Por este motivo, el sindicato de prensa realizó ayer al mediodía en Río Cuarto una conferencia de prensa en la que manifestó su solidaridad con los trabajadores de prensa que son objeto de este intento de cercenar sus derechos profesionales, lo que también arremete contra el derecho a la información de la ciudadanía.

El viudo de Nora Dalmaso -quien fuera asesinada en Río Cuarto en noviembre de 2006 en un crimen aún no esclarecido- presentó el 27 de diciembre pasado un pedido pre judicial de indemnización por 300 mil pesos contra Hernán Vaca Narvaja, director de “Sur – La revista del centro del país”, por una cifra similar contra Facundo Pastor, de “América Televisión”, y por 50 mil pesos contra Alejandra Elstein, directora del semanario riocuartense “Otro Punto”.

“El exceso en el ejercicio de la libertad de prensa y el abuso de los derechos implícitos en esta prerrogativa constituyen actos ilícitos cuyas consecuencias deben ser reparadas”, reza el escrito firmado por Gustavo Liebau, abogado de la familia Macarrón, en el que se advierte que de no abonarse esta suma en el término de 72 horas, se iniciará la demanda judicial correspondiente.

Se trata de un extemporáneo y arbitrario intento de tomar represalias contra trabajadores de prensa que han venido cubriendo con profesionalidad un caso que por sus características y las irregularidades que lo jalonaron durante más de un año ha tenido una gran repercusión pública. En todo caso, el sensacionalismo con que fue tratado en algunos medios de comunicación no puede emparentarse con el trabajo realizado por los periodistas ahora amenazados por esta demanda, quienes han desarrollado su tarea con honestidad y apego a la verdad.

Así lo destacó en la conferencia de prensa de ayer al mediodía el secretario de Organización del Cispren y de Comunicación y Difusión de la CTA, Juan Carlos Giuliani, quien afirmó que los periodistas demandados “han sido elegidos para escarmentar a los trabajadores de prensa que tengan como único fin el de informar a la comunidad sobre aquellos hechos de gravedad que son de interés general”. Asimismo, Giuliani señaló que en esta acción “el patrocinante de la familia Macarrón vulnera los derechos sociales a la información y a la libertad de expresión, atacando también a los preceptos que en la materia tienen rango constitucional -luego de la reforma de 1994- del Artículo 14 y del Pacto de San José de Costa Rica, entre otros”.

El Cispren ratificó su solidaridad y apoyo hacia los trabajadores que están siendo víctimas de esta maniobra, que procura disuadir el libre ejercicio de su tarea de informar y menoscabar el derecho a información de la población.