A pocos días de la posesión del presidente Rafael Correa, en enero del 2007, los trabajadores tercerizados y de planta de la empresa Correos del Ecuador, en todas las provincias, paralizaron sus actividades para exigir la salida de la Presidenta Ejecutiva de la institución, Sra. Carmen Elena Salazar, por irregularidades que se daban al interior de la empresa y llamar la atención del gobierno ante varias necesidades de los trabajadores.

Como resultado de la medida de hecho se cambió al máximo directivo de la empresa y los trabajadores recibieron la visita del vicepresidente de la República, Lenín Moreno, quien ofreció terminar con la tercerización en la Empresa Estatal de Correos, dar estabilidad a los trabajadores y limpiar la corrupción que ronda la misma.

De aquella promesa del Vicepresidente, once meses han pasado y ningún resultado se ha evidenciado; los trabajadores, cansados de esperar alguna respuesta de la gestión gubernamental, decidieron presionar al Gobierno el 12 de noviembre del 2007, y levantar su protesta mediante una paralización de actividades, jornada que concluyó el mismo día con la suscripción voluntaria de un acta en la que acordaron el delegado de la Vicepresidencia,el Presidente Ejecutivo de Correos del Ecuador, el representante de los trabajadores, y los tres testigos de honor, entre otras cosas : (1)… “Mantener la política delineada por la actual administración y garantizar la estabilidad laboral de Correos del Ecuador, en los términos de las reformas legales, administrativas y financieras; (5) Compromiso de no asumir acciones de retaliación en contra de los trabajadores intermediados y funcionarios del país que participaron en los hechos suscitados el día de hoy (12 de noviembre), con excepción de actos ilegales diferentes a la paralización de servicios…”.
En forma arbitraria, el Presidente Ejecutivo de Correos del Ecuador, Lcdo. Roberto Cavanna, irrespetó el acuerdo suscrito el 12 de noviembre y decidió en forma dictatorial, abrupta y al azar desalojar de la institución, con ayuda de la fuerza pública, a 60 trabajadores, entre ellos a los dirigentes de los trabajadores tercerizados que participaron de la última medida de hecho, acusándolos de no ir a laborar el 13 de noviembre y de haber cometido actos vandálicos.

Los trabajadores denunciaron que la fuerza pública hizo todo un operativo y que fueron tratados como delincuentes comunes, apresando a cinco de los dirigentes, entre ellos dos mujeres, que se encuentran en el Centro de Detención Provisional, CDP de Pichincha, y los argumentos acusatorios, según Washington Aguas, que no tienen fundamentos ni razón de ser, se desvirtúan, ya que existe el control de asistencia de los trabajadores destituidos y no hubo actos vandálicos o actos terroristas, “si no cómo se explica la firma voluntaria del acta con la presencia de los tres testigos de honor”, mencionó el dirigente.

El dirigente Aguas menciona también que existen pruebas de corrupción del actual Presidente Ejecutivo de Correos del Ecuador, quien ya estuvo antes en ese puesto: “de esto conoce el Gobierno, pero por amistad y compromisos políticos evidentes se callan, e ingresan a personal de Alianza País en los puestos de los despedidos”.

Los trabajadores están decepcionados por el trato que han recibido de parte de las autoridades gubernamentales, expresamente del Presidente Correa, quien les trató de terroristas y traidores, al término de una de sus cadenas radiales semanales.

Este Gobierno, que ganó ampliamente los tres últimos procesos electorales con el apoyo de trabajadores, campesinos y el pueblo en general, debe enrumbar esas victorias para apuntalar los proyectos antineoliberales; los proyectos de desarrollo debe manejarlos adecuadamente para compensar las necesidades de sus mandantes y tratar de cumplir con los ofrecimientos hechos antes y después de la primera campaña electoral.

Amparo Sigcha