En esta "emulación" de 10 administraciones por derrocar a la Revolución cubana, no resulta fácil definir quién se lleva las palmas, aunque es casi unánime la opinión entre analistas que tal honor pertenece a la actual, encabezada por George Bush y su equipo de halcones.

Tal señalamiento no es gratuito y una apretada síntesis de la conducta de la Casa Blanca en relación con La Habana, demostrará el papel de gendarme de quien sistemáticamente desconoce y viola disposiciones acatadas internacionalmente. Veamos.

Desde 1992 hasta la fecha, la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado en 16 ocasiones consecutivas una resolución demandando el fin del bloqueo económico norteamericano a la Isla. Tal exigencia de la comunidad internacional, que en el 2000 estuvo respaldada por 161 países y en los últimos cuatro años por más de 180, lejos de ser atendida ha tenido como respuesta el recrudecimiento de la ilegal guerra.

El injerencista Plan Bush, programa subversivo elaborado con el propósito declarado de derrocar al gobierno cubano, deviene un documento presentado y aprobado personalmente por el presidente norteamericano, quien se ha encargado de hacer saber al mundo que el documento recoge la posición oficial de su gobierno.

Bush proclama abiertamente su derecho a intervenir en los asuntos internos de Cuba, asigna cifras millonarias a tales propósitos y envía por el orbe a la Secretaria de Estado y su designado Coordinador para la Transición, en su condición de Pro Cónsul moderno, a promover la política anticubana entre gobiernos aliados.

Esa grosera injerencia, desconocedora de elementales principios de la coexistencia entre estados, llega al extremo de anunciar la creación de una oficina especial para llevar a cabo labor de espionaje en la Antilla Mayor y en Venezuela.

Para nadie constituye un secreto que Washington ha convertido, sin recato alguno, su Oficina de Intereses en La Habana en fuente de la subversión interna, desde donde salen a manos llenas dinero, propaganda y orientaciones para los grupúsculos organizados desde ese centro, en estrecha coordinación con los homólogos radicados en Miami.

El más reciente desacato de la Casa Blanca a un organismo internacional se produjo hace apenas unas horas en Ginebra. Se trata de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, que reconoció la ilegalidad de las trasmisiones que se realizan contra la Isla desde EE.UU.

Resulta oportuno recordar que en el territorio de la Unión hay 22 trasmisores de radiodifusión y una televisora con más de dos mil horas semanales de programación hacia Cuba, con informaciones falsas y manipuladas, y hasta llamados a la ejecución de actividades terroristas.

La Conferencia concluyó que " una estación de radiodifusión que funcione a bordo de una aeronave y trasmita únicamente hacia el territorio de otra administración sin su acuerdo, no está en conformidad con el Reglamento Internacional de Radiocomunicaciones."

La prepotente e ilegal reacción de los irritados representantes estadounidenses no se hizo esperar, y con toda la arrogancia y el irrespeto a las leyes, consustancial a la conducta de su gobierno, declararon que " seguiremos con la política de trasmisiones hacia Cuba."

Se pone de manifiesto una vez más cual es la intención de la Casa Blanca, pues tal conducta tiene lugar solo 15 días después que 184 países decidieron que Estados Unidos debía poner fin al bloqueo a Cuba, y apenas transcurridas tres semanas de que Bush llamara a otros países a sumarse a su política anticubana.

Agencia Cubana de Noticias