La distribución de los réditos de ingresos petroleros no previstos y motivados por incrementos en el precio internacional del petróleo, ha cambiado a favor del Ecuador. Desde el 4 de octubre, nuestro país recibirá el 99% de esos ingresos extras y se entrega el 1% a las empresas transnacionales, muy distinto al 50 – 50% fijado por el gobierno anterior tras protestas colectivas y no se diga al 100% que se llevaban las empresas con base en unos contratos que señalaban la obligación del Estado de compensarles en caso que baje el precio del petróleo, pero que nada decían en caso de que el precio subiere.

Han sido tres manejos distintos que se reflejan en tres porcentajes diferentes. De aquí sale una lección importante: no se trataba de una decisión “técnica” que “había que dejar al margen de la política”, como los de derecha suelen decir. Por el contrario, este como muchos otros era un problema político y, como siempre, la técnica debe ponerse a disposición de las decisiones políticas.

El caso es que se requería de una decisión política como la tomada por el gobierno y de una clara voluntad de llevarla adelante, la que se expresa con claridad en la declaración del presidente Rafael Correa al señalar que si las empresas no aceptan esta decisión, pues el Estado asumirá quedarse con el 100% de esos ingresos extraordinarios.

¿Y la técnica? Pues no era más que un pretexto para impedir la opinión popular, supuestamente ignorante según la opinión oligárquica, y una justificación de un acto que bien puede ser calificado de traición porque prefería los intereses de las empresas extranjeras y no los intereses del país.

La política, entonces, se expresa en decisiones y argumentos que, inevitablemente en una sociedad dividida en clases, benefician a unos y perjudican a otros. La imparcialidad no existe ni es posible y en decisiones de este tipo se visualiza quién toma una medida a favor del país o quién lo hace en contra de la Patria y su gente.

Las implicaciones que tiene la manera como se distribuye la riqueza petrolera, se encuentran en desempleo, falta de recursos para salud y educación, imposibilidad del Estado de realizar importantes obras de desarrollo. Una medida de este tipo -o las contrarias- tiene por lo tanto un peso específico en cuanto a calidad de vida de la población.

Otras lecciones interesantes

La decisión presidencial desenmascara también la hipocresía que esconde el argumento de sostener la ‘seguridad jurídica’. Para los empresaurios y sus aliados, seguridad jurídica significa que las leyes no puedan topar sus intereses. Para ellos, el Estado ecuatoriano no merece la garantía de seguridad jurídica, sólo la merecen las empresas, lo cual deja de lado la existencia supuesta de un “Estado de derecho”. En el Ecuador esa ha sido una ficción porque lo que hemos tenido en realidad es un Estado al servicio de la oligarquía. Sin duda el lector podrá poner muchos más ejemplos como este. La “seguridad jurídica” en la forma que plantean las transnacionales y los traidores al país, no ha sido por lo tanto otra cosa que la impunidad para las empresas y la rendición incondicional del Ecuador ante sus dictados. La dictadura de los ricos, puesta en vitrina adornada por elecciones cada cuatro años para escoger al próximo administrador de los intereses comunes de los oligarcas y las transnacionales.

Además, al igual que cuando impedimos que se firme el TLC y cuando logramos la legítima caducidad del contrato de la OXI, ahora también salieron presentando cucos e infiernos. Pero, una vez más, la defensa de la soberanía no nos ha aislado, no ha disminuido la producción, no dañó al país, sino todo lo contrario. En verdad, para los oligarcas sí debe ser parecido al purgatorio que les quiten un pedacito de sus beneficios, pero ni fueron beneficios para todos ni es un purgatorio que compartamos.

Por último, digamos que ésta es una de las medidas que demuestran que la tendencia fundamental del gobierno es democrática, patriótica y progresista. Es positivo que de esta manera se la ratifique tras los resultados electorales, porque en la política petrolera y minera el gobierno se mantiene en deuda. Ciertamente por allí hay quienes no responden a esa tendencia, que piensan distinto, como el Ing. Carlos Pareja, pero que grafican frenos que deberán ser superados para lograr una política energética soberana.

Para avanzar

La recuperación de las regalías generadas por el incremento del precio del petróleo no puede ser una medida aislada. Se requiere una auditoría de la actividad productiva de las empresas para verificar el cumplimiento o las violaciones de los contratos y, en los casos correspondientes, inclusive dar por terminados esos contratos y demandar para que se paguen los perjuicios económicos que le afectan al Estado.

Habrá que ver qué pasó con las posesiones de quienes firmaron esos contratos a nombre del país y dejaron que las empresas se lleven todo lo que podían llevar. Sin duda allí habrá más de un caso de “premiados” por las empresas. Es sabido que los que han pasado por el Ministerio de Energía y Minas por lo general han tenido y tienen relación directa con las empresas a las cuales beneficiaron.

Se requiere, como parte de ello, presentar los nombres de los responsables para conocimiento general, para que luego no aparezcan como candidatos “con conocimientos y experiencia”, o no pretendan engañarnos como “entrevistados calificados” que “orientan a la opinión pública” desde los canales de los banqueros y oligarcas.

En política petrolera y minera, hay que tomar en cuenta otras medidas, y esto debe ser asumido de urgencia por el gobierno. Se ha dado un paso importante,pero esperamos que ese caminar continúe rápidamente a favor de nuestro Ecuador.