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A diferencia de las movilizaciones que hace algunos meses se efectuaron en la sierra centro sur en contra de la explotación minera, estas movilizaciones han tenido un inusitado despliegue en los medios de comunicación, y éstos empezaron a contrastar los argumentos del régimen y la dureza de la represión, con los testimonios de los pobladores que fueron brutalmente golpeados por el ejército, muchos de ellos fueron perseguidos en sus casas, de hecho el ejército con lista en mano, en la que constaban los nombres de los dirigentes de organizaciones sociales, empezó una cacería a éstos acusándolos de terrorismo; con esta estrategia mediática en la cual por vez primera la gran prensa ecuatoriana otorga un amplio espacio a las organizaciones de derechos humanos, se contribuyó a desvirtuar el argumento oficial de que la movilización había incluido la toma de pozos petroleros lo que había significado una enorme pérdida en el presupuesto gubernamental, así como el pronunciamiento gubernamental de que los manifestantes habían agredido con dinamita y armas a la fuerza pública y que ésta solamente se había limitado a garantizar el orden. Los medios de comunicación mostraron que la realidad distaba con mucho de las argumentaciones oficiales.

A primera vista se trata de un hecho político harto conocido y que viene desde los tiempos neoliberales: la población cansada ante tanta oferta demagógica decide salir a protestar y, dependiendo de las circunstancias, luego de la represión de rigor, arranca una o dos migajas del presupuesto, pero en esta ocasión no ocurrió así porque el gobierno de Alianza País vende la idea de que se trata de un régimen de izquierda, que está sintonizado con las necesidades populares, que no es un gobierno represivo y que está totalmente alejado de las prioridades del ajuste neoliberal.

De ahí la sorpresa que provoca el hecho de que el régimen enfrente con dureza y que empiece un proceso de criminalización a la protesta social bajo la figura del “terrorismo organizado” y el sabotaje, algo que no se había visto ni en los peores tiempos del neoliberalismo. Y el régimen confronta con dureza estas manifestaciones porque quiere generar un efecto demostración que atemorice a aquellos sectores sociales u organizaciones populares, sobre todo de las regiones afectadas por la producción petrolera y minera, de acciones similares. Se trata de cerrar cualquier válvula de expresión social que no sea aquella controlada políticamente por el régimen en momentos en los que cualquier tensión política pone en duda la legitimidad de su proyecto de largo plazo, en momentos en los se apuesta por una fuerte política extractivista de los recursos naturales.

Sin embargo, hay que añadir el contexto político: la Asamblea Constituyente. En efecto, el inicio de la Asamblea Constituyente no puede ser peor para el gobierno. Si bien es cierto que en las elecciones para asambleístas las listas oficiales ganaron con el 80% lo que les significó un control absoluto de la Asamblea, esta victoria puede revelarse un regalo emponzoñado. El régimen vio en su triunfo electoral en la Asamblea Constituyente un regalo de los dioses. Era la concesión de un poder absoluto al partido de gobierno en un hecho casi inédito en la política ecuatoriana. Incluso en los momentos de mayor profundización y radicalización de la reforma neoliberal, ningún gobierno pudo contar con tanto poder, y de ahí su necesidad de negociar y utilizar al sistema político como instrumento de negociación de la reforma neoliberal. Pero ahora el régimen de Alianza País no tiene oposición real de ningún tipo y eso a la larga es un problema. La poca oposición que puede existir solamente se convierte en un aditamento en la representación de la Constituyente que no cambia para nada el sentido de las políticas que se adopten, de ahí que éstas no tengan ese amortiguador o catarsis política que en el liberalismo representativo cumple la oposición.

Ahora bien, la Asamblea Constituyente se instala en medio del conflicto social y la guerra. Una semana antes de la instalación de la Constituyente el ejército ecuatoriano entraba en combates con las fuerzas irregulares de Colombia. El ministro de Defensa ecuatoriano, había hecho el juego a este involucramiento y escalada en el conflicto colombiano cuando había declarado que el Ecuador no limitaba al norte con Colombia sino con las FARC.

En la misma semana de instalación oficial de la Constituyente, la población de Dayuma se toma las calles y reclama por la desatención gubernamental. El ejército los reprime duramente y el régimen opta por cerrar los espacios de diálogo con los sectores organizados y declara a quienes participaron en estas jornadas de protesta como “terroristas y saboteadores”. El affaire le cuesta el puesto nada menos que al mentalizador del partido de gobierno y que cumplía como Ministro del Interior, Gustavo Larrea.

El partido político de la minoría, de derecha y con la representación de asambleístas más importante luego de Alianza País, el Partido Sociedad Patriótica, PSP, presenta al interior de la Asamblea Constituyente una moción de solidaridad con Dayuma, denuncia la represión sufrida por la población y provoca al régimen. Es una hábil maniobra política que confisca en su propio beneficio las luchas sociales y empieza desgastando a la Asamblea Constituyente porque los asambleístas de Alianza País cierran filas detrás del ejecutivo y demuestran que su posición política obedece a directrices directas desde la Presidencia de la República, esto es, la Asamblea Constituyente se convierte en una palanca del poder ejecutivo y no en un espacio de dirimencia para la construcción de proyectos políticos alternativos. La jugada de Sociedad Patriótica pone a la defensiva al régimen que trata de cerrar todas las voces críticas y disidentes incluso a su interior. Los asambleístas de Alianza País no comprenden que al cerrar filas tras el ejecutivo le hacen el juego a la derecha y no notan que el círculo alrededor de ellos empieza a cerrarse.

La brutal represión a la población de esta parroquia de la amazonía ecuatoriana, con las consecuentes declaraciones gubernamentales, y el hecho de que los pobladores hayan sido calificados y perseguidos bajo la acusación de terrorismo y sabotaje, ha generado una serie de consecuencias políticas que han debilitado al régimen y han puesto contra la pared a la misma Asamblea Constituyente, puede, entonces, hablarse de un “efecto Dayuma”, que podría servir para analizar la coyuntura ecuatoriana desde varias perspectivas:

* Texto completo en http://alainet.org/active/21163

Fuente: ALAI AMLATINA, 12/12/2007.