“El Fideicomiso Aduanas I ya no existe. Ya se liquidó”, sentencia José María Zubiría Maqueo, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Tajante, el funcionario indica que el destino de los miles de millones de pesos resguardados en dicha figura está reportado en la página electrónica de la dependencia.

De acuerdo con información oficial, el proceso de extinción del Aduanas I concluyó en diciembre pasado. De 2005 a 2006, el SAT esfumó cuando menos los 8 mil 691 millones 141 mil pesos que reconoce como depositados en el contrato 954-8. El Balance General del primer trimestre de 2005, del cual se posee copia, revela que su patrimonio ascendía a 19 mil 523 millones 753 mil pesos.

Para la Auditoría Superior de la Federación, el Fideicomiso Aduanas I, la empresa privada Integradora de Servicios Operativos (ISOSA) y el SAT son responsables de quebrantar al patrimonio público 10 mil 183 millones de pesos.

En varias investigaciones, el máximo órgano de fiscalización señala que los daños se cometieron en los cuatro primeros ejercicios de la administración de Vicente Fox: 4 mil 561 millones en 2001, 2 mil 200 millones en 2002, 2 mil 585 millones en 2003 y 836 millones 346 mil pesos en 2004.

La Auditoría acusa que en esos ejercicios fiscales el SAT omitió enterar a la Tesorería de la Federación (Tesofe) los recursos obtenidos por el cobro del Derecho de Trámite Aduanero (DTA), mismos que se depositaron irregularmente en el fideicomiso Aduanas I hasta mediados de 2004, cuando por órdenes del presidente Vicente Fox se creó el Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA).

La ruta del dinero

El Informe Tributario y de Gestión del cuarto trimestre de 2006 revela que en ese año electoral el SAT ejerció los últimos 8 mil millones de pesos resguardados en lo que se consideró “la caja chica de la Secretaría de Hacienda”.

Por órdenes de Zubiría Maqueo, se transfirieron 3 mil 674 millones 412 mil pesos a la empresa ISOSA. De esta cantidad, mil 980 millones 92 mil se erogaron en 2005 y mil 694 millones 320 mil en 2006, descubre el capítulo referente al Aduanas I, que sólo incluye una breve explicación del objetivo del fideicomiso y el cuadro no detallado de su situación financiera.

Sin embargo, el proceso de extinción no fue simple: inició en diciembre de 2003, cuando el entonces presidente Vicente Fox ordenó a su secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, devolver al erario los miles de millones de pesos que manejaba en el Aduanas I, la empresa ISOSA y un tercer fideicomiso conocido como Aduanas II, de nombre Consorcios de Comercio Exterior II.

Para “transparentar” los recursos, en junio de 2004 se creó el fideicomiso público FACLA, encargado de recibir y administrar los recursos de la contraprestación aduanera. En diciembre de 2005, por su complejidad, la discusión sobre el destino del fideicomiso 954-8 pasó a manos del procurador fiscal Luis Felipe Mancera Arrigunaga.

Según fuentes del SAT, el análisis versaba sobre la pertinencia de transformar esta figura jurídica en pública o de proceder a su extinción. En ese entonces, el procurador fiscal buscaba la manera de restituir los recursos que durante 12 años se destinaron al fideicomiso privado, en donde el SAT era fideicomitente y fideicomisaria, y Nacional Financiera, fiduciaria.

Una de las dificultades para extinguir este esquema fue la participación de la Secretaría de Hacienda, que por más de una década se asumió como “gestor de negocios privados” de los importadores y exportadores y no como entidad pública, según descubrió el Instituto Federal de Acceso a la Información durante la revisión de los recursos 906/05 y 685/05 interpuestos por Contralínea en contra del SAT.

Otra, corresponde a la participación directa del exsecretario de Hacienda: los fideicomisos Aduanas I y II, así como ISOSA, fueron creados en 1993 por Gil Díaz, quien en aquella época era subsecretario de Ingresos. Al margen del presupuesto y de la ley, el exfuncionario manejó los miles de millones de pesos del DTA hasta 1994 y, posteriormente, cuando estuvo al frente de Hacienda, de 2001 a 2006.

Desde 2003, Gil Díaz y Zubiría Maqueo asumieron la restructuración del esquema fiduciario y el supuesto proceso de legalización y transparencia. Ambos decidieron, junto con el procurador fiscal, que devolverían sólo el 38.3 por ciento de los recursos reconocidos a las arcas públicas.

En los ejercicios fiscales de 2005 y 2006, el SAT resarció 3 mil 332 millones 962 mil pesos al erario, registrados en los informes de la situación financiera del Fideicomiso Aduanas I como “transferencias a la Tesorería de la Federación”. En 2005, dicho concepto sumó 2 mil 522 millones 573 pesos, mientras que en 2006 ascendió a 810 millones 389 mil pesos.

Fuentes de primer nivel del SAT, consultadas a lo largo del proceso de extinción, indicaban que uno de los obstáculos para transparentar este esquema era la explicación que habría de dar el gobierno mexicano al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional sobre la restitución de miles de millones de pesos. Hasta ahora, no hay información al respecto.

Según el Balance General del Fideicomiso Aduanas I, la tercera erogación corresponde al costo de la liquidación, por mil 684 millones 767 mil pesos. Dicha cantidad, que no se desglosa, se desembolsó entre julio y noviembre del año pasado.

Oracle, gastos no admitidos

Funcionarios del SAT, que solicitan su anonimato por temor a represalias, aseguran que el dinero del Aduanas I, transferido a ISOSA, se utilizó en el Proyecto de Desarrollo Institucional para la Administración Tributaria, también conocido como Plataforma de Solución Integral.

El contrato con Peoplesoft, ahora Oracle, ha tenido retrasos por más de un año y sobrecostos que superan los 450 millones de dólares, según señalan las fuentes. Entrevistado el pasado 16 de agosto, al finalizar su participación en el Foro sobre la Reforma Fiscal convocado por la Universidad Iberoamericana, Zubiría Maqueo niega que los recursos para financiar este proyecto hayan salido del Aduanas I o de ISOSA.

De acuerdo con los informantes, los gastos más onerosos se concentran en la compra de equipo de cómputo, componentes no previstos, asesorías externas, además de los salarios de las 150 personas que el SAT destina a Solución Integral, mientras que los balances generales del Aduanas I revelan que los gastos a favor de ISOSA tuvieron como fin la compra de equipos de cómputo, digitalización e impresión; procesamiento y almacenamiento de datos; adquisición de software, y mantenimiento.

Pese a los retrasos y sobrecostos, Zubiría Maqueo asegura que no se investigará ni a los funcionarios ni a la empresa Oracle, hasta que se compruebe la funcionalidad de la plataforma informática.

“Estamos en las últimas pruebas para poder liberar el 27 de agosto el nuevo portal del SAT, y dentro de éste la funcionalidad que hoy tienen todos nuestros locales asociados a la inscripción, altas, bajas, cambios de los contribuyentes. Con esa liberación vamos a darle vuelta a la hoja en este tipo de situaciones”, indica el titular del SAT.

–¿Se están investigando a los funcionarios que permitieron los retrasos? ¿A la empresa Oracle le fincarán alguna responsabilidad?

–Primero vamos a sacarla y ya después vemos eso.

–¿Es correcta la cifra de los 450 millones de dólares que, según algunos de sus funcionarios, se han empleado en este proyecto?

–Después me dice en dónde.

–Ingeniero, ¿se han utilizado recursos de ISOSA y del fideicomiso Aduanas I para financiar el proyecto Plataforma de Solución Integral?

–Para la Plataforma nos hemos estado apoyando mucho de los recursos del Banco Mundial. Para la transformación del SAT, que es un proyecto mucho más amplio, hemos estado utilizando los recursos que tenemos disponibles. Aduanas I ya no existe, ya se liquidó.

–¿Y qué pasó con el dinero fideicomitido, por alrededor de 10 mil millones de pesos?

–Está reportado en la página del SAT.

Revista Contralínea Fecha de publicación: Septiembre 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 87

El guardadito de Zubiría Maqueo

Considerado durante tres sexenios –salinista, zedillista y foxista– como “la caja chica de la Secretaría de Hacienda”, el Fideicomiso Aduanas I aún resguarda un activo por 654 millones 667 mil 997 pesos, correspondientes al paquete accionario revela su Balance General al 31 de marzo de 2007.

El documento –obtenido a través de la Ley de Transparencia– indica que en años recientes el patrimonio resguardado acumuló, cuando menos, 20 mil 766 millones 176 mil 995 pesos. De dicha cifra se erogaron 20 mil 111 millones 333 mil 723 pesos, sin fiscalización ni vigilancia alguna.

A pesar de que en diciembre pasado el SAT dio por concluido el proceso de extinción, Nacional Financiera –su fiduciaria– mantiene vigente el fideicomiso también identificado con el número 954-8.

Como lo ha informado Contralínea, durante 14 años, más del 90 por ciento de la recaudación del Derecho de Trámite Aduanero, depositada en el Aduanas I, se trianguló a la empresa ISOSA y al fideicomiso Consorcios de Comercio Exterior II o Aduanas II, destinado al segundo reconocimiento aduanal.

Pero ISOSA tuvo más beneficios. De acuerdo con fuentes confiables, en noviembre pasado la Secretaría de Hacienda le entregó mil 200 millones de pesos por concepto de devolución de impuestos.

Sobre esta entrega de recursos, el área de comunicación social de la dependencia se limita a decir que la información de los contribuyentes es confidencial, según lo estipulado en la Ley de Transparencia.

Pablo Trejo, presidente de la comisión especial que investiga esta empresa en la Cámara de Diputados, señala que Francisco Gil Díaz creó el “esquema perfecto” para blindar sus operaciones relacionadas con el manejo de los miles de millones de pesos recaudados.

“Los únicos que podían revisar la situación fiscal y las operaciones de ISOSA son precisamente quienes la manejaron, es decir, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda”.

El legislador agrega que para cerrar el “círculo perfecto”, Gil Díaz creó los fideicomisos, protegidos por el secreto fiduciario. Con ello, acusa, los operadores se aseguraron de no tener vigilancia ni rendir cuentas, pues marginaron la actuación del máximo órgano de fiscalización, dependiente del Congreso. (NF)