron cubrir los gastos administrativos y de equipo para que les fuera otorgado el permiso de transmisión el 22 de diciembre de 2004.

En 2006, y un mes después de que comenzó el conflicto magisterial y social en la capital del estado, los esfuerzos de la radiodifusora parecieron concluir con el arrebato de las instalaciones: el 24 de agosto se les impidió el acceso a las instalaciones y Radio Nnandi´a fue cerrada, “secuestrada”, dicen sus directivos, quienes advierten que continuarán impugnando esta acción.

“Un grupo de choque priísta –presuntamente enviado por el gobierno de Ulises Ruiz– buscó silenciarnos. Cortaron la energía eléctrica y expulsaron a operadores y directivos”, denuncia Melquíades Rosas Blanco, representante legal de la asociación civil y colaborador de Radio Nnandi´a.

La causa fue que no se apoyaran ni transmitieran mensajes a favor de dicho grupo y el partido gobernante y, por el contrario, se defendieran los objetivos e intereses educativos y culturales de la estación y al interior de la comunidad. Si no era de otra forma, si se ignoraran dichas “órdenes”, entonces Radio Nandi´a debía acallar la transmisión, agrega.

En una ocasión la directora de la radio comunitaria, María Guadalupe Blanco, fue agredida con disparos de arma de fuego cuando salía de la estación. La tarde del cierre de las instalaciones, un operador y un continuista fueron arremetidos a empellones y a punta de armas de fuego.

La violencia con la que les fue arrebatada la estación no evidenció más que una prueba de cómo la comunidad indígena vio coartada su libre expresión, no obstante que cuenta con el permiso correspondiente.

“Eso fue lo que obtuvimos por apegarnos a la legalidad e intentar fomentar el desarrollo cultural de nuestro pueblo; mostrar nuestra cultura, tradiciones y música; preparar a nuestros jóvenes; capacitarlos y formarlos adecuadamente; inculcarles el aprecio por su lengua materna y, además, formarlos en la práctica del idioma para el mundo de afuera, donde se habla la lengua española”, subraya Rosas Blanco.

Los agraviados interpusieron la denuncia penal ante el ministerio público federal en Tuxtepec, Oaxaca, y se inició la averiguación previa PGR/OAX /TX/93/2006. Posteriormente, el 29 de agosto de 2006, se hizo del conocimiento a la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). A esta última, mes con mes, los trabajadores de Radio Nnandi´a deben acudir únicamente a entregar diversos reportes en las que no pueden más que mantener al tanto del silencio de la estación.

Ambas instancias prácticamente cancelaron el diálogo con los afectados, además de que sigue estancada la averiguación por la irrupción en la radiodifusora comunitaria y la posible destrucción de su equipo. Al cierre de esta edición, la SCT y la Cofetel rechazaron dar explicación alguna.

En junio de este año la directora de la estación radiofónica y su representante acudieron nuevamente al ministerio público en donde interpusieron la demanda. Para Radio Nnandi´a la respuesta fue la misma: no es posible hacer algo al respecto hasta que, al darles previo aviso –relatan–, autoridades policiales sean testigos de las agresiones como las que trabajadores denunciaron anteriormente. A decir de la directora, “parece que esperan ver muertos a balazos para entonces sí poder hacer algo”.

Y es que Oaxaca los procesos de asignación de permisos y de uso del espacio radioeléctrico nunca han sido transparentes.

Los datos muestran una tendencia del gobierno estatal a ocupar tanto frecuencias radioeléctricas permisionadas como concesiones en “Proceso Deliberativo de Refrendo” o en “Proceso de Instalación”, desde 2000.

En la actualidad, en Frecuencia Modulada (FM), de 38 estaciones que registra la entidad, 26 se encuentran “permisionadas” al gobierno del estado de Oaxaca, el 70 por ciento, y de éstas, 18 son “concesiones en proceso de instalación”, y ocho más “permisionadas”; seis son concesiones a particulares y dos más “permisionadas” a asociaciones civiles.

En Amplitud Modulada (AM), de 34 estaciones en la entidad, siete son “permisionadas” al gobierno oaxaqueño; una “permisionada” a la Universidad Autónoma Benito Juárez; cuatro al Sistema de Radios Culturales Indigenistas (SRCI) de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y 22 a “concesionarios” particulares.

“Es evidente la infracción a la legislación y la arbitrariedad cometida por parte de funcionarios del gobierno, que con lujo de violencia desmantelan a las radios indígenas permisionadas como Radio Nandi´a”, se queja Melquiades Rosas.

“El gobierno del estado constantemente está atacando a las comunidades indígenas. De ahí la importancia de establecer una radio comunitaria indígena, para que se unan y tengan una forma de comunicar y organizarse entre sí”.

Revista Contraínea Fecha de publicación: Septiembre 1a quincena de 2007 | Año 5 | No. 86