La promulgación de los decretos ejecutivos en relación al tema de la educación, uno de los cuales crea las doce mil partidas docentes, constituye un paso adelante en la atención que se merece este sector clave del país. El gobierno de Rafael Correa demuestra así su sensibilidad y correspondencia con este anhelo de los ecuatorianos y con la lucha del magisterio, y de su organización, la UNE, que han reclamado por décadas resolver el déficit de profesores que tiene la educación publica.

La creación de estas partidas es un hecho histórico, pues ninguno de los anteriores gobiernos tuvo la decisión de resolver este problema; las partidas creadas por alguno de ellos siempre fueron ínfimas y siempre tuvieron como antesala la exigencia, las movilizaciones y paros realizados por los maestros.

Son cuatro decretos los firmados Rafael Correa: 1.- Autorizar al ministerio de Educación para partir del 1 de abril del 2008 proceda a la creación de 12 000 nuevas partidas de quinta categoría, para ser distribuidos en los sectores rural y urbano; 2.- el Reglamento de la Ley de Educación para la Democracia; 3.- el Censo Educativo; y 3.- Reformas al “Reglamento de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio.

Para Jorge Escala, presidente de nacional de la UNE, la creación de la 12 000 partidas docentes es satisfactorio, porque es una actitud positiva del gobierno que esta en correspondencia con las necesidades de la comunidad, de los padres de familia y con los reclamos y luchas de su organización que por muchos años han reclamado y exigido a todos los gobiernos.

La creación de estas partidas significa que se alivia económicamente a los padres de familia que hasta este momento están cubriendo los sueldos de cerca de 23 000 maestros en todo el país.

“La UNE no solo que coincide sino que respalda abiertamente todos aquellos programas que buscan resolver los problemas de carácter social que ha planteado el gobierno en este período; y, este caso, los decretos que hablan de invertir en educación abren el camino para resolver los grandes problemas que existe en este sector, esta ha sido nuestra posición y el motivo de nuestras luchas”, señala Jorge Escala

Un decreto concentrador y antidemocrático.

La polémica desarrollada entre al UNE y el ministro de Educación, Raúl Vallejo, sobredimensiona por los medios de comunicación, tiene que ver con uno de los 4 decretos: el 708; éste reforma el ‘Reglamento a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio’ y provoca algunos retrocesos.

“Este decreto le dota de un poder excesivo al Ministro, con lo cual se corre el riesgo que la educación se convierta en un política exclusivamente ministerial, al libre arbitrio del Ministro de turno, y deje ser una política del gobierno, y menos una política de Estado”, señaló Jorge Escala.

Esto evidentemente es un retroceso porque la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio, alcanzada en 1990 con la oposición del gobierno de la Izquierda Democrática y de su ministro, Alfredo Vera, establece en su reglamento la metodología y los procedimientos para el ingreso al magisterio, basado en los concursos de merecimientos y oposición, que impedían la vieja practica clientelar de dar ingresos incluso personas que no eran maestros. La calificación de estos concursos estaba a cargo de las comisiones de ingresos cambios y promoción del magisterio conformada por 5 miembros: el Director Provincial de Educación, un delegado escogido esta autoridad de una terna presentada por los supervisores; otro miembro nombrado por los directores de escuela; otro por los rectores de colegios y finalmente un delegado de la UNE. Hoy con el nombre de “Comisión para la Excelencia para la Docencia” se mantienen los mismos 5 miembros. Como se puede ver, ni antes, ni ahora la UNE ha tenido mayoría en esas comisiones, como para decidir quien ingresa o no al magisterio. Con la reforma planteada, luego de realizados los concurso y declarados los ganadores, el Ministro tendría la facultad, mediante acuerdo ministerial, de establecer la composición de los cuadros, es decir, determinar a su juicio quienes ingresan.

Lo mismo sucedería en el desdoblamiento de partidas y de incremento presupuestario, pues sin contar con los requerimientos de la comunidad, de la realidad de las provincias es el ministro y solo él, quien podrá disponer de estas partidas, mediante acuerdo ministerial, creando así las condiciones par el clientelismo politiquero, porque no faltará gente como el alcalde de Valencia miembro del PRE que ha pedido al ministro Vallejo su cuota de 50 partidas, es decir, se retrocedería al abuso y la corrupción.

De igual manera, por acuerdo ministerial, el Ministro de Educación tendrá la facultad de establecer las materias, las temáticas, los procedimientos y puntajes de las pruebas. Y para completar estos poderes que le darían estas reformas al Ministro, este podrá, mediante acuerdo ministerial, imponer sanciones a las autoridades educativas, si las comisiones respectivas no presentan el informe en ocho días.

Es decir se estaría dotando de superpoderes al ministro de educación, que independientemente de quien ejerza esa función, dará cancha abierta para el caos, el abuso y a la corrupción en esa cartera de Estado. Cada ministro que venga tendrá la potestad de hacer lo que se le venga en gana, pues tendrá las facultades de derogar acuerdos anteriores que no vayan con su punto de vista. “Es por ello, afirma Jorge Escala, que hemos hecho un llamado al ministro Raúl Vallejo y al gobierno para que este decreto sea reformado y se respeten los procedimientos más democráticos y que no se retroceda en los ya alcanzados”.

Izquierda Democrática torpedea la política educativa del gobierno de Rafael Correa.

Parecería ser, por las declaraciones ultimas de Alfredo Vera Arrata, que conforme han pasado los años, este dirigente histórico de la Izquierda Democrática ha acumulado un odio enfermizo contra la UNE y ha acrecentado sus frustraciones por su fracaso como Ministro de Educación en el gobierno del alicaído ‘partido naranja’: realizó un gestión errática y prepotente, opuesta a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio que garantizaba el ejercicio profesional y establecía nuevos deberes y derechos para los maestros. Pese a contar con el poder Ejecutivo y con una amplia mayoría en el Congreso Nacional de aquella época, en su gestión se cerraron cerca de 3 500 escuelas y pronto aparecieron indicios de corrupción en ese Ministerio, con la desaparición de las laminas de acero, que involucraron a Trajano Andrade, quien fue su subsecretario y hoy es asambleístas por Alianza País. Este hecho sirvió para que lo lleven a juicio político y lo destituyan de su cargo.

Uno de los objetivos principales de Vera Arrata fue destruir el gremio de los maestros, la UNE, para lo cual pretendió ilegalizarla, dispersarla y desparecerla, impidiendo que esa organización reciba las alícuotas de sus agremiados. Lejos de surtir el efecto deseado, los maestros salieron por los fueros de su dignidad, en defensa de su organización, rechazaron esta maniobra perversa, el abuso de poder y enfrentaron una campaña de reafiliación que en poco tiempo refortaleció al gremio.

Al parecer la actitud Vera tiene fuerte influencia en Raúl Vallejo, quien ha sido varias veces ministro de educación y, quien pudiendo buscar los puntos coincidentes con este gremio - que son varios en relación a la política educativa del gobierno - busca confrontarlos.

El decreto 708 que le confiere grandes poderes al Ministro es muy peligroso, porque en la práctica de Vallejo hay una actitud persistente por ir en contracorriente, lo cual se demuestran por la necedad por aplicar el “modelo educativo por competencias” que anula una educación integral de nuestra niñez y juventud, que deja de lado la formación en los valores humanos, de solidaridad, de patriotismo, modelo que tiene como propósito formar y arrojar al precario mercado laboral mano obra barata, para su fácil explotación.

Es peligroso este decreto, porque ya antes de su promulgación, el años pasado, el Ministro Vallejo, mediante Acuerdo Ministerial creo comisiones paralelas a las que establece la Ley para el proceso de primer año de universalización de educación básica, en el que se encontró que estaban enrolados: madres comunitarías, bachilleres; en Azuay incluso se encontró gente que no era ni siquiera bachiller. Eso fue conocido y rechazado por la UNE porque así no se mejora la calidad de la educación y por que más bien se la caotiza.

Hay varios problemas que, pudiendo ser resueltos por el ministro Vallejo; han sido postergados, como el hecho de que 1 594 maestras parvularia que están impagas durante cuatro meses. Asimismo existen 12 mil educadores populares permanentes que no les entregan sus nombramientos (ellos viven a contrato, carecen de estabilidad, no tienen seguro social). Por esta irregularidades el ministro Vallejo tiene más de 600 demandas o juicios de los educadores populares, que sin embargo siguen trabajando. Esa es la política de la Izquierda Democrática, una política injusta, arbitraria, que viola el derecho a la vida y al trabajo de los maestros. Entonces ¿es la UNE la responsable de mantener esta situación de los maestros? No, la UNE ha demandado su solución y ha presentado alternativas.

Es peligroso este Decreto además, porque pretendería consumar con fuerza de ley un manejo arbitrario desde ese Ministerio: según denuncias de los dirigentes de la UNE se han firmando una serie convenios que perjudican a la educación fiscal; uno ellos se ha consumado el 26 de septiembre de este año, mediante el cual se entregó 8 000 partidas docentes pagadas por el Estado, a la Confederación de Establecimientos Católicos CONFEDEC; es decir, que casi cerca del 70% de las partidas que hoy se crean para el sector fiscal, fueron a parar a la educación particular católica, donde la cúpula de la iglesia cobra pensiones a los alumnos, logrando así beneficios por partida doble pues el Estado les paga los profesores y ellos cobran las pensiones. En este caso no hubo concursos de merecimientos y oposición, solo basto la decisión del Ministro y nada más; por supuesto esto ha recibido el rechazo de la UNE y de los padres de familia de zonas urbano marginales y rurales, que tienen que pagar hasta hoy los sueldos de 23 000 maestros.

Según la dirigencia de la UNE, otros convenios están firmados con 219 Ong’s por orden del ministro Vallejo; todas reciben dinero del Ministerio de Educación, desangrando así los recursos de la educación.

Vale preguntarse, ¿esos convenios los firmó la UNE? ¿Quién mismo tiene secuestrada a la educación? ¿La I D y el ministro Vallejo no están torpedeando así la política anunciada por el gobierno de atender la educación pública?

En realidad hay que tener cuidado con algunos febresborjistas que están infiltrados en el gobierno y en la asamblea que pueden hacer desandar el proyecto patriótico y democrático que lleva el presidente Rafael Correa.