En 1993, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, se suscribió el contrato entre el Estado ecuatoriano y CONECEL – PORTA, para la concesión de la frecuencia para telefonía móvil durante 15 años, esto es hasta agosto del 2008. En dicho contrato se compromete la operadora “a prestar servicios eficientes, de calidad, respetando las leyes ecuatorianas y las cláusulas establecidas en el contrato”.

En el contrato de la operadora PORTA, según Darwin Muñoz, Procurador General de la Superintendencia de Telecomunicaciones, se puede percibir que son muchas prebendas, ganancias y favoristismos los que recibe esta compañía, además de incumplir varias cláusulas, como servir eficientemente a los 6,5 millones de usuarios que actualmente posee; aplicar el redondeo en sus tarifas en el año 1999 y 2000; en este año por cuatro ocasiones ha dejado sin servicio a la ciudadanía, además de tratar de cobrar tarifas por encima del techo impuesto por la SUPTEL, acción que fue impedida a tiempo gracias a la intervención legal de la superintendencia de Telecomunicaciones.

Esta administración, dice el Procurador, encabezada por el Ing. Paúl Rojas, ha decidido por primera vez en 15 años, detener y sancionar todas las arbitrariedades que cometen las operadoras de telefonía móvil: Alegro, Movistar y Porta, esta última, que es la que más faltas ha cometido, se encuentra sancionada; a través de la SENATEL se le ha notificado que tiene 30 días de plazo para remediar las faltas cometidas, presentar la forma de pago de los 30 millones que adeuda a los consumidores y presentar el plan para mejorar la calidad del servicio, además de exigir la declaración correcta de los impuestos al SRI. Caso contrario, el 5 de diciembre, se cumplirá lo que dijo el Presidente Correa: “PORTA, si no cambia, mejora y paga lo que adeuda, deberá coger sus fierros y marcharse”, sin opción a perdón o renegociación alguna.

Con esta decisión firme y patriótica de defender los intereses de los usuarios de las acciones inescrupulosas de las empresas transnacionales, se ha logrado arrinconar a la compañía más grande, que pagaba en ocasiones 200 dólares de multa por dejar sin servicio al país, que ha evidenciado también (a través de artimañas) que evade la justicia, viola no solo el contrato sino la Constitución del Estado, y pretende amedrentar a los funcionarios estatales con persecuciones y amenazas.

La transnacional PORTA está involucrada con los grupos económicos dominantes en el país, entre ellos los medios de comunicación, que la han presentado ante la opinión pública como la víctima de los funcionarios de la SUPTEL.

Amparo Sigcha